Señor director:
Le solicito incluir la presente denuncia en la sección Palabra de Lector de Proceso.
El 24 de agosto de 2015 fue interpuesta en mi contra una demanda civil en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Amatlán de Cañas, Nayarit (expediente número 162/2015). En dicho juicio civil José Antonio Ríos Guerrero me disputa una fracción de terreno que yo he poseído durante más de 22 años de manera pública, pacífica, continua y en concepto de propietaria.
El juicio civil seguía su curso con el fin de llegar a la etapa procesal, cuando inesperadamente el 30 de diciembre de 2015 empecé a escuchar golpes en la barda perimetral de mi domicilio y poco después vi cómo a esa barda le abrían un boquete con marros, barras y esmeriladoras; esto lo hizo un grupo de aproximadamente seis hombres, sin tener para ello ninguna orden judicial.
Llamé varias veces a la Fiscalía General del Estado de Nayarit y nunca hicieron nada para detener el delito que se estaba cometiendo. La policía municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, acudió al lugar. Y pese a que el grupo criminal destruía mi casa y delinquía en mi domicilio, en flagrancia y en su presencia, los uniformados nada hicieron por detener las acciones, argumentando cínicamente que no podían intervenir porque era competencia del Ministerio Público; que acudiera a esa instancia a poner la denuncia.
El grupo criminal que atacó mi domicilio, familia y persona hizo grandes destrozos, como lo documenté en un video que subí a la página YouTube, titulado: “Criminales destrozan casa de mujer jubilada en Amatlán de Cañas, Nayarit”. Además recibí amenazas. La más grave, cuando los criminales que me atacaron aseguraron que harían uso de armas de fuego.
El 5 de enero de 2016 se presentaron en mi domicilio –calle Morelos 74, colonia Centro, Amatlán de Cañas, Nayarit– José Antonio Ríos Guerrero y una persona de nombre Francisco González Topete, alias El Suri, acompañados por Celia Núñez Vázquez, la síndico municipal del ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit; y por José María Ventura López, director de Seguridad Pública del mismo municipio, para medir la “fracción de terreno”, motivo del juicio civil ya mencionado, y despojarme de su posesión y propiedad.
Cuando le pregunté a la síndico municipal qué acciones pretendía realizar, ella respondió: “Vine a hacer el deslinde de la propiedad”. Mi hijo le reviró: “Tú no eres autoridad judicial”.
Mi hijo y yo nos opusimos al allanamiento de morada en mi propiedad que estaban cometiendo Francisco González Topete, El Suri, y el director de Seguridad Pública. Este último tomó un video con su celular, y amenazó con privar de la libertad a mi hijo por el delito de amenazas, sin ninguna orden judicial de por medio.
Mediante esta carta exijo el cese inmediato de la opresión y represión de la que estoy siendo víctima por parte de las autoridades responsables que menciono en líneas anteriores; además pido que las autoridades competentes encargadas de perseguir los delitos tomen las medidas necesarias para frenar y castigar la brutalidad criminal de la que estamos siendo víctimas mi familia y yo, pues el grupo criminal amenazó con volver a atacarme.
Queda demostrado que la estructura del poder público municipal –representado por los funcionarios que menciono anteriormente–, está al servicio de intereses privados y mezquinos para despojarme y destruir mi patrimonio y posesiones sin orden judicial de por medio; y también para permitir la comisión de delitos contra mi familia y persona, posesiones y propiedad, pretendiendo eliminar mi oposición a que se violenten mis derechos humanos más elementales.
Atentamente
Guadalupe Gloria Becerra Ortiz
