Una adenda de última hora llegó la semana pasada al Senado. Provenía de la oficina del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud. Su objetivo era destrabar las negociaciones en torno a la legalización de la mariguana con fines medicinales y científicos.
Desde el anterior periodo ordinario de sesiones, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal –que también buscaba despenalizar la posesión de 28 gramos o menos por persona– se fue “descafeinando” hasta llegar a un dictamen que restringe la importación y regulación de sustancias provenientes de la planta del cannabis e ignora el uso lúdico de la yerba.
Los senadores más conservadores, así como las autoridades de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional para Prevenir las Adicciones (Conadic), desoyeron las propuestas que múltiples especialistas y activistas expresaron en los foros de consulta.
La adenda presentada el 7 de diciembre provocó nuevas negociaciones entre los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política y generó un severo rechazo de las organizaciones y legisladores promotores de la despenalización de la mariguana.
La senadora independiente Martha Tagle, quien propuso una iniciativa sobre el mismo tema el 26 de abril de este año, considera que la adenda y lo negociado por las comisiones dictaminadoras implican una “simulación”, “un retroceso” y “una trampa”.
“Desde el anterior periodo extraordinario quitaron la discusión de permitir la posesión de cinco a 28 gramos de mariguana, como proponía la iniciativa presidencial. Eso era lo realmente válido de la propuesta de Peña Nieto, y lo quitaron.
“Ahora vuelven a criminalizar y ya no permiten la producción para fines personales. La mariguana sólo se podrá producir para fines científicos y sólo se podrán importar medicamentos, previamente autorizados por la Cofepris”, abunda Tagle, consultada vía telefónica.
La senadora también percibe que las modificaciones al dictamen y los agregados incorporan en el “grupo 4” de productos controlados por Cofepris el tetrahidrocannabinol (THC), derivado de la cannabis e indispensable para tratamientos médicos, y que sólo podrá ser consumido por prescripción médica.
En la adenda, cuya copia posee Proceso, se advierte que aquellos “productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones de 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria”.
En otras palabras, se le vuelve a otorgar el máximo poder a la Cofepris, dejando sin sustento amparos como los promovidos por el colectivo SMART, que en la Suprema Corte de Justicia logró la autorización para el autocultivo y consumo de la mariguana.
Adiós a los amparos
La sentencia de la Suprema Corte indicó que los artículos de la Ley General de Salud impugnados por el colectivo SMART ocasionaban “una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público”.
El nuevo dictamen elimina artículos como el 237 de la Ley General de Salud –que fueron impugnados ante la Suprema Corte–, pero se plantea una reforma al artículo 193 del Código Penal Federal, que considera punibles las conductas que “se relacionan con la cannabis activa, índica y americana o mariguana”.
Esta “trampa” fue duramente impugnada por el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN –quien también propuso una iniciativa de ley nacional para otorgar la “libertad anticipada” a aquellas personas detenidas o sentenciadas por delitos no violentos relacionados con la posesión de la mariguana–, la senadora Tagle y hasta legisladores del PRI como la senadora Cristina Díaz.
“Como si nada se hubiera discutido, como si no hubiera una recomendación de la Corte, aparece ahora un dictamen que es un despropósito en todos los sentidos”, sentenció Gil Zuarth en conferencia de prensa.
“Confunde plantas con sustancias, confunde regulaciones, confunde los propósitos y objetivos de una política pública y no tiene manera de ser presentado como una solución legislativa de fondo”, insistió el senador panista, quien se confrontó con posiciones contrarias en el seno de su partido.
Hasta el cierre de edición de Proceso, no estaba claro si en el dictamen que se discutirá en el pleno del Senado el martes 13 se incluye o no esta reforma de última hora al artículo 193 del Código Penal Federal.
En un desplegado, el Movimiento Cannábico Mexicano exigió que no se modifique el Código Penal Federal “porque atenta contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia y no representa avance alguno”.
También demandó “cambiar la definición en todos los artículos; en lugar de ‘cannabis sativa, índica, americana o mariguana, su resina, preparados y semillas’ a ‘cannabis psicoactiva’”.
Propuso reformas a los artículos 235-Bis, 245, 290 y 474 de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud autorice y regule el cultivo doméstico de la cannabis psicoactiva con fines terapéuticos, permita la importación de los derivados farmacológicos y avale que “toda persona autorizada pueda cultivar una cantidad determinada de plantas en floración y otra tanta en etapa vegetativa, sujetas a la recomendación del médico”.
El caso de la niña Grace
Para Raúl Elizalde, padre de la niña Grace –quien necesita tomar cannabidiol para evitar ataques de epilepsia–, el dictamen que se aprobó en comisiones del Senado “representa un avance, pero es sólo para el uso farmacológico, medicinal. Sí hay un cambio en relación con la legislación vigente, pero las familias no van a poder importar tan fácilmente el producto.
“Ahora vamos a pasar del trabajo de cabildeo en el Legislativo a trabajar con las empresas mexicanas para convencerlas de que desarrollen en México el medicamento”, indica en entrevista telefónica.
–¿Hay mercado o demanda suficiente para el cannabidiol en México? –se le pregunta.
–Sí. Se ha demostrado que esta sustancia es buena para combatir los dolores neuropáticos de los pacientes con diabetes. Y en México tenemos una epidemia de diabetes.
Graciela Elizalde Benavides, Grace, es una niña que padece el síndrome Lennox-Gastaut y sufría hasta 400 convulsiones al día. Sus padres probaron 19 tratamientos y una operación del cerebro, hasta que dieron con el medicamento RSHO-X, elaborado con cannabidiol, que no tiene efectos psicoactivos y contribuye a paliar los espasmos.
Su caso se convirtió en una de las evidencias más sólidas en pro de la legalización de sustancias derivadas de la mariguana con fines médicos.
Grace y su familia ganaron un amparo definitivo, otorgado por el juez tercero de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, quien ordenó a las autoridades federales permitir la importación del medicamento, algo prohibido por la Ley General de Salud.
Los abogados de Grace realizaron un intenso cabildeo y una campaña a través de redes sociales y medios masivos de comunicación para que la Suprema Corte declarara inconstitucionales ocho artículos de la Ley General de Salud. Argumentaron que la interdicción viola derechos humanos fundamentales, como el de la salud, una existencia sin dolor y una mejor calidad de vida.
Peña Nieto, de más a menos
El Ejecutivo federal anunció desde finales de 2015 que su gobierno preparaba una iniciativa para despenalizar tanto el uso médico y científico como lúdico de la mariguana.
En una entrevista concedida al periódico español El País, hace dos años, el presidente Enrique Peña Nieto admitió que no estaba personalmente a favor de la legalización, pero “tampoco podemos seguir en esta ruta de inconsistencia entre la legalización que se ha dado en algunas partes, sobre todo en el mercado consumidor más importante, que es Estados Unidos, y en México sigamos criminalizando la producción de mariguana”.
Desde 2012, Washington, D.C., Alaska y Oregón iniciaron la primera ola legalizadora en Estados Unidos. Tras las elecciones del pasado 8 de noviembre, California, Nevada, Maine y Massachusetts se sumaron.
Frente a este panorama, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en abril de 2016, Peña Nieto adelantó que México modificaría su marco legal para permitir el uso de la mariguana y que se incrementaría la cantidad de cannabis permitida para uso personal.
El 21 de abril de este año, el mandatario envió una iniciativa para adicionar, reformar y derogar diversos artículos de la Ley General de Salud y el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal con el fin de permitir el uso de medicamentos elaborados a base de mariguana, autorizar la investigación clínica y para que ya no se considere delito la posesión, para uso personal, de hasta 28 gramos de mariguana.
Pero las presiones de sectores conservadores de la Iglesia católica y de la Secretaría de Salud, además de poderosos intereses de la industria farmacéutica, frenaron el avance.
El pasado jueves 8, el Senado decidió posponer la discusión y aprobación en el pleno del dictamen para el martes 13, es decir, dos días antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
La última negociación entre el PRI y el PAN condicionaba la discusión y aprobación de la mariguana a la aprobación en Cámara de Diputados de la Ley de Trata.
