Señor director:
He permanecido en cautiverio en el Reclusorio Sur de esta ciudad desde el 19 de marzo de 2015, acusado del delito de defraudación fiscal, porque la empresa de mi propiedad, Servicios Financieros D. C., según Hacienda no presentó declaración anual en 2010 y el SAT llevó a cabo una auditoría que en forma presuntiva determinó que la empresa no pagó impuestos por cerca de 22 millones de pesos. Durante el proceso he demostrado que el dinero que ingresó fue pagado a otros que participaron como proveedores. Aun así, el juez 14 de Distrito en Procesos Penales Federales, Rubén Darío Noguera Gregoire, decidió que mis pruebas no son suficientes para demostrar que no existió el delito.
Incluso me han sido violadas diferentes garantías constitucionales, como a la defensa adecuada, al debido proceso, a la admisión de pruebas, así como el principio de presunción de inocencia, el principio pro persona; el juez actuó como legislador al determinar cuáles leyes son admisibles y cuáles no.
Me explico: las operaciones que se realizaron fueron consecuencia de que las empresas Consupago, de Grupo Chedraui; Kondinero y Maayane, de Iser Rabinovitz y Marcos Shemaria; y Grupo Homex y Crédito a Maestro, de Oliver Fernández, pactaron con los líderes del SNTE una comisión por permitirles vender sus créditos de nómina y casas a los maestros. Enrique Martínez Ríos, Pedro Ramírez Campuzano, Javier Moreno Valle, Alejandro Rivera Campuzano, Alejandro Rueda Young, Álvaro Quintana Díaz y Ricardo Azueta Chávez idearon que estas empresas pagaran a Servicios Financieros D. C. y ésta distribuyera el dinero para que le llegara a Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre, Francisco Arriola, Rafael Ochoa Guzmán, Sanjuana Cerda y los líderes sectoriales en los estados.
Causa extrañeza que por un sistema idéntico, incluso con las mismas empresas, se abrió proceso y se ordenó la detención de los líderes de la CNTE, cuando el juez Octavo de Distrito decidió que sí era importante saber a dónde había llegado el dinero, al establecer que existían los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra esas personas, olvidando a la empresa intermediaria. En mi caso fue al revés; es decir que no es importante a dónde llegó el dinero, pero sí la empresa que lo entregó.
Aun cuando he buscado un acuerdo con el SAT, ofrecí una garantía al juzgado, han cambiado las leyes, he aportado pruebas –como comprobantes bancarios, dictamen pericial, las órdenes recibidas para distribuir el dinero–, el juez se muestra indiferente y decide salvaguardar el interés de los que se quedaron con el dinero.
Ya presenté una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Consejo de la Judicatura Federal. Considero que debemos tener en claro que estamos ante un gobierno que sigue sin respetar los derechos humanos y ante un juez que privilegia el castigo antes de demostrar la responsabilidad y que además es protegido por el sistema.
Atentamente,
Mauricio Urtaza Martínez
