Impasible, después de una maratónica sesión de 10 horas más cuatro de receso, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, salió airoso del Palacio de Justicia estatal. Logró que el juez de control que lleva su caso, Jaime Garza Castañeda, desestimara dos de los tres delitos que se le imputan. Ahora tendrá que responder sólo por el de uso indebido de funciones, por lo que podría purgar una pena de hasta 12 años… pero sus abogados ya trabajan para invalidar la acusación.
MONTERREY, NL.- Poco después de las 23:00 horas del martes 9, acompañado de sus abogados y guardias de seguridad, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz abandonó el Palacio de Justicia estatal. Se le veía sonriente y hasta jovial.
Había estado en la sala 1 del recinto, defendiéndose de las acusaciones de ejercicio indebido de funciones, peculado y daño al erario del estado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción local. Finalmente, después de 10 horas de declarar ante el agente del Ministerio Público, el juez de control, Jaime Garza Castañeda, decretó vincularlo únicamente por el delito de abuso de funciones y desestimó los restantes.
Medina asumió ese veredicto como una victoria, pues cuenta con un amparo que le permite enfrentar el juicio en libertad. “Quiero demostrarle al pueblo de Nuevo León que no he cometido ningún delito”, declaró al retirarse.
Al día siguiente, el subprocurador especializado en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, y el asesor del gobierno estatal en materia jurídica, Aldo Fasci Zuazua, convocaron a los reporteros para aclarar los rumores según los cuales el caso se le estaba cayendo a la fiscalía.
Canales y Fasci estaban molestos. Responsabilizaron al juez Garza Castañeda de utilizar criterios inusuales en la evaluación de las acusaciones, e insistieron que el caso contra el exmandatario seguía firme.
También comentaron que el Ministerio Público comprobará que, cuando estuvo en el poder, Medina entregó incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora coreana Kia de manera ilegal, y que lo hizo mediante una serie de procedimientos constitutivos de delito por los que es investigado, apuntaron los colaboradores del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Ese delito es suficiente para poner al exmandatario priista tras las rejas, por lo que pedirían la pena máxima –12 años–, expusieron el subprocurador y el asesor jurídico del Bronco.
Cuando los reporteros le preguntaron a Canales si era verdad que el caso se le estaba desmoronando, pues la fiscalía no había podido inculpar a Medina de los tres delitos ni su tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, había sido arraigado, el subprocurador respondió:
“Estos casos no se están cayendo. Gómez Acosta está vinculado por tres delitos; el gobernador por uno, aunque en los otros dos la decisión no es definitiva… No se está cayendo en nada. Es un proceso penal. Son las leyes, y así la estamos jugando.”
Mencionó que la parte acusadora incluso ya esperaba una lluvia de amparos como los que ha promovido la defensa de Medina para blindarlo. No obstante, anunció que impugnará las exoneraciones.
Según el subprocurador Canales, ya están listos otros expedientes contra el exgobernador por ilícitos en los que presuntamente participó, que incluyen los proyectos Monterrey VI, Ecovía, Metrorrey y la construcción de autopistas, entre otros, lo que derivará en nuevas imputaciones.
Al término de la audiencia de imputación del martes 9, Alonso Aguilar Zinser –el defensor de Medina, que según la revista Forbes cobra 500 dólares por hora– anunció que presentará una impugnación. El juez Garza Castañeda dio de plazo tres meses para que la fiscalía investigue a Medina y fortalezca sus acusaciones. El 9 de noviembre comenzará la deliberación sobre el inicio del juicio oral.
El escurridizo Medina
El 3 de junio, el subprocurador Canales y el asesor Fasci informaron sobre la Operación Tornado, mediante la cual presuntamente detectaron una entrega ilegal de incentivos por 3 mil 600 millones de pesos de la administración de Rodrigo Medina a la armadora de automóviles Kia para que se asentara en el municipio de Pesquería.
La asignación fue ordenada desde el despacho de Medina, según las indagatorias, por lo que, a solicitud de la Subprocuraduría Anticorrupción, el juez Garza Castañeda determinó aplicar un embargo precautorio a las propiedades de Medina, entre ellas un rancho en el municipio de Terán.
La Operación Tornado incluyó a 30 colaboradores de Medina, entre ellos Gómez Acosta, familiares y empresarios. Aguilar Zinser y Javier Flores Saldívar, defensores del exmandatario, promovieron un amparo provisional contra la confiscación de bienes inmuebles, por lo que el embargo quedó sin efecto.
Sin embargo, Gómez Acosta tuvo que acudir ante el juez de control debido a que fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y daño al erario, los mismos que se le imputan a su exjefe. La fiscalía programó otro encuentro con el extesorero para el 26 de enero de 2017, mientras la autoridad reúne más pruebas incriminatorias.
Con respecto a Medina, Garza Castañeda lo citó el 28 de julio. Sin embargo, cerca de la medianoche del 27, un juez le otorgó un amparo y Medina se salvó de ir al juzgado. Fue el abogado Flores Saldívar quien acudió en representación de su cliente y presentó a la juez de control Bertha Yadira Vaca Sauceda el amparo otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal.
Vaca Sauceda comentó que el amparo protegía al imputado del arresto, por lo que esperaría hasta el martes 2 de agosto, cuando se desahogara el juicio, para que la justicia federal decidiera sobre el recurso. No obstante, aclaró que eso no era impedimento para que el imputado no acudiera.
El fiscal Héctor Maldonado Álvarez ni siquiera alcanzó a hacer su exposición de hechos. Pidió que se declarara a Medina como evadido de la acción de la justicia. Su solicitud fue rechazada.
Al salir del juzgado, Flores Saldívar declaró a los reporteros que Medina no estaba huyendo de la justicia, sino que simplemente estaba ejerciendo un derecho para no ser obligado a comparecer.
El subprocurador Canales Santos se molestó. Dijo que el amparo para impedir la realización de una audiencia de vinculación no tiene precedente en el sistema de justicia oral.
Y comentó: “Esto demuestra que en México es difícil llevar a la justicia los casos de corrupción. No en balde el país ha tenido una tasa tan alta de impunidad para estos delitos”.
El exhorto del “Bronco”
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a su predecesor actuar como hombre y enfrentar la ley: “Si sus abogados creen que es inocente –preguntó–, por qué no se presenta. Creo que le daría un ejemplo al resto de los funcionarios”.
El lunes 8, el gobierno estatal se enteró de que Medina tramitaba otro amparo para burlar una vez más la comparecencia. La defensa buscó a toda costa evitar que su cliente se sentara en el banquillo de los acusados. Al día siguiente Medina tuvo que comparecer. Es el primer exgobernador en ser procesado por corrupción en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Medina acudió en compañía de sus abogados. A la entrada del Palacio de Justicia declaró a los medios: “Venimos en compañía de nuestra defensa, confiados en que no hemos cometido ningún delito; también, que tenemos la conciencia tranquila. Esto está empezando, la verdad saldrá a relucir”.
Poco después llegó el subprocurador Canales. Y se inició la maratónica audiencia de vinculación del caso 2894/2016. La sala 1 con capacidad para 50 personas se llenó.
Durante la diligencia, que se inició a las 9:00 y terminó a las 23:00 horas, Medina estuvo tenso, sobre todo cuando el fiscal le hacía imputaciones; le explicó que los tres delitos que se le imputaban conllevan, por separado, una penalidad de entre dos y 12 años de prisión.
Cuando le dieron la palabra, Medina señaló: “Mi deseo es no declarar en este momento, pero niego expresamente haber cometido delito alguno”.
Héctor Maldonado, agente del Ministerio Público, expuso que Medina es responsable de los delitos que le imputaban por haber firmado el contrato de cláusulas abusivas y por inducir al personal a que entregara los recursos.
En esencia, el fiscal le reprochó al exmandatario el haber firmado con la empresa Kia un contrato el 27 de agosto de 2014 para entregarle terrenos, exenciones fiscales y facilidades absurdas, además de organizarle una fiesta de bienvenida cuando sus representantes llegaran a Pesquería. Todo eso le costó al erario unos 3 mil 600 millones de pesos.
Sin embargo, según la acusación, Medina y sus colaboradores habían acordado entregar esos beneficios en mayo de ese mismo año, sin que la empresa los hubiera solicitado. Eso representó una violación a las leyes de inversión y de industria en la entidad (Proceso 2057).
Aguilar Zinser defendió a Medina. Dijo que la acusación de abuso de funciones por haber pedido a sus subalternos que se esforzaran por hacer que la automotriz coreana se instalara en la entidad era “una barbaridad”.
Expuso que su cliente no había inducido a nadie, porque para que ello fuera posible tendría que haber derrotado la voluntad de alguna persona, lo que no ocurrió.
Por lo que atañe al extesorero Gómez Acosta, así como a Rolando Zubirán Robert, entonces secretario de Desarrollo Económico, presuntamente actuaron por su cuenta para entregar los apoyos ilegales. Zubirán tiene cita para audiencia de imputación el viernes 19.
A las 14:48, el juez Garza Castañeda ordenó un receso. Cuatro horas después, a las 18:58 horas, el juez reinició la sesión. Al final consideró que no había elementos para considerar que Medina había influido en la conducta de sus subalternos y desestimó los delitos de peculado y daño al erario.
Sin embargo, determinó procesar al exmandatario por ejercicio indebido de funciones, al considerar que sí abusó de su puesto en la entrega de incentivos, pese a que en el contrato únicamente hubiera firmado como testigo de honor.
Cuando acabó la sesión, Medina se veía airoso. Salió del recinto y declaró a los reporteros que era inocente.
