La Policía Federal se vio generosa con la firma estadunidense Sikorsky al pagarle 8.6 millones de dólares por el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, que no se realizó conforme al contrato firmado. En este entramado estuvieron implicados personajes cercanos al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Policía Federal (PF) pagó 8 millones 600 mil dólares a la estadunidense Sikorsky International Operations Inc. por el mantenimiento de su flota de helicópteros Black Hawk, pese a las quejas dentro de la propia corporación por el incumplimiento del contrato.
Esas quejas fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero a unas semanas de la renuncia del entonces titular, Virgilio Andrade, el Órgano Interno de la PF decidió en mayo pasado archivar el expediente y avalar el servicio de la compañía con sede en Connecticut, Estados Unidos.
Sikorsky, que opera como subsidiaria de Lockheed Martin Corporation, fabrica helicópteros de combate y de vigilancia marítima, incluidos los Black Hawk, utilizados en México también por las Fuerzas Armadas.
El contrato fue firmado por la secretaria general de la PF, la comisaria general Frida Martínez Zamora, quien cumple las funciones de oficial mayor en la corporación y ha sido cercana colaboradora del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desde la década pasada en el gobierno de Hidalgo.
Como contraparte, el contrato fue firmado el 21 de junio de 2015 por el representante legal de la empresa estadunidense en México, Ricardo Cancino Sánchez, experto en derecho aeronáutico y socio fundador del despacho Cancino Ayuso Abogados.
El contrato, registrado con el número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015, tuvo un costo de 8 millones 600 mil dólares para el erario, aunque se había considerado un mínimo de 3 millones 440 mil dólares.
El propósito fue dar mantenimiento integral, preventivo, correctivo y programado, así como reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para los 13 Black Hawk marca Sikorsky que forman parte de la flota aérea de la PF. De ellos, siete son del modelo S-70A y seis del tipo UH-60M. Ambos son de combate. En el caso de los últimos, se trata de los aparatos entregados por Estados Unidos el sexenio pasado como parte de la Iniciativa Mérida para acciones contra el narcotráfico.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la SFP, la Coordinación de Operaciones Aéreas de la Policía Federal –encargada del cumplimiento del contrato y al mando del coronel retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, comisario general Urbano Fernández Núñez–, modificó junto con Sikorsky las cotizaciones que ésta presentó inicialmente, en las que se comprometió a fechas de entrega anteriores al 23 de diciembre pasado, una semana antes de que concluyera el convenio.
Oficios de la propia Coordinación de Operaciones Aéreas de la PF y comunicaciones entre funcionarios de ésta y empleados de la representación legal de Sikorsky en México muestran que los cambios incluyeron precios pactados y establecidos en las especificaciones técnicas del servicio contratado.
Aunque el contrato se venció el último día de 2015, todavía en enero de este año Sikorsky se comprometió a entregar partes y componentes por alrededor de 2 millones de dólares en una fecha indeterminada. De forma vaga dejó por escrito que la entrega se hará durante “el segundo cuarto” de este año. La PF pagó las facturas pese a que el contrato estableció que el dinero se daría contra entrega de los servicios y penas convencionales por atrasos.
Además de Martínez Zamora y el coordinador de Operaciones Aéreas, el contrato fue firmado por el coordinador de Servicios Generales, José Enrique Girón Zenil, quien en el documento es identificado como el titular del área encargada de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios en la PF. También lo signa la directora general de Recursos Materiales, María del Rosario Mandujano Maldonado.
El otro firmante por parte de la corporación fue el capitán piloto aviador Martín Garrido Nieto, “encargado circunstancial interino” de la Dirección General de Mantenimiento y encargado de la administración y vigilancia del contrato. De acuerdo con su declaración patrimonial, Garrido Nieto, piloto aviador y técnico en aeronáutica, ocupa ese cargo desde el 16 de mayo de 2015.
Cifras alteradas
Sikorsky envió a ocho técnicos a México para el servicio pactado. Uno de los principales compromisos era el mantenimiento integral de tres aparatos; es decir, se tenían que desarmar y armar de nuevo. Se trataba de un S-70A de 500 horas de vuelo y dos UH-60M, de 720 horas de vuelo.
De acuerdo con los anexos técnicos del contrato –del que Proceso tiene copia–, la empresa ofertó un cobro de 190 mil 180 dólares para la revisión del S-70A y 285 mil 120 dólares para cada uno de los UH-60M. Por ese servicio debían cobrar 760 mil 420 dólares. Pero en agosto de 2015 la PF autorizó una nueva cotización para el pago de 1 millón 276 mil dólares, más medio millón de dólares arriba de lo originalmente pactado. En sus anexos el contrato dice que los precios serán fijos.
Así, en un oficio del 14 de agosto del año pasado dirigido al abogado Cancino Sánchez, la Coordinación de Operaciones Aéreas de la PF le hizo saber que ya estaba autorizada la orden de compra por un millón 276 mil dólares para el envío del equipo de técnicos encargados de dar mantenimiento a esos tres helicópteros. Según ese oficio, la nueva cotización fue propuesta por Cancino.
El contrato, sin embargo, señala en la fracción IX de la décima cláusula que todas las erogaciones y gastos directos e indirectos para el servicio correrían a cargo de Sikorsky, incluidos los pagos a su personal, la adquisición de equipo y utensilios de trabajo, las autorizaciones, el mantenimiento y los viáticos, entre otros conceptos. Especifica que la PF estaba exenta de pagar el transporte desde el lugar de origen hasta el sitio de entrega, instalación, montaje de los materiales y bienes del servicio.
La orden de compra para el nuevo precio fue elaborada por el suboficial Miguel Ángel Vázquez Cisneros, encargado de la Dirección de Ingeniería Base Contel, en Iztapalapa, y autorizada por el policía primero Mauricio Leal Díaz, encargado de Mantenimiento de Ala Rotativa, según consta en el oficio PF/SG/COA/DGM/DIH/422/20015.
Correos electrónicos entre personal de la Dirección de Ingeniería de la Coordinación de Operaciones Aéreas y del despacho Cancino Ayuso Abogados muestran el acuerdo para modificar las cotizaciones y órdenes de compra iniciales.
Un correo electrónico del 12 de enero de este año, firmado por Paulina Aguilar, del bufete legal, refiere 15 archivos de cotizaciones modificadas. El destinatario es a quien se identifica como Cisneros. Pero fue enviado a su correo particular y no al institucional. Aguilar pegó copia para María José Martínez Lampon, asociada del propio despacho, y a la dirección electrónica particular del ingeniero Miguel Vázquez, el encargado de Ingeniería de Helicópteros.
En otro correo, del 26 de enero, el mismo día en que la PF autorizaba el pago de 65 facturas por un monto de 3 millones 659 mil 893 dólares, Aguilar se dirigió también al encargado de helicópteros y se refería a la cotización modificada. Antes, el 14 de diciembre, Martínez Lampon se dirigió al propio Vázquez para enviarle una nueva cotización, tal y como el ingeniero había acordado con Paulina Aguilar. Ésta, buscada por Proceso, ya no trabaja en el despacho; Cancino Sánchez fue requerido en su oficina y por vía electrónica sin obtener respuesta.
Convenio malogrado
Según las quejas referidas, el 23 de diciembre de 2015, cuando concluyó, el servicio no estaba terminado y ninguno de los tres helicópteros tenía condiciones de aeronavegabilidad.
En el caso del retraso de la entrega de componentes hasta “el segundo cuarto” de 2016, correspondencia en inglés entre el titular de Coordinación de Operaciones Aéreas, coronel Urbano Fernández Núñez, y la representación comercial de Sikorsky para México dejan ver también un acuerdo para fundamentar la dilación.
En una carta fechada el 16 de diciembre de 2015 en Connecticut, el gerente de venta regional de la compañía para México, Kenneth (Ken) Joyner, se refiere a la transferencia de la propiedad del material. Dice que a través de esa comunicación, Sikorsky transfiere a la PF el título de los componentes listados en un anexo y que la empresa mantendrá el material hasta que sea requerido por la PF.
Ante la generalidad del compromiso, en una segunda carta de fecha 27 de diciembre de 2015, cuatro días antes del vencimiento del contrato, Joyner le dice al responsable de las operaciones aéreas de la PF que el material embarcado ese mismo mes llegaría a México antes de enero de 2016.
Respecto a los componentes enviados después de diciembre “se espera que lleguen a las instalaciones de Sikorsky antes de que termine el segundo cuarto de 2016” y que se enviarán a México cuando sea notificado por la PF.
A diferencia de la primera carta, da una explicación: “Lamentamos este desafortunado retraso, pero muchos de los componentes del helicóptero Black Hawk han cambiado de clasificación y categoría entre el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio. Cada cambio requiere una cantidad considerable de tiempo para la verificación de la licencia y el embarque se puede hacer hasta que se completen los requerimientos de verificación”.
En agosto de 2015, ya con el contrato firmado entre la PF y Sikorsky, la compañía estadunidense había obtenido del Departamento de Estado el llamado acuerdo ITAR (International Traffic in Arms Regulation) para la licencia de exportación e importación temporal de artículos y servicios de guerra.
Para que Sikorsky obtuviera el permiso del Departamento de Estado, la PF entregó a la autoridad estadunidense un cuestionario validando el servicio que necesitaba. Especificó que se trataba de aparatos destinados al transporte, patrullaje y seguridad. Como dirección dio la de la Base Contel de la PF en Iztapalapa.
El trámite ante el Departamento de Estado fue firmado el 19 de agosto de 2015 por Rodrigo Hernán de la Garza Garza, director general jurídico en la Coordinación de Operaciones Aéreas, en el hangar de la PF en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En 2014 De la Garza estuvo en la secretaría particular de la Secretaría General de la PF, con la comisaria general Martínez Zamora, responsable de los recursos humanos, materiales y financieros de la PF.
También firmaron la directora jurídica de la Coordinación, Alelí Vieyra Reyes, y el ingeniero en aeronáutica José Miguel Vázquez Sánchez, en ese entonces director general de Mantenimiento, y quien fue reemplazado por el piloto aviador, capitán Martín Garrido Nieto, uno de los firmantes del contrato en calidad de “encargado circunstancial interino” de la Dirección General de Mantenimiento.
Para el pago del contrato, el propio Garrido Nieto y Fernández Núñez firmaron el consentimiento y pago de los servicios de Sikorsky. En un primer Formato Único de Adquisiciones, con el folio 00017, solicitaron el 5 de enero de 2015 el presupuesto de 3 millones 440 mil dólares, que al tipo de cambio de entonces –16 pesos–, equivalió a 55 millones 40 mil pesos.
El 7 de julio siguiente, Garrido Nieto y Fernández Núñez hicieron una solicitud de ampliación del presupuesto para llegar a los 8 millones 600 mil dólares.
En ambos casos, los recursos fueron autorizados por el director de Programación y Control Presupuestal, Antolín Ramos Rivera, y la directora general de recursos Materiales, María del Rosario Mandujano Maldonado, otra de las firmantes del contrato con Sikorsky.
Mandujano ha trabajado con la secretaria general de la PF en el gobierno del estado de Hidalgo, en la gestión del actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al inicio del actual gobierno y que ahora está a cargo de otro colaborador cercano de Osorio: Eugenio Ímaz.
El pasado 11 de mayo, el área de Quejas de la SFP abrió un expediente ante las irregularidades denunciadas, pero en menos de dos meses se decidió archivar el caso.
Dijo que después de haber hecho una investigación “no existen elementos de convicción suficientes que hagan probable la actualización de las hipótesis previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en contra de los servidores públicos adscritos a la Policía Federal”.
La respuesta fue firmada por Nayeli Lizet Maldonado Toral, directora de Quejas del Órgano Interno de la PF, adscrita a la SFP.
En 2012, la Policía Federal quedó en medio de un escándalo internacional cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a ejecutivos de la empresa aeronáutica Biz Jet de haber sobornado a funcionarios de esa corporación policial, al Estado Mayor Presidencial y al gobierno de Sinaloa para obtener contratos de mantenimiento de aeronaves (Proceso 1986).
En Estados Unidos, tres ejecutivos y la empresa misma fueron sancionados, pero en México, después de cuatro años, la PGR aún está en la etapa de la integración por la probable responsabilidad de los funcionarios mexicanos. En el caso de la PF, uno de los señalados es el excoordinador de Operaciones Aéreas, Eduardo Laris McGregor.
