La certificación de los médicos que revisan al personal aeronáutico del país es fundamental. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de un piloto aviador, el proceso se ha corrompido: se exigen requisitos fuera de reglamento, se cobran los avales y se amenaza a quienes no se someten al sistema. Según el capitán David Vega, decenas de doctores han perdido su trabajo, mientras que otros han conseguido sus autorizaciones indebidamente, lo que pone en riesgo la vida de los pasajeros y la integridad de las mercancías que transportan los aviones comerciales.
Desde 2006 el titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Valente Aguilar Zinser, sabía de los actos de corrupción, extorsión y soborno perpetrados por los certificadores de los médicos que aplican los exámenes psicofísicos a las tripulaciones aéreas del país.
Esta situación la ha denunciado desde hace 10 años el capitán David Vega, exsecretario de Prevención Social de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), quien también sostiene que los funcionarios que realizan los exámenes de salud a los pilotos aviadores y al personal técnico aeronáutico son ineficientes y carecen de capacidad técnica.
Con 35 documentos en mano, Vega asevera en entrevista que la descomposición que se padece en el sector llegó ya al asesinato: el 7 de julio de este año fue ultimada una doctora de apellido Madrigal de la Campa –quien en noviembre de 2015 denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México el robo de dos computadoras y un disco duro con información confidencial de su compañía: Medicina Preventiva y del Transporte, ubicada en Naucalpan, Estado de Mexico.
La salud, a oscuras
“No existe en México un trabajo de investigación real en medicina aérea”, asegura David Vega.
El 28 de febrero de 2008, recuerda, el entonces diputado y secretario general de ASPA, Jesús Ramírez Stabros, presentó un proyecto para reformar la Ley de Aviación Civil. Afirma que Aguilar Zinser se opuso, pero la iniciativa se aprobó y en 2010 fue modificado el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte: se adicionó el capítulo 7, en el que se permite que “médicos terceros autorizados” –es decir, de la iniciativa privada– hagan la certificación.
En la exposición de motivos de dicha ley se subraya la importancia del rendimiento de la tripulación y personal de cabina de un avión, “dado que las condiciones atmosféricas generan afectaciones en la capacidad psicomotora”.
Stabros presentó datos: según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre 80% y 90% de los accidentes aéreos son provocados por “el factor humano”; de ahí la importancia de establecer métodos, procedimientos, programas médicos de higiene y de saneamiento “para la conservación de la salud, la eficiencia y la seguridad del personal aeronáutico y los usuarios, así como prevenir los efectos nocivos que las operaciones aeronáuticas puedan provocar en el personal”.
Por eso se exige en la ley un certificado de aptitud psicofísica. Se trata de un “documento oficial expedido por un médico examinador que, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Salud, sus reglamentos y normatividad sanitaria vigentes, y siendo designado por la autoridad aeronáutica –es decir, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT–, describe las condiciones de salud de un aspirante o titular de una licencia de Personal Técnico Aeronáutico (PTA)”.
De igual manera se ordena que los médicos examinadores del PTA tengan una cédula como especialistas en medicina aeroespacial, “tanto oficiales como privados, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, designado (sic) por la autoridad aeronáutica para practicar exámenes médicos y expedir certificados de aptitud psicofísica al PTA”.
La DGAC es la única autorizada para “expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad, de aptitud psicofísica y explotador de servicios aéreos y, en su caso, decretar la suspensión, cancelación, revalidación o revocación de los mismos”.
Además, puede promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico y médicos examinadores del PTA y personal técnico aeromédico, así como “expedir, controlar, renovar, validar y, en su caso, suspender y cancelar las licencias del PTA” y designar o remover “al personal directivo, administrativo o técnico especializado que preste sus servicios en el Centro Nacional de Medicina Aeroespacial, así como los médicos examinadores del PTA”.
Nuevos riesgos a monitorear
El 22 de diciembre último la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que durante 46 años –desde 1 de abril de 1970– no había actualizado la Tabla de Afectaciones del Trabajo.
El subsecretario de Prevención Social, Ignacio Rubí Salazar, informó entonces que la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst) había aprobado una nueva tabla en agosto pasado. La antigua lista sólo reconocía 161 enfermedades, pero tras revisarla, dijo, se eliminaron 49 “que más bien eran síntomas y se agregaron 73 nuevos padecimientos”.
El inventario incorporó cánceres de origen laboral y enfermedades derivadas de la afectación de los trabajadores “por factores de riesgo tanto psicosocial como ergonómico”.
Los médicos encargados de revisar a los pilotos y las tripulaciones aéreas deben, a partir de entonces, conocer esta nueva lista para diagnosticar a sus pacientes.
Irregularidades en la DGAC
El 1 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el Reglamento de Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, en el que se aprueba que los exámenes psicofísicos los pueda realizar “un tercero autorizado”, es decir, una persona ajena a la DGAC.
Ahí comenzó la corrupción, según el capitán David Vega, quien presenta a Proceso cinco oficios como ejemplo. Los documentos consignan que se programaron y cobraron cursos para dar avales como médicos revisores. El primero fue del 25 de julio de 2014 y duraba 24 horas, en un horario de 9 a 18 horas, y costó 15 mil pesos por participante.
Los demás, similares, fueron enviados a médicos dictaminadores autorizados. No todos fueron firmados por Aguilar Zinser, sino por el entonces director de la DGCA, Óscar Guillermo Medina Alcázar.
“Y como ésos hay muchos”, señala Vega, quien denuncia que la DGAC comenzó a cerrar las empresas de médicos inscritos como “terceros autorizados” que estuvieron inconformes por el cobro de un taller que debían tomar para cumplir un requisito, “basándose en que no tenían equipos médicos”. La DGAC no les renovó la autorización, pero sí la dio a doctores que no tenían la especialidad en medicina del transporte, agregó.
El 20 de julio de 2015, mediante el oficio 4.4.1.3-0648, la directora médica de la DGAC, Yéssica Chaparro González, informó a la Subdirección de Evaluación a Terceros cuáles eran las características que –según la DGAC, y no el Reglamento– debían acreditar los médicos dictaminadores autorizados.
Entre otros puntos se refirió a la obligatoriedad de tomar un curso –de 80 horas si es grupal, y de 20 horas si es “monográfico individual”–, presencial o a distancia, avalado por una institución de educación superior, del sector salud, privada “o aquella que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte señale de forma específica”.
Así, la DGAC sólo daría el aval a quienes presentaran la “constancia de haber cursado y aprobado el Curso de Medicina de Autotransporte otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)”. Y de este modo se señala en la Lista de Verificación Documental de la Subsecretaría de Transporte de la Dirección General de Protección y Medicina del Transporte.
“Dicho curso es inexistente. Esta sustitución u omisión de contar con estos cursos se efectuaba mediante el pago de sobornos a la directora médica, quien es la encargada y responsable de verificar que los solicitantes presenten completa la documentación pedida”, indica Vega.
La UAM no imparte ese curso de manera oficial, insiste Vega, quien se queja de que cuando quiso inscribirse según los lineamientos de la convocatoria de la SCT, le informaron que “únicamente aceptarán a los médicos que solicite la directora médica, Yéssica Chaparro González, o bien su asistente, Juana Cruz Sánchez”, y cuando hizo la solicitud a estas funcionarias le informaron que el curso ya estaba lleno.
Vega enumera más irregularidades: “En el país nadie da cursos en medicina del transporte ni mucho menos de la medicina de aviación. Hay doctores que hacen el examen médico en el garage de su casa, en la sala o en un lugar que no es adecuado, si hay dinero de por medio. Eso es corrupción. La consecuencia es inseguridad”.
Como prueba mostró el oficio 4.4.-163 fechado el 9 de marzo de 2016, firmado por Aguilar Zinser, en el que se relata que el motivo por el que Yéssica Chaparro rechazó la solicitud que presentó la doctora Gabriela Ramos para convertirse en médico dictaminador al personal de transporte marítimo, ferroviario y autotransporte federal fue que no acreditó los cursos de competencias médicas determinados por la DGAC:
El 13 de junio de este año se le pidió cumplir con estos requisitos, pero no lo hizo. Por esto, la DGAC desechó su trámite. “Sólo” había presentado su acta de nacimiento, credencial de elector, copia de la cédula profesional, del RFC y CURP, su título en medicina general, la constancia del curso de medicina preventiva del transporte emitido por la UAM y la SCT y el pago “por concepto de autorización para prestar los servicios como médico dictaminador”.
“Con estos oficios se demuestra que están pidiendo que se cumpla con requisitos distintos al Reglamento”, indica Vega. Gabriela Ramos había presentado una constancia emitida por el Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California, en la que, según Chaparro González, “no se encuentra el número de registro del reconocimiento de idoneidad (…) en lo que se refiere al aspecto de la certificación profesional”.
Vega asienta que Sigfrido Aguilar Llantada, extrabajador de la DGAC, era el encargado de ofrecer lugares para dicho curso por 25 mil pesos, más 8 mil pesos por la calificación requerida (80 sobre 100). Hasta hoy, señala Vega, más de 150 médicos terceros autorizados han perdido su autorización y, por consiguiente, su trabajo.
El 20 de junio de 2016 Aguilar Llantada le pidió a Vega 30 mil pesos “para asegurar un lugar en el curso”. El capitán, en cambio, lo denunció. Y Aguilar reviró reprobando a todos los médicos de la empresa de Vega, INMMAO SC.
“Esta oferta la hace por medio de mensajes de WhatsApp”, asevera, y muestra copias de los mensajes en que Aguilar lo amenaza. Según lo que declaró el capitán en la denuncia presentada el 24 de junio pasado ante la Procuraduría General de la República, el pasado 21 de junio a las 11:26 horas Aguilar le advirtió: “Que mi sistema de acceso –vía internet al sistema Med-prev– ya estaba bloqueado y que me cuidara porque el que seguía era yo y mi familia que me iba a cargar la chingada.
“Te metiste con la persona equivocada a ver como sacas a los usuarios de slp (sic)”. Y en otro mensaje: “Ten los pantalones y contesta, vas a amenazar a ver a quién, no tienes nada, ni forma de trabajar con el sistema”. En otro más: “Para que sigas hablando y diciendo que me tienes grabado también ya Tijuana (sic), tú me avisas, no sabes con quién te metiste imbécil”, y el último: “Ahora sí para que hables con provecho idiota”.
La imperturbable SCT
Vega muestra otro documento de un curso que se impartió en tres módulos, del 17 al 4 de noviembre de 2016. Se realizó en la sala de usos múltiple Dr. Julio García, en Calzada de las Bombas 411, colonia Los Girasoles, delegación Coyoacán. El Taller sobre Medicina Preventiva en el Transporte costó 5 mil 674 pesos.
Asimismo, expuso tres fotocopias del mismo número de tickets: dos de pagos hechos en Scotiabank por 5 mil y 23 mil pesos y otro en un Oxxo de Monterrey, Nuevo León, por otros 5 mil pesos, a la cuenta 00100254584, a nombre de Sigfrido Alberto Aguilar Llantada. Todos los pagos se realizaron el 9 de septiembre de 2016.
Con estos papeles documentó la existencia de los cursos ante los titulares del Departamento de Autorizaciones a Terceros de la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte, José Arellano y Luis Tijerina, quienes a su vez lo denunciaron ante Aguilar Zinser y el Órgano Interno de Control de la SCT.
El 7 de octubre pasado, Vega entregó a la secretaria particular del actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, una carta para solicitarle una entrevista y exponerle sus quejas y denuncias. “Ellos dicen que siguen investigando”, asevera.
