Cuando un país recurre a los grupos técnicos internacionales para resolver casos graves de violaciones a los derechos humanos significa que tiene una condición “muy básica” en la materia. Esta es la opinión esencial que externa a Proceso el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto F. Caldas, quien estuvo en México el mes pasado, y adelanta que el organismo que encabeza analizará las graves violaciones cometidas en el contexto de la llamada guerra al narcotráfico, así como los crecientes casos de despojo de tierras por intereses comerciales.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la delincuencia organizada serán juzgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La responsabilidad, sin embargo, recaerá en el Estado y sus autoridades por dejar que ocurrieran.
La agenda del sistema interamericano de derechos humanos ha comenzado a procesar los casos de desapariciones forzadas, desplazamientos, masacres y ejecuciones sumarias cometidas por los cárteles y otros grupos delictivos. Pero hay una constante: el excesivo uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policiales.
Aunque la situación de México no es exclusiva, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas por la llamada guerra al narcotráfico serán juzgadas por la Corte junto con los crecientes casos de despojo de tierras por intereses comerciales.
El juez brasileño Roberto F. Caldas, quien desde la presidencia de la Corte tiene el pulso de las violaciones a los derechos humanos en el continente, advierte en entrevista con Proceso: Sin haber superado todavía el pasado de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las dictaduras militares y regímenes autoritarios de los años sesenta y setenta, América Latina padece ahora las violaciones cometidas por particulares y la generada por la respuesta gubernamental.
La Corte Interamericana aún no ha juzgado ningún caso relacionado con la delincuencia organizada. Pero las denuncias contra particulares o individuos protegidos por autoridades ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de la protección en esta materia en el continente cuando sus Estados miembros son omisos o simulan ampararlos.
Algunas de esas denuncias llegarán a la Corte, que fallará respecto a la responsabilidad del Estado ante la comisión de esos delitos. En prevención de fallos adversos y de sanciones desde el extranjero, algunos países han recurrido a grupos de expertos internacionales para asuntos específicos.
Fue el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando aceptó la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para sumarse a las investigaciones por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada hace dos años. El grupo, sin embargo, acabó confrontado con las autoridades, entre descalificaciones mutuas.
En la entrevista, Roberto Caldas evita en todo momento referirse a México, donde la Corte realizó su quincuagésimo quinto periodo extraordinario de sesiones por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“Cuando la Corte Interamericana sesiona en un país no hace examen de su situación de derechos humanos, además de que, como órgano jurisdiccional, no es de su competencia hacer ese tipo de consideraciones específicas.”
En tres días de sesiones públicas la Corte siguió los juicios contra Colombia por la masacre conocida como de La Rochela, en Ecuador, por desaparición forzada y denegación de justicia por parte de la justicia policial, y contra Guatemala por negligencia de las autoridades en el caso de una desaparición.
Los temas prioritarios
Puesta la distancia para evaluar públicamente la situación de los derechos humanos en México, el presidente de la Corte asegura que cuando un país recurre a los grupos técnicos internacionales para resolver casos graves de violaciones, significa que tiene una condición “muy básica” en el respeto a los derechos humanos.
“Siempre es mejor buscar soluciones internas. Siempre son las mejores. Pero tenemos que hacer los remedios. No nos podemos quedar sin hacer el deber en casa. Cuando se necesita ir a los estándares internacionales es porque las cosas están a un nivel muy básico.
“Los grupos técnicos siempre son positivos cuando participan en instancias internacionales con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) u otras agencias de derechos humanos. Es una manera de ampliar la base nacional en derechos humanos”, asegura.
Con mandato en la Corte de cinco años, de 2013 a 2018, Caldas estuvo en México durante las dos últimas semanas de agosto. Además de presidir esas sesiones públicas, se encontró con especialistas y acudió a sesiones privadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Se reunió también con autoridades, incluido el propio Peña Nieto, aunque el momento no fue el mejor. Ocurrió el jueves 1 en Los Pinos, cuando el presidente se encontraba en medio de la crisis por la presencia, un día anterior, del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
Más importante para Caldas, como presidente del último tribunal que hay en el continente para hacer justicia en el caso de violaciones a derechos humanos, fueron las reuniones que tuvo con víctimas de casos emblemáticos en México. Entre ellos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de Rosendo Radilla, cuya desaparición forzada cometida por el Ejército en 1974 representó el primer fallo de la Corte contra el Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad y que derivó en la reforma constitucional en derechos humanos en 2011.
“Las víctimas y las familias de las víctimas son la razón de ser del sistema interamericano. Lo que podemos hacer es darle justicia. Lo que queremos es que busquen a la Corte. Es la instancia de garantía de justicia para familiares de desaparecidos, desplazados, comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y quienes hayan sufrido violaciones a sus derechos”, dice.
En su primer discurso en México, previo a las sesiones públicas, Caldas aseguró que América Latina sigue con graves problemas en derechos humanos, con manifestaciones nuevas a partir de la violencia originada por la delincuencia organizada y la respuesta estatal de combate.
Aunque el discurso de los derechos humanos ahora está muy presente en el Continente Americano, “las violaciones nunca han dejado de ser un problema muy serio, grave, incluso. Son una constante”.
El caso México
Desde su perspectiva de especialista en ética y en derecho constitucional, derecho laboral y derechos sociales, asegura que la región no ha resuelto su pasado de crímenes de lesa humanidad: “Está en camino de resolución, pero aún hay casos de violadores de derechos humanos que no están siendo procesados”.
Dice que además de las amnistías, se necesitan juzgar los casos más significativos, como ha ocurrido en Chile y Argentina, aunque hay casos como el de Brasil, cuya ley de amnistía está controvertida en la Corte Interamericana. El Supremo Tribunal de ese país le dio validez constitucional a la amnistía, pero “nosotros en la Corte decidimos que no, que es nula de pleno derecho y que se tiene que procesar y juzgar a los torturadores, homicidas y violadores de derechos humanos”.
La controversia lleva seis años. Pero Caldas confía en que Brasil terminará respetando la resolución de la Corte Interamericana: “Son crímenes de lesa humanidad o graves contra los derechos humanos que no prescriben. No pueden ser objeto de indulto, de gracia o de perdones presidenciales. Son casos que interesan no solamente a un país, sino a la humanidad. La jurisprudencia de la Corte es que se deben procesar y juzgar”.
A esos pendientes se han sumado las violaciones cometidas ya no sólo por agentes estatales, sino por particulares integrantes de los grupos delictivos. En el caso de México, hay ejemplos conocidos en el mundo: las matanzas de migrantes en San Fernando Tamaulipas en 2010 y 2011 por parte del cartel de Los Zetas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por policías municipales y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos en 2014, la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos del Ejército en 2014, la ejecución de civiles en Apatzingán en 2015 por elementos de la Policía Federal o la matanza de presuntos delincuentes Tanhuato, también en 2015, por fuerzas de la Policía Federal.
Caldas asegura que la Corte aún no ha juzgado ninguno de los numerosos casos de lesa humanidad ocurridos en América Latina. “Van a estar llegando a la Corte en los próximos años porque en la CIDH hay denuncias de víctimas del narcotráfico, incluso de grandes violaciones que se han cometido a comunidades, no sólo a personas”.
–¿Los que han cometido esas violaciones van a tener que responder ante la Corte?
–Nosotros vamos a juzgar sin importar si los perpetradores son agentes del Estado, particulares o particulares coludidos con el Estado. Quien siempre va a responder es el Estado, aunque los responsables no sean sus agentes. Tampoco importa si son del gobierno federal, estatal o una alcaldía. Jurídicamente quien responde es el Estado como entidad internacional porque es el responsable de garantizar los derechos humanos básicos.
Ante casos de mandatarios que han sido denunciados por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno, como el del expresidente Felipe Calderón, que está denunciado ante la Corte Penal Internacional por su política de guerra al narcotráfico, Caldas acota.
Dice que aunque las más altas autoridades de un país sean señaladas como violadoras, en la jurisdicción de la Corte quien responde es quien está en el gobierno en ese momento. Normalmente cuando los casos llegan a la Corte ya han pasado varios años y las autoridades son otras.
Es lo que ha ocurrido con las denuncias contra las Fuerzas Armadas y policiales de la región por crímenes cometidos en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando casi todos los países tenían gobiernos dictatoriales o autoritarios: “Es una herencia de violaciones por parte del propio Estado”.
Establecer responsabilidades
Juez ad hoc de la Corte para casos específicos de violaciones graves en Brasil, Caldas ve un avance relativo: “Hay evoluciones. Antes los generales y los comandantes ni siquiera admitían hablar del tema. Hoy las Fuerzas Armadas y policiales en algunos países tienen programas avanzados de entrenamiento en derechos humanos. Es un trabajo difícil, generacional. No podemos tener un optimismo exagerado pensando que vamos a resolver el problema con una sentencia que estamos dictando hoy”.
Habla de la necesidad de “democratizar” a las Fuerzas Armadas buscando que los crímenes cometidos por militares contra civiles sean juzgados en tribunales ordinarios para que tengan un escrutinio público más claro.
“La jurisprudencia de la Corte es muy clara: Sólo son de la competencia de los juzgados militares aquellos crímenes y cuestiones que tienen que ver con los bienes públicos militares o los secretos militares. Pero los casos de torturas, asesinatos, violaciones o desapariciones tienen que ser juzgadas en el fuero ordinario.”
–Pero muchas veces se argumenta que se trata de casos de disciplina militar.
–Eso es una extrapolación. De ninguna manera se puede argumentar la disciplina castrense porque estamos ante casos en los que se desbordan las funciones propias de los militares. Tienen un interés más amplio porque se trata de derechos humanos.
–¿Hasta dónde se pueden establecer las responsabilidades si un militar alega que recibió órdenes, aunque éstas no hayan sido por escrito?
–Es como cualquier otro proceso. Se tienen que buscar testigos, evidencias, vestigios. Incluso algunas veces hasta normas militares que son violadoras, discriminatorias. En la Corte se están juzgando casos de normas que prohíben seguir en la justicia civil los abusos sexuales cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Nosotros ya tenemos apuntado que ese no es el camino.
–Hay normas o directivas que piden a los militares ser creativos para dar resultados…
–La responsabilidad comienza desde que no tengo la debida prudencia. El uso de la fuerza tiene estándares internacionales. Los soldados y policías tienen que tener ese cuidado. Hay un padrón internacional y la Corte siempre está en observancia máxima.
En el caso de los desplazamientos, Roberto Caldas asegura que la Corte tiene muchos precedentes de despojo de tierras cometidos por particulares o particulares protegidos por el poder público.
“Hay casos de indígenas, de afrodescendientes, de comunidades enteras que son desplazadas por intereses comerciales. En muchos casos se trata de hoteles que están construyéndose en áreas de protección ambiental o de carreteras que arrasan comunidades centenarias.
“Los casos que conocemos son de particulares que hacen presiones políticas para tener protección oficial y sacar a comunidades tradicionales de su hábitat, muchas veces milenarias o por lo menos ancestrales. En todo momento nos llegan ese tipo de casos y nuestra determinación es que el Estado también siempre es el responsable porque tiene la obligación de dar garantías a todos sus habitantes”, dice.
Apenas el miércoles 7, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, después de una visita in situ, aseguró que en México son persistentes las violaciones a los derechos humanos por parte de empresas públicas y privadas que han generado un clima de “hostigamiento y criminalización” contra las comunidades. El Grupo de Trabajo también se refirió a las agresiones contra los periodistas.
El presidente de la Corte no deja lugar a dudas: “Es perceptible cuando un Estado garantiza o no los derechos humanos. Hay países que tienen más problemas que otros. Unos con afrodescendientes, otros con migrantes, indígenas, mujeres, desplazados, guerrillas, o la violencia contra los periodistas y concentración de medios”.
En el caso de las agresiones a la libertad de expresión, dice que la gente debe poder diferenciar entre quienes buscan la verdad y quienes simplemente hacen propaganda. Asegura que cuando se violenta de cualquier manera a un periodista es la sociedad la que está siendo violentada porque tiene derecho a recibir información. Es un derecho colectivo. “Cuando muere un periodista, muere parte de la sociedad”.
Ante ese amplio panorama de violaciones a los derechos humanos en la región, el presidente de la Corte Interamericana afirma que la solución pasa por garantizar los derechos sociales.
“No hay posibilidad de evolución de nuestro continente solamente con tribunales juzgando casos de violaciones. Tenemos necesariamente que evitarlas, y para eso tenemos que aplicar políticas públicas de derechos colectivos sociales, educación, salud, trabajo, seguridad, vivienda, alimentación.
“Si mantenemos los niveles de injusticia social no vamos a resolver los casos de graves violaciones, como masacres, matanzas en serie, colectivas. Vamos a continuar teniendo violaciones por la falta de educación en el principio básico de respeto al otro. Lo único que vamos a hacer es estar secando hielo.”
