MONTERREY, NL.- La meta de los migrantes centroamericanos que cruzan México es, ahora, alcanzar “el sueño regiomontano”.
Antes se esmeraban por llegar a Estados Unidos, pero las prioridades han cambiado. Las bandas criminales los acechan en la frontera de Tamaulipas para asaltarlos, esclavizarlos o reclutarlos como sicarios o mulas. Por ello han decidido quedarse a unos 200 kilómetros de Texas, en la capital de Nuevo León, donde hallan acomodo, ofertas de empleo, residencia y un ambiente mucho menos violento que en Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo, señala el padre Luis Eduardo Villarreal Ríos, quien administra la Casa Nicolás, un refugio de migrantes en Monterrey.
Así como éste, hay otros tres santuarios en la zona, a los que llegan hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, principalmente.
En contraparte, el Instituto Nacional de Migración (INM) niega que exista un gran interés de los extranjeros por establecerse en Nuevo León. El delegado Luis Gerardo Islas sostiene que la enorme mayoría de centro y sudamericanos busca alcanzar a sus familiares allende el río Bravo.
Monterrey, buen destino
Luis Eduardo Villarreal, párroco de la iglesia de San Francisco Javier, inició en 2004 la construcción de la Casa Nicolás, en el municipio conurbado de Guadalupe. Cuatro años después la inauguró.
Desde entonces ha recibido a miles de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad, pero ocho de cada 10, calcula, son hondureños.
El sacerdote explica que la capital de Nuevo León y su zona conurbada se han convertido, desde hace unos cuatro años, en destino de los desplazados, que ven la ciudad como un espacio hospitalario en el que pueden establecerse.
“Antes este lugar era de tránsito, retorno y hasta de origen, pero ya es un destino. Lo vemos con hondureños, que ya están rentando un cuartito. Son los que llegan pensando en el sueño regiomontano”, asevera el clérigo de 65 años.
No tiene estadísticas: el presupuesto no alcanza a los directivos de las casas para llevar conteos precisos. Y los migrantes, además, no siempre dan datos confiables, pues no saben quién y para qué se los está pidiendo. No obstante, estima que sólo 30% de los hondureños que llega a la Casa sigue su camino hacia Estados Unidos. El resto se queda.
Algunas mujeres llegan de sus países embarazadas para que sus hijos nazcan como mexicanos. De esa manera, por ley, acceden a la nacionalidad y se quedan a vivir como compatriotas de sus vástagos, apunta.
Por lo que observa, los centroamericanos que hacen vida aquí se ocupan principalmente en el comercio informal. Otros más entran como albañiles a la construcción, y las mujeres laboran como empleadas domésticas.
Desafortunadamente, muchos de ellos, sin conocimiento de la ciudad, terminan vagando y bebiendo en las calles, reconoce el párroco.
Y Monterrey no es la única ciudad mexicana en la que se quedan los emigrados. Piedras Negras y Acuña, en Coahuila; Nogales y Agua Prieta, en Sonora, o Mexicali y Tijuana, en Baja California, son otros casos.
Los desplazados que se decantan por las ventas son frecuentemente extorsionados por los policías municipales, quienes suelen quitarles todo el dinero que hacen en un día: unos 300 pesos. Y casi nadie denuncia, porque menos de 1% de las querellas por abusos terminan en sentencia, agrega el padre.
Buena parte de los nuevos residentes no buscaban quedarse en México inicialmente, relata Villarreal. Ha escuchado historias similares por años: los migrantes pasaron por Monterrey, siguieron hacia la frontera y allá fueron víctimas de secuestro o les iban a cobrar mucho para cruzar el río. Desalentados, decidieron regresar a la seguridad que les da una metrópoli que ya conocen. “O los pesca Migración de Estados Unidos, son deportados y vienen a dar aquí”, cuenta en entrevista realizada en el albergue que coordina.
Los viajeros son personas muy sufridas. Pasan por varios infiernos. Todos cuentan relatos de dolor, y la inmensa mayoría fue víctima de al menos un delito en el trayecto.
Las mujeres padecen lo doble: ocho de cada 10 son violadas por polleros, narcos, autoridades o patrones temporales.
“En Estados Unidos también es complicado avanzar por la Border Patrol (Patrulla Fronteriza), el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) y la Policía Militar”, abunda el religioso.
En ocasiones, el albergue se desborda. Pero nunca ha habido un evento de sangre en la casa ni un allanamiento criminal. La fórmula para mantener la paz es hacer que se cumpla el reglamento, con indicaciones que los moradores deben seguir a rajatabla.
Tienen prohibido usar adentro su teléfono celular, pues un infiltrado puede tomar fotos de algún huésped y transmitirla a algún grupo criminal que lo ande buscando. No ingresan los alcoholizados o drogados.
Todos están tres días a prueba. Si se comportan de acuerdo con las reglas, pueden pedir ampliación del término.
El cura reconoce que hay criminales que se hacen pasar por migrantes, aunque dice que suelen evidenciarse pronto, pues no respetan el reglamento y se hacen expulsar rápidamente. Han pasado por la casa maras, coyotes y zetas.
Pero también hay exconvictos genuinamente arrepentidos, como fue el caso de un exintegrante de Barrio 18 que estuvo recluido 12 años en Estados Unidos por un delito con violencia. Hubo un debate en la oficina para aceptarlo. Sin embargo, por congruencia con los derechos humanos y porque ninguna persona es rechazada por su aspecto, se le permitió la entrada. Luego consiguió trabajo y se quedó a vivir en Guadalupe.
Saltillo, Coahuila, es otro destino de los migrantes, aunque ahí llegan en número mucho menor, pues la ciudad es más pequeña y hay menos trabajo. La Casa Belén, del padre Pedro Pantoja, es frecuentada porque se encuentra cerca de la vía del ferrocarril que va a la frontera con Texas.
Pocos de los que pasan por ahí se quedan a vivir, asegura Villarreal. Ya es conocido que los cárteles atrapan a los recién llegados.
Afuera de la central camionera en Matamoros, Tamaulipas, el padre Francisco Gallardo, quien también dirige casas de migrantes, tiene instalados dos locales pequeños, explica Villarreal. En cada uno hay monitores de televisión. El abogado de los albergues se entera de las corridas que llegan con migrantes. Los aborda y los invita a que vean, en los locales, un video breve en el que les muestra el albergue. Al finalizar la exposición les pregunta quién quiere ir al lugar. Por lo general todos aceptan, aunque hay quienes ya traen un contacto para contactar al coyote al que le pagaron para que los pase al “otro lado”.
Los que aceptan la protección, cuenta el padre, no se quedan en la banqueta, donde está el peligro. Los malandros los levantan de ahí o los interceptan si abordan un taxi.
“La migración aquí es nacional”
El INM ha adoptado políticas más amigables y flexibles con los extranjeros en tránsito en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según el delegado de dicho instituto en Nuevo León, Luis Gerardo Islas González.
Para empezar, los refugios como el del padre Villarreal son intocables. Modificaciones recientes al artículo 76 de la Ley de Migración establecen: “El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia”.
Y los viajeros ya no son “detenidos”, sino “rescatados” por la autoridad, que evita que sean objeto de tráfico y que se les expongan a las numerosas formas de explotación que padecen en el trayecto, arguye Islas.
Hasta el 27 de noviembre pasado, el INM había “rescatado” a 6 mil 200 personas en Nuevo León, una cifra récord. En 2015 fueron 3 mil 800, y en 2014, mil 300. Nuevo León es el estado número seis en la lista nacional de “rescates”. Chiapas es el número uno.
La persecución de los polleros también se intensificó. En años anteriores, en Nuevo León era detenido un solo traficante de indocumentados al año. En 2016 van 55, con 40 vehículos asegurados.
Islas González no cree que los centroamericanos hayan elegido Monterrey como sitio de residencia. Pero tampoco ofrece cifras al respecto. Él considera que 99% está en tránsito.
“Quizás tienen un tiempo de espera de unos dos meses en Nuevo León. En las casas del migrante los alojan por no más de siete días”, afirma.
Y ofrece otra perspectiva: los que más vienen son migrantes nacionales, procedentes de Hidalgo, Zacatecas y Oaxaca. Ellos sí buscan quedarse en Nuevo León, que tiene fama de generador de empleo por su vocación industrial.
Como sea, admite, el instituto ofrece un programa de trabajo temporal para regularizar la situación de los extranjeros. “Es una cuestión de seguridad nacional, un asunto de inteligencia”, manifiesta el delegado.
Se les entrega una Clave Única de Registro de Población, con la que incluso pueden obtener un seguro médico y trabajo como cualquier mexicano. Al gobierno federal también le conviene tenerlos detectados biométricamente, delinea.
Actualmente en Nuevo León, que tiene una población cercana a 5 millones de personas, hay 6 mil 895 extranjeros legalmente afincados. Islas admite desconocer cuál cifra es mayor: la de residentes legales, la de rescatados o la de quienes andan libres.
El padre Villarreal dice que con el INM lleva una relación doble, pues algunas veces los funcionarios necesitan de su ayuda y, otras, deploran su “asistencialismo”.
“Y también tengo que decirle a Islas que esos ‘rescates’ a que alude son detenciones arbitrarias, ilegales, y que las personas son recluidas en un centro inadecuado y luego son deportadas. Yo tengo que denunciarlo, aunque él dice que los saca del crimen.
“Migración mexicana dice que los está salvando, pero ellos, los migrantes, le dicen: ‘No me ayudes, compadre’, porque ese coyote es el que los va a llevar a Estados Unidos y es el que los reunirá con sus familiares. ¿Para qué los ‘rescatas’?”
