Un hecho de extrema violencia –la golpiza brutal a varias transgéneros en el Reclusorio Norte, evento que las autoridades trataron de ocultar– llama la atención sobre un fenómeno cotidiano en las cárceles mexicanas: la discriminación a los internos que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, quienes soportan abusos de todo tipo, extorsiones, humillaciones, insultos, acoso, maltrato físico, desatención médica o la obligación de prestar favores sexuales.
La madrugada del 12 de mayo de 2014 el Reclusorio Norte (RN) de la Ciudad de México fue escenario de un episodio de transfobia –del que poco o nada se supo en su momento, al ser encubierto por las autoridades penitenciarias–, cuyas secuelas, a dos años y medio, no terminan.
Todo comenzó alrededor de las 02:30 horas, con un incendio provocado en el dormitorio 8, destinado a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI). Ante el temor de que el fuego se saliera de control, los internos golpearon las rejas de sus celdas para alertar a los custodios del riesgo. Los uniformados acudieron para sofocar las llamas y desalojaron a los reclusos, sometiéndolos con gas pimienta.
“¡Órale, putos, afuera!”, “¡Salgan cabrones!”, les gritaron mientras los jaloneaban y golpeaban.
La violencia física y verbal por parte de Juan Manuel de Dios Romero, Javier Sánchez Martínez y David Rodríguez Reyes, entre otros custodios adscritos al dormitorio 8, ofendió a una de las mujeres transgénero, quien encaró a sus agresores. En respuesta, la sometieron, esposaron, azotaron contra el suelo, golpearon con puños y toletes, y patearon hasta dejarla inconsciente.
En su defensa, siete de sus compañeras se abalanzaron contra los custodios, quienes, al verse en desventaja, solicitaron refuerzos. Se armó una zacapela. “¡Pinches putos, hijos de su puta madre, se creen bien vergas. Por pasados de verga ya se los cargó la chingada!”, amenazaron los uniformados.
Luego, ya en superioridad numérica y fuera del alcance de las cámaras de seguridad, agredieron a patadas, bastonazos, tubazos y puñetazos a las transgénero, aun cuando dos de ellas yacían en el piso con las manos esposadas. Los golpes fueron dirigidos a pómulos, pechos, nalgas y piernas con el propósito de reventarles los injertos que se habían puesto para resaltar su feminidad.
La valoración médica dio cuenta de la saña con la que los servidores públicos procedieron: traumatismo craneoencefálico; contusiones múltiples en rostro; afectaciones en implantes de mamas, glúteos y muslos; lesiones diversas en cabeza, tórax, hombros, espalda y piernas. Algunas de las víctimas debieron ser trasladadas a los hospitales de Tepepan, Xoco o Balbuena.
Dos días después, el 14 de mayo, el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) del reclusorio sesionó para deslindar responsabilidades. Ante un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ambas partes dieron sus versiones.
Romero, Sánchez Martínez y Rodríguez Reyes (técnicos en seguridad comisionados en el dormitorio anexo 8), Juan Carlos Flores González y Luis Enrique de la Cruz Vázquez (integrantes del rondín), Ángel Corona Ladrón de Guevara (comisionado en el dormitorio) e Iván Omar Arroyo Medina (supervisor de dormitorios) inculparon a los internos del dormitorio 8 de provocar el incendio –le habrían prendido fuego a una cobija– por la supuesta negativa de dejarlos salir de sus celdas “para seguir intoxicándose”.
Según testimonios de los servidores públicos del sistema penitenciario capitalino, el fuego alcanzó una cortina del mismo dormitorio, lo que hizo que una espesa nube de humo se expandiera por las áreas contiguas y tuvieran que desalojar los dormitorios de las zonas 1 y 3.
Los oficiales consignaron también en el reporte RN/1970/14 –elaborado el día de los hechos– que “al momento de indicarles que salieran de esa estancia para ser conducidos al servicio médico para su atención y valoración, los internos salieron agresivamente portando palos y tubos (…) y arrojaron vasos de vidrio y cazuelas a los elementos de seguridad”.
Asimismo los uniformados reportaron que desde un principio actuaron sin equipo disuasivo o arma alguna y que, al verse superados en número por los reclusos, tuvieron que solicitar refuerzos para contener la revuelta, imponer el orden y preservar la seguridad en el penal.
Esta versión contrasta con la que las transgénero agredidas dieron al CTI en su momento. En sus declaraciones, la mayoría de las agraviadas reconoció que uno de los internos provocó el fuego, que los técnicos en seguridad las desalojaron usando gas pimienta y que ejercieron violencia extrema en su contra.
Luego de escuchar a las partes involucradas, los miembros del CTI privilegiaron la versión de los custodios, al considerar que su actuación estuvo fundada en la “salvaguarda de la integridad de los demás internos”, por lo que fueron eximidos de toda culpa y únicamente los reasignaron a otro reclusorio.
Los testimonios de la contraparte fueron desechados y las transgénero fueron castigadas con tres meses de aislamiento. Una de ellas fue incluso reubicada en otra estancia “exponiéndola a situaciones de riesgo”. Lo único que el CTI les permitió a las víctimas fue recibir visitas y proceder legalmente contra sus agresores.
Esto último se cumplió menos de un mes después, luego de que familiares de las agraviadas enfrentaron obstáculos para reunirse con ellas –contraviniendo el dictamen del CTI– y supieron que habían sido golpeadas y que su salud estaba comprometida.
La denuncia penal sigue abierta en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
Recomendaciones desatendidas
Con la asesoría de la agrupación civil Almas Cautivas, las agraviadas presentaron además una queja ante la CDHDF que derivó en la apertura del expediente CDHDF/II/121/GAM/14/P0901, a la que se sumaron dos quejas más, CDHDF/II/122/GAM/14/P3 062 y CDHDF/121/GAM/14/P3095, por tratarse de hechos conexos.
De las investigaciones realizadas por la comisión se desprendió la recomendación 13/2015, dirigida a la Secretaría de Gobierno y a la PGJDF un año y medio después, el 15 de octubre de 2015. En ella, el organismo comprobó que personal de seguridad y custodia del Reclusorio Norte ejerció “uso indebido de la fuerza” al someter a seis mujeres transgénero en reclusión a tratos crueles, inhumanos y degradantes, “violando su derecho a la integridad personal”.
Además advirtió que el CTI no fundó ni motivó debidamente su determinación de sancionar a las agraviadas y tampoco sustentó sus criterios para establecer la duración del castigo contra las transgénero, “violando su derecho a las garantías judiciales y a la seguridad jurídica”.
Aún más: que el CTI omitió analizar y pronunciarse sobre el uso indebido de la fuerza del personal de seguridad y custodia durante su participación en los hechos del 12 de mayo, nunca brindó las facilidades necesarias para que las agraviadas tuvieran acceso a un recurso penal y no adoptó decisiones tendientes al amparo, resguardo y atención de sus necesidades especiales como integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad.
Los visitadores descubrieron también que el director del reclusorio impidió el ingreso del defensor de oficio a la audiencia del CTI del 6 de agosto de 2014, en la que comparecería una de sus defendidas, “violando su derechos a la defensa adecuada”.
También reparó en que el Programa de Orientación Sexual e Identidad de Género de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario carecía entonces de medidas especiales de protección para atender aspectos relacionados con la violencia y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres transgénero en reclusión.
“La violencia y exclusión contra las personas privadas de la libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, ejercida por personal de seguridad y custodia, o por otras personas privadas de la libertad, tiene su origen en actos discriminatorios basados en la orientación sexual y en la identidad de género, lo cual viola el derecho a la igualdad y no discriminación”, estableció la recomendación.
Y concluyó que la comunidad LGBTTTI en reclusión enfrenta un riesgo mayor de ser víctima de discriminación, humillaciones, insultos verbales, maltratos físicos e incluso violencia sexual.
Daniela Vázquez Matías, vicepresidenta de Almas Cautivas, una de las organizaciones acompañantes de las agraviadas y sus familias, afirma que la recomendación se encuentra parcialmente cumplida hasta ahora.
En entrevista con Proceso, la activista detalla que las transgénero agredidas no han sido indemnizadas ni han recibido la atención médica y psicológica adecuada –por “malos tratos y discriminación”– en los centros de salud penitenciarios.
Por ello, dice Vázquez, las víctimas exigen que el sistema penitenciario capitalino costee su rehabilitación en cualquier centro de salud privado. Las autoridades han mostrado reticencia al respecto.
Vázquez Matías refiere también que el protocolo de actuación para el personal técnico de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la capital encaminado a preservar los derechos de la comunidad LGBTTTI en reclusión sigue sin concluir la ruta legal, a pesar de que la CDHDF fijó un plazo de seis meses para su puesta en vigor. No obstante, este instrumento, aclara, tendrá un carácter no vinculante, es decir, no obliga al personal operativo de los centros a ceñirse a él.
Ciento por ciento vulnerables
Los 12 centros de reclusión capitalinos albergan aproximadamente a 32 mil internos, de los cuales 484 pertenecen a la comunidad LGBTTTI; es decir, apenas 1.5% del total de la población penitenciaria. Los integrantes de este grupo vulnerable se asumen con la siguiente identidad genérico-sexual: 88 lesbianas, 112 gays, 188 bisexuales, 39 transexuales, 43 transgénero, 11 travestis y tres intersexuales.
De las 484 personas de la comunidad LGBTTTI, alrededor de 47% son primodelincuentes y 53% reincidentes. Los presuntos delitos por los que se encuentran en prisión son: 144 por robo agravado, 58 por robo calificado, 53 por homicidio calificado, 45 por privación ilegal de la libertad, 26 por delitos contra la salud, 21 por robo simple, 17 por violación, 11 por abuso sexual, 11 por corrupción de menores y 10 por trata de personas.
La CDHDF aplicó una encuesta entre la población LGBTTTI recluida en los distintos penales varoniles de la Ciudad de México; los resultados confirmaron que esta comunidad está sometida a discriminación, burlas, golpes, ofensas y agresiones físicas, psicológicas y sexuales; peor aún, que los ataques provienen indistintamente de custodios, presos o autoridades
penitenciarias.
De acuerdo con esa encuesta –levantada en 2015 entre 65 de los 175 miembros de dicho grupo vulnerable en reclusión en ese momento–, 60% reconoció haber tenido conflictos con personal de custodia y seguridad, la mayoría de ellos por discriminación, abuso de autoridad, extorsión, desatención médica, acoso o exigencias de favores sexuales. Un integrante de la comunidad lésbico-gay refirió que un comandante de seguridad del Reclusorio Oriente lo golpeó y que a consecuencia de ello resultó con fractura de costillas.
Según el estudio, existen indicadores de que el personal de custodia del Reclusorio Norte ejerce violencia desproporcionada hacia gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. En ese centro, 24 personas manifestaron que los funcionaron públicos aplicaban la fuerza de forma frecuente mediante el uso de palos y macanas; otras 18 refirieron el uso de aparatos de descargas eléctricas; 12, de gas pimienta; 10, de bastones; nueve, de tablas, y nueve, de esposas.
El abuso de la fuerza por parte del personal de seguridad y custodia, el uso regular de equipo antimotines y la ausencia de diálogo para resolver los disensos fue una constante en las respuestas de los internos de esa comunidad en los reclusorios varoniles Sur, Norte y Oriente de la capital.
Por ejemplo, 51 integrantes de la comunidad LGBTTTI denunciaron que al menos una vez fueron agredidos con palos y macanas; 11, que fueron esposados; 11 más, que fueron sometidos con descargas eléctricas; 10, con gas pimienta, y nueve, con bastones.
Según la encuesta, otro problema recurrente que enfrentan los miembros de dicho grupo vulnerable tiene que ver con el resto de la población penitenciaria. Por lo menos 56.9% de los entrevistados reconoció haberse confrontado con algún interno o internos por ser objeto de discriminación, homofobia, agresión física, falta de respeto e intento de robo.
La violencia física, verbal y psicológica ejercida contra la comunidad LGBTTTI en reclusión alcanza límites insospechados. El 87.7% de los encuestados contestó que al menos una vez ha sido objeto de insultos, amenazas, intimidación, golpes, maltrato físico, violencia sexual y discriminación.
De la consulta realizada por la CDHDF a dicha comunidad se desprendieron otros indicadores no menos relevantes: que la mayoría tiene que pagar para acceder a algunos productos o gozar de algunos privilegios; que las distintas formas de discriminación se basan en la orientación sexual e identidad de género; que dentro de las prisiones de la capital se imponen roles estereotipados de género al asignarles oficios como corte de cabello, auxiliar de limpieza o sexoservicio, mientras que la oferta educativa se concentra en cursos o talleres sobre salud sexual.
Según la encuesta, los reclusorios preventivos Norte y Oriente son los que tenían hasta ese momento “deficiencias significativas en cuanto a la atención a grupos vulnerables”, entre ellas: falta de oferta laboral, académica y de condones, y malos tratos del personal encargado de atenderlos.
Asimismo salió a relucir la falta de sensibilización de funcionarios públicos y el desconocimiento del marco normativo internacional, nacional y local relacionado con los derechos de la población LGBTTTI.
