Ante las intimidaciones de las autoridades estatales
–detención, persecución y represión de los docentes que se oponen a la reforma educativa–, los maestros guerrerenses hacen a un lado sus diferencias.
CHILPANCINGO, GRO.– Las bases del magisterio disidente en la entidad han tenido que unificarse y pedir apoyo a organizaciones sociales ante la división y confrontación que mantienen los líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), quienes se acusan mutuamente de presuntos actos de corrupción y de recibir prebendas durante la administración de Rogelio Ortega Martínez.
Las protestas de este mes se han centrado en las principales ciudades de las siete regiones de la entidad: Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Ciudad Altamirano, Ometepec y Tlapa; en este último municipio persiste la suspensión escalonada de clases en varios planteles.
Durante estos días, la capital de la entidad ha sido el epicentro de la protesta magisterial que aglutina a trabajadores estatales, sindicalistas del Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma de Guerrero, así como organizaciones sociales y el movimiento de padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En esta ciudad se han realizado marchas multitudinarias y el descontento social se incrementó a partir de la detención de dirigentes del magisterio en Oaxaca el fin de semana antepasado.
El jueves 9, los cetegistas irrumpieron en el edificio de las oficinas de la Subsecretaría de Educación Básica y tras desalojar al personal le prendieron fuego al inmueble, que renta la Secretaría de Educación de Guerrero y se ubica en una zona residencial al oriente de esta capital, cerca de la casa oficial del gobierno.
La quema del inmueble ocurrió un día después de que el fiscal del estado, Xavier Olea, anunció públicamente que hay averiguaciones previas contra los líderes magisteriales por la toma de edificios públicos y protestas que han realizado desde que comenzó el paro de la CNTE.
Al respecto, el líder de una facción de la CETEG, Reyes Ramos Guerrero, advierte que las protestas van a continuar en la medida que los gobiernos federal y estatales se enfoquen en la detención, persecución y represión de los docentes que se oponen a la reforma educativa.
Ramos Guerrero, quien es respaldado por bloques del magisterio disidente de las regiones de la Montaña, del Centro y la Costa Grande, considera que las protestas van a continuar a pesar de que las autoridades estatales y federales traten de impedir las manifestaciones.
Asegura que los descuentos, las amenazas de despidos masivos y órdenes de aprehensión contra los líderes del magisterio local van a provocar una reacción de la sociedad contra el gobierno.
Por su parte, la dirigente de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guerrero, María Adelita Radilla López, sostiene que la movilización magisterial es en defensa de la educación pública y del empleo de los docentes, una de las principales fuentes de trabajo en la entidad.
Urge una auditoría a fondo
Radilla López propone que la auditoría anunciada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, sea rigurosa en la entidad y aclara que los recursos públicos los maneja el gobierno estatal a través de las autoridades educativas, no el magisterio.
Al respecto, Carlos Botello Barrera, integrante de la comisión política de la CETEG, destaca que el actual secretario de Educación en la entidad, José Luis González de la Vega Otero, señalado por presuntos actos de corrupción, ocupó el mismo cargo durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011).
En ese periodo, González de la Vega estuvo involucrado en un caso de venta de toneladas de libros de texto gratuitos a un reciclador de papel (diciembre de 2005); así como en la adjudicación directa de un contrato por 100 millones de pesos para rehabilitar planteles escolares que benefició a 12 empresas constructoras presuntamente vinculadas con amigos y familiares de Torreblanca (2008).
Cercano al grupo de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, el gobernador Héctor Astudillo designó administrador del sector educativo en la entidad a González de la Vega, quien en su momento llamó “guerrilleros” a los normalistas de Ayotzinapa.
Los dirigentes magisteriales aseguran al corresponsal que el gobierno no los va a intimidar, ni siquiera con la captura de sus homólogos oaxaqueños. Eso los va a unificar, dicen.
Las protestas más violentas del magisterio se registraron en 2014 y 2015 durante las acciones impulsadas por normalistas y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Durante ese periodo, Reyes Ramos y Antonia Morales, líderes de la CETEG, se confrontaron y mantienen una lucha intestina a partir de señalamientos mutuos de actos de corrupción y de recibir prebendas durante la administración del gobernador interino Rogelio Ortega.
Ese diferendo provocó que la facción cetegista de Antonia Morales se quedara en el plantón en la plaza central de esta capital, mientras los seguidores de Ramos Guerrero se desplazaron al sur de la ciudad, donde aún mantienen una calle bloqueada.
No obstante, las divisiones, los descuentos, amagos de despido y las órdenes de aprehensión, la entidad –que aún no supera la crisis político social generada por la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014– podría incendiarse de nuevo.
