La situación en Brasil toma cada día dimensiones más graves. Se trata del país más importante de América latina en términos de sus dimensiones, potencial demográfico y tamaño de su economía. Es una de las llamadas potencias emergentes, forma parte del grupo de los BRICS que busca tener peso en los asuntos políticos y económicos mundiales. Lo que ocurra en Brasil tendrá impacto en toda la región de América latina, así como en la búsqueda de alternativas para hacer frente a los dos grandes problemas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza.
La crisis política que desde hace varios meses sacude a ese país encierra lecciones sobre los peligros que acechan a las democracias latinoamericanas. Por ello han comenzado a manifestarse voces de alarma. La que ha tenido mayor impacto es el comunicado hecho público por la directora de la CEPAL, Alicia Bárcenas. En una misiva dirigida a la presidenta Dilma Rousseff, la alta funcionaria señala: “Nos violenta que hoy, sin mediar juicio ni prueba, sirviéndose de filtraciones y una ofensiva mediática que ya ha dictado condena, se intente demoler su imagen y su legado”. (Infolatam.com/2016/03/22)
En efecto, al momento que se publique este artículo es altamente probable que el Congreso brasileño haya decidido iniciar un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Rousseff. La salida del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la coalición gobernante permite prever que se lograrán los dos tercios requeridos en la Cámara para aprobar tal decisión. El gobierno quedaría entonces en manos del actual vicepresidente, líder del PMDB, Michel Temer. Existe, sin embargo, una acusación según la cual hubo desvíos ilegales de fondos por parte del Partido del Trabajo (PT) para financiar las elecciones del 2014. Entonces, todo está puesto en duda y se podría llamar a nuevas elecciones, con características distintas si ocurren antes, o después, del 31 de diciembre del presente año.
El enredo legal no oculta los intereses que están en juego desde que la fragilidad del triunfo de Rousseff para su segundo periodo presidencial (un margen de ganancia de sólo 3%) presagió que no podría gobernar. Sus adversarios, ubicados a la cabeza de varios estados claves, principal aunque no únicamente el de San Pablo, nunca reconocieron su legitimidad. Para superar esa oposición hubiese sido necesaria una gran habilidad política y un giro en la política económica que la clientela tradicional del PT –los sectores que salieron de la pobreza bajo el gobierno de Lula– no podía aceptar. Con muy escaso margen de maniobra, el gobierno de Dilma ha fallado en ambos frentes.
Sin desestimar el malestar expresado en las calles por la ineficiencia del gobierno, cabe reconocer que tiene razón la CEPAL cuando se refiere al poco sustento legal de las acusaciones que han llevado al juicio político contra Dilma. Falta la investigación que permita concluir, sin lugar a dudas, sobre la veracidad de las múltiples acusaciones que se le hacen; por lo pronto, sólo son sospechas. El único paso en falso de Dilma es el nombramiento del expresidente Lula da Silva como jefe de gabinete, lo cual permitiría sustentar la acusación de maniobrar para entorpecer investigaciones.
En la turbulencia política brasileña se pueden identificar situaciones de alto riesgo para el futuro de la democracia en América Latina. La primera es la utilización de la muy necesaria lucha contra la corrupción para fines que no tanto persiguen terminar con ella, sino obtener ganancias políticas. La operación lava jato, que ha llevado a la cárcel a un buen número de importantes empresarios y funcionarios públicos, es un antecedente positivo para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la delgada línea que separa lo legal de lo político se ha traspasado.
A pesar de la admiración que despierta el juez Sergio Mora, quien lleva la causa, algunas acciones se han convertido en espectáculos políticos que avivan la polarización y el linchamiento mediático. El mejor ejemplo fue la detención, con lujo innecesario de fuerza, de Lula da Silva para llevar a cabo un interrogatorio al que podía fácilmente acudir voluntariamente. Más adelante las escuchas telefónicas, prohibidas en la Constitución cuando involucren a la presidencia, fueron ejemplo de acciones fuera de la ley con fines políticos.
Ahora bien, la situación más inquietante de la crisis brasileña es el esfuerzo por desprestigiar las políticas sociales de los gobiernos del PT, consideradas como las más exitosas para sacar de la pobreza a millones de brasileños que, como señala la CEPAL en el documento mencionado, “lograron sortear el hambre, la pobreza y la desigualdad”. Pocos gobernantes pueden vanagloriarse de haber obtenido ese triunfo.
Por ello es inquietante que la salida a la crisis brasileña pueda conducir hacia gobiernos que colocan en segundo término el compromiso social. Esa posibilidad se profundiza recientemente con una ofensiva mediática muy bien montada cuyo objetivo es crear la impresión de un fin de época populista y demagógica, en la que incluyen por igual, de manera muy equivocada, a Maduro, Morales o Lula, la cual llegaría a su fin con el triunfo bienaventurado de líderes como Macri en Argentina. La visita de Obama a ese país contribuye, no poco, a la creación ilusoria de nuevos líderes y nuevos proyectos latinoamericanos. Es en ese contexto que la crisis brasileña puede tener consecuencias negativas para toda la región y, en general, para las alternativas favorables a colocar al centro de sus preocupaciones los problemas de desigualdad y pobreza. Si la preocupación por esos temas se desvanece para ser sustituida por la estabilidad económica y la llegada de inversión extranjera como únicos objetivos prioritarios podemos estar en el umbral de una larga noche latinoamericana. Lo que ocurra en Brasil nos concierne a todos. l
