Las actuaciones u omisiones del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa se alejan cada vez más del conocimiento público. No sólo se cerraron al escrutinio las puertas del 27 Batallón de Infantería, en Iguala. Ahora, el principal responsable de esa instalación militar, el general de división Alejandro Saavedra Hernández, forma parte de la cúpula del Ejército.
El pasado jueves 1, el presidente Enrique Peña Nieto, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo nombró inspector y contralor general del Ejército, una de las posiciones de más poder en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Testigo clave de lo que ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Hernández Saavedra es el jefe del Ejército con más conocimiento directo de la imparable inseguridad en Guerrero.
Cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas, Saavedra Hernández tenía bajo su responsabilidad el 27 Batallón de Infantería. El comandante de esa unidad era el entonces coronel José Rodríguez Pérez.
Lo que hizo el Ejército en esas horas fue reportado por Rodríguez Pérez a su comandante, Saavedra.
Cuando ocurrieron los hechos, el ahora inspector y contralor general del Ejército tenía tres meses de haber sido nombrado comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
Según la versión de la Procuraduría General de la República, efectivos de esa unidad militar salieron esa noche a las calles de Iguala en medio del caos en el que los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos.
El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, cerró las puertas del batallón a cualquier indagatoria por la masiva desaparición forzada, pese a la exigencia internacional de que se esclarezca la participación del Ejército en los hechos.
El general secretario ha insistido en que el Ejército no tuvo nada que ver y ha sido un férreo opositor a que se abran las instalaciones militares o que los efectivos que salieron esa noche declararan ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha participado en las investigaciones a petición del gobierno de Peña Nieto.
Saavedra Hernández figura entre los mandos del Ejército que supieron de primera mano lo que pasó con los estudiantes. Además de los partes militares recibía información directamente del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C-4) de Chilpancingo, que reportó lo que pasaba en Iguala.
Como comandante de la 35 Zona Militar, Peña Nieto ascendió a Saavedra Hernández a general de división el 20 de noviembre de 2014. Pocos días después, el 1 de diciembre, tuvo otro premio. Fue ascendido a comandante de la IX Región Militar, asentada en Acapulco y con jurisdicción en todo el estado.
Guerrero es una de las entidades más militarizas en el país desde la época de la Guerra Sucia, en los sesenta y setenta del siglo pasado. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entonces por el Ejército le costaron al Estado mexicano, en 2009, su primera condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la desaparición del campesino Rosendo Radilla a manos de efectivos castrenses en 1974.
La influencia de Saavedra Hernández en Guerrero creció todavía más en octubre de 2015, cuando fue nombrado coordinador de la estrategia de seguridad estatal, un cargo creado exprofeso por el entonces nuevo gobernador, Héctor Astudillo, para dejar en el Ejército la seguridad de la entidad.
Pero su llegada no marcó diferencia. Guerrero sigue siendo uno de los estados más violentos e inseguros del país, con la fuerte influencia de los grupos delictivos que se atomizaron tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, por parte de la Marina, hace siete años en Cuernavaca, Morelos.
Enroques en el Ejército
La salida del divisionario de la IX Región Militar se hizo oficial el pasado 23 de noviembre, como parte de la reestructuración del mando militar en más de la mitad del territorio.
Ahora, como inspector y contralor general pasa a formar parte del Alto Mando del Ejército, donde estará a cargo de la fiscalización y auditoría del personal, material e instalaciones de la principal fuerza armada del país. Además de supervisar los aspectos técnicos, administrativos y financieros, lo hará en el caso del adiestramiento de los elementos y unidades del Ejército.
Exagregado militar de la embajada de México en Canadá y con experiencia de mando en las zonas militares de Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, Saavedra Hernández sustituye al general Daniel Velasco Ramírez, quien fue designado oficial mayor de la Sedena.
En otro enroque en la élite del Ejército, Peña Nieto designó subsecretario de la Defensa Nacional al general Gilberto Hernández Andreu, en reemplazo del general Noé Sandoval Alcázar, quien pasa a retiro. El nuevo subsecretario era el oficial mayor y antes fue inspector y contralor general del Ejército.
Los cambios se hicieron oficiales en una ceremonia en el Colegio Militar encabezada por el general Cienfuegos el pasado jueves 1. En ese acto se reconoció a cinco generales que pasaron a retiro.
Uno de ellos fue el general de división Augusto Moisés García Ochoa, uno de los principales contendientes de Cienfuegos para ocupar la titularidad de la Sedena en el gobierno de Peña Nieto. Cuando Cienfuegos se convirtió en secretario envió a García Ochoa a Torreón, Coahuila, y luego a Mexicali, Baja California, dos de las entidades más disputadas por los grupos de la delincuencia organizada.
La promoción del general de división encargado del combate a la delincuencia en Guerrero fue anunciada después de que se conociera que el Supremo Tribunal Militar eximió a los ocho militares de la ejecución extrajudicial de 22 civiles, presuntos miembros de la delincuencia organizada, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Según reportó el periódico Reforma el pasado 30 de noviembre, el máximo órgano de justicia militar absolvió a ocho militares de la matanza y sólo condenó a uno de ellos a un año de prisión por el delito de desobediencia, toda vez que ese día salieron a patrullar sin que el pelotón estuviera completo. El Ejército sostiene que se trató de un enfrentamiento en el que los militares respondieron a la agresión.
