La participación activa de la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no se puede disimular. Dos polícías federales fueron señalados por un testigo de la CNDH como activos participantes en el secuestro de más de 15 normalistas que viajaban en un autobús el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con documentos oficiales, ambos pertenecen al grupo de siete integrantes de la PF que tuvieron alguna intervención en la trágica Noche de Iguala. Este reportaje se realizó con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Por documentos internos de la base igualteca de la Policía Federal (PF) se conocen los nombres de los siete agentes de esa corporación que entraron en acción la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecieron.
Son Luis Antonio Dorantes Macías, suboficial jefe de la base de la PF en Iguala; el subinspector José Carlos Hernández Romero; los oficiales Víctor Manuel Colmenares Campos y Arturo Gómez Gómez; y los suboficiales Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Marco Antonio Pérez Guzmán y Alfonso Ugalde Cámara.
Colmenares y Pérez Arizpe son dos de los policías reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómplices de la desaparición de los 15 o 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 el 26 de septiembre, revelaron fuentes vinculadas a la investigación de la CNDH.
Según ese testigo, entre las 22:00 y las 22:30 horas –cuando los policías municipales agredieron a los estudiantes en la autopista federal 95 y los obligaron a bajar del autobús para subirlos a vehículos de la Policía Municipal de Huitzuco–, Colmenares y Pérez Arizpe atestiguaron y permitieron que ocurriera la agresión en un tramo carretero que, según información de la propia PF y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), está bajo jurisdicción federal.
Según testimonios publicados desde septiembre de 2015 por esta reportera (Proceso 2029), a la altura del Palacio de Justicia los policías federales también apuntaron sus armas contra los normalistas, a la vista de decenas de automovilistas que habían quedado varados por el bloqueo instalado para atacar a los estudiantes.
En lo que parece una acción de encubrimiento, en vez de someterlos a investigación, después de los hechos Colmenares y Pérez Arizpe fueron trasferidos a otras bases de la PF. El primero a Tlaxcala y el segundo a Tlalnepantla, Estado de México, ambos en funciones de vigilancia.
De acuerdo con documentos obtenidos de la Secretaría de la Función Pública y de la PF mediante la Ley Federal de Transparencia, Dorantes y Colmenares tienen historiales de indisciplina e irregularidades en la corporación. Súbitamente, menos de un mes después de la desaparición de los normalistas, el primero renunció a la Policía Federal y nunca ha sido interrogado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo algunos de los siete federales mencionados detuvieron el camión donde viajaban los jugadores de futbol del equipo Avispones, a la altura del Palacio de Justicia, mientras ocurría el ataque contra los normalistas; tras dejarlos ir, metros adelante fueron baleados con armas de grueso calibre según la denuncia hecha por padres de los futbolistas a principios de marzo pasado.
Según la tarjeta informativa No. 1364/2014, Colmenares, Hernández, Gómez, Pérez Arizpe y Ugalde fueron los primeros en llegar tras el ataque contra los jugadores, en el cual murieron tres personas. Los efectivos de la PF negaron apoyo a los heridos y no llamaron a la ambulancia, de acuerdo con el testimonio de sobrevivientes, de sus familiares y de un funcionario del gobierno de Guerrero.
En la investigación periodística realizada se cuenta con pruebas documentales que demuestran que la base de la PF de Iguala vigiló a los normalistas de Ayotzinapa desde el 25 de septiembre, cuando llegaron a las inmediaciones de Iguala para hacer un primer boteo.
Y el 26 de septiembre, junto con el Ejército y la policía estatal, Colmenares y otros federales vigilaron el camión Estrella de Oro 1531 desde las 20:00 horas, cuando los estudiantes llegaron a la caseta número 3 en la entrada de Iguala. Cuatro horas después, en el Palacio de Justicia de ese autobús desaparecieron todos los normalistas.
Desde diciembre de 2014, en el reportaje La historia no oficial (Proceso 1989) se reveló que la PF había participado activamente en el ataque a los estudiantes y el Ejército había estado presente.
Vigilados desde el 25
De acuerdo con la documentación recabada para este trabajo, la Policía Federal estaba en alerta por la presencia de normalistas desde al menos un día antes. En la tarjeta 1348/ 2014 (hoja 881) fechada el 25 de septiembre, Dorantes informó a sus superiores que la PF vigiló en la autopista Iguala-Mezcala durante tres horas a 50 estudiantes de la normal que viajaban en un autobús Estrella de Oro.
“Por parte de esta estación Iguala se encuentra monitoreando a distancia el movimiento, para prevenir cualquier acto violento, de igual manera se solicita el apoyo y presencia de la policía estatal”, señaló Dorantes y luego informó que los normalistas se retiraron a las 15:00 horas.
“Acciones inmediatas: Se mantiene personal de esta estación pendiente en el tramo carretero en coordinación con autoridades estatales para llevar a cabo acciones preventivas”, señaló en otra tarjeta informativa.
También policías estatales vigilaron a los normalistas desde hora y media antes de que fueran atacados.
El 26 de septiembre de 2014 José Adame Bautista, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en la tarjeta informativa 02370 enviada al titular de la SSP, Leonardo Vázquez, informó que a las 20:00 horas él se coordinó con Colmenares y cinco policías federales más para monitorear a los normalistas que habían llegado en el autobús 1531 de Estrella de Oro.
Los normalistas afirman que se fueron de la caseta para dirigirse a la central de autobuses de Iguala a fin de rescatar a 10 compañeros que habían sido encerrados en un camión por un chofer.
De acuerdo con las pruebas documentales, a las 21:55 horas el policía estatal Erik Nazario Hernández, desde el C-4 de Iguala, informó a la base de la PF que “los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de Oro, ocasionaros disturbios en la calle Juan N. Álvarez y sobre la avenida Periférico de esta ciudad contra elementos de la Policía Preventiva Municipal”, señala la tarjeta informativa 1369/2014 rotulada “disturbios por estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad”.
Fue después de que la PF recibió esa información cuando sus efectivos fueron vistos por testigos en el Palacio de Justicia –incluyendo al revelado por la CNDH la semana pasada– y en la calle Juan N. Álvarez.
Asimismo, dos policías municipales de Iguala declararon el 27 de septiembre que vieron a agentes federales en al menos una de las escenas del crimen.
“Atravieso mi unidad sobre el Periférico para dar seguridad y fue que permanecí varios minutos escuchando que solicitaban el apoyo por el Puente del Chipote, donde se encuentra el Palacio de Justicia, enfrente, por lo que indico a mis compañeros que nos subiéramos a la patrulla para trasladarnos a brindar el apoyo al Puente del Chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo, dar seguridad a la retaguardia semiatravesando la unidad y me percaté que había varias patrullas, entre cinco o seis patrullas… y de ahí me percaté que llegaron dos patrullas de la Federal de Caminos, así como una patrulla de la Policía Ministerial”, declaró ante la Fiscalía General de Guerrero Alejandro Andrade de la Cruz, quien aseguró que iba a bordo de la patrulla 28.
“No recuerdo la hora exacta (…) cuando pidieron el auxilio para que nos trasladáramos frente al Palacio de Justicia ubicado en Carretera Nacional México-Acapulco, me dijo el comandante Alejandro Andrade de la Cruz que le habían reportado una riña, y al llegar a este lugar ya no había casi nadie; encontramos una patrulla de la Policía Federal, después nos retiramos a hacer recorrido”, afirmó Nicolás Delgado Arellano, quien también iba en la patrulla 28.
“(Los estudiantes) no refieren expresamente que hayan visto disparar a policías federales, pero sí estaban ahí, había presencia de policías federales, ¡había!, eso es claro, lo tienen muy presente”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de sus padres, en entrevista el 21 de marzo de 2015.
Según el testigo de la CNDH, en las inmediaciones del Palacio de Justicia hubo un diálogo entre federales y los policías municipales que bajaron a los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531.
“Allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué va hacer con ellos”, habría dicho un policía municipal igualteco a los dos federales mientras los estudiantes eran subidos a patrullas de la policía de Huitzuco, según el testigo de la CNDH.
“¡Ah! Ok, ok, está bien”, respondieron, mientras veían cómo se llevaban a los normalistas.
El pasado viernes 15 la CNDH dijo que dos agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.
La información confirmada por fuentes directamente relacionadas con el caso señala que Colmenares y Pérez Arizpe son esos dos policías.
También se descubrió que a las 22:55 horas del 26 de septiembre la PGR ya estaba enterada de los ataques, aunque durante meses lo ha negado y ha dicho que no podían hacer nada al respecto. César Iván Pilares, agente del Ministerio Público de la Federación, en un oficio ordenó a Dorantes “investigar la veracidad” de la información sobre que “alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses…”.
Declaraciones falsas
Pese a las tarjetas informativas, oficios y los señalamientos contra la PF, seis de los siete agentes no fueron llamados a declarar por la PGR, sino hasta el 11 de mayo de 2015. Dorantes no declaró porque supuestamente no fue localizado. Colmenares mintió ante la PGR, de acuerdo con la copia íntegra que se tiene de su declaración.
Dijo que el 26 de septiembre, cubriendo su turno de las 15:00 a las 23:00 horas, junto con Pérez Arizpe estuvo en la patrulla 09908. Dijo que le tocó el tramo carretero Puente de Ixtla-Iguala.
En su declaración admitió que el 26 de septiembre participó en un operativo con la policía estatal en las inmediaciones de la caseta 3 junto con Pérez Arizpe y otros elementos, pero mintió sobre la hora en que estuvieron ahí y omitió decir que vigilaron a los normalistas, como lo afirma Adame Bautista en la ficha informativa referida.
Colmenares dijo que entre las 22:15 y las 22:30 les llamó Dorantes para ordenarles ir a la base de la PF ubicada sobre la carretera 95, a la entrada de Iguala. De acuerdo con el mapa carretero, pudo pasar el Palacio Judicial en el tiempo en que el testigo de la CNDH ubica su diálogo con policías municipales mientras ocurría la desaparición.
Colmenares no mencionó en su declaración el incidente. Dijo que, ya en la estación, Dorantes les ordenó ir al Palacio Municipal a entrevistarse con Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal de Iguala, para investigar la balacera alertada por la PGR.
Afirmó que habló con el jefe policiaco quien, según él, le dijo que hubo detonaciones de arma de fuego en el centro de Iguala y que cuando los municipales acudieron al lugar, fueron agredidos por los normalistas, “viajando éstos a bordo de un autobús Estrella de Oro, iniciando una persecución que terminó frente al Palacio Judicial, el cual se encuentra ubicado en carretera nacional Cuernavaca-Chilpancingo (tramo municipal), dejando abandonado dicho autobús en el lugar”, escribió Colmenares en una tarjeta informativa de la cual se tiene copia.
Pero también mintió en eso. El Palacio de Justicia ya está dentro del perímetro de jurisdicción federal.
En las declaraciones de militares (Proceso 2027 ) uno de ellos afirmó que vieron cómo la empresa Grúas Nava remolcó después de la medianoche el autobús Estrella de Oro 1531, que se encontraba cerca del Palacio de Justicia.
Según documentos de la SCT obtenidos para este reporte, Grúas Nava opera en el tramo bajo la jurisdicción de la PF y esta corporación es la que debe ordenar a dicha empresa mover los vehículos incidentados.
En Iguala se acudió directamente a Grúas Nava, ubicada muy cerca del Palacio de Justicia, para preguntar sobre el camión Estrella de Oro 1531. El señor Nava, encargado de la empresa, visiblemente asustado, mintió y dijo que ellos no habían laborado esa noche y que había que preguntar a la PF cómo y a dónde se llevaron el autobús. Pero según el rol de grúas entregado por la SCT, del cual se tiene copia, esa noche sí trabajó Grúas Nava.
Colmenares declaró que después de hablar con Flores regresaron a la comandancia y pasadas las 24:00 horas salieron seis agentes al sitio del ataque contra los Avispones en las patrullas 9908, 11744, 11740 y 9910. Al lugar también llegó Dorantes en la patrulla 11742 y después arribó el subprocurador de Guerrero, Ricardo Martínez, con dos asistentes.
Declaró que en el lugar él dio seguridad perimetral y mintió de nuevo al afirmar que el Ministerio Público del fuero común, luego del levantamiento de cadáveres, ordenó a la grúa retirar los vehículos incidentados, entre ellos un taxi, para llevarlos al corralón. Pero, de acuerdo con documentos firmados por el propio Dorantes, fue la PF la responsable de ordenar el levantamiento de tales vehículos.
Pérez Arizpe en su declaración, de la cual también se tiene copia, igualmente mintió en los horarios en que estuvieron en el operativo con la policía estatal y omitió decir que vigilaron a los normalistas. También faltó a la verdad al decir que prestaron auxilio a los futbolistas.
Dijo que al llegar al lugar del incidente, cerca del cruce con Santa Teresa, “se les brindó seguridad y se solicitaron los servicios de emergencia”. De acuerdo con la información de la Cruz Roja, fue un taxista quien llamó a la ambulancia.
“Estaba lloviendo y ni los elementos del Ejército ni de la Policía Federal les habían brindado apoyo (a las víctimas)”, afirmó en declaración rendida el 29 de octubre de 2014 un funcionario del gobierno de Guerrero que esa noche acompañaba al subprocurador Ricardo Martínez Chávez.
En las declaraciones rendidas por Colmenares Campos y Pérez Arizpe, la PGR no les formuló ni una sola pregunta.
Negro historial y sanciones
Desde hace meses esta reportera investiga los antecedentes de Colmenares y Dorantes. Por medio de la Ley de Transparencia se obtuvo el historial de arrestos y sanciones de ambos policías, obtenidos tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la propia PF, la cual en un principio se negó a entregarlos.
Colmenares fue dado de alta en la Policía Federal de Caminos en 1987 por órdenes del comandante Enrique Harari Garduño, detenido en 2000 acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Desde el principio, Colmenares acumuló decenas de arrestos de horas y días e incluso fue sujeto de investigaciones ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras su paso por Baja California Norte, Texcoco e Iguala.
Entre las muchas faltas cometidas en su trabajo como policía está el no presentarse a sus servicios, fallas operativas, no elaborar partes informativos, abandono de su puesto de trabajo, desobediencia, falta de supervisión del personal a su cargo, no entregar sus armas al terminar sus servicios, utilizar su vehículo particular sin placas, “haber hecho mal uso del radio-transmisor en servicios de seguridad y vigilancia”, “relajar la disciplina en oficinas” y “participar en conato de bronca en centro de vicio, resultando daños al establecimiento”.
En 2003 el Órgano Interno de Control de la PF le inició un procedimiento cuando estaba adscrito a Texcoco. Se le acusó de sustraer de la carpeta de novedades la licencia médica de un policía federal y de alterar el documento “imprimiendo la leyenda VIH (sida) en el rubro de diagnóstico” de dicho compañero, exigiendo a otros policías testigos “no mencionar nada al respecto a nadie”. Como consecuencia fue suspendido 30 días.
En 2014, ya en Iguala, la ASF revisó el desempeño del “Apoyo en política migratoria” de la PF y descubrió irregularidades en la actuación de Colmenares y otros cuatro agentes. Se les acusó de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones por haber detenido ilegalmente a un ciudadano de Ecuador en las inmediaciones Morelos, sin tener autoridad para hacerlo, para después ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración.
La PF lo protegió a él y a sus compañeros y el 9 de septiembre de 2014, días antes de la desaparición de los normalistas, fue absuelto por el Órgano Interno de Control de la PF.
Dorantes también acumula irregularidades en su carrera policial, como “falta en el desempeño de su servicio de guardia”, “no rendir novedades”, “no llenar correctamente el libro de control de vales de gasolina”, faltar a sus servicios, no hacer su trabajo y omitir consultar el banco de datos de vehículos robados, no cumplir con las órdenes de servicio y omitir la revisión de vehículos que transportan productos y derivados del petróleo, así como “relajar la disciplina dentro de las instalaciones de la comisaría”.
El 23 de octubre de 2014 presentó su renuncia “irrevocable” a la PF. l
