Los niveles de aceptación de la presidenta chilena Michelle Bachelet son de los más bajos del continente. Su gobierno –e incluso su familia– están inmersos en escándalos de corrupción y su gestión es criticadísima por la derecha y por la izquierda. Y llegó la puntilla: la mandataria demandó a una publicación que reprodujo conversaciones telefónicas en las que es acusada de deshonesta. La querella, que ciertos sectores han leído como un ataque a la libertad de expresión, la ha dejado más aislada, más débil, más desesperada…
VALPARAÍSO, Chile.- La querella “por injurias graves con publicidad” presentada el 31 de mayo por la presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas del semanario Qué Pasa –luego de que éstos difundieran una grabación telefónica que la vinculaba con un grave delito de corrupción– y el sinnúmero de errores cometidos en torno a esta acción judicial desataron un vendaval de críticas contra la mandataria y debilitaron aún más su precario mandato.
El resultado más llamativo de esta crisis se materializó el pasado miércoles 8 con la renuncia del ministro de Interior, Jorge Burgos. Él en ningún momento respaldó la presentación de la querella y en privado manifestó a la mandataria su desacuerdo con esta medida, según coincidieron diversos medios de información.
Burgos fue parte del consejo asesor editorial del diario La Tercera –que al igual que Qué Pasa– forma parte del conglomerado de medios Copesa, del empresario Álvaro Saieh.
La actual crisis se desencadenó el 26 de mayo, cuando la versión digital de Qué Pasa incluyó una nota basada en transcripciones de grabaciones telefónicas realizadas al operador político Juan Díaz. Éste, en sus diálogos, vinculaba a Bachelet con turbios negocios de la Sociedad Exportadora Caval Ltda.
“Esto es una canallada, una infamia. ¡Ya basta de mentiras!”, afirmó Bachelet el 26 de mayo en el aeropuerto de Santiago. Iracunda, advirtió que estudiaría presentar acciones legales.
Conocida por dedicarse al tráfico de influencias y al mal uso de información privilegiada, Caval es una empresa de la que es copropietaria Natalia Compagnon, esposa del hijo de la presidenta Bachelet, el politólogo Sebastián Dávalos Bachelet.
Juan Díaz es un operador del filopinochetista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), que colaboró con el esquema de corrupción de Caval y que actualmente se encuentra procesado por la justicia en esta causa.
Éste caso estalló el 5 de febrero de 2015, cuando Qué Pasa publicó el reportaje “Un negocio Caval”, donde informó que el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet contra la derechista Evelyn Matthei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Banco de Chile aprobó un crédito a Caval por 6 mil 500 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares al cambio de esa fecha).
En la aprobación de este préstamo intervino personalmente el dueño de este banco, Andrónico Luksic, considerado el hombre más poderoso de Chile.
El dinero tenía por objeto financiar la compra de un amplio terreno en Machalí (región de O’Higgins), que gracias a gestiones de personeros de gobierno y de la UDI pasaría de rural a urbanizable, lo que aumentaría su valor exponencialmente.
Por más que desde La Moneda se ha pretendido bajar el perfil a este proceso, el escándalo no cesa. La propia Bachelet se vio obligada a declarar en esta causa. Lo hizo en calidad de “testigo” el 24 de mayo en La Moneda, ante el fiscal Sergio Moya.
El caso Caval ha tenido como consecuencia un vertiginoso descenso en el respaldo a la gestión de Bachelet, que actualmente apenas rebasa 20%.
“Si yo hablo…”
En una de las llamadas interceptadas a Díaz –que fueron grabadas por orden del fiscal Moya– aquél dice a un hombre no identificado que Natalia Compagnon le comentó que Bachelet se quedaría con parte de la tajada del negocio de Machalí:
–Mi suegra se tiene que quedar por lo menos con mil millones.
–¿Quién?, –le decía yo (a Compagnon).
–Mi suegra po huevón, la Michelle Bachelet, le contestaba ella –según Díaz.
En una conversación ocurrida el 14 de mayo, Díaz señala a otra persona no identificada: “Acuérdate que ella (Natalia Compagnon) me dijo que el crédito lo iba a sacar la suegra. ‘Quédate tranquilo’, me decía”.
El dossier con transcripciones de conversaciones interceptadas al celular de Díaz, entre mayo y agosto de 2015, tiene 140 páginas y fue elaborado por el equipo de inteligencia OS-9 de Carabineros de Chile.
Según se desprende de la lectura de las transcripciones, Díaz tenía por aquel tiempo como principal ocupación la de cobrar a Compagnon una supuesta deuda que Caval mantenía con él. Ésta se componía de 800 millones de pesos por gestiones inmobiliarias; 300 millones por sus cabildeos en pos de la concesión del permiso para la instalación de una planta de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU, también del Grupo Luksic) en Quilicura (al norte de Santiago), y otros 46 millones por un préstamo que supuestamente le hizo a Compagnon.
Según se señala en el artículo de Qué Pasa, Díaz amenazó con hablar todo lo que sabía si no recibía el dinero o parte de él: “Voy a tener que tirar a todos los huevones por el tobogán, no me queda otra”, dijo en conversación registrada el 1 de junio de 2015.
En otra llamada expresó: “Si yo hablo, la viejita tiene que renunciar inmediatamente”.
En una entrevista publicada el 29 de mayo por el diario El Mercurio, el fiscal Moya expresó que existían indicios de que Díaz sabía que sus conversaciones eran grabadas.
El original de la nota de Qué Pasa con las conversaciones de Juan Díaz alcanzó a estar sólo unas pocas horas disponible en la red. La tarde del mismo jueves 26 el semanario la reemplazó por una “Nota editada” que contenía una aclaración, en la que se afirmaba que del artículo original “se eliminaron fragmentos donde se hacían acusaciones graves contra terceras personas”.
Además, señalaba, “aunque desde un principio se explicitó que ésta es sólo la transcripción de las conversaciones telefónicas de un imputado en el caso Caval” y que su veracidad no se había confirmado, “la dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio”.
Y remató: “Pedimos disculpas a los involucrados y a nuestros lectores por la confusión causada”.
Presidenta las 24 horas
Sin embargo, la difusión de esta nota –que se esparció por las redes– determinó que Bachelet finalmente presentara una querella contra Qué Pasa.
Resultó llamativo que esta presentación –realizada el 31 de mayo– no fuera contra la publicación digital sino contra la aparecida un día después, en la sección “El ojo de la llave” de la edición impresa número 2355, con el título “Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval”.
En esta nueva nota se excluyó el párrafo más duro contra Bachelet –la supuesta comisión por mil millones–, pero se mantuvieron otros que, de todos modos, no la dejaban bien parada.
La querella fue presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla y busca sancionar con tres años de presidio y una multa de 10 mil dólares al director del medio, Juan Pablo Larraín; al editor, Francisco Aravena, y a los periodistas María José Tapia y Rodrigo Vergara.
Bachelet argumentó en su demanda judicial que “hubo una intención editorial de perjudicar la figura de la presidenta”. Todo es un montaje, afirman ella y su abogado.
La querella presenta a tres testigos, a ninguno de los cuales se le avisó que sería incluido en esa lista. Se trata del ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz; la jefa de gabinete de la presidenta, Ana Lya Uriarte, y el periodista y asesor de la cancillería, Ascanio Cavallo.
Al ser consultados por los medios respecto de su participación en este caso, Díaz y Cavallo reconocieron ignorar que serían convocados como testigos. El abogado Hermosilla debió disculparse públicamente por haber cometido este error.
Bachelet ha subrayado que presentó la denuncia en su calidad de ciudadana y no de presidenta, como lo ratificó el vocero Díaz el 31 de mayo en La Moneda.
“(La querella) tiene que ver con una convicción de que se ha afectado el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet, y por eso es que, en carácter de persona natural, ha ejercido las acciones que la ley le entrega, como a cualquier otro ciudadano”, sostuvo.
No obstante, situó su domicilio en el Palacio de La Moneda, por lo que diversos analistas políticos y juristas rechazaron esta posibilidad y hasta se burlaron de ella. En su columna titulada “Las torpezas de Bachelet”, publicada el jueves 2, el director de Radio Bío Bío (la más escuchada del país), Tomás Mosciatti, descartó que un presidente pueda “abdicar de sus facultades”.
“Eso de que voy a presentar una querella como ciudadano no existe, se es presidente las 24 horas del día. Un presidente tiene las facultades presidenciales las 24 horas del día, desde el inicio de su mandato y hasta el final. Por tanto está siempre sometido al escrutinio público”, expresó.
Las divergencias internas por el manejo de la crisis derivaron en la renuncia del ministro Burgos, la que se concretó la mañana del miércoles 8 luego de una reunión de casi una hora con Bachelet.
Una fuente muy bien informada señala a Proceso que la salida del titular de Interior no fue del todo conflictiva: fue pactada y Burgos propuso a su sucesor, el también democratacristiano de tendencia conservadora Mario Fernández.
En favor de esta posibilidad habla el hecho que la Democracia Cristiana no mostró ningún reparo a este cambio ministerial y que Burgos no estuvo triste en su despedida.
Otra razón que supuestamente motivó su partida es más simple: “Burgos sentía que el barco se hunde”, asevera la fuente que habló a condición de mantener su anonimato.
Tanto Burgos como Fernández (que es miembro supernumerario del Opus Dei) tuvieron a su cargo en la década de los noventa a la policía política, conocida como “La Oficina”.
“Efecto inhibitorio”
La publicación de Qué Pasa y la posterior presentación de la querella generaron una andanada de reacciones y abrieron un debate sobre la libertad de prensa y la concentración de los medios en Chile.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien estaba en Chile en una visita oficial para preparar un informe respecto del estado de la libertad de expresión en este país.
En entrevista con CNN sostenida el 31 de mayo expresó que la denuncia “tiene un efecto inhibitorio no sólo para los periodistas y el medio querellado, sino para el resto de los medios”.
Lanza mencionó que “el derecho internacional admite que cuando un periodista reproduce información de un tercero, que reviste interés público, no hay responsabilidad por mediar en esa información”.
El Colegio de Periodistas también se sumó a las críticas: “Creemos que la decisión adoptada no es el mejor camino, consideramos más adecuado seguir canales éticos para debatir este tipo de materias”.
El viernes 3, Qué Pasa, a través de una nota editorial, lamentó “que la presidenta se haya inscrito en la historia como la primera gobernante en querellarse contra un medio de comunicación y contra periodistas desde el retorno de la democracia”.
La defensa de la mandataria la encabeza su abogado Hermosilla. El 31 de mayo, en entrevista con Radio Cooperativa, éste se refirió en duros términos al grupo Copesa, controlador de Qué Pasa: “Hablamos de un consorcio periodístico muy marcado ideológicamente, que guardó silencio mientras se mataban y torturaban periodistas en Chile durante la dictadura”.
En entrevista con Proceso, el destacado periodista y académico de la Universidad de Chile, Víctor Herrero, expresó: “Los escasos defensores de la querella de la ciudadana Michelle argumentan que ella es víctima de una prensa derechista y altamente concentrada… y tienen toda la razón. Pero lo que no dicen es que han sido los propios gobiernos de la Concertación los que desde 1990 contribuyeron de manera activa a consolidar esa concentración”.
Expresó que Bachelet aportó a ello cuando, a finales de 2006, Marco Enríquez-Ominami, entonces diputado del Partido Socialista, constituyó una comisión investigadora en la Cámara Baja para indagar la publicidad gubernamental en los medios de comunicación.
Herrero –autor de la biografía desclasificada de Agustín Edwards (dueño del diario El Mercurio)– cuenta que Enríquez “recibió un reservado pero claro mensaje de parte de la presidenta Bachelet que fue entregado por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo: ‘La presidenta no se va a pelear con El Mercurio’”.
El periodista Herrero expresa que durante la mayor parte de la transición los medios de derecha fueron condescendientes con los oficialistas gobiernos de la Concertación –hoy Nueva Mayoría– puesto que estas administraciones les fueron muy beneficiosas: “Si ahora estos medios efectivamente estuvieran complotando se lo tendrían bien merecido (…) Quejarse ahora es ser un mal perdedor”.
Fruto del ambiente adverso a su proceder, en este caso la presidenta Bachelet abrió la posibilidad de retirar la querella. Así lo deslizó el viernes 3 en entrevista con Radio Zero (del grupo Copesa): “Estaría dispuesta a evaluarlo si la revista hace un reconocimiento bien serio de que cometió un error”, afirmó.
