La crisis de la migración siria ya es una prueba –que no parece capaz de sortear– para la Unión Europea en torno a la defensa de las garantías individuales. El reciente plan conjunto acordado entre Europa y Turquía se reduce a una sola cosa: la deportación masiva de los solicitantes de refugio, medida que contraviene la Convención de Ginebra y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos.
Bruselas.- El Plan de Acción Conjunto entre la Unión Europea (UE) y Turquía, con el que se intenta resolver la crisis de refugiados más grande en la región desde la Segunda Guerra Mundial, asesta un duro golpe a la credibilidad de la integración europea como un proyecto basado en la protección de los derechos humanos.
El plan –que los jefes de Estado y de gobierno de la UE y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, aprobaron este viernes 18 en Bruselas– establece que Grecia reenviará a Turquía a todos los inmigrantes irregulares que lleguen a sus costas –incluyendo a los sirios–, una vez que hayan sido registrados y sus demandas de asilo inscritas y procesadas individualmente.
A partir de este domingo 20, por cada sirio trasladado a Turquía, la UE se compromete a reubicar a otro –en custodia turca– en los Estados europeos que decidan acogerlo.
A cambio Turquía comenzará a recibir 3 mil millones de euros de la UE, y otra cantidad igual en 2018; los ciudadanos turcos serán exentos de visa en territorio comunitario a partir de junio siempre y cuando el país de acogida llene los requisitos solicitados, y se abrirá al menos un nuevo capítulo de las negociaciones de ingreso a la UE.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), e instituciones como el Consejo de Europa o la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han advertido o sugerido que dicho acuerdo es ilegal porque viola la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, que prohíbe la deportación generalizada de migrantes a países que no garantizan su seguridad.
Los Estados miembros aseguran que el nuevo plan cumple con las leyes internacionales y que su aplicación terminará con el negocio de las redes de tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, pues los migrantes no arriesgarán sus vidas navegando hacia Grecia si saben que serán automáticamente devueltos a Turquía.
Sin embargo hay dudas al respecto. Nils Muiznieks, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa –institución internacional que agrupa a casi todos los Estados europeos y es considerada una de las más antiguas en promover la integración regional–, opina que es “improbable que el acuerdo funcione”.
“Es obvio –escribió en The New York Times– que, tan pronto entre en vigor, los refugiados sirios y sus coyotes encontrarán otras rutas para llegar a Europa, las cuales, aunque sean las más peligrosas, ofrecerán más esperanza que la perspectiva de vivir durante años en campos de refugiados o, peor aún, de estar atrapado en la continua violencia del conflicto sirio.”
Como otros dirigentes de organismos defensores de derechos humanos, Muiznieks apuntó que la crisis migratoria había generado una “respuesta caótica” de los gobiernos europeos y de las instituciones de la UE. Y alertó: “Hay un claro peligro de que la Unión y sus Estados miembros pierdan el camino, y están también en riesgo de retroceder en sus compromisos fundamentales”.
Autoridad moral
Los 28 países asociados a la UE han sido incapaces de actuar coordinadamente para resolver el drama humanitario en que se ha convertido la llegada masiva de migrantes a sus territorios.
Por el contrario, algunos gobiernos discuten o ya aplican medidas unilaterales para frenar o desalentar la entrada de migrantes a sus países –como sellar fronteras, desmantelar centros de acogida, incautar a los refugiados bienes “suntuosos” o restringir las ayudas sociales a los demandantes de asilo–, las cuales han empeorado la trágica situación de quienes huyen de la guerra y el hambre.
Incluso se han extendido los casos de gobiernos que toleran o fomentan por motivos electorales o ideológicos el crecimiento de expresiones de rechazo o racismo contra los refugiados.
Esta ocasión, sin embargo, el plan discutido y aceptado como una posición común por los Estados socios de la UE está siendo fuertemente cuestionado por su dudosa legalidad en un rubro donde ese bloque asume un liderazgo internacional: la defensa de los derechos humanos.
Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de la UE se estructuró en torno a los valores democráticos y el enaltecimiento de las garantías individuales. Los países que se unieron a los seis fundadores debieron pasar evaluaciones en esa materia, y en sus acuerdos comerciales con terceros países la UE impone la aceptación de una cláusula de respeto a los derechos humanos.
El proyecto de integración europea se posicionó en la comunidad internacional como una “autoridad moral”. La forma en que la UE ha enfrentado la crisis migratoria ha puesto en riesgo algunas de las más preciadas conquistas de dicho proyecto, como el derecho a la libertad de circulación, o de políticas de noble tradición que enaltecían su compromiso con las causas más progresistas, como el derecho al asilo.
El problema legal que plantea el plan euro-turco es que las leyes turcas sólo reconocen de manera temporal cierta protección internacional para los refugiados de nacionalidad siria, ya que Turquía es el único país que aplica la Convención de Ginebra con “limitación geográfica”, lo que excluye a los solicitantes de asilo no europeos.
Si las autoridades griegas deportan inmigrantes a Turquía en las condiciones actuales, Grecia estaría contraviniendo la Convención de Ginebra que, además, prohíbe, como también las leyes europeas, la expulsión masiva de migrantes.
El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, opina que el acuerdo europeo con el gobierno de Ankara “implica una devolución generalizada de personas de un país a otro sin explicar detalladamente las garantías en materia de protección a refugiados conforme a las obligaciones internacionales”.
Si bien los Estados miembros prometen que cada solicitante de asilo será tratado de manera individual, quedan otros problemas legales en el aire.
El ACNUR ha precisado a los líderes europeos que una persona sólo puede ser devuelta a un tercer Estado si se cumplen tres condiciones. Primera, “si la responsabilidad para evaluar a profundidad la solicitud de asilo concreta es asumida por el tercer país”.
Segunda, “si el solicitante de asilo va a ser protegido frente al refoulement (devolución de una persona a un lugar donde su libertad, su vida o su integridad física pudiera correr peligro)”.
Y tercera, “si la persona podrá presentar una solicitud de asilo y, si es reconocido como refugiado, podrá tener acceso a la protección internacional de acuerdo con los estándares internacionales, contando con un acceso pleno y efectivo a educación, trabajo, atención sanitaria y, en caso necesario, asistencia social”.
Turquía está lejos de cumplir tales condiciones.
Limitaciones
Una solución legal para los europeos es considerar de facto a Turquía como un “tercer país seguro”, donde existen garantías para los refugiados. Sin embargo, señala HRW, la ley europea estipula que no se puede dar tal estatus a una nación, como Turquía, que aplica “limitaciones geográficas” a la Convención de Ginebra.
En septiembre pasado la Comisión Europea propuso establecer una lista común de “países de origen seguros”, que será usada en el proceso de evaluación de las demandas de asilo de tales países. La lista incluye naciones de los Balcanes y a Turquía. Fueron elegidas bajo dos criterios: el número de fallos reconocidos de violaciones a los derechos humanos en la Corte Europea sobre la materia, y el porcentaje de demandas de asilo exitosas de esos países en la UE (en ambos casos, entre menos, mejor).
Las elevadas cifras turcas no tienen nada que ver con las de los otros candidatos, refiere un estudio de la organización no gubernamental británica Statewatch publicado el mes pasado. En 2014, el año de base, la Corte Europea de Derechos Humanos recibió 2 mil 899 casos de violaciones a los derechos humanos en Turquía y falló contra sus autoridades en 94 ocasiones (3.2%, el más alto de la lista).
Por otro lado, la tasa de solicitudes de asilo turcas concedidas en la UE fue de 23.1% (le sigue Albania con 7.8%). Ese mismo año, expone Statewatch, había casi 64 mil refugiados turcos en todo el mundo, la mayoría en Alemania, y otros 11 mil 200 esperaban trámite.
Es revelador que ningún Estado miembro de la UE incluye a Turquía en su propia lista de “países seguros”. No hay justificación para que ese país, con talante autoritario y represivo, esté en dicha lista, señala HRW, que ha reportado recientes detenciones arbitrarias y deportaciones de refugiados a Siria e Irak.
El plan también tiene problemas de viabilidad.
Según declaró el 28 de enero pasado el líder de los laboristas holandeses, Diederik Samsom, en entrevista con el diario De Volkskrant, el plan europeo ofrecería a los turcos la reubicación en la UE de entre 150 mil y 250 mil refugiados anuales. El plan que se acordó en Bruselas bajó ese número a 72 mil para este año, y son plazas autorizadas el año pasado sin llenar.
En Turquía ya se encuentran refugiados 2 millones 700 mil sirios.
En 2015 llegaron a la UE poco más de 1 millón de inmigrantes, de los cuales 816 mil 752 entraron por mar a Grecia. La mitad de ellos eran sirios, 20% afganos y 7% iraquíes. En comparación, en 2014 cruzaron esa misma ruta 150 mil migrantes clandestinos y muchos menos en años anteriores, según datos del ACNUR. En 2013 los sirios representaban 24% de la migración y apenas 47 mil demandaron asilo en la UE.
Durante los primeros meses de este año han cruzado el Mediterráneo 143 mil migrantes irregulares, y la Organización Internacional de las Migraciones no espera que ese ritmo disminuya; al contrario, advierte que aumentará en el verano con el buen tiempo.
El progresivo cierre de fronteras ha dejado a decenas de miles de inmigrantes atrapados en Grecia, cuyo gobierno no puede ocuparse de ellos.
La UE prometió en septiembre pasado reubicar desde Grecia o Italia a 160 mil refugiados, pero hasta la fecha no ha reacomodado ni a mil.
Según el Plan de Acción Conjunto, Turquía se encargará de gestionar los procedimientos de asilo de los miles de refugiados que llegarán desde Grecia. Sin embargo, HRW apunta que de las 64 mil 109 peticiones de asilo que registraron las autoridades turcas el año pasado, casi todas de ciudadanos afganos e iraquíes, sólo habían llegado a la fase de entrevistas 459 casos, sin que se sepa hasta la fecha si finalmente obtuvieron el estatus de refugiado o no. El resto de los casos sigue pendiente.
Después de conocerse el acuerdo con Turquía, John Dalhuisen, director para Europa de AI, expuso: “El doble discurso de este acuerdo oculta la tenaz determinación de la UE de dar la espalda a una crisis mundial de refugiados, ignorando intencionalmente sus obligaciones internacionales”.
Y agregó: “Las garantías de un respeto escrupuloso de las leyes internacionales son incompatibles con el regreso a Turquía de todos los migrantes irregulares que lleguen a las islas griegas a partir de este domingo. Turquía no es un país seguro para refugiados y migrantes, y cualquier procedimiento de retorno será erróneo, ilegal e inmoral”.
