XALAPA, Ver.- “Aquí la tienes que venir sorteando… Hay cosas que ves y por seguridad tienes que callar. Aquí se asentaron varios pesados de Los Zetas y nosotros tenemos que ver cómo trabajar sin meternos en broncas”, dijo aquel día de junio de 2014 Pedro Tamayo Rosas, editor del periódico La Voz de Tierra Blanca y colaborador de Al Calor Político y de El Piñero de la Cuenca.
Conducía un Focus maltratado por caminos de terracería. Iba hacia el narcorrancho El Diamante, en el municipio de Tres Valles, corazón de la Cuenca del Papaloapan, donde el día anterior las autoridades federales encontraron 33 cadáveres en fosas clandestinas.
Dos años y un mes después, el pasado miércoles 20, Tamayo, de 43 años, se convirtió en el primer periodista asesinado que contaba con “medidas cautelares” de protección por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
Ésta le asignó una patrulla para que diariamente vigilara los alrededores de su casa en Tierra Blanca. Tamayo tenía que firmar una responsiva para constatar que el monitoreo de su entorno se cumplía cabalmente.
A finales de enero Tamayo huyó de Tierra Blanca al municipio oaxaqueño de Acatlán de Juárez, orillado por las amenazas de policías estatales y con la región convulsionada tras la detención de Marcos Conde, delegado de la SSP en la región, y de Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La esposa de Tamayo Rosas, Alicia Blanco Beisa, solía acompañarlo a reportear y él correspondía atendiendo un puesto de hamburguesas afuera de su casa.
Según la investigación ministerial 217/2016, radicada en la Subunidad de Justicia en Tierra Blanca, a poco más de un mes del regreso del periodista a este municipio, llegaron a su casa “dos agresores”, quienes se acercaron, pidieron cuatro hamburguesas y enseguida le dispararon con pistolas calibre 9 milímetros. Dos balazos le destrozaron los pulmones y Tamayo Rosas falleció cuando lo trasladaban al Centro Médico Regional.
“Se pudieron conocer las características del automóvil que habrían usado los agresores en su huida”, se dice en la carpeta de investigación. Unos testigos agregan que cerca de ahí había policías, pero no hicieron nada por detener a los asesinos.
Ignacio Carvajal, jefe de información del periódico Liberal del Sur, corresponsal de la agencia informativa AFP y amigo de Tamayo, recuerda que cada que se conocía del asesinato de un periodista de la nota roja, su radio Nextel solía timbrar de madrugada: era Tamayo, que llamaba para dar las condolencias y mostrar solidaridad.
“Pedro no estudió periodismo –relata Carvajal–. De joven ingresó como policía raso y se estrenó como reportero en diciembre de 1994. Como oficial acompañó a los investigadores que daban seguimiento al caso de una mujer acusada de haber robado a un bebé. La familia de la mujer se puso mal y no dejó pasar a nadie, corría a los reporteros. Un periodista de La Crónica lo notó y le propuso a Tamayo: ‘Métete a hablar con la mujer, pregúntale por qué lo hizo’. Pedro ingresó y entrevistó a la chica más de 30 minutos, le hizo una entrevista chingona”.
Al paso del tiempo Tamayo le dio prioridad al periodismo sobre las tareas policiacas.
Polo Hernández, su compañero en El Piñero de la Cuenca, relata que con frecuencia los despertaba de madrugada con llamadas al celular y les informaba de la volcadura de un tráiler, un crimen en los límites entre Veracruz y Oaxaca u otros hechos de violencia: “Siempre muy entrón, movido, pero extremadamente educado”.
En contraste, en las redes sociales y en correos electrónicos han circulado notas apócrifas y sin firma donde se afirma que Tamayo Rosas era “apadrinado” del CJNG y que tenía varios autos y una enorme casa, todo lo cual niegan sus colegas.
Gremio bajo fuego
Tamayo fue el periodista ejecutado número 19 en lo que va del sexenio del priista Javier Duarte. Actualmente la Secretaría de Gobernación, a través de su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le otorga “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas y 10 defensores de derechos humanos, entre activistas de organizaciones civiles y de las redes sociales.
En los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, Gobernación especifica que sólo la Ciudad de México tiene más recursos que Veracruz, con 47 comunicadores beneficiarios del mecanismo de protección. Sin embargo, en la capital del país han sido asesinados cuatro periodistas en los últimos 15 años (de 2000 a 2015), mientras que los 19 crímenes contra el gremio en Veracruz se cometieron en cinco años y medio.
Una estadística comparada que Gobernación entregó a Proceso en respuesta a dos solicitudes de acceso a la información (0000400387315 y 0000400364715), muestran que mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra homicidios de periodistas en 22 estados, la Procuraduría General de la República establece que sólo en 20.
En ambas bitácoras Veracruz ocupa el primer lugar en asesinatos de reporteros: con 15.5% según la PGR y 15.9% según la CNDH (Proceso 2043).
Si se comparan las cifras de homicidios en Veracruz en dos periodos iguales, es decir 2004-2009 (dice el mismo documento en alusión al sexenio de Fidel Herrera) y 2010-2015 (parte del gobierno de Duarte), la PGR y la CNDH registran que en el segundo periodo se duplicaron los homicidios.
Veracruz y Chihuahua son las entidades con más homicidios de periodistas; y la primera comparte con Tamaulipas y Michoacán el primer lugar en periodistas desaparecidos.
En Veracruz se desató la paranoia entre el gremio. Varios reporteros locales se refugiaron en otros estados o países, mientras que otros se acogieron a mecanismos de protección federales.
Sin embargo, los reporteros del estado consideran que la CEAPP sólo sirvió de trampolín para que su exsecretaria ejecutiva fuera nombrada, en enero pasado, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el apoyo del gobernador.
Actualmente 33 reporteros veracruzanos tienen el llamado “botón de pánico” (una especie de teléfono celular para enlazarse con corporaciones federales o con alguna estatal en caso de emergencia), 11 están inscritos en el sistema de “alerta temprana” para establecer un “plan de contingencia” en caso de agresión policiaca, gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan con “vigilancia y patrullajes”, como Tamayo Rosas.
Además, seis tienen escoltas, 49 poseen infraestructura diversa, que puede ir desde cámaras de vigilancia, vehículos, el botón de pánico entre otros, y cuatro tienen gestiones de vivienda, educación y salud.
El jueves 21, un día después de la ejecución de Tamayo Rosas, el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, acudió en Veracruz a una reunión de evaluación sobre la alerta temprana de periodistas. Ahí señaló que la mayoría de los registrados en ese esquema de contingencia laboral y de evaluación de factores de riesgo son de la entidad.
