BOGOTÁ.- En solo 24 horas, entre el viernes 18 y el sábado 19, mientras el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ultimaban los detalles de la ceremonia en que se firmaría el nuevo acuerdo de paz, tres líderes sociales fueron asesinados y otros tres sufrieron atentados en el sur del país.
El movimiento social y campesino Marcha Patriótica, al cual pertenecían cinco de ellos, de inmediato identificó como “paramilitares” a los presuntos responsables de los homicidios y de los ataques.
Sólo en lo que va de este año, 18 dirigentes de ese movimiento han sido asesinados, 14 de ellos por paramilitares que, según organizaciones de derechos humanos, están al servicio de latifundistas, ganaderos, empresarios depredadores del medioambiente y caciques políticos regionales, entre otros.
“Es la extrema derecha, que no quiere la paz”, dice a Proceso la presidenta nacional de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, sobreviviente del exterminio al que fue sometida esa organización política de izquierda en los ochenta y noventa.
Para Avella –quien en 1996 fue atacada en Bogotá por paramilitares con un cohete que casi da en el blanco–, lo que está en marcha en Colombia es “un plan general de estas fuerzas de ultraderecha para impedir la paz: esa es su apuesta desesperada”.
Según un reporte de Somos Defensores, programa no gubernamental que protege a activistas humanitarios, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de este año han sido asesinados 70 dirigentes sociales en Colombia, siete más que la cifra de todo 2015.
El vocero de esa ONG, Carlos Guevara, considera que el repunte de homicidios –que ha ido acompañado de un alza en atentados, amenazas y desapariciones– es resultado del triunfo del “No” al acuerdo original de paz con las FARC en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
Dice que si ese pacto hubiera sido aprobado en las urnas se habría puesto en marcha una unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, implicadas en el asesinato de líderes sociales.
El acuerdo derrotado en el plebiscito incluía, además, la creación de un mecanismo de seguridad para defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, activistas políticos y campesinos promotores de la ley de restitución de tierras de 2011, la cual busca devolver predios despojados por paramilitares a sus legítimos propietarios.
“Todo esto quedó en un limbo con la derrota del acuerdo de paz en el plebiscito; y los asesinatos de líderes sociales que estamos viendo son, en parte, resultado de esto”, señala Guevara.
Pero los esquemas de protección quedaron en el nuevo acuerdo de paz firmado el pasado jueves 24 y se pondrán en marcha en las próximas semanas, como parte de la implementación de ese pacto.
Guevara dice que otro factor que influye en el repunte de homicidios de activistas –mayoritariamente vinculados a organizaciones de izquierda– es el desplazamiento de las tropas de las FARC a los puntos de preconcentración donde se ubican desde finales de septiembre pasado.
Los guerrilleros abandonaron sus territorios tradicionales para trasladarse a 27 zonas veredales donde debía verificarse el cese del fuego, pero la derrota del acuerdo original de paz en el plebiscito los sorprendió a medio camino y ahora esperan que se aplique el nuevo pacto para concentrarse en los puntos convenidos.
“El vacío de poder que dejaron las FARC en varios territorios tradicionalmente muy golpeados por el conflicto intenta ser llenado por los paramilitares que ahora actúan en bandas criminales, y por el Ejército de Liberación Nacional” (la otra guerrilla colombiana), afirma el dirigente de Somos Defensores.
Esa disputa territorial y el vacío que dejaron las FARC, señala, explican algunos asesinatos de dirigentes sociales.
La experiencia UP
El repunte de estos hechos, que coinciden con el inminente refrendo del nuevo acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, a partir de esta semana, hace temer a esa guerrilla que se repita la experiencia de la Unión Patriótica (UP).
Hace 28 años la UP nació como resultado de un proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC.
En 1986 el nuevo partido logró la elección de cinco senadores, nueve representantes (diputados nacionales), 14 diputados locales, 23 alcaldes y 351 concejales municipales.
Un año después ya habían sido asesinados 396 de sus militantes, y en 12 años, como consecuencia de un plan de exterminio ejecutado por paramilitares, terratenientes y sectores de las fuerzas militares y la policía, la UP fue virtualmente aniquilada.
La Corporación Reiniciar documentó 3 mil 186 homicidios de militantes y dirigentes de esa organización política entre 1984 y 2006, así como la desaparición de otros 514, mientras que 2 mil 300 más tuvieron que exiliarse.
Por eso no extrañó que el lunes 21, tras conocerse la ejecución de tres activistas comunitarios en el sur del país, las FARC dirigieran al presidente Juan Manuel Santos una carta en la que sostienen que “un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.
Y el comandante en jefe de la FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, condenó el jueves 24, durante la ceremonia de la firma del nuevo acuerdo de paz, el repunte de asesinatos de líderes sociales y pidió al gobierno dar una respuesta efectiva a esta ola de violencia.
Avella afirma que los autores materiales de estos homicidios son sicarios del paramilitarismo, pero los autores intelectuales son quienes están a favor de la guerra y contra la paz: “La extrema derecha y sus voceros políticos del Centro Democrático”, el partido del expresidente Álvaro Uribe.
“Están actuando contra la paz. Es un plan articulado, y hay personas agazapadas en las estructuras del Estado y las fuerzas militares que están en este juego”, asegura.
Guevara considera que no se puede hablar del principio de un genocidio político, “pero lo que está pasando es un fuerte llamado de alerta que nos indica que no podemos repetir los errores que cometimos en el genocidio de la UP”. El activista señala que desde hace dos años varios grupos de la sociedad civil están advirtiendo que el talón de Aquiles de los acuerdos con las FARC son los asesinatos de líderes sociales y de defensores de los derechos humanos, porque son ellos quienes van a aplicar los pactos de paz en el terreno.
