Los apoyos que empezaron a dar los gobiernos federal y estatal a los primeros migrantes de origen jalisciense expulsados por el gobierno de Donald Trump tienen buenas intenciones, pero no bastarán, señala el investigador Jorge Durand. Para él, es necesario crear esquemas que faciliten la reintegración a la actividad económica nacional y otorguen seguridad jurídica.
El investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en el tema migratorio Jorge Durand advierte que ya se conforma un “ejército” de más de 35 mil policías estadunidenses a fin de capturar a migrantes indocumentados.
De esa fuerza, al menos 10 mil efectivos serían agentes migratorios de la Oficina de Detención y Deportación (ICE, por sus siglas en inglés), que detectarán a quienes consideran intrusos en las calles, principalmente en las llamadas “ciudades santuario”, donde estos grupos reciben ayuda humanitaria y se les reconocen derechos básicos.
Durand no descarta que, de acuerdo con la nueva política migratoria de Estados Unidos, instaurada por el presidente Donald Trump, se dicten penas de cárcel y quede sin efecto la protección de datos personales de los indocumentados.
“Actualmente, para cruzar la frontera de manera ilegal se requieren cerca de 5 mil dólares, que se consiguen prestados, pero si al cruzar la frontera te agarran y te meten al bote, en el mejor de los casos te encierran tres meses, pero si eres reincidente, un año. Entonces la deuda es de 100 mil pesos y sumada a la cárcel por 12 meses te llevan a la quiebra. Nadie te va a prestar dinero para irte al norte en este momento”, señala el investigador.
Sin embargo, no cree que se pueda expulsar a todos los migrantes ilegales en el corto plazo: “En el peor de los escenarios, podría esperarse una cantidad dos veces mayor a la que se veía con Obama, o sea unos 900 mil deportados, pero no se garantiza, ni siquiera con eso, que se puede repatriar a los indocumentados en unos cuantos meses”.
Una gran fortaleza de los migrantes de origen jalisciense es que la mayoría tiene muchos años de radicar en Estados Unidos y muchos ya cuentan con documentos de ciudadanía. Esto, dice, facilita que promuevan la legalización de sus padres, hijos y cónyuges.
Apoyo incipiente
Ante el temor de que el gobierno de Trump realice deportaciones masivas, el gobierno del estado, con el apoyo de la federación a través del Fondo para Trabajadores Migrantes, impulsó proyectos productivos en los 125 municipios, con un techo presupuestal de 25 mil pesos cada uno y 15 millones de pesos en total.
Según datos del Fondo 2016 de Apoyo a Trabajadores Migrantes, a cada municipio del estado le corresponden en promedio cinco de estos proyectos.
Las primeras propuestas son un criadero de cerdos, una taquería, una llantera y una cocina popular, que arrancaron la semana pasada en Ocotlán, ubicado a menos de 100 kilómetros de Guadalajara, en la región La Ciénega.
En esta zona se ubican también municipios como Poncitlán, Jamay y La Barca, aledaños a Michoacán y marcadas por la alta expulsión de migrantes. Asimismo, desde hace más de tres años se registra en La Ciénega un sensible aumento en la incidencia del crimen organizado.
Un académico de la UdeG oriundo de Ocotlán, quien pide omitir su nombre por seguridad, afirma que la cabecera municipal tiene varios años sumida en una crisis que combina los efectos de la creciente marginación social de la población con los de la sangrienta lucha entre bandas por el control de la plaza.
“Es triste reconocer que nuestra ciudad sólo ofrece como alternativa para los jóvenes del municipio el integrarse al crimen organizado o incluirse en la lista de la corriente de migrantes, que en su mayoría sale para buscar trabajo y viajar a California o a Illinois”, dice el entrevistado.
Recuerda: “Luego del intento fallido de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en el municipio de Villa Purificación, el 1 de mayo de 2015, sólo 21 días después se conoció el enfrentamiento en el rancho El Sol, donde murieron decenas de jóvenes, la mayoría oriundos de Ocotlán. Se sabe que entre lo asegurado a ese grupo aparecieron uniformes de la policía de Ocotlán”.
Añade que con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos se teme una deportación masiva de migrantes que impacte fuertemente a sus tierras de origen, como Ocotlán, que no tiene capacidad suficiente para apoyarlos a su regreso.
Al respecto, el alcalde de Ocotlán, Pablo Gabriel Hernández Hernández, del partido Movimiento Ciudadano, reconoce que entre 2015 y 2016 se reportaron 156 personas que fueron obligadas a retornar desde Estados Unidos, pero esa cantidad puede incrementarse de súbito en las próximas semanas.
Comenta que la mayoría de los ocotlenses suelen migrar hacia Oxnard, California, y a Chicago, Illinois.
De hecho, el INM registra que entre octubre de 2016 y el 20 de enero de 2017 el gobierno del país del norte expulsó a más del doble de migrantes originarios de Ocotlán que en los dos años anteriores.
Según datos de la misma dependencia, en ese mismo periodo se repatrió a 191 personas a Jalisco. Llama la atención que antes de eso, en el primer semestre de 2016, la mayor cantidad de deportados (21%) eran originarios de Tonalá, seguido de Zapopan, Lagos de Moreno, Ojuelos y Guadalajara, cuando los primeros dos y este último son municipios metropolitanos.
El delegado estatal del INM, Ricardo Ariel Vera Lira, afirma en entrevista que el año anterior esa dependencia atendió aproximadamente a 10 mil personas que fueron devueltas a Jalisco.
Renuente a hablar de las posibles consecuencias de la nueva política migratoria de Estados Unidos, Vera Lira señala que, independientemente del discurso de Trump, las autoridades federales mexicanas tienen listos los protocolos para brindar el apoyo necesario a los connacionales que lo pidan.
Destaca que Jalisco es pionero en la repatriación de menores, pues las autoridades federales y estatales colaboran para llevarla a cabo en forma segura y por vía aérea, garantizando en todo momento el acompañamiento de las instituciones.
Un problema complejo
El investigador Jorge Durand reconoce los esfuerzos institucionales por apoyar a los repatriados de Jalisco, pero considera que a la autoridad le falta profundizar en la problemática, las fortalezas y debilidades de la comunidad migrante.
Por ejemplo, dice que todavía no se establece con certeza cuántos ciudadanos jalisciense radican en Estados Unidos, ya que si bien hay fuentes que estiman esa población en más de 3 millones, Durand indica que cuando mucho son 1 millón 200 mil.
Agrega que muchos de ellos, cuando regresan, necesitan facilidades al integrarse a la vida productiva e incluso para tramitar su credencial del INE y la CURP. “Eso es facilitar todo el proceso a ellos y a sus hijos para demostrar su nacionalidad mexicana –explica–, para estudiar y tener acceso a los pequeños apoyos que tienen en México. Otra posibilidad es que las familias deportadas sean incluidas en el programa Oportunidades de la Sedesol”.
Por eso cuestiona el apoyo de 25 mil pesos que se les ofrece para impulsar negocios: ¿Para qué les alcanza con ese dinero, para una pequeña tiendita o para un negocio informal?
“La mayoría, 72% de los migrantes, llevan más de 10 años en Estados Unidos. Eso significa que no han vuelto en más de una década y pierden la noción del mercado de trabajo local, de suerte que regresar a México para conseguir trabajo es muy problemático y frustrante. Se debe entender que la mayor parte de esa población es mayor, estuvo hasta 20 años en Estados Unidos y está a punto de retirarse.”
El antropólogo Durand y el sociólogo Douglas S. Massey, investigador de la Oficina de Investigación de Población de la Universidad de Princeton, dirigen el Proyecto Sobre Migración Mexicana (MMP), creado en 1982 por un grupo interdisciplinario de investigadores mexicanos y estadunidenses para ampliar y mejorar el conocimiento del fenómeno migratorio.
Con base en un estudio de ese proyecto, el investigador de la UdeG dice que alrededor de 25% de los migrantes invierten recursos en la construcción de vivienda en sus localidades de origen.
“Eso quiere decir que hay un 25% de posibles deportados que no llegarán a la nada en México; arribarán a un lugar donde ya tienen casa o al menos un terreno o dónde meterse. En los pueblos de migrantes hay casas buenas, grandes, pero deshabitadas: son fincas que pertenecen a personas que ya invirtieron en ellas como una medida precautoria.
“Hay otro sector que no invierte en México porque lo hace en Estados Unidos; compraron casas allá o tienen negocios, y si sufren la deportación tendrán que venderlos y trasladar su dinero a México. Sería muy importante que hubiera un mecanismo para garantizar el manejo seguro de ese capital de los migrantes, que se les permitiera tener cuentas en dólares”, además de darles instrumentos de seguridad jurídica.
“Los apoyos a los repatriados con proyectos económicos tienen buenas intenciones, pero el problema es tratar de entender por qué se le van a pagar 25 mil pesos a un migrante y no se le concede nada a la persona que radica en su país y ha estado pidiendo crédito desde hace años.
“Hay mucha palabrería y muchos programas de apoyo, pero hay que ver la intensidad real de ese flujo de personas. Vamos a tener cuatro años de una migración muy intensa, quizá duplicándose (las repatriaciones) y podrían llegar a los 600 mil o 700 mil deportados, pero no a todos los migrantes de origen jalisciense.
“No hay capacidad legal para hacer eso, no hay centro de detenciones suficiente, y quizás en un año tienes 50 mil detenidos y en tres años se acaba el asunto y ya no van a tener nada (que hacer) porque deportaron a todos. El negocio de la deportación tiene que ver con la posibilidad de que ésta sea continua, eso es otro de los puntos relacionados con el gobierno de Trump: el aumento de los centros de detención privados.
“A todo aquel que quiera ingresar a Estados Unidos en forma ilegal ya no lo van a devolver a su país de inmediato, sino lo van a meter al bote. Y si ese centro de detención es privado, le convendrá tener a los presos no tres sino seis meses, porque ese es el negocio. Como migrante, si te meten seis meses al bote, dejas de ganar, te llevan a la quiebra, de tal suerte que la nueva política migratoria de Estados Unidos aumenta los costos, los riesgos y las penas para el trabajador mexicano. Eso reduce notablemente la migración.”
A eso atribuye Durand otro aspecto de las estadísticas oficiales: “Jalisco es uno de los estados en donde más ha bajado la migración. En Los Altos de Jalisco nadie se va de manera ilegal, porque muchos tienen pasaporte o tienen familiares en Estados Unidos. Otros están haciendo sus trámites de legalización porque se casaron con un migrante o su hijo los está llamando. Muchos jaliscienses tienen más oportunidades de irse legalmente, en comparación con los originarios de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, la mayoría de los cuales van indocumentados”.
