El panista Miguel Ángel Yunes Linares se muestra exultante durante la entrevista con Proceso. Habla de sus ejes de gobierno y dice que en un año va a meter a la cárcel a Javier Duarte, no porque le caiga mal, sino porque “es un ladrón”. En Veracruz hay sed de justicia, reitera.
XALAPA, VER.- “Duarte y su pandilla irán a la cárcel… no se me va a escapar ninguno”, decía en su campaña el candidato de la alianza PAN-PRD Miguel Ángel Yunes Linares, quien gobernará la entidad a partir del próximo 1 de diciembre y permanecerá en el cargo sólo dos años.
Yunes Linares, quien recibirá su constancia como gobernador electo el domingo 12, repite su eslogan en entrevista con Proceso: “Ya existen denuncias en la PGR y en la Procuraduría General de Justicia (sic)… (Javier) Duarte es un corrupto, el más conocido del sistema político mexicano. El 92% de los veracruzanos cree que merece ir a la cárcel”.
Secretario de Gobierno en el sexenio priista de Patricio Chirinos Calero, exdiputado federal cobijado por la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, y panista desde 2015, Yunes Linares ganó la gubernatura de Veracruz con más de 1 millón 56 mil votos.
El candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, primo hermano de Miguel Ángel, obtuvo poco más de 929 mil votos, mientras Cuitláhuac García, de Morena, partido que compitió por primera vez en la entidad, se quedó con 809 mil 600.
Yunes Linares, quien gobernará con un Congreso local fraccionado en tres fuerzas políticas, PAN, PRI y Morena, con presencia menor del PRD y del PVEM, comenzó a ser atacado por Duarte en un video en el que endilga los adjetivos de “falso vengador justiciero, peleador callejero, balandrón (sic), insultador sin fundamento, acusador sin bases”.
–¿Cómo meterlo a la cárcel?, ¿lo va a dejar el gobierno federal? –pregunta el reportero a Yunes Linares.
–¿Y por qué tengo que pedirle permiso al gobierno federal?
–Usted es político, puede pactar, negociar.
–No. El gobierno federal ha encubierto a Duarte; esa es la realidad. Saben ellos, y nosotros también, que son unos ladrones. Hay 22 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación contra el actual gobierno…
–¿Qué tiempo necesita, jurídicamente, para meter a la cárcel a quienes se robaron el dinero de los veracruzanos?
–Menos de un año, máximo uno… Voy a actuar contra Duarte, pero no porque me caiga mal, no me hizo nada. Lo voy a meter a la cárcel porque es un ladrón. Hay sed de justicia.
Un “militar” a Seguridad Pública
Yunes Linares, quien anuncia su decisión de encarcelar a Duarte, también tiene un negro historial. Los priistas lo acusan de desviar miles de millones de pesos cuando estuvo al frente del ISSSTE, ya como panista, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Sus antiguos correligionarios lo llaman pederasta y represor, incluso algunos diputados del PRI lo demandaron penalmente ante la PGR por sus mansiones en Boca del Río y Alvarado.
Pese a ello y a las críticas dentro del PAN, Yunes Linares habla de los cuatro ejes rectores de su futura administración: “Encabezar un gobierno transparente para combatir la corrupción, respetar plenamente la dignidad del pueblo veracruzano, recuperar la paz para las familias y ayudar a quienes más lo necesitan”.
Entre sus prioridades están la reestructuración de la deuda pública, recuperar el estado de derecho y cortar de tajo los excesos y desvíos de recursos para reencontrar el rumbo tras 86 años de gobiernos priistas.
Yunes Linares y su familia tienen una relación tormentosa con Duarte. En uno de los roces estuvo implicado el secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita.
El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del virtual gobernador, responsabilizó a Bermúdez de la inseguridad en la zona conurbada, mientras que su hermano, el senador Fernando Yunes, solicitó la “renuncia inmediata” del jefe policiaco por los secuestros no resueltos, las extorsiones y desapariciones forzadas.
El domingo 5 el senador fue detenido por elementos de la Fuerza Civil. Dos días después, el afectado demandó a Bermúdez por las arbitrariedades de que fue objeto.
El propio Yunes Linares acusa al secretario de “proteger” a la delincuencia organizada en Veracruz. Y pone como ejemplo los casos de policías involucrados en los levantones de jóvenes en Tierra Blanca y en Papantla en los últimos meses.
Durante su gestión, dice, pondrá al frente de la SSP a un militar. “La recomendación se la voy a pedir a la Sedena. ¡Ojo! Esto no quiere decir que vaya a militarizar Veracruz, así salga (publicado) en Proceso. Los militares tienen disciplina, experiencia y valores”.
En materia de seguridad, el entrevistado afirma que en seis meses tiene que “resolver” el tema del secuestro, las extorsiones y los llamados “delitos de alto impacto”.
Se le menciona que en Veracruz están asentadas células criminales de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como bandas independientes; incluso en el ámbito internacional la entidad tiene mala fama por las desapariciones forzadas y los asesinatos de periodistas, incluido el de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, que permanece impune.
El entrevistado dice que es necesaria una “comisión de la verdad” en la que participen familiares de desaparecidos, para saber “con precisión” qué sucedió y que en futuros casos se cree un mecanismo de respuesta inmediata, “similar al de Colombia”.
Con el asesinato de reporteros, adelanta que, si es necesario, se reabrirán las carpetas de investigación para “ir a profundidad”, en particular en el caso de Regina. “Hay periodistas que fueron dobles víctimas: no sólo los asesinaron, sino que los quisieron vincular a actividades ilícitas. Tenemos que ir a fondo”.
Adiós al despilfarro
Dueño de mansiones suntuarias en Boca del Río, El Estero y El Conchal, según documentaron diputados federales y locales del PRI, Yunes Linares promete acabar con el “despilfarro” de Casa Veracruz y cerrar las oficinas de representación del gobierno jarocho en la Ciudad de México y Madrid, así como otros inmuebles.
Los dos años que durará su gestión, dice, son suficientes para restablecer el estado de derecho, reconstruir las finanzas públicas y saber el monto real de la deuda, así como avanzar en las denuncias contra Duarte.
En este sexenio, Yunes Linares ha ido cuatro veces a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar penalmente al gobernador Duarte y a funcionarios de su gabinete por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y la utilización ilícita de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos.
En las cuatro denuncias enumera las propiedades de Duarte y algunos de sus colaboradores en el extranjero, en la Ciudad de México y en la propia entidad.
Según el panista, existe una red de corrupción compleja, propia de organizaciones delictivas que encubren los bienes que adquieren y las cuentas que abren a través de empresas o personas físicas.
Entre los implicados menciona a Édgar Spinoso Carrera y Vicente Benítez. El primero tiene innumerables propiedades, un jet en el cual se trasladaba el candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, así como un conglomerado de empresas de seguridad privada cuyo dueño es el titular de la SSP.
Consultado sobre las querellas de Yunes Linares, un funcionario de la FGE revira: “Son pura paja. Hay declaraciones del demandante, recortes periodísticos, notas de la revista Proceso y del periódico Reforma. Pura saliva jurídica; ni número de averiguación previa tienen”.
La semana previa a los comicios, cuando se presentó a ampliar la denuncia contra Duarte, Yunes Linares reprochó a la FGE porque, dice, no ha pedido informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni se han certificado las constancias acerca de la compra de inmuebles con prestanombres.
Sobre los órganos autónomos como la FGE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuyos titulares son nombrados por el Ejecutivo en turno, Yunes Linares sostiene: “Necesitamos órganos que funcionen. Hay que revisarlos. Hoy vemos a poderes que están de rodillas sobre el gobernador, los diputados del PRI, algunos magistrados y lo mismo pasa con los órganos autónomos que no tienen autonomía”.
E insiste: “Los funcionarios de Duarte tienen que devolver lo que se robaron”.
–¿De dónde? ¿Con embargos a sus inmuebles?
–Hay documentos que demuestran que en el desfalco quedan 3 mil millones de pesos. Y que tan sólo en (sector) Salud hay un desfalco de 8 mil millones. Los tienen que regresar.
