En el libro Marihuana, el viaje a la legalización, la periodista Ana Lourdes Cárdenas sigue el complejo procedimiento mediante el que se estableció la regulación inicial para la venta y distribución de esa droga con fines recreativos en Estados Unidos, concretamente en Colorado. Con autorización de Ediciones Urano se reproducen fragmentos del capítulo “El andamiaje de la legalización”.
Sean Azzariti, un exmarino y veterano de la guerra de Iraq, guarda en el clóset de su casa un pequeño tesoro: una bolsa con 3.5 gramos de Bubba Kush, una variedad de marihuana índica, y una trufa de chocolate hecha a base de cannabis.
La bolsa está engrapada desde hace dos años y así seguirá por tiempo indefinido, pues Azzariti no piensa abrirla. En algunos años más, dice, quizá la donará a un museo.
–Es el equivalente a la primera botella de licor después de la prohibición –me dijo–. El recibo está todavía en la bolsa, es testimonio de un día histórico.
Azzariti, de 34 años y quien sufre de estrés postraumático, fue la primera persona en comprar marihuana para uso recreativo el 1 de enero de 2014, cuando decenas de dispensarios en Colorado abrieron sus puertas al público para vender cannabis en diferentes presentaciones.
–Fue la locura total –recordó Azzariti–. Había mucha gente en la calle celebrando el año nuevo y muchas, muchas personas esperaban en fila la apertura de los dispensarios. Hubo personas que acamparon hasta 24 horas para ser los primeros clientes.
Entrar al dispensario y poder comprar cannabis sin restricciones fue para Azzariti el premio a una lucha de más de 10 años a favor de su legalización. Para él, la marihuana fue un milagro que le salvó la vida después de haber tratado de controlar el estrés y la ansiedad con medicamentos tradicionales. Gracias a la marihuana, me dijo, volvió a sentirse como un ser humano normal.
Las filas afuera de los dispensarios se extendían por varios metros y el tiempo de espera para ser atendido era en promedio de dos horas. El Denver Post reportó que al menos 37 tiendas en el estado abrieron ese día para vender marihuana a personas mayores de 21 años.
Las reglas fueron claras: cada persona –residente del estado– podía comprar hasta 28 gramos de marihuana, mientras que los visitantes foráneos podían adquirir hasta siete gramos. No se fijaron límites o seguimiento al número de veces que un consumidor podría visitar un dispensario, pero se dejó claro que la posesión de marihuana no debía exceder los 28 gramos.
Ese primer día fluyó sin contratiempos y, según reportes de la prensa local, las ventas alcanzaron cerca de 1 millón de dólares. Los consumidores salían de los dispensarios con sus bolsitas engrapadas conteniendo hierba seca, dulces o concentrados de marihuana. Es probable que pocos, muy pocos, estuvieran conscientes de todo el proceso político y administrativo que hizo posible la apertura de esas tiendas.
Las tiendas de venta de marihuana para uso recreacional abrieron 14 meses después de que los electores aprobaron, en noviembre de 2012, la Enmienda 64. Fue un tiempo récord si se considera todo el andamiaje que fue necesario crear para sostener un nuevo esquema gubernamental que regulara todo el proceso, desde la semilla hasta su venta al público.
Un mes después de que la enmienda fuera aprobada con 55% de los votos, el gobernador del estado y exalcalde de Denver, John Hickenlooper, anunció la formación de un grupo integrado por representantes gubernamentales, empresarios, médicos, policías, activistas en pro de la niñez, académicos, abogados y consumidores, entre otros, cuya tarea sería proponer los procedimientos, leyes y políticas necesarias para echar a andar la industria legal del cannabis.
En muchos sentidos fue una tarea gigantesca, no solo por los múltiples ámbitos que la legalización impactaría y por la variedad de intereses involucrados, sino también porque el único precedente que existía era la industria de la marihuana medicinal, que entonces era muy limitada. Además, el grupo tenía un plazo de no más de dos meses para hacer sus recomendaciones.
La Enmienda 64 estableció el 1 de julio de 2013 como la fecha límite para iniciar la regulación de la marihuana recreacional, lo que implicó que el estado tenía solo cuatro meses para construir una nueva estructura que definiría, entre otras cosas, quién podía cultivar y vender marihuana, cómo se vendería esta, qué límites de compra se fijarían, cómo se protegería a los niños, qué tipo de impuestos aplicarían, qué procesos de inspección y vigilancia serían necesarios, de dónde se obtendría el financiamiento para ejercer ese control, cómo se regularían los comestibles derivados del cannabis y cómo se evitaría que Colorado se convirtiera en el abastecedor del mercado negro de marihuana para otros estados. Era una carrera contra el tiempo porque la Enmienda 64 establecía que las tiendas tenían que abrir sus puertas el primer día de 2014.
–Hubo discusiones muy intensas y acaloradas; el reto era muy grande porque muchas de las personas alrededor de la mesa no habían pensado realmente lo que significaba implementar una política regulatoria –recordó Dan Pabon, un legislador estatal demócrata que participó en el grupo de tarea–. Pero gracias a que el lenguaje de la enmienda constitucional era muy abierto, tuvimos un gran espacio para la interpretación y para crear un sistema acorde a nuestras necesidades.
El grupo hizo cerca de 80 recomendaciones, la mayor parte de las cuales fueron aceptadas por la Asamblea General de Colorado e implementadas de inmediato por la Marijuana Enforcement Division (MED). Entre las más relevantes figuran las siguientes:
Adoptar un modelo de integración vertical 70/30 que significó que el cultivo, procesamiento, manufactura y venta al público de productos de la marihuana tendría que estar bajo un mismo dueño o empresa. Con eso se pretendía evitar el tráfico de marihuana legal hacia otros estados. Bajo ese modelo, el dispensario podría vender hasta 30% de su inventario a otro negocio autorizado, pero con la obligación de reportar mensualmente al estado todas las transferencias que hiciera a otra tienda. Este modelo sería revisado en un periodo de tres años para evaluar su permanencia o posibles ajustes.
Crear una estructura de impuestos –que sería sometida a un referéndum– con tres tipos de gravámenes a la marihuana: un impuesto especial de 15% para cultivadores; un impuesto especial de 10% a las ventas y un impuesto estándar de 2.9% a las ventas al menudeo. Cada ciudad podría además recaudar un impuesto local por ventas de marihuana recreativa. En teoría, los primeros 40 millones de dólares recaudados por el impuesto de 15% serían destinados a un fondo público para la construcción de escuelas, mientras que los recursos recabados por el impuesto especial a las ventas se usarían para financiar las operaciones de la oficina reguladora y para apoyar acciones de educación y prevención de adicciones.
Diseñar normas específicas para la manufactura y etiquetado de productos comestibles derivados de la marihuana, los cuales tendrían que ser regulados como cualquier otro producto que implique un riesgo potencial para la salud de los menores. Como parte del etiquetado se requirió que cada producto tuviera información sobre los componentes y el potencial de THC. El grupo de tarea recomendó el prohibir campañas promocionales masivas en televisión, radio, anuncio en la vía pública o a través del correo.
Redefinir y ajustar criterios legales para que la posesión de marihuana en el caso de menores de edad fuera tratada como una primera ofensa, cuya consecuencia serían las sesiones educativas y el tratamiento que la corte juvenil determine.
Otras recomendaciones incluyeron el limitar sólo a los residentes de Colorado la posesión de licencias para cultivar y vender marihuana y restringir a cierta cantidad la marihuana que residentes foráneos podían adquirir. Los criterios para el otorgamiento de licencias fueron: ser mayor de 21 años, no tener antecedentes criminales y ser una persona honorable.
Algunos consensos fueron muy difíciles de lograr. Uno de ellos fue la discusión del espacio público para fumar marihuana.
–Los electores dijeron: sí puedes consumir marihuana, pero no abiertamente y en público, y la cuestión fue entonces definir que era “abiertamente y en público”. Algunos miembros querían definirlo de manera tan amplia que para fumar tendrías que esconderte. Se discutió, por ejemplo, si fumar en la ventana o en el balcón de tu casa pero a la vista del público debería prohibirse y algunos dijeron que sí, que estar a la vista de otros era abiertamente y en público. Fue un debate muy acalorado, pero al final prevaleció el sentido común –dijo el abogado Craig Small.
La marihuana no se puede consumir en parques públicos, en la calle o dentro de los dispensarios, pero cada ciudad tiene sus propias regulaciones al respecto. La norma general es fumarla en la privacidad del hogar.
Para julio de 2013 las recomendaciones estaban listas y la MED arrancó formalmente sus operaciones como la oficina reguladora de la marihuana medicinal y recreativa. Faltaban sólo seis meses para la apertura de los dispensarios de venta al público. Una de sus primeras decisiones fue reforzar el sistema de seguimiento detallado de los cultivos de cannabis, lo que implicó la adopción de un programa computarizado llamado Marijuana Enforcement Tracking Report and Compliance (METRC). El sistema requiere que a cada planta (desde el estadio semilla o clon) se le asigne un código de barras, el cual es monitoreado y vigilado por el personal de MED a lo largo de todo el proceso de producción hasta su venta al público, ya sea como hierba o como producto manufacturado.
La MED implementó además un sistema de vigilancia y monitoreo de los dispensarios a través de cámaras de circuito cerrado con el propósito de evitar en lo posible actividades delictivas, como el sacar la marihuana fuera de los confines del estado.
A pesar de los avances, no todo está resuelto en términos de regulación. Algunos problemas apenas empiezan a surgir y tienen potencial de convertirse en un serio dolor de cabeza para la industria. l
