A raíz de la divulgación, en este semanario, del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –retomada por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias–, padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen ahora castigo a los funcionarios que entorpecieron la investigación, señaladamente a Tomás Zerón de Lucio. Por su parte, la PGR desestima el informe de su propio órgano de control, lo que en el fondo abona a la impunidad y, como recalcan los afectados, a la protección a los militares.
Decididos a evitar que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa quede en el olvido, padres y defensores de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos luchan por que sean sancionados los servidores públicos que obstaculizaron las investigaciones para localizar a los jóvenes.
Tras la revelación hecha por este semanario el pasado 19 de noviembre (Proceso 2090) del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se exponen las irregularidades cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y otros cinco funcionarios de la dependencia –información retomada días después por los diarios Reforma y The New York Times y el portal Aristegui Noticias–, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de dos de las víctimas, exigen la culminación de la indagatoria interna y el castigo a los funcionarios que cometieron actos ilegales.
En ello coincide Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan, una de las organizaciones que representan a los padres y madres de los 43 desaparecidos, quien emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto a demostrar que “no hay otros intereses ocultos dentro de la PGR ni actores que estén por encima de los intereses de las víctimas, para que se pueda llamar a cuentas a los responsables, porque se ha ocultado la investigación sobre esas omisiones”.
Barrera y padres de los normalistas fueron entrevistados mientras se desarrollaba la Caravana +43 por la Memoria y la Esperanza, que partió de la normal de Ayotzinapa el martes 20; continuó por Iguala, donde los padres colocaron una ofrenda floral en el sitio en que el 27 de septiembre de 2014 se localizaron los restos de Julio César Mondragón; siguió su recorrido por Taxco y se extendió a localidades de Morelos.
La caravana concluirá el lunes 26 en la Basílica de Guadalupe, con una misa oficiada por el obispo Raúl Vera y Carlos Garfías Merlos, exarzobispo de Acapulco y ahora arzobispo de Morelia.
Los entrevistados comparten sus opiniones ante los intentos de la PGR por restar relevancia al documento interno dado a conocer por Proceso, así como a un expediente de investigación más, publicado también por este semanario (Proceso 2091).
El Acuerdo de Conclusión, a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General, hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón de Lucio y de cinco funcionarios más que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Ante las conductas irregulares cometidas por el ahora secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, el documento de Asuntos Internos considera que tiene responsabilidades sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por “haber excedido el ejercicio de sus facultades”, al trasladar el 28 de octubre de 2014 a uno de los inculpados, Agustín García Reyes, a Cocula, diligencia que deliberadamente omitió notificar.
De acuerdo con la conclusión, esa actuación “generó que las víctimas indirectas no pudieran conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día, ni expresar su opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella”.
Por ello, el documento recomienda dar vista a la Secretaría de la Función Pública, pues Zerón incurrió en “violaciones a las garantías judiciales, acceso a la justicia y derecho a la verdad”.
Contraofensiva
Tras la divulgación del Acuerdo de Conclusión, hecha por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias, el jueves 15 la PGR emitió un comunicado para restar importancia a las consideraciones de la Visitaduría General.
“Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal”, se lee en el comunicado 2039/2016.
Sin desconocer la autenticidad de los documentos, la dependencia señala que “se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización; al carecer de los requisitos legales que les aplican resultan jurídicamente inexistentes; por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación”.
El lunes 19, decenas de organizaciones civiles se sumaron a la exigencia de las organizaciones que representan a los padres de las víctimas para que se formalice el proceso contra Zerón.
En un comunicado agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales” y, peor, “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Mario González, padre del normalista César Manuel González, señala que pese a los intentos por restar valor al Acuerdo de Conclusión, los padres ya tenían referencias de las irregularidades, aunque no los detalles.
Cuenta: “Un mes antes de que rompiéramos el diálogo, el visitador (César Chávez) nos había dicho que había varias irregularidades cometidas por Tomás Zerón y varios ministerios públicos, que ya estaba casi terminada la averiguación; entonces fue cuando lo despidieron”.
El diálogo entre la entonces titular de la PGR y los padres de familia de los 43 se rompió el 18 de agosto, fecha en que se terminó el Acuerdo de Conclusión, mientras de forma paralela avanzaba una investigación más amplia sobre 214 tomos de la averiguación previa del caso Ayotzinapa, que entre otras de sus recomendaciones preliminares apunta a la urgencia de interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala (Proceso 2091).
En el documento de mil 150 fojas, correspondiente a los “Papeles de trabajo preliminares de la Evaluación Técnico Jurídica, practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015”, realizada por personal de la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez –dado a conocer por este semanario–, se destaca:
“La conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería, en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de la Escuela Normal Superior (sic) Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol ‘Los Avispones de Chilpancingo’, al conocer que la policía municipal del lugar había realizado disparos contra los estudiantes de los autobuses donde viajaban”.
Responsabilidad militar
Entre las observaciones que hacen los responsables de la auditoría respecto a los miembros del Ejército, se destaca una serie de cuestionamientos sobre hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014, que hasta ahora las unidades de la PGR encargadas de la investigación no han hecho al realizar los interrogatorios, y que urgen que sean planteados.
El documento destaca que no se solicitó al entonces comandante del batallón, José Rodríguez Pérez, ampliar la información sobre la comunicación que entabló con el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, así como detalles del personal de los Órganos de Búsqueda de Información que se desplegaron esa noche, ni se le solicitó el acceso al “correo electrónico denominado ZIMBRA”, medio por el cual se comunicaban asuntos relevantes a los mandos sin dar cuenta a otra autoridad.
De igual manera se deplora que a los militares “nunca se les requirió se pusiera a la vista de la Representación Social los informes y bitácoras generados los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, tomando en cuenta que “uno de sus monitores reportó previamente el ataque al autobús por policías encapuchados, tomando incluso fotografías del evento”.
De la revisión de los más de 200 tomos, los investigadores de la Visitaduría consideran que “no se ha llevado a cabo una investigación seria imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles, orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad, en la que se hayan efectuado las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Apoyo internacional
Don Mario González retoma otra revelación publicada por Proceso (número 2089), sobre la existencia de una libreta decomisada a Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos –grupo delincuencial al que se le adjudica la desaparición de los 43 normalistas–, en la que están el nombre y el teléfono de Omar García Harfuch como su contacto, cuando el ahora sucesor de Zerón en la AIC fungía como inspector general de la Policía Federal en Guerrero, así como los datos del entonces secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez.
“Si bien para nosotros lo principal es encontrar a los muchachos, estamos convencidos de que para saber la verdad es importante castigar a los servidores que manosearon esas averiguaciones y las pruebas; ya sabemos los nombres, ya sabemos quién está en la libreta negra, ya sabemos quiénes son los cómplices, ya sabemos quiénes son los responsables”, enfatiza.
Tras resaltar que la misma investigación ampliada de la PGR respalda que militares y policías federales rindan cuentas, Mario González recuerda que instancias como la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han urgido a localizar a actores identificados como “el patrón” –a quien policías municipales habrían entregado a los estudiantes– y el “caminante”, quien habría coordinado la desaparición mediante su celular.
Ante los intentos de la PGR de mantener oculta la investigación interna, Mario González destaca que una vez más los padres de los desaparecidos tienen fundadas sus esperanzas en que sean instancias internacionales, en este caso el Mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, de la CIDH, las que empujen hacia el esclarecimiento de los hechos.
“Nuestras esperanzas siguen en el Mecanismo, porque sin ninguna vigilancia internacional el Estado no va a hacer nada, no se pueden autoinvestigar, y peor si siguen poniendo a gente que está en la libreta negra al frente de la Agencia de Investigación, mucho menos si siguen subiendo de rango a los culpables, menos vamos a llegar a la verdad”.
Para Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, las investigaciones de la Visitaduría General les han dado la razón sobre la urgencia de investigar a fondo la actuación militar y sobre los reclamos continuos de la falta de actuación de las autoridades para localizar a sus hijos.
Don Emiliano recuerda que el 27 de septiembre, cuando padres de familia se dirigieron a Iguala en busca de sus hijos, “en Mezcala se dieron cuenta de que los iban siguiendo, se pararon y agarraron a esa persona, que dijo ser de inteligencia militar, y se fue a refugiar al Batallón de Iguala; ese es uno de los motivos por los que nosotros como padres siempre tuvimos la sospecha de que los militares tenían algo que ver con este asunto”.
Cuenta que en los primeros días de la desaparición se integró, junto con otros tres padres de familia, en operativos de búsqueda en colaboración con las autoridades federales.
El padre de José Ángel puso a disposición de las autoridades federales informes que recibió de forma anónima en su teléfono celular:
“Por un militar, una persona se enteró de que a los muchachos los tenían los soldados en una bodega, y después esa misma persona me dijo que sacaron a los chavos de Iguala en camionetas, entre seis y siete, eso fue a los 10 días del 26 de septiembre.
“Otra me dijo que los policías municipales que agarraron no eran los que se habían llevado a los muchachos, y me dieron los lugares donde estaban los policías responsables; toda esa información se la pasamos a las autoridades, pero nunca hicieron nada.”
Abel Barrera considera “muy grave” que, en un intento por “mantener firme la versión histórica, la PGR desacredite y no tome en cuenta una investigación que realmente ella prometió, en la voz de la exprocuradora Gómez, a los padres y madres de familia, en una reunión en la que les pidió que esperaran las investigaciones del órgano interno de control para delimitar las responsabilidades” por las actuaciones no reportadas de personal de la PGR el 28 de octubre de 2014.
Al enfatizar que el incumplimiento de Gómez de entregar los resultados de la investigación interna fue el motivo del rompimiento del diálogo que sostenían los padres con la PGR, Barrera señala que, a la luz de las revelaciones, “hoy sabemos que ese órgano interno hizo su trabajo y delimitó las responsabilidades, mostró que sí hubo afectación a los derechos de los padres, mostró que hubo omisiones que evitaron una investigación manejada con transparencia.
“Se está pidiendo una investigación exhaustiva, una demostración de que en verdad no hay otros intereses ocultos dentro de la PGR ni actores que estén por encima de los intereses de las víctimas, para que se pueda llamar a cuentas a los responsables de construir la versión del basurero de Cocula, que no tiene sustento científico, que además actuaron violentando los procedimientos, que han causado daños a las víctimas y, sobre todo, al derecho a la verdad”, concluye.
