Los procesos comiciales en 14 estados de la República ofrecen un panorama preocupante de nuestra democracia adolescente, impedida para madurar debido a las perversiones autoritarias que han dejado una impronta indeleble en la psique política de la nación. La disparidad entre la evolución jurídica e institucional frente a la idiosincrasia y las prácticas electorales se ha profundizado, sumergiéndose en el lodo de la corrupción y el narcotráfico. La distancia entre el país legal y el país real aumenta. La depuración de las triquiñuelas para burlar las leyes electorales se mezcla con la creciente infiltración del crimen organizado que impone candidatos, controla casillas, además de dominar alcaldes y gobernadores en regiones cada vez más amplias del país.
Gobernado por el PRI desde hace 86 años, Tamaulipas es un caso dramático que ilustra la turbia historia de complicidad entre la clase política y los cárteles de la droga oriundos de la entidad. Dicha historia está documentada en el libro Tamaulipas. La casta de los narcogoberndores: un eastern mexicano, de Humberto Padgett. En él se incluye a Manuel Cavazos Lerma, gobernador de 1993 a 1999, así como a sus sucesores y correligionarios Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Cantú, hasta llegar al candidato del PRI en 2016, Baltazar Hinojosa Ochoa, quien como alcalde de Matamoros, entre 2005 y 2007, presuntamente recibió dinero del Cártel del Golfo a cambio de ceder al grupo criminal los nombramientos de la policía municipal de esa ciudad fronteriza.
El propio presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, declaró que los candidatos de su partido en los municipios tamaulipecos de Hidalgo, Villagrán y Mainero podrían estar amenazados o comprados por el narco. Al momento de leer la presente edición de este semanario seguramente ya se conocerá el nombre del candidato vencedor a la gubernatura del estado, sea Hinojosa Ochoa, del PRI, o Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, también acusado de haber recibido dinero del Cártel del Golfo durante su campaña para alcalde de Reynosa (Proceso 2065). Pero, más allá del resultado de las elecciones, la desgracia mayor es el grado de complicidad entre el poder público y la mafia del narcotráfico que ha corrompido hasta la médula los comicios y la política en la entidad.
También gobernado desde hace más de ocho décadas por el PRI, otro caso ominoso es el de Veracruz, cuyo actual gobernador, Javier Duarte, es prototipo del político corrupto, autoritario y represor que, para vergüenza nacional, hasta la fecha se mantiene impune. El estupendo reportaje de investigación publicado por Animal Político el 24 de mayo pasado documenta con detalle y rigor la malversación de 645 millones de pesos que debían destinarse a la población más pobre y vulnerable del estado, pero que fueron desviados por el mencionado truhán y sus cómplices a empresas fantasma creadas para ocultar el hurto claro y vil que ahora ha sido desvelado.
¿Qué grado de connivencia en los estratos más elevados de la casta política puede justificar que un acto de corrupción tan evidente como repugnante pueda quedar impune? La gravedad de este chanchullo jarocho y la imperiosa necesidad de investigarlo, resolverlo y sancionarlo debe convertirse en una exigencia social impostergable, sin claudicación alguna. El sistema de justicia debe juzgar este asunto con apego irrestricto al imperio de la ley y total autonomía de intereses políticos, independientemente del resultado de los comicios de este domingo 5 que, de acuerdo con las encuestas, cerraron en un empate técnico en medio de una guerra de lodo entre los contendientes.
En el Triángulo Dorado formado por Durango, Chihuahua y Sinaloa se ubica otra amenaza a la integridad del Estado mexicano. La violencia originada por los cárteles durante los procesos electorales provoca que muchos ciudadanos huyan de sus comunidades. De acuerdo con la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, entre 2007 y 2012 la cifra de desplazados por las actividades de la delincuencia organizada superó el millón de personas. En Chihuahua, el candidato a gobernador del PAN, Javier Corral, envió un informe detallado de candidatos del PRI infiltrados por el narcotráfico en municipios ubicados en corredores del trasiego de drogas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Caso notable es el de la imposición de Juan Miguel Salazar Ochoa, El Juanito, hijo del capo del grupo criminal Los Salazar, como candidato del PRI en Chínipas, municipio de la baja Tarahumara (Proceso 2065).
El propósito central de la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que los Ejecutivos estatales manejaran a su antojo a las autoridades electorales locales no se cumplió. Los virreyes de nuestro malogrado federalismo siguen siendo amos y señores de los procesos comiciales, promoviendo la compra del voto en su estado con imperturbable impunidad. Muchos de ellos sólo rinden cuentas a los capos con quienes están coludidos. Rebasar los límites de gasto de campaña es otro delito electoral ampliamente extendido que el INE ha sido incapaz de fiscalizar y sancionar.
Todo ello indica que la estructura jurídica e institucional del país en materia electoral está en riesgo. La función esencial del INE de garantizar elecciones libres y equitativas se ve seriamente mermada y amenazada por las irregularidades mencionadas a lo largo del este texto, a pesar del mérito de organizar con eficacia los procesos comiciales. Con razón afirma Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, que si no se ataca el problema de la corrupción y la complicidad, “todo lo demás es secundario” (Proceso 2065). Como lo muestra la historia, la democracia corrompida conduce no sólo al derrumbe de ese sistema político, sino que puede provocar el colapso de las naciones. Lo que hemos visto en 2016 es un adelanto de lo que ocurrirá a escala nacional en las elecciones de 2018, con altas probabilidades de empeorar.
