Señor director:
Le agradeceré publicar esta carta dirigida al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares:
La pregunta que nos hacemos miles de veracruzanos es ¿qué poderoso narcopolítico impide que el grupo criminal de Los Zetas deje de cometer los delitos que viene perpetrando desde hace años en los penales veracruzanos? Incredulidad y escepticismo nos causa la falta de acciones contundentes en este asunto, cuando los internos del sistema penitenciario teníamos la esperanza de que a partir del pasado jueves 1 –cuando se inició su mandato– nuestra suerte cambiaría totalmente. Todo está igual, aquí no se ha movido nada. La democracia aquí no ha llegado.
El grupo criminal que ha causado tanto daño a la población del penal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, está conformado por Luis David Cruz Pérez El Muerto, Jordi o Pánfilo Lagunes, Gonzalo y Walter. Su sola presencia intimida a familiares e internos. ¿Sus negocios? La venta de drogas y alcohol y la renta de “conyugales” a $250.00, más $40.00 cuando la esposa se queda, algo que aquí conocemos como “cortinazo”.
Los artesanos también son víctimas de este grupo, que vende la madera, el triplay y las resinas con un sobreprecio de cien por ciento; maneja además una minifonda, la venta de frituras y cobra a los de nuevo ingreso. En fin, todo es corrupción. A los internos que no pagan puntualmente los rapan –incluso les quitan las cejas–. Así está la crisis que vivimos.
Paralelamente, aquí hay más de 50 internos con derecho a la preliberación, pero desde hace más de un año nadie ha salido gracias a este beneficio. Mi situación es crítica: cumplí mi sentencia de ocho años el 31 de julio de 2016. Ingresé el 31 de julio de 2008 y el Cuarto Tribunal de Circuito, con sede en Xalapa, determinó que mi sentencia final quedaría en ocho años. Arbitrariamente el juez Tercero de Primera Instancia aumentó seis meses a mi condena pese a que no soy reincidente.
Estoy por salir libre y he recibido amenazas porque he denunciado las atrocidades que comete este grupo criminal desde 2011, sin que la Procuraduría General de la República actúe. Mi vida corre peligro con estos delincuentes dentro del penal, por lo que le pido que ordene que el Ejército me traslade a la Ciudad de México en espera del asilo político que pedí al presidente Barack Obama, ya que el Estado mexicano no garantiza mi integridad física.
Espero que tomen nota y en el ámbito de su competencia actúen el procurador, Ricardo Cervantes; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Salas Heredia, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Tengo 68 años, soy hipertenso y no cuento con los medicamentos que necesito: mi precaria situación económica no me permite comprarlos.
Atentamente:
Filiberto Luis Rodríguez Pérez,
sociólogo interno en el Cereso
San Andrés Tuxtla
