Señor director:
Soy docente de secundaria en el Estado de México, en una escuela que surgió con la voluntad de brindar educación en una zona marginada.
A los profesores nos basificaron algunas horas de clases y otras quedaron en calidad de interinas; es decir que en cada ciclo escolar nos recontratan, convirtiéndonos así en trabajadores eventuales.
El pasado 20 de abril fui despedida.
No sólo perdí las horas basificadas, sino las interinas. Además, dejo con mayores desventajas a mi centro de trabajo, el cual carece desde hace ocho años de director, subdirector, orientador, profesor de educación física, aspectos que de inicio no previó la reforma educativa.
Confirmo que la reforma educativa tiene efectos laborales.
Presenté argumentos en mi defensa, pues no fui notificada en tiempo y forma, es decir que no se respetó el debido proceso (término que sólo cabe cuando se trata de políticos que ostentan el poder). Las autoridades consideraron “insuficientes” mis alegatos, cuando son evidentes las irregularidades en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Mantengo mi postura contra la evaluación punitiva. Creo en el derecho a disentir, sé que el despedir o encarcelar a profesores u opositores es una decisión de estado para imponer sus reformas.
Pese a todo seguiré presentándome a trabajar porque mis alumnos me esperan; junto con mis compañeros y los padres de familia haré frente al despido, como lo hemos hecho con todos los obstáculos para quienes en los hechos hacemos valer el Artículo Tercero constitucional.
Atentamente,
Claudia Aguilar Silva
