Jalisco ocupa el tercer lugar en número de desaparecidos en el país con 2 mil 523 casos de enero de 2006 a agosto de 2016, según el portal del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), después de Tamaulipas, que tuvo 5 mil 563, y el Estado de México, con 2 mil 984 en ese mismo periodo.
Al cumplirse 10 años de la guerra al narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el 11 de diciembre de 2006, al inicio de su gestión, y prolongada por su sucesor Enrique Peña Nieto, se desconoce el número de desaparecidos.
En Jalisco la indignación crece entre los familiares de los desaparecidos, activistas sociales y defensores de los derechos humanos, quienes piden a los tres órdenes de gobierno la presentación de sus familiares y muestran su indignación por la falta de seguridad a los ciudadanos.
El domingo 4, una semana antes de la décima conmemoración de esa fatídica decisión presidencial, organismos como Por Amor a Ellxs, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, Ayotzinapa Somos Todos (capítulo Jalisco), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y otros organizaron un foro de denuncia.
Congregados en la explanada del Foro FIL aprovecharon para denunciar la forma en que se violentan los derechos humanos y la negligencia que se refleja en los actos de gobierno. El moderador del evento, el periodista Rubén Martín, pidió a las autoridades proporcionar información fidedigna sobre el número de desaparecidos que, según algunas organizaciones, llegan a 30 mil en los últimos 10 años.
El foro por los desaparecidos fue una propuesta organizada y planeada por los colectivos civiles que desde hace dos años se hacen presentes en las afueras de la Feria Internacional del Libro (FIL), evento que cuenta con cobertura internacional y que se desarrolla cada año a finales de noviembre e inicios de diciembre.
María del Refugio Torres, madre de Gerardo Preciado, un joven desaparecido el 22 de mayo de 2014 en el barrio del Santuario en Guadalajara, expuso:
“A todos los presentes en este lugar y a nombre del colectivo Por Amor a Ellxs, les pido que extremen precauciones. Tengan mucho cuidado. Todos estamos expuestos a que en cualquier instante nos desaparezcan, sin importar hora o lugar.”
Y se lanzó contra las autoridades: “Se violan nuestros derechos humanos al acudir a denunciar una desaparición y solicitar la búsqueda de un familiar. Nos dicen que (la investigación) no procede hasta que pesen 72 horas, a pesar de que la Ley General de Víctimas del Delito, en su artículo 21 se estipula que la búsqueda debe ser inmediata y a la letra dice que el Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar de inmediato todas las diligencias a su alcance para ubicar el paradero de las personas desaparecidas”.
Para Torres, el trabajo de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, es deficiente. Quienes acuden a la dependencia a solicitar la copia de algún expediente no la obtienen porque, les dicen, es “por seguridad” de ellos mismos.
Le recriminó a Almaguer su pretensión de dividir a las personas desaparecidas y a las personas no localizadas: “¡Háganme ustedes el maldito favor! –dijo–. Para nosotros no existe esa separación; para nosotros todos nuestros familiares son desaparecidos”.
También le reclamó al cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano porque, dijo, pese a que se comprometió a llevar a cabo un censo sobre el número de desaparecidos:
“Quiero decirle al cardenal Francisco Robles Ortega que estamos esperando su apoyo –dijo la señora Torres–. Prometió que daría un espacio en cada misa de las 12 del día para hablar de los desaparecidos.
“Él mencionó que habría, a la entrada de los templos, una hoja para que toda persona que tuviera un familiar desaparecido anotara su nombre. Dijo que se había hecho un censo (al respecto) y eso no es verdad. No se ha hecho nada.”
Eventos solidarios
El forense Alfredo Rodríguez García considera que las primeras 36 horas son de vital importancia para tratar de ubicar a una persona que se considera desaparecida o extraviada, en tanto que la vicecoordinadora de Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Alejandra Cartagena, afirma que en unas cuantas horas una mujer privada ilegalmente de su libertad puede ser sacada del país y trasladada a otra nación.
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que por desgracia en el país se carece de una ley que castigue las desapariciones forzadas y que en muchas entidades se reconoce la calidad de desaparecida de una persona 72 horas después de que ocurrieron los hechos.
“Aquí en Guadalajara nos han acompañado otros colectivos y organizaciones civiles en acciones globales, en actividades por los desaparecidos por Ayotzinapa y demás desaparecidos; son miles. El gobierno dice que Ayotzinapa es un caso aislado, habiendo tantos en otras partes y tantos muertos y tantas injusticias. Como pueblo ya no debemos permitir esto. Debemos poner un alto, el gobierno no da respuestas, pero fueron ellos, fueron sus policías… A nuestros hijos se los llevó el Estado.”
Leticia Hidalgo, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, argumentó que el fenómeno de la desaparición de personas en México se ha convertido en una tragedia de orden humanitario ante la cual las autoridades no responden.
Comentó que desde el año pasado su organización envió al presidente Enrique Peña Nieto una solicitud para que se discutiera sobre las desapariciones forzadas, pero hasta ahora no ha habido ningún avance.
En ese foro también participaron amigos y familiares de María Fernanda Azpeitia, de 22 años, desaparecida en agosto pasado. Dijeron que aun cuando han aportado información, la autoridad les piden que no investiguen por su cuenta. Al parecer, dice, los responsables de la desaparición de María Fernanda “son personas muy peligrosas”.
Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, recordó que durante la guerra sucia en esa entidad desaparecieron más de mil 200 personas. Hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto.
Peor aún, la historia se repitió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Darwin Franco, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente expuso que de los 125 municipios de la entidad, al menos en 116 hay registro de personas desaparecidas. Mencionó que según datos de la fiscalía, en casi una década hay un saldo de 4 mil 108 desaparecidos y no localizados, mientras que en el RNPED en ese mismo periodo se informa sólo de 2 mil 523.
En tanto, en el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo en Jalisco, según el corte del 31 de octubre pasado, se habló de 2 mil 541 registros, entre ellos 18 denuncias presentadas ante el fuero federal.
Armando Bañuelos, integrante del Movimiento Ayotzinapa Somos Todos (capítulo Jalisco), mencionó que en 2014, dos meses después de la desaparición de los normalistas, en Guadalajara se llevó a cabo una manifestación de orden histórico en las inmediaciones de la FIL para exigir al Estado la presentación de los estudiantes, en una protesta donde coincidieron Paco Ignacio Taibo II, Juan Villoro y Elena Poniatowska, entre otros intelectuales y escritores.
