Bruselas.- El 3 de octubre de 2013 una embarcación con 518 inmigrantes africanos quedó a la deriva en el Mediterráneo, cerca de su destino: la isla italiana de Lampedusa. Tres pesqueros les negaron ayuda. Desesperados, los infortunados prendieron un fuego que permitiera localizarlos. Pero el barco se incendió. Sólo sobrevivieron 155 personas.
Horrorizada, la opinión pública europea se preguntó cómo pudo ocurrir tal tragedia, y la consideró una “vergüenza” para Europa.
Confrontados con su responsabilidad moral y política, los dirigentes de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros expresaron su “profunda tristeza”. Parecían motivados por fin a trabajar unidos en la gestión de una crisis que se agudizaba rápidamente.
Pero las emotivas palabras pronto quedaron huecas. Con unos cuantos barcos de su flota, el gobierno italiano lanzó la operación Mare Nostrum para rescatar inmigrantes en el Mediterráneo.
Debido al oneroso costo de la operación (9 millones de euros al mes), Italia pidió apoyo a los demás Estados de la UE. Sólo Eslovenia respondió… con el préstamo de un buque durante dos meses. Frontex, la agencia europea para la gestión de las fronteras exteriores, proporcionó una limitada vigilancia aérea, en tanto que la Unión Europea otorgó 30 millones de euros, pero destinados a acciones de auxilio en tierra.
Frontex no pudo comprometerse a más debido a la falta del consentimiento de los Estados socios de la UE. Además, por presiones de Gran Bretaña y a los países nórdicos, su presupuesto había sido recortado de 115 millones de euros en 2011 a 89 millones el año de la tragedia de Lampedusa.
Grecia, país por donde entra a Europa la mitad de los inmigrantes ilegales, también imploraba la cooperación europea. Sostenía que la migración era un desafío regional compartido y que su desastrosa situación económica le impedía ocuparse sola de quienes llegaban a sus costas buscando refugio.
A mediados de 2014 la falta de acción europea seguía siendo tal que el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, reclamó a sus pares que no podían dejar hundirse un bote lleno de gente “simplemente porque no sabemos a quién compete rescatarlos”.
En noviembre de 2014, año en que murieron más de 3 mil inmigrantes cruzando el Mediterráneo, Mare Nostrum fue reemplazada por la operación Tritón, de vigilancia fronteriza marítima y aérea. Su mandato no incluía la búsqueda y el rescate de migrantes, para no promover y alimentar las actividades de quienes los mandaban a Europa en los llamados “botes de fortuna”, según declaró el director de Frontex, el francés Fabrice Leggeri.
Alemania, Francia, España y otros nueve Estados de los 28 que forman la UE contribuyeron a la operación. La mayoría se rehusó, entre ellos Gran Bretaña, Hungría, República Checa y Eslovaquia, cuyos discursos contra la migración rayaban en el racismo, cuando no lo eran totalmente.
A finales de 2014 el entonces primer ministro británico David Cameron jugaba con fuego al exigir a Bruselas el endurecimiento de las leyes migratorias y la limitación del libre tránsito de personas. No había aún fecha programada para el referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la UE (se planteaba en 2017) pero Cameron ya advertía que se separarían si no se cumplían tales restricciones.
Suecia, uno de los países a donde más refugiados iban, pidió a la Comisión Europea (CE, la institución que propone y salvaguarda las leyes comunes) que cumpliera con su amenaza de acusar legalmente a 12 Estados miembros por no respetar los acuerdos migratorios que aligeraran la carga a los demás.
Cuál sería el enfado sueco, y de otros países a los que viajaban los demandantes de asilo una vez dentro de la UE, que su ministro de Migración, Tobias Billstrom, acusó al gobierno de Roma de estarse haciendo la víctima. “No hay que olvidar”, remató, “que Italia es parte del G-20” (grupo de los países más ricos).
Cuotas
La UE entró en una dinámica de bloques respecto a qué postura adoptar frente a la que se presentaba ya como la mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Con una apremiante necesidad de millones de trabajadores extranjeros que sostengan su economía, la canciller alemana Angela Merkel adoptó una política de puertas abiertas para los demandantes de asilo, principalmente sirios, la cual fue halagada como un modelo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Por el contrario, los países excomunistas de la UE, como Hungría, República Checa o Eslovaquia, dirigidos por gobiernos populistas de izquierda y derecha, y respaldados por sociedades fuertemente conservadoras, no sólo se rehusaron a recibir migrantes, sino que incluso incitaron agravios contra la dignidad de éstos.
Con matices, el gobierno francés del socialista Francois Hollande se alió a Berlín. Por su parte, la CE defendió la apertura de las fronteras internas y empujó una política de repartición de refugiados.
En octubre de 2014 los Estados miembros acordaron sin muchas precisiones compartir la carga migratoria. Después de una numerosa cadena de muertes en el Mediterráneo, la CE presentó en mayo de 2015 un plan para distribuir apenas a 40 mil migrantes recién llegados a Italia y Grecia y que, además, provinieran de países con muchas posibilidades de obtener el asilo, es decir Siria y Eritrea.
Ese plan, diseñado con bastante tacto, fue aceptado a regañadientes por muchos Estados, de manera parcial (sólo aceptaba a 32 mil inmigrantes) y voluntaria, no obligatoria como se planteó.
Otra vez Gran Bretaña y los países excomunistas rehusaron someterse a un sistema de cuotas porque, alegaron, la llegada de numerosos migrantes desestabilizaría sus sociedades y provocaría una invasión incontrolable.
Meses más tarde, en septiembre de 2015, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Rumania votaron contra una nueva propuesta de la CE para reubicar a otros 120 mil migrantes de Italia, Grecia y Hungría a más tardar en septiembre de 2017. Dicha propuesta fue aprobada por mayoría y con carácter vinculante.
A Eslovaquia, por ejemplo, un país de 5 millones y medio de habitantes, le correspondía acoger a 2 mil 300 refugiados. Advirtió que únicamente recibiría voluntariamente a 25 familias y si profesaban la fe cristiana. Otros países del este asumieron la misma actitud, causando indignación y enojo.
Mensajes infames
Tres meses después, el 2 de diciembre de 2015, el gobierno eslovaco interpuso una demanda ante la Corte Europea de Justicia en la que le pidió que anule y declare inválido el sistema de cuotas que aprobó la mayoría de Estados miembros. Según el primer ministro, Robert Fico, tal decisión representa una “afrenta” a la soberanía nacional.
Al día siguiente Hungría presentó el mismo recurso. Su primer ministro, el ultranacionalista y autoritario Viktor Orbán, acusó a los gobiernos más abiertos a la inmigración de que con esa posición realizaron “un movimiento peligroso” y de haber formado una “coalición absurda” con los traficantes de seres humanos y los defensores de derechos humanos.
Sin tapujos, el gobierno de Budapest lanzó una campaña con mensajes infames contra los refugiados. Uno rezaba: “cada 12 segundos llega un refugiado a Europa. No sabemos quiénes son y qué quieren. No sabemos cuántos son los terroristas camuflados”.
Hasta diciembre de 2016 únicamente habían sido distribuidos poco más de ocho mil refugiados, por lo que es muy probable que no se cumpla con lo prometido.
A un rápido ritmo encadenado, los controles fronterizos en la UE se volvieron comunes, aunque legalmente son temporales. Igualmente, las posiciones contra los inmigrantes y los demandantes de asilo ganaron fuerza decisiva en la contienda electoral debido a varios factores: la desesperante parálisis colectiva de la UE para manejar los flujos migratorios, los crecientes y cada vez más populares discursos de odio de la extrema derecha y una serie de incidentes delictivos ciertos o falsos que involucraron a migrantes recién acogidos.
Una cifra histórica de 1 millón 300 mil refugiados llegó a Europa en 2015.
El gobierno de Merkel, que recibió a 1 millón de ellos, ya no pudo más con las presiones dentro de su partido y, tras una significativa y continua baja de popularidad que comenzó a finales de 2015 y se mantendría durante 2016, cambió su postura y anunció que pretendía “reducir drásticamente el número de personas que viene” al país.
La CE comenzó a insistir en que serían expulsados los inmigrantes sin derecho a la protección internacional de asilo.
Ese endurecimiento en el tono antecedió al acuerdo migratorio al que llegó la UE con Turquía, que fue declarado “país seguro” a pesar de que no reconoce el derecho de asilo de los no europeos.
A cambio de ayuda financiera y otras concesiones, Turquía aceptó recibir a los refugiados deportados desde Grecia a partir del 20 de marzo de 2016. Ese acuerdo, acusado por los defensores de derechos humanos de pisotear las leyes internacionales y europeas, fue firmemente respaldado por Merkel y los otros líderes nacionales, además de la comisión.
Tras el intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016 y las tensiones en la relación de este país con la UE, sólo habían sido deportados a Turquía 700 migrantes.
Mientras que el tan halagado plan euroturco naufragaba, el gobierno húngaro convocó a un referendo, realizado en octubre, en el que la población votó en contra de aplicar las cuotas migratorias de la UE. El referendo no alcanzó la participación mínima para volverse vinculante, por lo que el primer ministro intentó sin éxito que el Parlamento nacional le confiriera el poder de hacerlo con una reforma constitucional.
Durante ese tiempo, otro debate ha seguido dividiendo a las capitales europeas: el de la reforma del sistema de reubicación de refugiados.
Apoyada por Suecia, Italia y Malta, Alemania continúa abogando por una política de cuotas obligatoria. Los países del centro y este de Europa se oponen. Esta vez argumentan que prefieren inyectar recursos a las policías de las fronteras exteriores de la UE y asumir más responsabilidad en las deportaciones de inmigrantes.
Como si las divergencias no fueran suficientes, el 8 de diciembre de 2016 la Comisión Europea anunció que a partir del 15 de marzo de 2017 los Estados miembros podrán regresar a Grecia a los demandantes de asilo que ingresaron por ese país a la UE, donde deben realizar ese procedimiento según las reglas.
El problema va más allá de que los Estados miembros se quejan de la “ineficiencia” para registrar a los migrantes que llegan a Grecia para de inmediato internarse en la UE.
En 2011 la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Justicia prohibieron tales transferencias, debido a las condiciones inhumanas de los refugios griegos. Dichas instancias no habían levantado su decisión hasta el pasado 9 de diciembre.
Pero según la CE no hay conflicto. El anuncio, expuso el comisario de Migración, el griego Dimitris Avramópulos, es una simple “recomendación”.
