Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se aprestan a discutir el proyecto que les entregó el 15 de septiembre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Mientras unas fracciones se enfrascan en el jaloneo por las posiciones en el órgano legislativo, algunos diputados se preocupan por preservar los contenidos que les competen. A decir del especialista Ignacio Marván Laborde, la propuesta de Mancera muestra serias fallas de lenguaje y de conceptualización jurídica, tiene tintes de plataforma electoral y, si bien contiene novedades, su actual vocación “aspiracional” la hace inviable.
Arquitecto de uno de los primeros proyectos de Constitución de la Ciudad de México y estudioso de las leyes supremas de la historia del país, Ignacio Marván Laborde califica la propuesta presentada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente como un texto “aspiracional”, más parecido a una plataforma electoral, pues carece de bases técnicas y jurídicas, además de contener propuestas inviables.
En entrevista con Proceso, Marván, quien es profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: “Ese texto, más que una constitución… se convirtió en una plataforma de las que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral para llamar a gente a favor de un partido o de unos candidatos”.
El proyecto entregado el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente en la vieja Casona de Xicoténcatl, elaborada por un Grupo Redactor de 28 personalidades, conjunta “una serie de propuestas, muchas incluso de muy buena intención, pero muy lejos de lo que es una Constitución para regir, establecer derechos, hacerlos garantizables, regular la relación entre gobernantes y gobernados y sobre todo organizar y vigilar el poder. Es demasiada palabrería. Ese es el primer problema”.
Añade que la propuesta también tiene “problemas severos de lenguaje jurídico”. Con el prurito de respetar el lenguaje de género, abusa del término “toda persona”. Marván observa que “la Constitución de la Ciudad no tiene que regular a la persona como tal, sino a ciudadanos, habitantes, residentes. El derecho de la persona es propio del Código Civil y, en última instancia, así tan genérico sería parte de la Constitución general”.
De igual modo señala el abuso del concepto “Ciudad”, pues se le considera “un sujeto y no el objeto que se va a regular… Se oye retórico y eso es ajeno a toda Constitución”. Además, dice que no queda claro quién es el responsable de ésta: el gobierno central, el jefe de gobierno o las delegaciones.
En cuanto a que la autoridad puede tomar “las medidas que sean necesarias”, como dice el texto enviado por Mancera, “significa darle poder dictatorial, pues la autoridad sólo puede tomar las medidas para las que tiene facultades y tienen que estar expresas”.
Marván Laborde asegura que este proyecto de Constitución ofrece una “concepción muy utópica de la ciudadanía”, pues si bien incorpora derechos que están en tratados internacionales, “siempre la multiplicación de derechos es el mejor camino para que la Constitución se vuelva de palabra y no efectiva”. Agrega que no deja claro cómo se van a garantizar esos derechos ni quién será el responsable de hacerlo.
Asimismo celebra que se incluya el derecho a una sexualidad plena, pero se pregunta: “Y si no la tengo, ¿me voy a amparar ante quién o cómo la voy a reclamar? ¿Cómo se va a hacer efectivo jurídicamente? De eso se trata una Constitución”.
Respecto de las obligaciones del ciudadano, como la de “participación” y la de “ser solidario”, el investigador advierte que “el ciudadano total es muy cercano a los regímenes totalitarios, no a los democráticos”. La primera, dice, es un derecho, y no una obligación. Y sobre la segunda cuestiona: “¿Quién es la autoridad que me va a obligar a ser solidario? Yo tengo todo el derecho a enconcharme en mi vida. Se oye muy bonito, pero también tiene un dejo de autoritarismo”.
Riesgo de inconstitucionalidad
Marván Laborde pone especial énfasis en que el proyecto de Constitución de Mancera sobrepasa mandatos constitucionales, lo cual implica el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “lo eche abajo”.
“Hay temas en que ni la asamblea, ni la propia Constitución de la Ciudad de México ni ninguna otra autoridades tienen competencia. Se nota que no revisaron con cierto rigor las restricciones y características, nos gusten o no, que les impone la Constitución y el Artículo 122”.
Se refiere con ello a “mandatos” como que la capital será la “ciudad para los refugiados”, sobre lo cual aclara: “La migración es facultad federal desde 1908. Qué padre que pusiste que la ciudad puede recibir a mil personas, pero no tienes facultades de política migratoria. ¿Cómo vas a reclamar ese derecho exigido? Es de las cosas que la Corte les va a echar abajo, si acaso se aprueba esto”.
Lo mismo ocurre con los “derechos del consumidor” que plantea el documento: “Desde el siglo XIX el comercio es facultad federal; la protección al consumidor existe desde los setenta y es federal”. Por eso, añade, existen la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Entonces, prevé, será muy fácil que el gobierno pierda los amparos.
Otra novedad que propone este proyecto es la creación del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que se encargará de elaborar y dar seguimiento al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la capital.
Sin embargo, para Marván “el gran problema del abuso de los cambios de uso de suelo en la Ciudad de México no está en quién los hace, sino en la opacidad de los procedimientos. En el texto se preocupan mucho por ver quién los hace, pero no nos queda claro si esos procesos van a ser transparentes o no, y en qué momento va a ser vinculante la opinión vecinal”.
También observa contradicciones en el destino de la plusvalía obtenida por los desarrollos generados, pues en una parte el texto menciona que se asignarán a la preservación de la ecología, mientras que en otra dice que se utilizarán para “mitigar” la desigualdad.
Otro tema debatible para él, “aunque suene políticamente incorrecto”, es el de los pueblos originarios:
“Se supone que van a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, casi propiedad sobre sus tierras y autoridades locales… pero reconstruirlos como una institución de derecho es casi casi regresar a la república de indios de la Colonia. ¿Hasta qué punto, en la regulación y la personalidad jurídica que les está dando la Constitución, los está inventando?”
Agrega que también hay un problema en la relación del jefe de gobierno y el Congreso local, particularmente en caso de que haya gobiernos de coalición:
“Entraron a un sistema dizque parlamentario, en donde pactas quiénes son los secretarios, pero el Congreso puede hacer voto de censura y destituirlos. Como lo plantearon es un falso parlamentarismo; para que eso funcione y el Ejecutivo no sea rehén del Congreso, se requiere que en un momento determinado el jefe de gobierno pueda disolver el Congreso. Así funciona cualquier sistema parlamentario; hay equilibrio de poderes y no se agreden permanentemente”.
En opinión del especialista, los redactores “se quisieron poner muy parlamentarios, muy democráticos, pero no se atrevieron a ponerlo en serio. Crearon un absurdo, entre otras cosas porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo permitiría, pues te marca un sistema de división de poderes, con elección por separado de jefe de gobierno y del Poder Legislativo. Y mientras exista ese sistema, el jefe de gobierno tiene que mantener la libertad de remover a su gabinete, si no, no funciona el sistema y se pierde la autonomía que tiene el jefe de gobierno al ser elegido directamente por los ciudadanos y por separado”.
El responsable es Mancera
No obstante su acerba crítica, para Marván el proyecto mancerista también tiene aspectos positivos para la Ciudad de México, como la “reorganización” del Poder Judicial, la posibilidad de que haya varios plenos en vez de uno solo, la integración de un Consejo Judicial Ciudadano y la autonomía del Consejo de la Judicatura local.
Especial atención merece la independencia de la Fiscalía General de Justicia –que supliría a la Procuraduría General–, salvo la paradoja de que “le quitan el monopolio de la acción penal al titular del Ejecutivo, pero los alcaldes sí van a tener coadyuvancia y más injerencia con la fiscalía. Es un problema de diseño”.
En general, para el autor del libro ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917?, en proceso de publicación, los integrantes de la Asamblea Constituyente deben revisar “hasta qué punto esta Constitución se vuelve letra muerta o nos mete en más problemas de los que nos quieran sacar. Es un texto garantista, pero hay que revisar con el mismo tamiz todos los derechos que se establecen y cuáles efectivamente se pueden garantizar y pueden ser reclamados o cubiertos con políticas públicas”.
En general, explica, la propuesta de Mancera es lo que en América Latina se conoce como una “constitución aspiracional”, que carece de lenguaje jurídico y un mínimo matiz de viabilidad: “Una cosa es que tengas aspiraciones y quieras caminar hacia allá y otra es que eso se vuelva derecho positivo”.
–¿Este proyecto se puede ver como la plataforma electoral de Mancera para 2018?
–Alguien muy vinculado al gobierno de la Ciudad me dijo: “Por primera vez sabemos qué piensa Mancera con este texto”. Y es que su campaña y su plataforma de gobierno jamás tuvieron definiciones claras.
“Constitucionalmente, el responsable de presentar un texto que tiene tantos problemas es Mancera. Se hizo asesorar, pero la responsabilidad constitucional es bien clara. Si el texto funciona y se aprueba, es de Mancera. Si resulta ser descalificado por irresponsable, la responsabilidad es de Mancera. No hay más.”
Novedades y retos
Lol Kin Castañeda, integrante del Grupo Redactor electa con la fracción del PRD, explica en entrevista que el jefe de gobierno la invitó directamente para “garantizar en el texto los temas icónicos de derechos humanos”, y ella aceptó “porque era una oportunidad de trabajar a nombre de muchas organizaciones de la sociedad civil”.
Al principio la activista por la legalización de los matrimonios igualitarios creyó que el grupo sólo iba a “palomear” o hacer observaciones a un texto preestablecido. “Pero no fue así, partimos de cero”, comenta.
El grupo se dividió en comisiones: derechos humanos, alcaldías, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, coordinación metropolitana, educación, trabajo, seguridad y justicia, organismos autónomos y movilidad, entre otras. Cada una sesionaba en lo particular y los martes se reunían en pleno para presentar y discutir sus propuestas bajo la coordinación de Porfirio Muñoz Ledo.
En algunas sesiones participaron secretarios del gabinete capitalino para exponer sus ideas y Mancera llegaba a escuchar las discusiones, pero según Lol Kin “nunca intentó dar línea ni inducir temas; en todo momento (expuso) sugerencias o dudas que él mismo tenía sobre fundamentos jurídicos, pero nada más”.
Recuerda que entre los asuntos más discutidos estuvieron los de justicia, en particular la duración de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como la designación de los titulares de los organismos autónomos.
Ahora, dice, “el ver todo este esfuerzo reflejado en el borrador de la Constitución es un compromiso muy grande que ahora me toca defender, porque dice mucho del sentir de la gente, es el resultado de un diálogo social”.
Entrevistado al respecto, Alejandro Encinas –senador que solicitó licencia temporal para dedicarse de tiempo completo a la Asamblea Constituyente–, destaca que entre las novedades del proyecto de constitución están el concepto de Derecho a la Ciudad y al Espacio Público, el ordenamiento territorial y la creación de un Instituto de Planeación que hará planes a largo plazo, regulará usos de suelo y tendrá facultad sancionadora.
Además, explica que quedaron fortalecidas las figuras de consulta ciudadana, revocación de mandato, respeto al espacio público, penalización del clientelismo y la corrupción y la existencia de concejos como contrapeso a los alcaldes. Incluso, enfatiza, quedó incluida la facultad de los ciudadanos de impugnar actos de la autoridad.
Destaca que en ese texto se incluyó la reducción del número de programas sociales y el rediseño de la política social del gobierno capitalino, igual que la aplicación del concepto de “renta básica” de carácter regresivo, la existencia de un “cuarto orden de gobierno” para las zonas rurales y la creación de un “fondo” para impulsar la infraestructura de la ciudad.
Pero además señala que “se imprimió el principio de progresividad. Ese va a ser un gran debate y es necesario aclarar que no es una visión asistencialista, sino garantista del ejercicio de los derechos”.
Castañeda y Encinas coinciden en que el texto entregado por Mancera a la Asamblea Constituyente no es un producto terminado, sino “mejorable y perfectible”, pero “refleja mucho del sentir de la gente”.
Sin embargo, la activista advierte el riesgo de que, a causa de la integración de la asamblea, prevalezcan las discusiones partidistas: “Me daría vergüenza, pues la Constitución de la Ciudad de México no puede ser el triunfo de un partido político, sino que debe reflejar el toque de la sociedad civil, de la gente”.
Encinas prevé que “el gran reto va a ser sacar el voto en el pleno con dos de las terceras partes a favor y lograr que se someta a referéndum ciudadano. Pero vamos a trabajar en eso”.
Por lo pronto, el 30 de septiembre la Asamblea Constituyente aprobó en lo general, con 79 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el Reglamento Interno que la regirá hasta el 31 de enero de 2017, plazo establecido en la reforma política para elaborar y aprobar la primera Constitución de la Ciudad de México.
Los diputados deben comenzar a discutir el contenido del proyecto de Constitución. Algunas fracciones ya mostraron sus cartas. Morena insiste en que “sobran” 40 diputados en la asamblea: seis designados por el presidente Enrique Peña Nieto, seis por Miguel Ángel Mancera, 14 por la Cámara de Diputados y otro tanto por la de Senadores, aunque esa composición se aprobó con la reforma política.
En tanto, el grupo del PRI –con figuras de larga y controvertida trayectoria política– continúa con su estrategia de controlar los órganos de decisión de la asamblea, como se vio desde que Peña Nieto designó a Augusto Gómez Villanueva, líder campesino y secretario de Estado en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, así como defensor de sus actos represivos.
A sus 87 años, con su experiencia legislativa, evitó que el procurador de justicia en la administración de López Obrador en el Distrito Federal, Bernardo Bátiz, presidiera a nombre de Morena la Junta Instaladora que inauguró los trabajos.
