El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, empeñó los recursos del estado para promover su imagen mediante obra pública. Con la mira puesta en 2018, jugó con la ley y endeudó a la entidad a niveles colosales. El dinero que consiguió será pagado durante generaciones. Y más: maniobró para que esos débitos no fueran registrados como tales, sino que, en un acto de malabarismo jurídico, los catalogó como “gasto corriente” y los bloqueó del escrutinio público. Por si fuera poco, la infraestructura que ha edificado registra sobreprecios escalofriantes que nadie explica y no resuelven necesidades reales; está pensada para el relumbrón.
PUEBLA, PUE.- Como si fuera una firma, el gobernador Rafael Moreno Valle ha coronado numerosos puentes construidos en su administración con enormes tirantes de acero que –de acuerdo con especialistas– no tienen otra utilidad que formar las letras M y V, iniciales de sus apellidos.
Raúl Carpinteyro Vera, presidente de la Academia Prospectiva de Ingenieros, A. C., dice que esas estructuras, además de ser una “negación al raciocinio”, reflejan la arbitrariedad e ilegalidad que ha privado durante la administración morenovallista en materia de obra pública.
“Son tirantes de acero con alto contenido de carbono que resultan carísimos, pero que realmente no sostienen nada”, explica. “Lo que estamos pagando con eso es la política del autoelogio y la autopromoción”.
Para Carpinteyro, constructor de puentes, este tipo de “absurdos técnicos” que abundan en las obras estatales explican sólo en parte el elevado costo que han tenido viaductos como el Zaragoza, que según un estudio resultó 300% más caro que obras similares en la Ciudad de México.
La otra razón, advierte, es la sistemática violación a las leyes de Planeación, Presupuesto y Obra Pública que han caracterizado desde su arranque a la administración panista y que, asegura, configuran ya prácticas delictivas que deben castigarse.
Julián Peña, diputado local por Movimiento Ciudadano, señala que el asunto de fondo es que en los cinco años de este gobierno, la obra pública, más que responder a las necesidades de la población, ha sido una plataforma para el proyecto presidencial de Moreno Valle.
“Todo ha tenido un fin político, obras donde más se vean y no donde más se necesitan”, abunda. “Se ha privilegiado lo que pueda dar imagen al gobernador y no lo que Puebla requiere para abatir sus rezagos, sobre todo en pobreza”.
Lo mismo señala Juan Carlos Natale, diputado por el Partido Verde, quien refiere que la mayoría de los proyectos concretados por el gobierno panista no estaban previstos en el Plan Estatal de Desarrollo.
Aparte de que, agrega, han resultado ser edificaciones caras, opacas y de mala calidad, que en poco tiempo empezaron a deteriorarse o que resultan ineficientes por la falta de planeación.
Así ocurre con la pavimentación con concreto hidráulico, que cuando llovió generó inundaciones; con el servicio de metrobús, que arrancó sin contar con unidades suficientes, y con los hospitales que se han inaugurado pero no tienen personal, equipo o insumos suficientes.
Paralelamente, a poco más de tres años de su reapertura, al Fuerte de Loreto ya se le cayó la pintura, y los estacionamientos en el cerro de los Fuertes no han entrado en operación.
Algo similar ocurre con la polémica megarrueda de la fortuna, que Moreno Valle insiste en calificar como el segundo atractivo turístico más visitado, pero que la mayor parte del tiempo está vacía. Y lo mismo con el museo Barroco, que por no contar con un acervo propio “saqueó” piezas de museos del Centro Histórico.
Otra más: la remodelación del estadio Cuauhtémoc, que muchos poblanos consideraron innecesaria: ampliaron su aforo a 50 mil localidades pero redujeron los espacios para estacionamiento, y a pocos días de que concluyera la remodelación, se le empezaron a caer piezas de la fachada.
Otro hecho que refleja la falta de planeación es la inoperancia de los puentes viales: el de la 31 Poniente provocó cuellos de botella, el Capitán Carlos Camacho está limitado por semáforos antes de subir y justo al bajar, y el de Cholula será cortado por el paso del tren turístico.
Endeudamiento, común denominador
A esto se suma el endeudamiento que ha generado la contratación de obra a través de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Los nueve que públicamente se conocen comprometen al erario poblano por 23 mil millones de pesos, que deberán pagarse en los próximos 30 años.
Son el Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios, las plataformas para la planta Audi, el parque del Paseo Teleférico, el edificio de la Procuraduría de Justicia, la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el alumbrado en 17 municipios y el segundo piso de la autopista México-Puebla.
En 2015, según el secretario de Finanzas, Guillermo Bernal Miranda, el gobierno de Puebla pagó mil 175 millones de pesos para cumplir los compromisos generados por estos PPS.
Eudoxio Morales, economista y académico de la Universidad Autónoma de Puebla, estima que la cantidad a pagar a lo largo de los años podría llegar a los 57 mil millones de pesos, por los intereses.
Estos créditos implican la creación de fideicomisos.
Tras ganar un amparo, el abogado Rodrigo Díez Galgari, autor del libro El régimen de deuda pública local a la luz de las decisiones del Poder Judicial de la Federación, obtuvo una copia del contrato de un fideicomiso.
Así se supo que el mandatario comprometió la entrega de todos los ingresos que obtenga Puebla por el cobro del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en los próximos 50 años a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe y en la cual trabajó el actual titular de esa dependencia, Luis Videgaray.
El gobierno poblano argumenta que este esquema tiene por objeto garantizar el pago de los PPS, pero los especialistas señalan que de esta forma ese dinero sale del escrutinio público y se vuelve privado.
Según Morales, son alrededor de 10 mil millones de pesos procedentes del ISN los que fueron a parar a ese fondo desde su creación. El secretario de Finanzas reconoció que sólo en 2015 el gobierno canalizó a Evercore 2 mil 398 millones de pesos.
El director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas Sánchez, tramitó un amparo contra la constitución de ese fideicomiso privado y se espera que otros más se sumen a su demanda.
“Honestamente no estoy dispuesto a que mis impuestos se vayan a sabe Dios dónde. Ni que seamos ignorantes de cómo se gastan, quiénes son contratados o beneficiados. Tampoco estoy de acuerdo en que el gobierno esté endeudando al estado sin siquiera tener la deferencia de someterlo al Congreso estatal”, escribió Cárdenas en un artículo publicado en El Universal.
Leyes a modo
En los primeros dos años de su administración, Moreno Valle promovió reformas legislativas que le permitieron este control de los ingresos estatales y la contratación de PPS sin pasar por el Congreso local y sin que fueran contabilizados como deuda.
Primero, propuso modificar la Ley de Deuda y la de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado, con el fin de que los contratos de ese tipo se registren como gasto corriente y no como deuda.
En 2012, Moreno Valle promovió una reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado que le permitió celebrar y modificar contratos multianuales para PPS sólo con notificarlo a la Secretaría de Finanzas poblana.
En julio de ese año, los diputados, incluidos los del PRI, aprobaron modificar la Ley de los PPS para permitirle al ejecutivo disponer de los ingresos por ISN, hasta durante 30 años, para garantizar los pagos.
En septiembre, Moreno Valle propuso no sólo comprometer el ISN, sino todas las contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, productos y otros, a fin de crear fideicomisos con plazo ilimitado.
Además, se estableció que esos fideicomisos no formarán parte de la administración pública paraestatal y que los ingresos que se afecten se considerarán “desincorporados temporalmente del patrimonio del Estado”.
Sobreprecios y sobrecostos
Otras constantes de la obra pública realizada durante este sexenio han sido la opacidad, la falta de planeación, la alteración de precios y los sobrecostos, amén de la contratación de empresas foráneas que dejaron fuera a los constructores locales.
Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de Obras y Servicios Públicos de Puebla, indica que es una práctica común que el gobierno estatal arranque las obras sin contar con planos, proyecto ejecutivo, estudios, licencias y permisos.
“Hasta donde sabemos –dice–, los proyectos se van haciendo con el transcurso de la obra y eso ha traído muchos problemas de calidad, de ejecución y de presupuesto.”
El consejo que preside solicitó al ayuntamiento de Puebla las licencias de obra pública que se otorgaron de 2011 a 2014, pero la autoridad municipal se las negó. Aparte, desde su arranque, el gobierno poblano declaró “reservada” toda información relacionada con obra pública.
Apenas la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que Puebla arrancó la construcción del MIB sin contar con la licencia de construcción.
El contrato concerniente a esta obra es por 7 mil 280 millones de pesos, que se pagarán en 280 mensualidades. Fue otorgado a un consorcio formado por la Peninsular, de la familia Hank Rohn, y una filial de Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, constructor de la Casa Blanca.
Tejeda Ortega indica que en un estudio realizado por el consejo que preside se encontró además que todas las obras registran sobrevaluaciones.
En el caso de los puentes, se descubrió que mientras que tres del viaducto Zaragoza requirieron una inversión promedio de 40 mil pesos por metro cuadrado, estructuras similares realizadas en Punta Santa Fe, en la Ciudad de México, apenas costaron 10 mil pesos por un área equivalente.
Otro estudio realizado por la Academia Prospectiva de Ingenieros sobre la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla determinó que esa obra debería costar 4 mil 500 millones de pesos y no los 10 mil millones que se acordó pagar a las empresas OHL y Pinfra.
Al realizarse por el esquema PPS, refiere Carpinteyro, se pactó que, al concluir la construcción, se pagará a los contratistas 5 mil millones de pesos, que en realidad es una cantidad suficiente para cubrir su costo. Los otros 5 mil millones ya sería ganancia que se reparte, especula.
Otra situación común son los sobrecostos. De 11 obras que se ejecutaron entre 2014 y 2015, la diferencia entre el precio al que se licitaron y el que se da por invertido al momento de su inauguración alcanza los mil 468 millones de pesos.
El diputado Julián Peña advierte que esta variación levanta sospechas: “Seguramente hay fuga de recursos que posiblemente irán a parar a la campaña del candidato a gobernador (Antonio Gali Fayad) o para financiar las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle”.
Se anunció que el viaducto Cholula saldría en 198 millones y acabó costando 220 millones; el viaducto D9 pasó de 102 a 469 millones; el Parque Ecológico, de 85.7 millones, terminó en 163; el Nodo Juárez Serdán subió de 311.5 a 395 millones; el parque Paseo del Teleférico se tasó en 54 millones y quedó en 68 millones; el Hospital del Niño Poblano inició en 408 millones y costó 425, y el puente de la 31 Poniente pasó de 189 a 225 millones.
De las obras ejecutadas en 2015, el estadio Cuauhtémoc se licitó en 566 millones de pesos y acabó con un desembolso de 668; el Teleférico, que a pesar de que redujo su longitud de dos kilómetros a sólo 600 metros, aumentó de 166 a 359 millones; el MIB, que se anunció en mil 390 millones y en su inauguración se publicitó en mil 742, y el hospital de Traumatología y Ortopedia, que pasó de 525 a 720 millones de pesos.
El presidente municipal de Santa Rita Tlahuapan, Joel Díaz Ramírez, dio luz sobre este tipo de operaciones. Alegando que se obligaba a los alcaldes a inflar los precios, se negó a participar en el programa “Peso a Peso”, que propone la administración morenovallista.
Ejemplificó que la construcción de tres aulas, en convenio con el gobierno estatal, le costó a ese municipio 1 millón 650 mil pesos, pero cuando lo hizo por su cuenta, requirió 930 mil para edificar una obra similar, “pero más grande”.
Aparte, la administración morenovallista adjudicó sin licitar obras como el puente Carlos Camacho, que costó 312 millones de pesos; el Distribuidor Cholula, 220 millones; Oficinas del CIS por 299 millones; un puente del viaducto Zaragoza de 80 millones y la remodelación de Casa Puebla por 66 millones.
Tampoco se explicó la participación de la empresa Danstek para construir la estructura del MIB, sin que se aclare el costo y la forma en la que se le otorgó el contrato. O de empresas fantasma, como Corporativa de Pavimentos AC-20, a la que se le adjudicaron obras por más de 400 millones de pesos.
También ha sido frecuente la contratación de empresas de Hidalgo, de donde es originario el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Es el caso de los consorcios Acapro de Hidalgo, Grupo Concretero Eura, CEMS Constructora, que se encargaron del estadio Cuauhtémoc, el Nodo Vial Juárez Serdán, el parque Ecológico, el Teleférico y el parque del Teleférico. l
