Usar la fuerza pública para acallar las voces disidentes ha sido una táctica común de los gobiernos panistas y priistas para contener el “mal humor social”, como llamó Enrique Peña Nieto al descontento de la ciudadanía por su forma de gobernar.
Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando fue investido presidente, se comenzó a criminalizar la protesta. Ese día el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal blindaron la Cámara de Diputados con vallas de tres metros para controlar a los jóvenes del extinto movimiento #YoSoy132, que cuestionaron su triunfo.
Un grupo de encapuchados se infiltró en las manifestaciones de los miembros del colectivo y confrontaron a los uniformados. Fueron repelidos con gases lacrimógenos, balas de goma, piedras, bombas Molotov. El saldo: 92 detenidos y decenas de heridos (Proceso 1883).
Cuatro años después queda claro que el gobierno de Peña Nieto “ha cerrado las puertas del diálogo y ha abierto las puertas del autoritarismo”, sostiene Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Rodríguez fue el único de los tres presidentes colegiados de la unión –los otros dos son el secretario general del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y su par del sindicato de pilotos, el capitán Mario González Aguilera– que aceptó una entrevista con este semanario para hablar sobre el apoyo de la UNT al magisterio disidente.
“Efectivamente, hay la sensación de que se está generando una línea política de criminalizar la protesta. Ante cualquier acción, utilizar a los medios de comunicación y a la policía para apagar cualquier reclamo que se dé. En eso no podemos estar de acuerdo ni cruzados de brazos”, asevera, luego de la reunión del martes 14 en la sede del Sindicato de Telefonistas.
Durante la entrevista muestra la empatía de la UNT con la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa porque, dice, “lesiona derechos fundamentales de los trabajadores de la educación. Su derecho a la promoción, a la estabilidad en el empleo, la posibilidad de un desarrollo laboral pactado bilateralmente. Eso no existe en esa reforma”.
Según Rodríguez Fuentes, es coercitiva porque, pese a conceder facilidades para la capacitación del trabajador, sanciona al maestro que no cumpla de manera rigurosa la aplicación de criterios educativos manejados unilateralmente por el gobierno.
“En la mayoría de los sindicatos –abunda–, esos criterios laborales se manejan de manera bilateral. Las promociones se manejan bilateralmente, los ingresos se manejan bilateralmente. ¿Por qué negar todo eso? ¿Por qué aplicar una línea de la época más retrógrada de México, donde solamente la voz del gobierno se tiene que escuchar? Eso me parece incorrecto.”
En su opinión, no se puede permanecer impasible ante la detención del secretario general de la sección XXII de la CNTE, Rubén Núñez, y el de Organización, Francisco Villalobos, quienes fueron trasladados la semana pasada al penal de Hermosillo, acusados de lavado de dinero.
“Esos encarcelamientos, o los despidos de trabajadores, no van a resolver el problema; lo que sí va a suceder es que muchas organizaciones nos involucremos de lleno en el asunto (magisterial), porque finalmente son compañeros que están en una lucha”, sostiene el entrevistado.
Dice que esas acciones represivas van a generar un rechazo mayor de la sociedad, más movilizaciones y más molestia.
Como hace 10 años
El dirigente de los trabajadores universitarios insiste en que la represión al magisterio disidente está generando un conflicto social similar al de Oaxaca en 2006.
Recuerda que el 2 y el 4 de mayo de ese año, 7 mil policías federales, estatales y municipales reprimieron a los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, después de un conflicto entre las autoridades y un grupo de floricultores. El Frente Popular en Defensa de la Tierra bloqueó en esa ocasión la carretera federal.
El presidente era el panista Vicente Fox, el gobernador mexiquense era Enrique Peña Nieto. El saldo fue dos muertos, 191 detenidos, 183 denuncias de abusos sexuales; 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron precisamente a los uniformados de haberlas vejado durante el traslado al penal.
El 29 de noviembre de ese año, policías federales irrumpieron en la ciudad de Oaxaca para “restablecer el orden”, tras nueve meses del conflicto que comenzó con demandas de aumento salarial del magisterio. El siguiente 14 de junio las cosas se le salieron de control a los policías municipales, cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca exigió la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz.
El actual gobernador Gabino Cué fue senador por el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) por esas fechas, y expresó su rechazo a la represión del magisterio.
Los dos conflictos cumplen una década. En San Salvador Atenco los comuneros fueron reprimidos cuando se reactivó el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La CNTE ha sufrido los embates por expresar su rechazo a la reforma educativa, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.
Rodríguez Fuentes advierte: “Si no hay una salida y sólo los apalean (a los maestros), habrá reacciones que no generarán paz y tranquilidad en el país. ¡Eso es muy preocupante!
“Lo que se generó hace 10 años ahora se está replicando, pero el gobierno lo está minimizando. Si se revisa todo lo que está pasando en Chiapas, ahí no son solamente los maestros, también son padres de familia con la consigna de ‘ni un paso atrás’.”
“Ese es otro aspecto, deben de ponerlo como un foquito encendido muy intenso porque los movimientos sociales se pueden gestar durante muchos años o pueden brotar de un momento a otro. Eso es algo que el gobierno federal no está tomando en consideración, sostiene Rodríguez Fuentes.
El problema con la CNTE es el más visible de los 256 conflictos sociales irresueltos en el país, “que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas” (Proceso 2066).
