La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, no actúa de manera imparcial al momento de integrar una averiguación previa si los denunciados son priistas, coinciden una demandante y un legislador de Movimiento Ciudadano (MC).
La señora Patricia Castellanos acusa al fiscal de proteger a Roberto López Rivera –hijo del secretario general de Gobierno del estado, Roberto López Lara–, al obstaculizar la investigación y la ratificación de la denuncia en su contra por intento de homicidio contra Sergio Miguel Martín Castellanos.
La señora Castellanos, madre del afectado, recuerda que el 25 de abril de 2015 acompañó a Sergio a ratificar la denuncia. “Lo menos que pudo haber hecho el fiscal fue habernos buscado para tratar de conocer nuestra inconformidad y en qué sentido iba nuestra denuncia. Pero no tiene interés, queda claro que tanto al secretario general de Gobierno como al fiscal les vale madre, esa es la verdad”, expresa.
Un año después, asegura, la FGE no les ha informado si hay avances en la investigación (averiguación previa 2013/2015) y recuerda que los representantes del Ministerio Público les advirtieron desde el principio que la denuncia nunca iba a prosperar porque implica al hijo de López Lara. A pesar de ello, dice que no se desistirán.
“Que se separe del cargo”
El diputado de MC Augusto Valencia López acusa a Almaguer de favorecer al PRI al entorpecer la ratificación de la demanda que él presentó contra el tricolor por el uso y desvío de recursos públicos durante la toma de protesta del nuevo dirigente estatal priista, José Socorro Velázquez, el pasado 1 de abril.
“A la semana de presentar la denuncia me habló gente de la FGE para que fuera a ratificar la denuncia –relata el legislador–, y eso nos llamó la atención porque hay servidores públicos que, por su cargo, no están obligados a una ratificación, como es el caso del gobernador del estado, los presidentes municipales, los diputados… La ley los exime de la ratificación, pero en la FGE nos indicaron que era para darnos fecha y ratificar la denuncia.”
Añade que el pasado viernes 6 acudió a la diligencia, a la cual fueron algunos periodistas. Tras esperar un poco a la agente del Ministerio Público, que no estaba en su oficina, inició la ratificación.
Sin embargo, de pronto entró una persona y anunció que la diligencia se suspendía. “Le pedí que se identificara, entonces la persona se salió y seguimos con la diligencia con la agente del MP, pero de repente personal de la FGE ajeno a la visitaduría ingresó portando armas y desalojó a todos los presentes. En ningún momento la titular de la agencia dijo nada. Yo les pregunté (a los agentes de la FGE) si traían orden de Almaguer y me dijeron que sí. Les pedí que se identificaran y no lo quisieron hacer. Optamos por retirarnos porque no había condiciones para continuar”.
No obstante que la ratificación se presentó por escrito, señala el diputado de MC, “he solicitado públicamente al fiscal Almaguer que solicite una licencia temporal para que lo puedan investigar. Lo que hasta ahora contiene la averiguación previa es la denuncia que yo presenté y la ratificación por escrito, pero la fiscalía no ha investigado absolutamente nada”.
Al preguntarle a Valencia López sobre la denuncia contra el diputado del PVEM Enrique Aubry porque presuntamente amenazó a un particular el pasado 30 de abril con un arma de fuego, responde que cada quien tiene que hacerse responsable de sus acciones, pero “llama la atención que el fiscal se ha enfocado en darle difusión a ese caso, y cuando se trata de denuncias en contra del PRI pretende silenciar a quienes denunciamos.
“No es consistente que el titular de la fiscalía mantenga una postura política para la impartición de la justicia, y más hoy la FGE tiene concentradas atribuciones que la hacen muy poderosa. El gobierno debería buscar un perfil técnico para un puesto tan importante.”
Se le pregunta, de igual forma, sobre la investigación que se abrió contra el cantante Gerardo Ortiz, quien se vio obligado a suspender un concierto programado para la penúltima semana de abril en Tepatitlán de Morelos, municipio gobernado por MC.
–El fiscal se subió a la polémica de Gerardo Ortiz para acaparar un reflector internacional y ha aventurado una serie de declaraciones que no se sustentan con las actuaciones judiciales. Vamos a valorar, a través de la solicitud de juicio político, si estamos en condiciones de hacerle una exigencia con mayor fuerza para que se separe del cargo en tanto se investiga.
Al respecto, el fiscal general informó que la PGE inició una investigación sobre los presuntos nexos de Ortiz con la delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, dado que la finca en donde grabó su video Fuiste mía estaba relacionada con un cártel.
Consultado acerca de las declaraciones de la señora Patricia Castellanos a Proceso Jalisco, el funcionario afirma: “La instrucción del señor gobernador del estado es muy clara: que se integrara la averiguación como corresponde que se dieran todas las facilidades de aportar por parte de la víctima, más que las pruebas, lo que solicitara (el agraviado), alguna diligencia extraordinaria que se tuviera que hacer; así lo habremos de revisar con toda precisión”.
–¿La fiscalía protege al hijo del secretario general de Gobierno? –se le insiste.
–Absolutamente (no), en ningún momento. Me parece que lo mejor para cualquier funcionario es que haya una gran claridad en las revisiones, en las investigaciones donde pudiera haber participación de uno mismo o de algún familiar o persona cercana. l
