Símbolo del auge económico de Brasil durante la última década, el estado de Río de Janeiro está al borde de la bancarrota y con los servicios sociales en parálisis por la crisis petrolera y la desastrosa gestión gubernamental. No hay dinero para hospitales ni para la gasolina de las patrullas. Así, por primera vez, los Juegos Olímpicos se desarrollarán en una demarcación que declaró el “estado de calamidad”.
Río de Janeiro.- El 2 de octubre de 2009, cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a Río de Janeiro sede de los XXXI Juegos Olímpicos, Brasil vivía un periodo de euforia: su economía crecía 7% al año en plena crisis mundial, acababa de encontrar pozos con ingentes reservas de petróleo y gas, su presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, era popular en el mundo y el país entero se colocaba como una potencia que jugaría un importante papel en el escenario global.
Pero las cosas se torcieron de repente y sobre el gigante sudamericano se abatió la tormenta perfecta: de prometer sanidad y educación para todos, de soñar con los mejores Olímpicos de la historia para apuntalar su estatus de potencia latinoamericana, pasó a la realidad de la crisis petrolera, la caída de la recaudación y los problemas financieros. Los hospitales dejan de operar y atender las urgencias. La criminalidad aumentó, pues por falta de dinero ni siquiera se podían llenar los tanques de las patrullas policiacas. Las huelgas de funcionarios se multiplicaron y se prolongaron meses, mientras decenas de miles de personas perdieron sus empleos y salieron a las calles a protestar.
La recesión que azota a Brasil cinco trimestres consecutivos y que provocará una caída acumulada del PIB superior a 7% en dos años, ha ocupado las portadas de la prensa internacional durante meses, pero menos conocida es la crisis que sufre el estado de Río y que ha paralizado virtualmente la máquina pública de la joya petrolera del país.
La situación es tan grave que el gobernador en ejercicio del estado, Francisco Dornelles, tuvo que inventarse el pasado 17 de junio una ingeniosa fórmula para ser socorrido por el gobierno federal sin invocar la bancarrota: declarar el estado de “calamidad” para recibir de forma urgente fondos para pagar a los funcionarios. En riesgo está, como él mismo dijo, que la “Olimpiada sea un fracaso”.
“¿Qué calamidad?”, se pregunta Bruno Leonardo, profesor de Economía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. No ha habido ninguna catástrofe natural ni ningún terremoto, pero la situación financiera –con un déficit para este año evaluado en 6 mil millones de dólares– es tan severa a menos de un mes de los Olímpicos que la única salida administrativa posible para no suspender los pagos era ésa, explica Leonardo.
“Ha habido una gestión de las cuentas públicas pésima, horrible. En los años de bonanza se aumentaron los gastos fijos, fundamentalmente la contratación de funcionarios y el aumento de las pensiones. Cuando la crisis llegó, con la recesión y el hundimiento del petróleo, esos ingresos volátiles desaparecieron y ahora no hay cómo hacer frente a los gastos”, explica a Proceso Margarida Gutiérrez, profesora de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y experta en cuentas públicas.
“En esa situación cualquier estado emitiría títulos y se financiaría. Pero Río no puede hacerlo sin el aval de Brasilia, porque ya renegoció su deuda en 1997 con el gobierno federal”, apunta.
Para adobar el drama, el estado tampoco puede recurrir al financiamiento externo porque no logró cubrir los pagos de dos créditos internacionales los últimos meses y figura en la lista de entidades morosas.
Gutiérrez aporta datos para entender por qué se califica de “desastrosa” la gestión de los dos últimos gobernadores de Río, sobre quienes, por cierto, pesan sospechas de corrupción en la trama de desvíos de Petrobras (la ya conocida Operación Lava Jato). “El aumento del gasto con funcionarios fue de 21% entre 2011 y 2015, y, el de las pensiones, de 16%. Todo ello, descontada la inflación”, señala.
Datos oficiales requeridos por Proceso indican que el estado de Río debe pagar a 468 mil funcionarios mensualmente, pero menos de la mitad –apenas 223 mil– están activos. Los demás son pensionistas o están retirados de sus funciones.
Petróleo y corrupción
Así, mientras en vísperas de la elección de 2014 el estado prometía más empleos públicos y mejores pensiones con base en la recaudación de unos ingresos por explotación del petróleo que jamás llegarían, también se satisfacía al sector privado aplicando rebajas fiscales. Todo con irresponsables tintes electoralistas, pues los precios del petróleo eran volátiles y fluctuaban.
Este año, por ejemplo, el estado debe ingresar unos mil millones de dólares por royalties, 60% menos que en 2014. Lo que ha dañado considerablemente el presupuesto anual estatal, que es de cerca de 15 mil millones de dólares.
“A todo eso hay que sumar el parón que han supuesto para la economía fluminense la Lava Jato y los problemas de Petrobras”, señala por su parte el especialista en cuentas públicas Raúl Velloso. Ello porque Petrobras, la mayor empresa de Brasil y que tiene 80% de sus actividades en el estado de Río, se resiente de estar en el epicentro del mayor escándalo de corrupción de la historia reciente del país.
Las empresas condenadas por corrupción, que son fundamentalmente las principales constructoras del país con decenas de miles de empleados y actividad en numerosos sectores, quedan virtualmente impedidas de tener actividades con Petrobras, que es un ingente consumidor de servicios.
La cicatriz social de ese cuadro económico es visible ahí donde se mire. Desde lo alto del impresionante Puente de Niterói –una estructura de 13 kilómetros erigida sobre las aguas de la Bahía de Guanabara– los astilleros que dan servicio al sector de los hidrocarburos muestran un aspecto deprimente.
“No están todos los astilleros parados, pero casi. En la época buena teníamos 25 mil empleos directos. Ahora apenas alcanzan los 6 mil”, dice Edson Rocha, presidente del Sindicato de Metalúrgicos de Niterói.
Una situación similar se vive en otros sectores vinculados a los combustibles, lo que ha contribuido a elevar el desempleo en el estado hasta 10% en el trimestre de enero a marzo, 3.5 puntos más que en el mismo periodo de 2015.
Con la crisis en las finanzas públicas las protestas se han enquistado. Los 75 mil profesores de la red estatal de escuelas secundarias llevan en huelga desde marzo, lo que ha paralizado o –en el mejor de los casos– reducido a 30% la actividad educativa de un millón de alumnos, según datos del Sindicato Estatal de Profesores de Educación de Río de Janeiro. La huelga es para exigir un aumento de 30% en los salarios y el abono de impagos.
En el área de la sanidad algunos hospitales operan con apenas 30% del presupuesto, mientras está en boga la supervivencia de algunos programas de salud de proximidad que habían tenido éxito en zonas desfavorecidas. El secretario estatal de Salud, Luiz Antonio Teixeira, admitió el sábado 2 que las “grandes dificultades” por las que pasa su área pueden provocar el cierre de unidades durante los Juegos Olímpicos.
La crisis también ha puesto en jaque la seguridad pública, por el retraso de los salarios de mayo y junio para los policías de Río. Una situación que desembocó en vistosas protestas, como las pancartas en inglés exhibidas en el aeropuerto internacional de la ciudad fluminense advirtiendo a los visitantes foráneos: “Bienvenidos al infierno”.
“Hemos intentado realizar una crítica agresiva a la situación que vive la policía en el estado, que es dramática”, dice en entrevista el comisario Fernando Bandeira, director del Sindicato de los Policías Civiles de Río de Janeiro. “El salario del policía ya es bajo de por sí. Si encima no hay presupuesto para pagar los sueldos o las horas extras, eso agrava la escasez de policías en las calles y aumenta la inseguridad”, arguye.
Las comisarías denuncian desde hace meses falta de papel higiénico, piezas de repuesto para autos y helicópteros e incluso gasolina para patrullar por las áreas de un estado que ha visto las cifras de criminalidad aumentar los últimos meses.
Un anticipo de Atenas
El estado se ha visto obligado a abandonar dos promesas olímpicas a las que se comprometió: descontaminar la Bahía de Guanabara, donde llegan los residuos de decenas de comunidades y que han provocado que los regatistas de las competencias de vela hayan tenido que esquivar hasta perros muertos o televisores en sus entrenamientos para la prueba olímpica.
La otra es la finalización de las obras de la línea 4 del Metro, fundamental para el plan de movilidad durante los Juegos, pues está previsto que transporte diariamente a unas 300 mil personas. Objeto de retrasos desde hace meses, la obra podría no ser terminada a tiempo para el 5 de agosto, día de inicio del certamen mundial, si el estado no recibe un crédito para financiar los 300 millones de dólares restantes para finalizar los trabajos.
De lo contrario se pondrá en marcha un “plan B” para transportar a los visitantes con 160 autobuses. Una solución improvisada que amenaza con colapsar aún más las saturadas vías rápidas de la ciudad hacia el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, donde se celebrará la mayoría de pruebas deportivas.
En ese escenario, un miembro del Comité Olímpico Internacional bromeó en junio con que “ya había visto a estados ir a la bancarrota tras la Olimpiada, pero jamás antes”. Una ironía que no gustó nada al hiperactivo alcalde de Río de Janeiro, que el 21 de junio convocó a toda la prensa internacional en la ciudad para negar que “los Olímpicos hayan arruinado al estado de Río”.
“Si alguien se hubiera arruinado tendría que haber sido la alcaldía, que asumió la mayor parte del coste de las obras”, explicó.
A juzgar por los datos presentados por Eduardo da Costa Paes, alcalde de Río, la municipalidad no tiene problemas de caja y sus cuentas están saneadas. Ello porque, según él –que termina su mandato este año y sobre quien se especula con una posible candidatura presidencial en 2018–, “cortó tanto como pudo en los gastos para los Juegos”.
“Río 2016 costará 300% menos que Londres 2012”, aseguró.
El costo del certamen alcanzará los 39 mil 70 millones de reales (unos 11 mil 100 millones de dólares): 43% de ese monto procede de fondos públicos, y el resto, de entidades privadas.
