En el diagnóstico del gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, la culpa de la incesante violencia que padece el estado es de administraciones anteriores y de la ineficaz estrategia federal. Incompetente para atacar ese problema, Astudillo se concentra en magnos proyectos de desarrollo industrial, sobre todo minero y portuario, cuyo principal problema es que se enfocan en zonas controladas por el narco.
CHILPANCINGO, GRO.- Los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla el gobernador Héctor Astudillo Flores están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.
De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.
Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico.
El pasado 25 de febrero, el gobernador Astudillo presentó el PED 2016-2021 en la sede del Congreso local. El documento de 172 cuartillas, elaborado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, se considera el eje estratégico de esta administración e incluye un diagnóstico de la inseguridad y la violencia en la entidad.
El martes 8, la agencia Apro difundió parte del documento donde el gobierno de Astudillo critica la estrategia del gobierno federal contra el narco, que dirige el Ejército en la entidad, al afirmar que sus acciones “han sido hasta ahora desorganizadas y no muy efectivas”.
El gobierno estatal considera en su análisis que la captura de líderes criminales no afecta el corazón de la industria del narcotráfico, es decir, las “complejas empresas de negocios” que obtienen “sus multimillonarios ingresos” por actividades de “lavado de dinero”, producción y tráfico de drogas, así como contrabando, secuestro y extorsión.
Por ello, la administración estatal advierte que mientras no se ataque el poder económico de las organizaciones delictivas, “las estrategias de gobierno probablemente seguirán siendo en gran medida ineficaces”.
En el texto que entregó a los diputados locales para que lo revisaran y dieran su visto bueno, el gobierno de Astudillo se declara “incompetente” para revertir los efectos de la narcoviolencia en Guerrero, pues afirma que “no existe fuerza policiaca local alguna” capaz de competir con la estructura del narco.
El mandatario también reconoce lo que varios representantes de sectores productivos han denunciado públicamente: que la inseguridad provocó la contracción de la economía estatal, pues las grandes empresas generadoras de empleo migraron a entidades “más seguras” y el turismo ha sufrido pérdidas millonarias.
El documento oficial afirma que la inseguridad relacionada con el narco se generó en la entidad hace 10 años por la “corrupción del sistema político”.
Según el PED, desde entonces, en dos sexenios encabezados por los gobernadores postulados por el PRD Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, la entidad “se convirtió” en una de las más inseguras, “despojando así a los guerrerenses de su tranquilidad y causando temor entre la sociedad y amenazando la gobernabilidad”.
A ese clima de inseguridad generado por el crimen organizado, la corrupción política, así como la impunidad, la ineficacia del sistema judicial y las violaciones a los derechos humanos, se suma la conformación de grupos de autodefensa y policías comunitarias que “actúan al margen de la ley y han sido cooptados por el narco”.
También plantea que Guerrero es uno de los estados con más asesinatos de funcionarios y políticos, los cuales “se sospecha fueron cometidos” por otras personas de la esfera política.
De 2005 a 2015, las autoridades estatales han registrado 21 mil 950 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 2 mil 195 ejecuciones al año durante una década.
En este contexto de violencia, autoridades estatales y federales registraron 375 homicidios en Guerrero durante los dos primeros meses de este año y el puerto de Acapulco continúa en el primer lugar en muertes violentas.
En el mismo periodo de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 373 homicidios, lo que refleja que la incidencia delictiva en la administración de Astudillo Flores prácticamente se mantiene igual a la que se registró el año pasado, durante el interinato de Rogelio Ortega.
Crítica precipitada
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, expresó la postura del gobierno de Astudillo plasmada en el PED sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal, al criticar públicamente el despliegue de soldados en la Costera, la principal vía turística de Acapulco.
Durante un encuentro con empresarios porteños, el pasado miércoles 2, el funcionario estatal dijo: “¿A poco creen que ver a marinos y soldados en la Costera es muy bonito? Pues ahí están, aquí no va a pasar nada. ¿Por qué no los subimos arriba? Hay que subirlos a partirnos la madre arriba, no aquí, aquí no pasa nada: 0.5 de incidencia delictiva. Vamos arribita de la Cuauhtémoc, a ver quién se atreve; con 300 pesos nos los bajan”.
Al día siguiente, jueves 3, la comandancia de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, que encabeza el general Alejandro Saavedra, emitió un comunicado donde calificó como “desafortunadas las declaraciones” del fiscal y señala que éste no tiene conocimiento del operativo antinarco que se aplica en Acapulco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó a través de Saavedra los recorridos militares por la Costera. Argumentó que la estrategia de seguridad en Acapulco está dividida en sectores, toma en cuenta los indicadores de incidencia delictiva en las colonias y le da prioridad a Acapulco, porque esta ciudad se considera “la fuente de empleo de muchos guerrerenses”.
Ante la molestia del Ejército, el gobernador difundió el mismo jueves un comunicado para deslindarse de las declaraciones del fiscal y expresó su reconocimiento al gabinete federal de seguridad, formado por las secretarías de Gobernación y Marina, además de la Sedena, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, con las cuales dijo mantener una estrecha coordinación para “combatir a la delincuencia organizada y brindar seguridad en la entidad”.
Esa noche, el fiscal emitió un comunicado y tuvo que agradecer la participación del gobierno federal y el Ejército en la estrategia contra la violencia desplegada en Tierra Caliente, Chilapa y Acapulco.
El plan, en manos del narco
Además del diagnóstico sobre inseguridad y violencia, el PED se enfoca en cinco proyectos estratégicos para el próximo lustro. Destaca la explotación minera en 12 regiones, sobre la base de que en 2013 el estado se ubicó en cuarto lugar de producción de oro, el noveno en plata y el quinto en plomo.
De los 868 títulos de concesión minera otorgados hasta 2014, que abarcan 22.62% del territorio estatal, sólo son explotados cerca de 10% por “la falta de inversión” y “el clima de inseguridad” que prevalece en la entidad, indica el documento.
Otro informe que la FGE elaboró en agosto pasado indica que la banda de Los Ardillos, que dirige la familia del exdiputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, domina los municipios de Quechultenango y Mochitlán, ambos ubicados en la región Centro, es decir, precisamente donde el gobierno de Astudillo pretende impulsar el desarrollo minero.
De igual forma, en la región de Tierra Caliente y la zona Norte operan bandas como La Familia, Guerreros Unidos y Los Caballeros Templarios, que sostienen brutales confrontaciones por el control de las zonas de producción y trasiego de droga. Pero además cobran “cuotas” y extorsionan a ciudadanos y empresas, sobre todo a mineras como Gold Corp, Media Luna y Grupo Peñoles.
En la región Costa Grande predomina el grupo Fuerza Guerrerense, formado por sicarios al servicio de la banda de Los Granados y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirma el reporte de la FGE. También señala al alcalde priista de Petatlán, Leopoldo Soberanis, como “lavador” de activos del narco en esta zona.
Otro de los proyectos estratégicos de Astudillo es la construcción de un puerto llamado Unión en Petacalco, en la región de Costa Grande, donde el río Balsas desemboca en el Pacífico. Ahí se prevé detonar “un nuevo polo de desarrollo” con actividades tecnológicas, industriales, turísticas y comerciales, así como la creación de una nueva ciudad.
Según el plan oficial, de esa manera se pretende aprovechar en los siguientes 10 años la inversión de 115 mil millones de pesos anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto para el programa de Zonas Económicas Especiales.
Existen registros periodísticos de que autoridades locales y estatales anunciaron en 2007 la construcción del “emporio industrial” Puerto Balsas en el municipio de La Unión, a fin de crear “una extensión” del puerto Lázaro Cárdenas en 2 mil hectáreas terrestres con un frente de 10 kilómetros de agua.
Incluso el entonces presidente Felipe Calderón anunció en agosto de 2011 que el gobierno federal, el estatal y empresarios invertirían 450 millones de dólares para iniciar la construcción de Puerto Balsas, aunque no aclararon el método de cesión de terrenos.
El proyecto calderonista retomado por Astudillo plantea que mercancías extranjeras ingresen al Puerto Balsas, ahora denominado Unión, sin pagar impuestos. También pretende aprovechar la infraestructura del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, que tiene conexión con el centro-este de Estados Unidos y con el desplazamiento de cargas provenientes de Asia.
El proyecto contempla igualmente impulsar la industria maderera con los recursos forestales de Guerrero y Michoacán, tomando en cuenta que en Estados Unidos se encuentra el principal mercado de consumo de madera proveniente de Asia; así como una zona de agroindustrias, ya que Japón concentra 86% de las exportaciones marítimas del país.
Sin embargo, el municipio de La Unión ha sido escenario de la guerra del CJNG contra Los Caballeros Templarios por el control del tráfico de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas, que provienen de Asia y se embarcan en Lázaro Cárdenas.
Esta batalla ha exhibido los nexos con el narcotráfico de los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, ambos exalcaldes de La Unión y quienes mantienen el control político de la zona.
En uno de sus videos difundidos en la prensa, Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios, acusó a Carlos Reyes de colaborar con la banda de Los Viagras, una extensión del CJNG que opera en Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero y Michoacán.
Actualmente los hermanos Reyes Torres son diputados locales por el PRD. Fue Carlos, quien preside la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, el que recibió el documento que contiene los proyectos estratégicos de Astudillo. l
