El consejo ciudadano del organismo que combatirá la discriminación en el estado fue electo por los diputados locales en un proceso dudoso. Representantes de organismos civiles y el diputado Pedro Kumamoto denuncian que unos integrantes no cumplen con el perfil incluyente y otros tienen vínculos con grupos de poder, lo que genera dudas sobre el criterio con que se aplicarán las políticas a favor de los grupos vulnerables.
Representantes de organismos ciudadanos acusan a los diputados locales de designar a los integrantes del consejo ciudadano que forma parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.
Aseveran que existe favoritismo hacia personas ligadas al Grupo Universidad, al Partido Nueva Alianza (Panal) y a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
Para ellos, la Comisión de Familia, Desarrollo Humano e Integración Social de la LXI Legislatura, presidida por Isaías Cortés Berumen, han incurrido en irregularidades en el procedimiento para integrar el consejo ciudadano desde que se lanzó la convocatoria, a principios de marzo pasado.
En diciembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 33 establece la integración del consejo correspondiente.
Miembros de la asociación civil Incidir, que encabeza Susana Aceves Ascencio, señalan que prevaleció el favoritismo porque incluso se designó a una persona que no había cumplido con la mínima formalidad de entregar su currículum, como establece la convocatoria.
El 14 abril fueron electos los consejeros ciudadanos Rosalinda Mariscal Flores, Evelia Sandoval Urbán, Moisés Cholico Ávila y Raúl Hernández Alcalá. Sus cargos son honoríficos, con vigencia de cuatro años y posibilidad de reelección.
Sólo el diputado independiente Pedro Kumamoto impugnó la conformación del órgano ciudadano, pues considera que los perfiles de Rosalinda Mariscal y Evelia Sandoval Urbán son muy cuestionables.
Mariscal es una profesionista que “pugna o busca o está implicada o trabaja para organizaciones que podrán dar la impresión de que son agrupaciones que hacen labores o clínicas que practican la homofobia”, indica el legislador.
En los documentos que ella entregó a los diputados se presenta como presidenta de la Asociación de Derecho Familiar. Kumamoto, comenta que la designación de Mariscal es preocupante porque, según sus datos, laboró en el Hospital Fray Antonio Alcalde como parte del equipo multidisciplinario Clínica de Alteraciones en el Desarrollo Sexual, Trastorno de Identidad de Género Femenino a Masculino, que a decir del legislador aborda la diversidad sexual como una enfermedad.
En su carta de presentación, la abogada Mariscal también destaca que es profesora de tiempo completo e investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 28 años de experiencia.
En agosto de 2015, diferentes medios publicaron que alumnos de la Preparatoria 16 ubicada en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, se quejaron de que su directora, Rosalinda Mariscal, cobró una cuota injustificada de 300 pesos para construir un auditorio.
En cuanto a Evelia Sandoval, Kumamoto comentó que “si bien es cierto que ha tenido una destacada participación en diferentes espacios, igual se pinta de colores partidistas al haber sido parte del SNTE y diputada del Panal: “Eso no es muy positivo para una designación de esta naturaleza”, comenta.
A Evelia Sandoval se le considera gente muy cercana a la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Al final de la década pasada fue delegada del ISSSTE en Jalisco y se le recuerda como una de las mujeres que dejó el PRI para integrarse en la conformación del Panal en 2008. Actualmente dirige la Fundación Centro Cultural del México Contemporáneo, con sede en la Ciudad de México.
Otro consejero, Moisés Cholico Ávila, no presentó su currículum, por lo que “no hay manera de saber si él representa un buen o mal perfil. Eso va en contra de la misma convocatoria, que señala ese documento como requisito para ser designado consejero, pero eso no les importó a los diputados”, señala Diego Hernández Ángeles, estudiante de ingeniería en computación afectado de distonía muscular bilateral y aspirante excluido del consejo ciudadano.
Por la información disponible en internet se establece que Cholico es representante del organismo Creer para Construir y Compañeros de las Américas, pero “su trayectoria es casi oculta en cuanto a la defensa de los grupos vulnerables o los que luchan contra la discriminación”, indica Hernández Ángeles.
En la convocatoria se pidió “demostrar conocimiento y trabajo en la temática social de discriminación y derechos humanos; contar con reconocimiento entre los grupos de la sociedad civil organizada por su probidad, honestidad y capacidad” y presentar el currículum. Por eso Pedro Kumamoto apunta que Cholico Ávila debió de ser eliminado al no cumplir este último requisito.
Raúl Hernández Alcalá, exdirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UdeG (Staudeg) y excolaborador en el gabinete de Vicente Fox Quesada, hoy cercano al Grupo Universidad, también fue designado consejero.
Él fue uno de los menos impugnados. “En su momento, él participó con el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios y es de las personas a las que se les adjudica la promoción de la colocación de los elevadores en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. De ahí en más no tengo más información acerca de él”, dice Hernández Ángeles.
Por su parte, Violeta Magdalena Azcona Reyes, asesora en temas de inclusión en la lucha contra la discriminación, grupos vulnerables y defensa de los derechos humanos, expresa:
“Nos interesa saber cuáles fueron los criterios para decidirse por estas personas en el consejo; que nos digan quién las propuso, porque la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil, entonces queremos saber qué instituciones impulsaron a cada uno de los candidatos. El tema se tiene que debatir de manera abierta y pública, que nos digan qué mérito se le atribuye a los ganadores.”
En la integración del consejo “prevaleció la discriminación para excluir a personas que tienen años trabajando en favor de diversos sectores de la sociedad”, lamenta Azcona.
Añade que el perfil de Mariscal es polémico por la forma en que percibe a la comunidad homosexual y transgénero, en especial ante el aumento de la violencia contra ella.
–¿Van a presentar algún recurso jurídico para impugnar los nombramientos? –se le cuestiona.
–Lo primero que necesitamos es que nos digan con qué criterios eligieron a los consejeros; lo segundo, si en realidad se tomó en cuenta a la sociedad civil o simplemente esto sirve para legitimar este tipo de convocatorias, lanzadas con la intención de cubrir apariencias, sin importar la verdadera representatividad.
Al respecto, Kumamoto señala que los consejeros electos deben ser la clave para la lucha por los derechos humanos, en contra de la discriminación y en favor de los grupos vulnerables. Sin embargo, “la integración de este consejo nos abre muchas preguntas de cómo estamos eligiendo a esos nuevos perfiles y es una materia pendiente para los legisladores, a fin de saber cómo podemos hacer mejores designaciones”.
Sostiene que la defensa de los derechos de los grupos vulnerables y de combate a la discriminación en Jalisco está en una situación preocupante, por lo que debe existir mayor representación de la sociedad civil organizada en la conformación del consejo.
En el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación se reserva un espacio para el mandatario estatal, así como para los representantes del DIF Jalisco, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, el Consejo Estatal Indígena y la UdeG.
Kumamoto asegura que la entidad tiene problemáticas específicas con sectores golpeados por la discriminación, la violencia o la exclusión del desarrollo social. Por ejemplo, dice, “debemos tomar en consideración los feminicidios; la necesidad de impulsar y trabajar la Alerta de Género que se aprobó en el estado desde hace varios meses”.
Lamenta que aún no se reconozcan los matrimonios igualitarios y persista la desigualdad laboral: “Las mujeres ganan 30% menos por realizar el mismo trabajo”, dice. Pero además, reitera, “la realidad rural y la indígena nos obligan a reorientar las acciones de un consejo como este para el combate a la discriminación”, finaliza Kumamoto. l
