Vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…
Sedena
La entrega del control y administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, el anuncio de una ley sobre “uso legítimo de la fuerza” y la Ley de Seguridad Interior avalada por el secretario de la Defensa Nacional son parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir.
De este sumario legislativo puesto en marcha por el gobierno e impulsado por los militares mexicanos, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior –de supuesta autoría PRI-PAN– significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas.
A esto se refieren militares y políticos con “dar certeza y legalidad” a su actuación en materia de seguridad cuando los llaman a patrullar calles y a su desempeño en la guerra contra las drogas y el crimen organizado. Querían agregar fuerza legal a la que ya ejercen con severas acusaciones.
La propuesta que se debate sin mucha oposición dentro del Congreso tiene un valor político adicional: ser instrumento para atacar “acciones de desestabilización”. Esto quiere decir, reprimir abiertamente la protesta social o política (como fueron, por ejemplo, los conflictos poselectorales de 2006) y ayudar al grupo político que le toque (PRI o PAN) a mantener el poder presidencial.
Bajo esta perspectiva no es exagerado afirmar que estamos ante la conformación de un andamiaje de dominación político-militar con la coartada doble de asegurar, por un lado, impunidad legal a los militares en su cobertura en su desempeño policial emergente (que ahora será de “seguridad interior”) y, por otro, su uso político-represivo de carácter faccioso (al servicio del presidente en turno).
La iniciativa de ley se presentó a menos de un mes del asesinato de cinco soldados en Badiraguato, después de haber lucrado políticamente con poco más de un centenar de soldados muertos a lo largo del sexenio, y con una estrategia de melodrama que fue seguida por medios, líderes de opinión e intelectuales.
Los militares mexicanos, desgastados a decir del titular de la Sedena, obtendrán con Peña Nieto lo que no lograron con Felipe Calderón: un paraguas legal, que no sólo proteja a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, sino que ensanche sus atribuciones de control y vigilancia sobre la sociedad.
De este modo, los militares evaden el avance de juzgarlos en el ámbito civil que había acotado su fuero, se erigen en garantes de toda la seguridad del Estado y se convierten en un suprapoder al servicio del presidente.
Es lamentable la actitud con la que se presume el tratamiento de la iniciativa por parte de los legisladores del PRI y del PAN, contar con “el aval del secretario de la Defensa” a quien visitaron en sus oficinas (La Jornada, 23 de noviembre) supuestamente para explicarle la iniciativa.
No es sólo sometimiento sino el vasallaje civil ante el poder militar del que no hay precedente en la historia legislativa del país. Un análisis comparado de la iniciativa con las propuestas castrenses y del PRI formuladas en 2011, en el contexto de la reforma fallida a la Ley de Seguridad Nacional, muestra las huellas de su origen y la manipulación o engaño conceptual: con cambios tramposos en la terminología (Seguridad Nacional, Seguridad Interior, Orden Interno, acciones de seguridad interior, etc.), y cuidando una exclusión de fondo para evadir las acusaciones de inconstitucionalidad por asumir atribuciones de seguridad pública (art. 17).
El pivote de intervención es la “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” (la reforma calderonista a la Ley de Seguridad Nacional preveía un instrumento similar) cuyo acuerdo presidencial, por cierto, tampoco es requisito necesario para emplazar fuerzas de seguridad. Todo sin declarar estado de excepción ni suspensión de garantías, menos contar con la intervención del Congreso de la Unión, como sería el caso de aplicar el artículo 29 constitucional.
El truco de la “gradualidad”
La iniciativa se anticipa a la descalificación de militarismo. Establece que la participación castrense, bajo los supuestos de “amenazas a la seguridad interior” (de la que hay una lista no acotada que permite agregar supuestos en forma discrecional a juicio del presidente o los militares mismos), será cuando en un conflicto o situación crítica, las fuerzas federales (“seguridad pública federal”, sic) sean incapaces o insuficientes en sus capacidades para controlar o restablecer el “orden interno”. Esto es lo que ha pasado en el país desde hace más de dos décadas y fue intensificado en los dos últimos sexenios. Siempre se ha considerado insuficiente el empleo de la fuerza civil, federal y/o estatal, y se ha recurrido ad nauseam a los militares. El enunciado de la iniciativa es solo retórico.
Aunque en principio la iniciativa establece la coordinación en el Consejo de Seguridad Nacional con el dominio político del binomio Presidencia de la República-Secretaría de Gobernación (Segob), se formula, de manera fraudulenta en la ley (artículos 19 a 26), un subprocedimiento que le da todo el poder decisorio en cuanto a estrategia, planeación y operación a la Sedena o a la Marina, según lo defina el presidente, con la figura de “institución o autoridad coordinadora de acciones de seguridad interior”. Los militares sólo informarán al presidente, vía Segob, del desarrollo de la intervención.
Gobernación sólo tendrá mando sobre las “fuerzas federales” entendidas como las de seguridad pública. Se elimina así la supremacía civil en el mando sobre los militares.
Entre las novedades de la iniciativa –se nota parte del aprendizaje militar de la reforma calderonista que no pasó– está la pretensión de la peculiar noción de “inteligencia para la seguridad interior”. Aparte de la pretensión doctrinal deficiente, la ley es clara sobre el cómo van a hacer inteligencia, con cualquier recurso a su alcance y obligando a todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno y aun los de tipo autónomo (se omite el carácter “constitucional”), para hacerse de cualquier información y así anticiparse o prevenir los problemas a la seguridad (interior).
En pocas palabras, con el pretexto de cuidar la seguridad interior, los militares pueden acceder y apropiarse de la información y datos personales bajo resguardo de instituciones de gobierno federal o local, así como la que tengan el INE o el Inegi (de ahí la enumeración exacta a los órganos autónomos, no se apunta, claro, a la CNDH o Banxico).
Sobre este peligro, cabe recordar que la información personal de los ciudadanos en poder del INE tiene una restricción de confidencialidad expresa. Sólo bajo tres supuestos legales se puede compartir y no tienen que ver con la “seguridad interior”. Estos datos ciudadanos no sólo son nombres y direcciones sino biometría (imágenes de rostro y huellas dactilares) de más de 84 millones 903 mil 330 personas mayores de 18 años del país.
A esto hay que añadir cualquier base de datos oficiales y de cualquier tipo, como las videograbaciones, conversaciones de registros y contenido de llamadas e intercambio de información, etc. Tampoco hay precedente en el país de legalizar estas actividades de control y vigilancia sobre la sociedad, vulnerando toda garantía de privacidad y confidencialidad.
A esta circunstancia preocupante, hay que agregar la superposición de una estructura operativa de inteligencia que se ha implementado a lo largo del sexenio y de la que se dice poco o nada. Desde 2013 se puso en marcha una estrategia, como parte del sistema de seguridad nacional, con la creación de los llamados Centros de Fusión de Inteligencia y que se anuncian desde el Programa de Seguridad Nacional 2013-2018.
Se dividió al país en cinco regiones donde se han montado unidades interinstitucionales de seguridad, militares y civiles, de carácter federal para, supuestamente, ordenar la información que se deriva del espionaje que realice el personal asignado. Estos cinco centros se supeditan a uno de carácter nacional. Éste es el instrumental de inteligencia institucional al que se integraría la “prevención” de la iniciativa.
Control…o cinismo democrático
Pero los ciudadanos y la población en general podemos estar tranquilos porque tanto poder y todas las capacidades de los militares (y los policías federales) están sujetos a un contrapeso legislativo (“control democrático”, dice la ley), a la altura de los diputados y senadores que nos representan: Segob rendirá un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional “de las acciones (de Seguridad Interior) realizadas”.
Es todo. La Comisión no tiene más atribuciones que esta, tener un reporte al final de las actividades. No interviene en el proceso de declaratoria ni tiene facultades de vigilancia ni de supervisión de acciones, menos de investigación ante acusaciones de abusos o desempeño ilegal.
Las expresiones de preocupación de senadores de oposición de “no otorgar facultades metaconstitucionales” a los militares (senador Armando Ríos Piter dixit, 24 de noviembre) corresponden plenamente a la burla cruel del “control democrático” que los militares les asignan junto con el presidente y que están por aprobar.
Si México tiene un panorama que se antoja crítico con el entorno económico y geopolítico luego del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, peor pinta el futuro con una clase política y un sector de seguridad y defensa que se atrinchera contra su propia población. La Ley de Seguridad Interior es un colofón mexicano contradictorio y paradigmático: no mira hacia el exterior ni para adelante.
El concepto anacrónico de seguridad interior es un atavismo constitucional del siglo XIX y que, a decir de especialistas como Marcos Pablo Moloeznik, debieran desaparecer de nuestro marco normativo. Está a contrapelo de las doctrinas actuales de seguridad preocupadas por las personas en su integridad y se apega a la enseñanza de las dictaduras militares y los regímenes autoritarios del siglo XX. Con la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas mexicanas se erigen con un triunfo político sin precedente que los hace no sólo más poderosas y autosuficientes en su economía, sino también una amenaza real para nuestra deficiente democracia.
* Coordinador del Programa Seguridad
Nacional y Democracia en México, de la
Universidad Iberoamericana.
