En la tercera semana de marzo la Ciudad de México registró una de sus mayores contingencias ambientales. Las autoridades federales, locales y mexiquenses improvisaron medidas extraordinarias. Sin embargo, desde el año pasado el gobierno capitalino contaba con un estudio científico que alertaba de los altos índices de contaminantes peligrosos y proponía acciones urgentes para atenuarlos. Pero el análisis también evidenció el descuidado manejo de las normas vigentes.
Aprincipios de 2015, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino, Tanya Müller García, recibió un catálogo de propuestas de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Elaborado por expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Centro de Transporte Sustentable, bajo la coordinación de Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa delegacional en Tlalpan y en aquel tiempo investigadora universitaria, el informe alertaba al gobierno de la Ciudad de México sobre el repunte de sustancias muy dañinas para la salud: monóxido de carbono, ozono, partículas suspendidas y dióxido de azufre, entre otros.
El incremento de esos contaminantes en la atmósfera, según el estudio, era resultado del virtual abandono de las políticas ambientales por los gobiernos federal, capitalino y particularmente del Estado de México.
La propuesta de los expertos pretendía atenuar y en lo posible evitar crisis ambientales como la que se produjo en el Valle de México la tercera semana de este mes, cuya magnitud fue superior a cualquier otra de los últimos 11 años en la zona metropolitana.
Esta crisis obligó a las autoridades capitalinas y mexiquenses a improvisar medidas de contención, como restringir la circulación de automotores con engomados cero y doble cero; reducir las emisiones provenientes de fuentes móviles; actualizar las normas de emisión de contaminantes de vehículos nuevos; generar un esquema de verificación y cumplimiento de las normas de automotores nuevos, así como verificar las características del combustible.
Para enfrentar la emergencia también se decidió promover un programa de “retrofit” (renovación basada en la actualización de componentes o accesorios) en vehículos de dísel; impulsar el uso de nuevas tecnologías de vehículos ligeros a partir de incentivos nacionales; disminuir las fugas de gas LP; evitar en lo posible quemas a cielo abierto en zonas agrícolas; controlar las emisiones de partículas provocadas por erosión eólica, y revisar y actualizar los inventarios de emisiones.
Pese a que Müller García estaba enterada del propósito del trabajo del grupo de expertos y hasta puso a su disposición el equipo de sensor remoto de la dependencia a su cargo, inexplicablemente la funcionaria ignoró las recomendaciones surgidas de la investigación, financiada por la fundación ClimateWorks que preside Adrián Fernández, exdirector del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Sheinbaum, en aquel entonces investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, cuenta que durante la planeación del estudio se llevaron a cabo una decena de reuniones y se conformó un comité asociado con especialistas del Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C., el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Geofísica de la UNAM.
En entrevista efectuada el miércoles 23, Sheinbaum recuerda que en 2013 se realizó en la Ciudad de México un seminario internacional en el que especialistas de Estados Unidos y Europa conocieron y aportaron ideas para enriquecer el proyecto desdeñado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
“Todo parecía marchar bien. El informe final se presentó ante el comité asociado a finales de 2014. En enero o febrero de 2015, ya no recuerdo bien, se lo hice llegar a Tanya Müller por correo electrónico y más tarde le mandé el informe final. Sin embargo, nunca me habló para reunirnos y acordar una fecha para la presentación formal del trabajo”, dice.
Secretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e investigadora con licencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Sheinbaum no se explica el desinterés del gobierno de Mancera en la investigación que coordinó durante casi dos años y algunas de cuyas sugerencias se han publicado como artículos sueltos en la revista de la Academia Mexicana de la Ciencia.
–¿Cómo se explica esa actitud, cuando el problema de la contaminación pone en riesgo la vida de millones de personas? –se le plantea.
–No sé si es displicencia, no quisiera calificarlo. Digamos que se trata de falta de atención al tema.
En el curso de la entrevista aceptaría, ya sin matices, que los gobiernos federal, capitalino y del Estado de México “abandonaron las políticas relacionadas con la calidad del aire”.
Índices alarmantes
Antes de la reciente crisis ambiental, el Valle de México sólo había tenido 11 días de aire limpio; sumaba tres precontingencias y una contingencia por ozono.
Los datos no sorprenden a Sheinbaum, pues afirma que hasta entonces las cosas les habían salido bien a Mancera, Eruviel Ávila y al presidente Enrique Peña Nieto.
Pero ahora, advierte, las gráficas del sistema de monitoreo del gobierno de la Ciudad de México ya muestran un alza de contaminantes que desde hace años se habían mantenido estables o a la baja. Además, indican que se han descuidado acciones imprescindibles, como la de actualizar la normatividad ambiental para las fuentes de contaminación móviles y fijas, y reorientar el trabajo que desarrolla a la fecha la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), que hasta ahora ha dejado mucho que desear.
Como ejemplo cita el monóxido de carbono, un gas inodoro altamente peligroso que ingresa al cuerpo mediante la respiración y puede provocar dolor de cabeza, náuseas, desvanecimientos e incluso la muerte, sobre todo en las personas más vulnerables.
Si bien dicho contaminante se mantuvo más o menos por debajo de la norma de 2007 a 2014, en 2010 registró un pico y no descarta que a la fecha se encuentre por encima del nivel máximo permisible.
Lo que más inquieta a Sheinbaum es, sin embargo, el incremento del dióxido de azufre, igualmente perjudicial para la salud y uno de los precursores de la “lluvia ácida”.
En las mediciones que los expertos realizaron para el estudio, hallaron una mayor presencia de ese gas en la atmósfera del Valle de México, a pesar de que en 2012 Petróleos Mexicanos bajó el contenido de azufre en la gasolina y el dísel.
De acuerdo con especialistas, la contaminación del aire por dióxido de azufre causa los siguientes efectos en la salud: opacamiento de la córnea (queratitis), dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso sobre las mucosas húmedas, alteraciones psíquicas, edema pulmonar, paro cardiaco y colapso circulatorio.
Los autores del catálogo de propuestas recogieron versiones de que, ante el encarecimiento de los combustibles, la industria asentada en el Valle de México, particularmente en territorio mexiquense, está utilizando aceites en sus procesos productivos, lo que explicaría el incremento del dióxido de azufre en las gráficas de la red de monitoreo atmosférico del gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, encontraron una tendencia a la alza en otros contaminantes, como óxido de nitrógeno y ozono. En el primer caso se apreció un notable repunte el año pasado y en el segundo se describió como estancado pero con ocasionales picos ascendentes.
Entre 2008 y 2010 se registró un incremento en la concentración máxima de ozono en el Valle de México. En 2012 disminuyó, pero en los últimos dos años ese indicador aumentó. En consecuencia, 2012 tuvo poco más de 250 días limpios, pero en 2014 la cifra bajó a 190 días.
Acciones urgentes
En el paquete de recomendaciones que los expertos universitarios entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente capitalina se evidencia el relajamiento de las medidas gubernamentales contra la contaminación.
Por ejemplo, desde hace al menos una década no se actualizan las normas de emisiones de contaminantes de los vehículos nuevos de gasolina (NOM042) ni los de dísel (NOM044). “Hoy día existen nuevas tecnologías que no están siendo incorporadas en México por falta de actualización de las normas, como las trampas de partículas y convertidores catalíticos de los vehículos a dísel”, se observa en el estudio
Además, explica que la norma sobre emisiones de dióxido de carbono para vehículos ligeros (NOM163) publicada en 2013 “es sumamente laxa y sólo regula los autos modelo 2016. Tampoco existe en México una regulación de emisiones de dióxido de carbono para vehículos pesados ni un laboratorio de pruebas para medir las emisiones de los vehículos nuevos.”
Sobre este último punto, el estudio demostró que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumple con su papel regulador porque las pruebas con sensor remoto realizadas por los expertos “muestran que diversos fabricantes no están cumpliendo con la norma”.
Por si fuera poco, descubrieron que la normatividad que establece los límites máximos de emisiones de los vehículos de gasolina en circulación publicada en 2007 (NOM-041.SEMARNAT-2006) fue modificada para hacerla más laxa. De acuerdo con esta regulación, las emisiones de un auto modelo 1994 deben ser las mismas que las de uno 2015.
Acerca de la calidad de los combustibles, los autores del informe concluyeron que la Came y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberían preocuparse más por vigilar el puntual cumplimiento de la legislación ambiental.
Sugirieron, por ejemplo, que esas instancias locales lleven a cabo pruebas rigurosas por lo menos cada tres meses para verificar el contenido de azufre en los combustibles que utilizan los vehículos automotores y la industria.
“La tendencia de la concentración de dióxido de azufre en la Zona Metropolitana del Valle de México muestra que no hay una reducción significativa de este contaminante, a pesar de que la gasolina y el dísel que se comercializan en la región han reducido significativamente el contenido de azufre. Incluso se presentaron picos de emisión en el Valle de México en los años 2011 y 2013. Es probable entonces que algunas industrias estén utilizando combustibles con alto contenido de azufre y no lo estén reportando.”
Del estudio se desprende también que la atmósfera de la Ciudad de México tiene actualmente una alta concentración de compuestos orgánicos volátiles que provienen de la fuga de gas LP, los cuales representan un serio riesgo para la salud y también para la seguridad de los capitalinos.
Al respecto, los especialistas recomendaron como medidas urgentes la sustitución de microbuses que utilizan gas LP con fechas límite de servicio, inspección de fugas en camiones de servicio, y la detección y control de fugas domiciliarias y comerciales.
De igual forma sugirieron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se coordine con los gobiernos locales para controlar las quemas a cielo abierto en zonas agrícolas, actividad que se considera una de las principales fuentes emisoras de aerosoles primarios y secundarios en la atmósfera, que al entrar a las vías respiratorias provocan asma, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares y muerte prematura.
No obstante, Claudia Sheinbaum no ve cómo la Semarnat y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México puedan diseñar una estrategia ambiental en 15 días, el plazo que les fijó el presidente Peña Nieto tras la reciente crisis.
Dice que si en verdad se preocuparan se habría convocado a expertos en el tema, además de representantes de empresas automotrices y del sector industrial, para elaborar una verdadera política ambiental.
Para ella, no es posible que el gobierno de Mancera haya cambiado al equipo que se encargaba de elaborar el inventario de emisiones y, más grave aún, que esos datos hayan dejado de difundirse. El último inventario se publicó en 2012.
Según la jefa delegacional en Tlalpan, lo peor que pueden hacer Mancera y Ávila es ponerle parches al problema, pues sería jugar con la salud de los más de 20 millones de habitantes del Valle de México, ya que estudios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias demuestran que la alta exposición a los contaminantes de la atmósfera provoca daños irreversibles en las vías respiratorias y un menor crecimiento de los pulmones en los niños. l
