Uno de los experimentos empresariales más exitosos de los últimos años se vivió en Guanajuato, con la fundación de un corredor industrial enfocado en el sector automotriz. Pero el desarrollo, que mueve miles de millones de dólares, está amenazado por el robo a los trenes y de hidrocarburos. De hecho, han surgido comunidades enteras que sobreviven gracias a estos hurtos. El problema ha resquebrajado, además, la relación entre empresarios y gobierno, y ha fomentado otros conflictos sociales.
GUANAJUATO, GTO.- La llegada al estado de mil efectivos del Ejército Mexicano y refuerzos de la Gendarmería –con la orden de inhibir y combatir los asaltos al tren y la “ordeña” de ductos– confirma que ambos ilícitos alcanzaron niveles alarmantes y exhibe los problemas de coordinación en materia de seguridad.
La preocupación del sector empresarial, particularmente de las trasnacionales automovilísticas, ha sido ya expresada en las reuniones periódicas que para revisar los asuntos de seguridad se realizan en la embajada de Estados Unidos en México.
Además, se han multiplicado los jaloneos entre las autoridades y los consorcios ferroviarios por los robos de mercancías de toda índole, que se cometen a plena luz del día en zonas urbanas y comunidades de Pénjamo, Celaya, Apaseo el Alto, Salamanca, Irapuato, Silao y León, sobre todo. La pugna se desató después de que directivos de Ferrocarril Mexicano (Ferromex) señalaran directamente a las autoridades estatales de “indolentes” a la hora de atender la problemática.
El procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, reviró asegurando que el personal y los guardias de seguridad de las concesionarias están coludidos con el crimen.
Paralelamente, remarcó que es la Federación la que tiene competencia legal para conocer de este delito. Sin embargo, se contradijo: “Nunca hemos dejado de combatirlo”, y apuntó que gracias a operativos mixtos se han realizado 240 cateos por asaltos al tren, además de otros 400 cateos por hurto de hidrocarburos.
Uno de los más recientes, realizado los últimos días de septiembre, derivó del robo a una empresa de Celaya de 20 toneladas de arrabio, un subproducto de la fundición del hierro. Cada tonelada cuesta 500 mil dólares, y el material fue recuperado en la misma ciudad.
Como sea, hombres de negocios de distintos sectores (como el automotriz) le han recordado al gobernador Miguel Márquez Márquez y al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, los riesgos que en materia de competitividad representan los golpes de la delincuencia, que no se limitan al hurto: por ejemplo, sólo de enero a agosto se perpetraron 700 homicidios dolosos en la entidad.
Los meses recientes, de hecho, han quedado marcados por niveles de virulencia nunca antes vividos en el estado, como el primer “levantón” masivo: siete personas fueron secuestradas de un taller mecánico en la comunidad de Cerro Gordo, en Salamanca, el 19 de agosto.
Un mes después, el 15 de septiembre, tres policías municipales de Apaseo el Alto detuvieron a tres celayenses que presuntamente cometían un robo en un restaurante ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad San José Agua Azul. Los subieron a una patrulla, pero nunca los presentaron ante autoridad alguna, como tampoco la camioneta en la que viajaban con un cuarto ocupante que logró escapar y dio aviso a los familiares.
El saqueo
A principios de agosto, en ocasión de una visita de Osorio Chong a León, un grupo de empresarios del sector automotriz le entregó una carta en la que le pidieron intervenir “con urgencia” para frenar los asaltos a los trenes de Ferromex y Kansas City Southern.
Le solicitaron revisar la concesión federal a Ferromex, pues en algunos casos han sufrido robos de hasta 70% de la mercancía transportada por esta compañía. Los asaltos ocurren principalmente en el tramo entre Irapuato, Celaya y Apaseo el Alto, al que algunos llaman “El corredor del diablo”.
En Guanajuato, en los últimos años, estos robos modificaron la geografía de las zonas urbanas aledañas a las vías en los municipios señalados: se han desarrollado colonias completas donde se asientan grupos de personas de todas las edades organizados para asaltar los furgones.
Los trenes son detenidos de distintas maneras; generalmente mediante el cierre de las válvulas de frenado o con barricadas. Pero recientemente se detectó el uso de drones para monitorear y de motociclistas que bloquean la vía, para luego realizar abordajes a los furgones.
Hay días en que se reportan hasta seis robos en una misma ciudad, como Irapuato.
El director del Clúster Automotriz Guanajuato (Claugto), Alfredo Arzola, refiere a Proceso la magnitud de las pérdidas: “El tema mediático se ha enfocado al transporte, pero no perdamos de vista que nuestra gente, más de 100 mil personas que todos los días están abordando transporte privado o público, vienen de comunidades, se trasladan caminando o en bicicleta para llegar a los transportes; 60% son mujeres, salen muy temprano de sus casas, llevan celular o algo de dinero y cada vez es más común que los asalten”. Aclara que no hay una estadística clara porque el trabajador normalmente no denuncia.
En el estado hay 340 grandes empresas automotrices, de las cuales las 85 más grandes y longevas se agrupan en el Clúster Automotriz Guanajuato.
“Esto ha lastimado mucho a la industria. Estamos concentrando la información para llevarla a las autoridades; es un asunto que no sólo compete al estado, sino a las autoridades municipales y federales”, dice.
“La falta de coordinación entre las diferentes autoridades (ha impedido) capitalizar por ejemplo, un proyecto importante como es Escudo, una excelente iniciativa”, apunta en referencia al programa del gobierno del panista Miguel Márquez que costó casi 3 mil millones de pesos y que pretendía “blindar” al estado con tecnología de punta.
“Hay muchos puntos débiles, pero el peor es la capacidad de coordinación de la iniciativa privada con las autoridades. Estamos perdiendo al no poder utilizar un transporte tan eficaz como es el tren”, resume.
“Hay artículos muy demandados, como llantas, calaveras, sistema de aire acondicionado, electrónica, sistemas de escape. ¿Qué está sucediendo? Que las empresas más afectadas están optando por utilizar otros sistemas de transporte, aunque esto afecta los costos. Y todos perdemos.”
Arzola alude a la discusión que se ha generado entre las autoridades y las empresas ferroviarias por la competencia para combatir estos robos. “Todos le tienen que entrar, incluso las ferroviarias y las empresas, porque no es que Guanajuato se blinde y le pase el problema a otro, porque aquí ha llegado luego de que estos robos se presentaron en otros estados”, como Nuevo León.
Cuando esta problemática fue abordada en el Congreso federal, el diputado panista Alfredo Rodríguez Dávila presentó un exhorto dirigido al gobierno federal, “como un llamado de auxilio para que encabece, como le toca, acciones para frenar los robos al transporte en general, porque no se está viendo una estrategia con inteligencia y estamos perdiendo competitividad”, dice en entrevista telefónica.
El legislador regiomontano acusa: “México es la plataforma logística de América; tenemos la mejor posición geográfica, y resulta que por la corrupción, la inseguridad y la falta de actuación de la autoridad tenemos carreteras y vías del tren totalmente inseguras”.
En los últimos meses, Ferromex entró en fricciones con las autoridades guanajuatenses. A mediados de julio pasado, durante el Foro Anual de Transporte de Mercancías, Rogelio Vélez, directivo de Ferromex, señaló que los robos al tren se habían detonado a partir de 2008, pero que de entonces a la fecha los incidentes crecieron 1000%: hoy se cuentan 20 robos diarios, robo a carga y de equipo ferroviario, entre 300 y 500 trenes han sido detenidos cada día, 10 mil denuncias fueron presentadas y las pérdidas totales se estiman en mil millones de dólares.
En el mismo acto, el delegado de la Cámara del Transporte en Guanajuato, Enrique González, expresó que las armadoras Mazda y Honda ya explicaron a funcionarios estatales la inseguridad en el transporte.
En contraparte, en entrevista, el procurador guanajuatense afirma que el año pasado las denuncias no llegaron a 350, y este año son menos de 200.
El 27 de septiembre, Ferromex emitió un comunicado en el que lamentó los robos y retrasos. “Estos robos pueden detener el flujo de hasta 20 trenes en una misma vía. Los trenes deben transitar por zonas urbanas a una velocidad menor, lo que los hace aún más vulnerables al saqueo”.
La concesionaria del ferrocarril pareció dispuesta a asumir medidas más drásticas. Al menos así lo anunció en una circular que remitió a dependencias gubernamentales y a empresas el 26 de septiembre pasado. Ahí se lee:
“Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad y que representen un valor agregado a la cadena logística, a partir del 1 de noviembre de este año suspenderemos la operación a nuestra terminal de Silao saliendo del puerto de Manzanillo. Esto derivado del incremento que hemos tenido en el vandalismo en la región.”
Proceso solicitó a Ferromex una entrevista para hablar sobre los asaltos. La empresa pidió un cuestionario escrito que le fue entregado, que finalmente se negó a responder.
Como sea, meses atrás –en junio– la concesionaria entregó a la Presidencia de la República un documento en el que reporta que ha invertido casi 950 millones de pesos en reforzar la seguridad privada, que en Guanajuato hay casi “107 mil kilómetros cuadrados” de derecho de vía invadido y propone que el robo a ferrocarriles sea tipificado como delito federal grave.
El consorcio, a través de la directora de Relaciones Gubernamentales Lourdes Aranda, ha negado la implicación de su personal en los robos, pese a que las autoridades han reportado que los maquinistas realizan paradas no programadas en puntos identificados como peligrosos.
“Es un secreto a voces; todo mundo sabe esa situación que se viene arrastrando desde hace tiempo, de ese problema interno de la misma empresa ferroviaria”, dijo apenas a finales de septiembre el comisionado de la Policía Federal en el estado, Miguel Ángel Simental.
