Los activistas del Colectivo Solecito de Veracruz insisten: durante la administración de Javier Duarte, la entidad se convirtió en un gran narcocementerio cuya magnitud aún no se conoce. Hasta ahora, los integrantes de esa organización han localizado 81 narcofosas sin el apoyo de las autoridades federales y estatales, lo que ha puesto en aprietos al mandatario y al fiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras. Hay fosas clandestinas hasta en la zona portuaria veracruzana.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho.
En la capital veracruzana detectaron una fosa con huesos de cinco personas y no tres, como presumían al principio, así como lápidas con nombres alterados, cuerpos enterrados sin la autopsia correspondiente, así como otras “irregularidades”, entre ellas la desaparición de los restos de la joven Gemma Mavil Hernández, quien fue levantada en 2011.
En el fraccionamiento Colinas Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, los rastreadores del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron un narcocementerio inacabado en el traspatio del recinto portuario.
Hoy, ese colectivo es un referente imprescindible, lo que incomoda al gobierno duartista, incapaz de atender el clamor social sobre las desapariciones forzadas y el manejo de los cuerpos No Identificados (NI) en territorio veracruzano.
La Policía Científica y la Fiscalía General del Estado apenas han logrado “procesar” (limpiar, retirar tierra y basura, acomodar huesos y determinar de cuántas personas se trata) 11 de las 81 fosas “por la falta de recursos humanos y económicos”. La organización halló indicios concretos de 32 cuerpos en un radio de dos hectáreas y aún les faltan 14 por explorar.
El jueves 8, tras dos años de cerrazón sistemática en torno a las fosas clandestinas y las irregularidades en las exhumaciones de los NI, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, envió un documento al Poder Legislativo estatal en el que solicita un espacio para hablar ante la Comisión de Procuración de Justicia sobre el narcocementerio y las irregularidades en los panteones xalapeños.
Días después, el funcionario concedió una entrevista colectiva en la que admitió que hubo “movilizaciones ilegales” de cuerpos en las fosas comunes del panteón municipal de Palo Verde que “pudieron” haber sido solapadas o causadas por elementos de la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense.
“Eso te habla de una movilización de cuerpos sin autorización y eso es lo que estamos investigando, sin soslayar que la prioridad es encontrar a Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011 y cuyo cadáver fue hallado tiempo después y enviado a la fosa común en la capital del estado.”
Apoyado por colectivos de familiares de personas desaparecidas, el padre de la joven, Pedro Manuel Mavil Martínez, oriundo de Xico, encabezó diligencias para recuperar los restos de Gemma, pues fueron “extraviados” –según la versión del fiscal– por autoridades del cementerio. Fue gracias a ese caso que la organización Familias Enlaces Xalapa descubrió decenas de irregularidades.
Manejo delincuencial
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, activista de Solecito de Veracruz y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, DJ Patas, levantado por un comando el 28 de julio de 2013, revira a Bravo Contreras: no se trata de movimientos irregulares, sino de un “manejo delincuencial”.
Y agrega: “Sólo cuando ven que ya no pueden ocultar más (las irregularidades), hacen declaraciones tibias. Si el fiscal pudiera seguir ocultando el cementerio más grande de Veracruz, lo haría. No nos cabe duda”.
Carlos Saldaña Grajales, de Familias Enlaces Xalapa, en el cual participan familiares de personas desaparecidas en la capital del estado y municipios aledaños, enumera las “negligencias” del gobierno duartista con los cuerpos NI:
“La fiscalía admite la existencia de fosas comunes en el panteón Palo Verde con 192 cuerpos no identificados. Lo grave es que ni siquiera los han ubicado. En la última reunión, donde estuvieron autoridades estatales, municipales y el director de panteones, las autoridades se echaron la bolita. Ahí, el fiscal Bravo nos dijo que procedería penalmente contra quien resulte responsable por el desorden que existe.”
Saldaña Grajales busca a su hija Karla Nallely Saldaña, quien desapareció el 30 de noviembre de 2011 en Xalapa junto con Jesús Alberto Estrada y otras 11 jóvenes, varias de ellas edecanes. Hasta ahora ha interpuesto 12 denuncias, entre ellas la 2009/11/3ª/ Xal-12, que consultó el reportero. Las autoridades federales y estatales aún no le responden.
Lo que procede, sostiene Saldaña, es exigir a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la estatal que intervengan el panteón lo antes posible y lo cierren, sobre todo el área donde se encuentran las fosas comunes, para exhumar las osamentas y poner orden.
Saldaña comenta que en la última reunión del fiscal con el alcalde xalapeño, Américo Zúñiga Martínez, así como con personal de Servicios Periciales y de la Dirección de Panteones, los participantes acordaron destinar un “lugar exclusivo” para las fosas de personas NI en la congregación de El Castillo, en la zona rural de la capital del Estado.
Exámenes de ADN
Luego de seis semanas de excavaciones y exhumación de osamentas en el traspatio del recinto del puerto jarocho en las que participaron especialistas de la Policía Científica y peritos de la fiscalía estatal, auxiliados por rastreadores procedentes del estado de Guerrero, las integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz proponen realizar una campaña masiva de exámenes de ADN a los familiares de desaparecidos en la entidad.
De hecho ya empezaron en la ciudad de Veracruz, donde las pruebas son costeadas por la Policía Científica, siguieron en Coatzacoalcos y ahora intentan hacer esas campañas en Córdoba, donde pedirán apoyo a los empresarios locales, comenta Díaz Genao.
Los recursos para buscar a los desaparecidos siempre han estado ahí, dice, “sólo que el gobierno los ha utilizado de manera corrupta. El reto es corregir ese modus operandi”.
El martes 13, Carolina Botero Marino, exrelatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunció una conferencia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en la que elogió el trabajo de las integrantes de los colectivos Por la Paz y Solecito de Veracruz, quienes por “cuenta propia” han hecho las indagatorias que por ley corresponden a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Lo de Veracruz se ha vuelto atroz, por propia cuenta los familiares están encontrando o buscando a sus desaparecidos. Aquí los familiares están sustituyendo a la justicia, vemos que la sociedad civil juega un papel importante, ante la incompetencia gubernamental”, expuso Botero.
Díaz Genao asegura que ella y sus compañeras han encontrado hoyos con más de dos metros y medio de profundidad. Y se pregunta: “¿Cómo entierras a gente de esa forma sin una complicidad policiaca? Tuvieron que utilizar trascabos y maquinaria pesada”.
Cuenta que la organización a la que pertenece ha recibido ayuda invaluable de activistas de Iguala, Guerrero, para la localización de las fosas; incluso, dice, contaron con el apoyo de los rastreadores Jesús Canal, Guadalupe Contreras y Joel Díaz.
La activista lamenta que aun cuando han localizado 81 “fosas positivas”, apenas han sido procesadas 11, lo que muestra un “desfase inmenso” entre localización y procesamiento, que atribuye a la falta de personal en la Policía Científica.
