Por más de dos años, ciudadanos, empresarios y actores políticos de Guerrero han denunciado que el impulso del gobernador Héctor Astudillo a los proyectos mineros en la entidad fortalece a la delincuencia organizada, pues se asientan en zonas controladas por ésta. Una de las mineras situadas en esa peligrosa región, donde abundan los secuestros y las extorsiones, es la oscura empresa Beneficiadora de Minerales de Temixco, cuya propiedad se atribuye al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, de conocida historia negra.
CHILPANCINGO, Gro.- El secuestro de nueve trabajadores de la compañía Beneficiadora de Minerales Temixco, en el municipio de Arcelia, de la que presuntamente es propietario el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, trastoca la estrategia del gobernador Héctor Astudillo Flores de promover la inversión privada en zonas mineras que, por lo demás, están controladas por el narcotráfico.
El pasado 9 de enero el grupo criminal de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, que opera en la región de Tierra Caliente, secuestró a 21 habitantes de Arcelia y San Miguel Totolapan. Los liberó después de negociar con el gobierno de Astudillo.
El gobernador priista se comprometió en ese entonces a detener al líder del grupo antagónico: Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga, jefe de La Familia, quien estaba afincado en Arcelia. En videos difundidos en la entidad El Tequilero acusó a aquel de ser socio de mineras como el Grupo Peñoles y Torex Gold, que operan en esta zona controlada por la delincuencia.
Las balaceras, ejecuciones, secuestros y extorsiones se incrementaron en esta franja limítrofe con Michoacán y el Estado de México, pese a que ahí están desplegados efectivos del Ejército.
En julio pasado fue ejecutado el alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, y a finales de agosto se conoció el plagio del regidor de Movimiento Ciudadano (MC) de San Miguel Totolapan, Alejandro Reyna Estrada, y tres acompañantes. El edil fue liberado tras el pago de un rescate a principios de septiembre, pero las otras personas fueron asesinadas.
A su vez, la minera Beneficiadora de Minerales, ubicada en el poblado de Temixco, municipio de Arcelia, se volvió el blanco de la delincuencia: seis de sus trabajadores fueron plagiados el 29 de agosto y tres más el 5 de septiembre, entre ellos Juan Manuel Salgado Berrum, de 16 años e hijo de la contadora de la minera y excandidata a la alcaldía por MC, Ana Berrum de la Sancha. Otras víctimas de ese secuestro fueron el ingeniero Víctor Hugo Durán y Rodolfo Barrera Vega.
El reciente sábado 3, los criminales irrumpieron en las instalaciones de Beneficiadora de Minerales y se robaron 1 millón de pesos de la nómina. Desde entonces la empresa permanece cerrada por falta de garantías de seguridad.
El miércoles 7, Astudillo Flores afirmó que cinco trabajadores ya habían sido liberados y que El Tequilero es el responsable de ese delito y del robo a la minera. Añadió que la autoridad estatal trabaja para liberar al resto de los plagiados, tal como lo hizo –enfatizó– hace ocho meses, tras el secuestro de los 21 habitantes de Arcelia y San Miguel Totolapan.
“No doy detalles, porque si no al rato me van a decir que no. Como en aquella ocasión, cuando fueron liberados los 21 en enero y finalmente dijeron que no habíamos tenido nada que ver; y la verdad es que fue una operación muy detallada para que fueran liberados”, dijo el gobernador.
Esa vez el grupo de El Tequilero difundió en redes sociales un video donde confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con el gobierno del estado y exigió a Astudillo y a su fiscal, Xavier Olea, que cumplieran “su compromiso” de detener a Hurtado Olascoaga.
Tanto al Tequilero como al Mojarro se les siguen atribuyendo delitos impunes.
En enero pasado este semanario publicó el reportaje “En Tierra Caliente se muere de impunidad”. En éste se informó que el exdiputado federal perredista presuntamente vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño, señaló al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, como compadre del Tequilero y lo acusó de permitirle que convirtiera el municipio en el principal centro de producción de heroína y mariguana.
La minera de Ahumada
El único antecedente público sobre la empresa Beneficiadora de Minerales Temixco es un informe emitido en 2012 por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Guerrero.
Según el documento, obtenido por este reportero a través de la Ley de Transparencia, la dependencia federal le otorgó a esa minera una concesión de ocho años para construir y operar una planta metalúrgica destinada a la obtención de oro y plata.
Fuentes oficiales corroboraron a este semanario que Beneficiadora de Minerales pertenece al empresario Carlos Ahumada Kurtz, célebre por los casos de corrupción ventilados en los medios de comunicación nacionales en 2004, en tanto que autoridades del sector económico, los otros mineros y el gobierno de Astudillo han guardado silencio sobre el origen de la inversión.
En noviembre de 2015, varios medios difundieron parte de la declaración ministerial del presunto líder de la banda Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, quien señaló ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Ahumada Kurtz tiene dos mineras en Guerrero y su principal socio es el jefe de La Familia, Johny El Mojarro Hurtado.
Casarrubias sostuvo que ambos trafican uranio que extraen en Guerrero y lo envían a China por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Ante las autoridades ministeriales detalló que una de las mineras de Ahumada y El Mojarro está en Campo Morado, Arcelia, de donde extraen uranio y luego lo transportan oculto entre otros minerales en contenedores llamados góndolas.
Casarrubias, detenido en 2014 por el caso de Ayotzinapa, consiguió el amparo de la justicia federal por irregularidades en el proceso y, en consecuencia, el pasado martes 6 se le revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada.
El sábado 10, el diario local El Sur publicó una entrevista con el presidente de Torex en México, Alfredo Phillips Greene, quien advirtió que las empresas del ramo sufrirán pérdidas económicas si no se restablece la seguridad en la zona.
Phillips Greene, quien se desempeña como gerente general en México de la minera Torex Gold, advirtió que la inseguridad no afecta solamente a la industria minera sino a toda la economía guerrerense.
El jueves 15, en una entrevista en el noticiario matutino de Televisa en el que se abordó la propuesta de Astudillo Flores al Senado para legalizar el uso medicinal de la amapola, Antonio Mazzitelli, representante en México de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, denunció que los grupos criminales que operan en Guerrero obstaculizan cualquier tipo de inversión productiva.
En su edición 2054, publicada el 13 de marzo de este año, Proceso publicó el reportaje “Inversión millonaria en territorios del narco”, en el cual dio a conocer un diagnóstico del gobierno estatal sobre la inseguridad en el que Astudillo se declaró incompetente para combatir el problema, responsabilizó a las administraciones anteriores y calificó de ineficaz la estrategia de seguridad federal.
A pesar de ello, Astudillo impulsó como eje del desarrollo estatal esos proyectos de las industrias minera y portuaria, enfocados en zonas que controla el narcotráfico y donde la sociedad padece extrema violencia, desplazamientos masivos y el colapso del resto de la economía local.
El plan se basa en los resultados mineros de 2013, cuando el estado se ubicó en cuarto lugar en producción de oro, el noveno en plata y el quinto en plomo.
De los 868 títulos de concesión minera otorgados hasta 2014, que abarcan 22.62% del territorio estatal, sólo cerca de 10% son explotados, a causa de “la falta de inversión” y “el clima de inseguridad” en la entidad, indica el diagnóstico del gobierno de Astudillo Flores.
Pese a que el gobernador estaba consciente de ello, los índices delictivos siguieron ascendiendo. Un informe de la Fiscalía General del Estado fechado en agosto de 2015 (Proceso 2054) indicaba que la banda de Los Ardillos, que dirige la familia del exdiputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, domina los municipios de Quechultenango y Mochitlán, en la región Centro, precisamente donde el gobierno de Astudillo impulsa el desarrollo minero.
En ese documento también se estableció que en la Tierra Caliente y la Zona Norte operan La Familia, Guerreros Unidos y Los Caballeros Templarios, que sostienen brutales confrontaciones entre sí por el control de las zonas de producción y trasiego de droga, pero además cobran cuotas y extorsionan a ciudadanos y empresas, sobre todo a mineras como Gold Corp, Media Luna y Grupo Peñoles.
En 2015 los dueños de la minera Campo Morado, ubicada en Arcelia, anunciaron el cierre de la mina a causa de la inseguridad. Aunque este hecho fue vinculado al grupo del Mojarro, las autoridades estatales afirmaron que los inversionistas se fueron porque incumplieron cláusulas del contrato colectivo de trabajo.
El 9 de febrero último, habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, cerraron las instalaciones de la minera canadiense Media Luna en protesta por el plagio de al menos 18 trabajadores, del que culparon a La Familia.
Los inconformes señalaron abiertamente que Johny Hurtado estaba coludido con directivos de la empresa porque su compañía, Capitsa, presta servicios a Media Luna. Sin embargo, ni el gobierno estatal ni el federal han investigado a fondo la diversificación de actividades de esas organizaciones criminales.
