El gobierno mexicano no cumplió con los requerimientos de la Agencia Mundial Antidopaje, y –a cinco meses de los Juegos Olímpicos– se enfrenta a sanciones por no haber modificado la ley y no solucionar conflictos de interés. Más allá de los eventuales castigos, el caso revela la estructura de compadrazgos y opacidad que impera en las instancias deportivas, donde los dobles sueldos convierten a funcionarios clave en juez y parte de la lucha contra el doping.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) declaró a México en “no cumplimiento” por evitar la regularización del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje y del Comité Nacional Antidopaje (CNA), luego de que el pasado viernes 18 se venció el plazo que ese organismo otorgó en noviembre de 2015.
Desde hace seis meses, la WADA advirtió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que la forma en la que opera tanto el laboratorio como el CNA no cumple con lo que marca el Código Mundial Antidopaje 2015, y entregó una larga lista de irregularidades que debían ser subsanadas, entre ellas, reestructurar el marco legal del deporte mexicano.
En entrevista, la directora de la Oficina Regional de la WADA para Latinoamérica, María José Pesce Cutri, confirma que la Ley General de Cultura Física y Deporte no ha sido ajustada, por lo que, automáticamente, se declara el incumplimiento.
“Falta adaptar la ley y el reglamento en cuanto al antidopaje. En todo lo demás, México ha cumplido. Ahora no depende de la Conade, sino del parlamento mexicano”, dice.
–¿Se regularizó la situación o no? –se le pregunta.
–Lo que dependía de ellos lo regularizaron. Del Congreso depende la adopción de la ley y el reglamento. (…) La WADA analizará la situación en los días siguientes.
Pesce no quiso referirse a las eventuales sanciones, pero precisa que esta semana la WADA analizará el caso.
Las dudas
Aunque la responsable de la WADA en América Latina refiere que la Conade hizo su parte, esta aseveración no es exacta: Existe un probable conflicto de intereses entre quienes trabajan para la dependencia y también para el CNA.
Por otro lado, el director de la Conade, Alfredo Castillo, no ha logrado que, mediante un decreto presidencial, se reformen los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Pero, en todo caso, estos cambios sólo atenderían una de las irregularidades: que se faculte al CNA como la única autoridad para “recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva”, además de que será la única instancia facultada –y ya no las federaciones– para enviar al Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje “las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivos y competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país”.
Estos cambios a la ley no atienden el problema más grave del laboratorio y la gestión de resultados: son los mismos empleados de la Conade quienes ocupan las posiciones más importantes en el CNA; es decir, son juez y parte.
Uno de ellos es el actual subdirector general de la dependencia, Pedro Luis Benítez Vélez, quien preside el Comité Nacional Antidopaje. En el Código Mundial Antidopaje, el CNA está reconocido como la Organización Nacional Antidopaje de México (Onad).
La Onad de cada país es la entidad designada como autoridad responsable de la adopción y la puesta en práctica de las normas antidopaje, de la recolección de muestras (de orina o sangre), de la gestión de resultados y de la celebración de las audiencias a escala nacional.
En un documento que la WADA envió a la Conade en septiembre de 2015 la alertó sobre este conflicto de intereses, que debió haber quedado resuelto el 4 de noviembre. Como no fue así, el organismo extendió una prórroga que venció el pasado viernes.
“La estructura de la Onad está formalmente establecida y consiste en representantes provenientes de diferentes ministerios (Educación Pública, Deporte y Salud). Dicho directorio se ha estado reuniendo solamente en forma ad hoc. Se ha observado que el actual presidente de la Onad (Benítez) está actuando también como subdirector general de la Conade, considerado como viceministro de deportes, lo que conduce potencialmente a un conflicto de intereses. Recomendación para mejora: El pleno de la Onad y los diferentes comités deberán ser enteramente independientes” (Proceso 2035).
Benítez no es el único que está en falta. Algo peor ocurre con tres médicos –Juan Manuel Herrera, Fernando Alarcón e Iván Martínez– que reciben una “beca” mensual a través del Fideicomiso del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar-CIMA) por el trabajo que realizan para el CNA.
En la solicitud de información 1113100037715, la Conade entregó la lista de beneficiarios de “apoyos ordinarios a entrenadores por concepto de grupo multidisciplinario”. En la lista de 81 becados se encuentra Juan Manuel Herrera, con 60 mil pesos mensuales, e Iván Martínez y Fernando Alarcón, cada uno con 28 mil pesos. Bajo el rubro “Atiende a”, en lugar de aparecer el nombre de uno o varios atletas, se lee “Comité Nacional Antidopaje”.
Además de este “apoyo” que se cubre con recursos públicos, los tres médicos cobran, también con dinero del erario, un sueldo por honorarios, a pesar de que el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte señala que “el cargo de los miembros de las instancias del Comité Nacional Antidopaje será honorífico y por el desempeño de dicho cargo no cobrarán sueldo o emolumento alguno”.
Además, las Reglas de Operación del fideicomiso Fodepar (mediante el que se distribuyen esos salarios) indican que los recursos del mismo sólo pueden ser utilizados en deportistas de élite y sus entrenadores. El pago a estos tres médicos es ilegal.
En otra solicitud de información (1113100037815), la Conade reveló que el secretario ejecutivo del CNA, Fernando Alarcón Palacios, gana 25 mil 195 pesos. El gerente principal, Juan Manuel Herrera, cobra 45 mil 679 “por dirigir y coordinar al personal”. En tanto que el presidente del Panel de Gestión de Resultados, Iván Martínez Guerrero, cobra al mes 22 mil 972 pesos.
Conflicto de intereses
Los tres médicos que trabajan y cobran con recursos de la Conade y que también brindan atención a algunos deportistas mexicanos de alto rendimiento, son juez y parte.
Dos ejemplos del conflicto de intereses son los casos de la lanzadora de jabalina Betzabet Menéndez y del decatleta Rodrigo Sagaón. En marzo de 2015, Menéndez y Sagaón fallaron un control antidopaje. En la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) les recomendaron enviar al laboratorio de la Universidad de Califonia, Los Ángeles (UCLA) muestras de suplementos alimenticios que consumieron para verificar si estaban contaminados y alegar eso en su defensa.
Seis meses después y en medio de una retahíla de irregularidades, el CNA sancionó por cuatro años a Menéndez, quien no fue notificada oficialmente sobre el resultado del análisis de la muestra B. El caso de Sagaón ni siquiera llegó al CNA, pues supuestamente él entregó una carta de la UCLA que confirmaba que los suplementos que consumió estaban contaminados (Proceso 2036).
Ese documento nadie lo ha visto. Esta reportera verificó que ese laboratorio no realiza ese tipo de análisis. Menéndez alegó que la empresa de paquetería Federal Express ni siquiera le aceptó las muestras que intentó enviar y que, según directivos de la FMAA, Sagaón sí envió. En un mensaje de texto, la atleta preguntó al decatleta cómo le hizo para remitir sus muestras. Le respondió: “Al final ya no tuve que mandar nada”.
Menéndez se quedó sin competir, pues durante meses esperó el resultado del análisis de la muestra B y nunca pudo enviar por mensajería las muestras de sus suplementos. Sagaón, en cambio, compitió en el Campeonato Nacional de Atletismo –que tuvo lugar del 12 al 14 de junio en Morelia– y después participó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
En una nueva solicitud de acceso a la información (1113100001716) se pidió a la Conade información acerca del caso de Sagaón. Se pidió el nombre de la sustancia hallada en su cuerpo, las notificaciones realizadas por parte del CNA y el documento del laboratorio internacional que certificó que los complementos que consumió el atleta estaban contaminados.
También se pidió la versión estenográfica de la sesión del CNA donde se analizó el caso, y se presentó la defensa y los argumentos de los miembros (Alfredo Castillo, Pedro Benítez, Fernando Alarcón, Juan Manuel Herrera, Iván Martínez, así como de los vocales que exoneraron al decatleta). También se requirió la notificación realizada a la WADA y a la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) sobre este caso.
El CNA respondió lo siguiente: “Por el momento no se puede hacer pública dicha información, que está sujeta a una probable revisión por una autoridad antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), a la que México como país reconoce como la autoridad máxima a nivel mundial en materia de dopaje y que tiene la potestad de apelar la decisión del CNA”.
Esto indica que el caso no se ha cerrado. ¿Cómo se explica entonces que Sagaón sigue activo y compitiendo si su expediente está siendo revisado?
También persiste la duda de cómo pudo haber sido exculpado por esta razón –suponiendo que fuera verdad que la UCLA entregó el documento– cuando la WADA establece que los atletas no deben consumir suplementos y complementos alimenticios y, en caso de que lo hagan, será bajo su propio riesgo, porque si están contaminados esto no evitará que sean castigados.
El artículo 7.9 del Código Mundial Antidopaje señala que “cuando se reciba un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica, se imponga de inmediato una suspensión provisional tras llevar a cabo los procesos de revisión y notificación establecidos en el artículo 7.2, 7.3 o 7.5”.
Esto significa que Sagaón debió haber sido suspendido inmediatamente y no participar en ninguna competencia, pues el mismo artículo también indica que “la decisión de la instancia juzgadora de no levantar la suspensión provisional obligatoria por motivo de la alegación del deportista u otra persona relativa a la presencia de un producto contaminado no será recurrible”.
En noviembre pasado Proceso lo contactó vía celular para pedirle una declaración sobre su repentina exoneración. Sagaón titubeó. Pidió que se le llamara después. Se le insistió en la importancia de aclararlo o rechazar la entrevista. “Mejor no quiero hablar de eso, es algo que ya enterré”, zanjó (Proceso 2036).
Los vocales del CNA son José Ramón Ávila Farca, representante de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade; el doctor Salvador Garayzar Abaroa, representante de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas; Eleazar Lara Padilla, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Marco Antonio Márquez Salazar, representante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El artículo 85 del Reglamento de la Ley del Deporte indica que la Conade promoverá la integración del CNA con la siguiente estructura: el Pleno, la Comisión Permanente, el Panel de Autorización de Uso Terapéutico, el Panel de Gestión de Resultados, el Panel de Educación y el Panel Disciplinario.
En las respuestas a las solicitudes de información, la Conade entregó la lista de los integrantes del Pleno –los ocho ya nombrados en este texto– cuando lo que se le pidió fue la estructura completa del CNA. De la existencia de la Comisión Permanente, del Panel de Autorización de Uso Terapéutico, del Panel de Educación y del Panel Disciplinario la Conade no enseñó una sola prueba. l
