La semana pasada fue una de las más complicadas para el gobernador Javier Duarte. El propio presidente de su partido, el PRI, Manlio Fabio Beltrones, le pidió explicar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, mientras algunos legisladores demandaron su renuncia para que se le someta a juicio político por el daño patrimonial que causó a las arcas veracruzanas. Duarte incluso viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong…
XALAPA, VER.– Faltan cuatro meses para los comicios estatales y las cosas se le complican al gobernador Javier Duarte. A las críticas por su falta de estrategia para controlar la violencia, se suma la cargada de algunos de sus correligionarios, incluido el propio presidente nacional de PRI, Manlio Fabio Beltrones, quienes le piden explicar los turbios manejos financieros.
El candidato priista Héctor Yunes Landa también marcó su distancia del impopular mandatario que hace malabares para enfrentar a los medios, cada vez más incisivos en sus críticas. En un Twitter, Yunes Landa escribió que Veracruz se encuentra enfermo a causa de “dos tumores”: el del gobierno de Duarte y el de Miguel Ángel Yunes Linares, su primo-hermano, quien también busca la gubernatura arropado por la alianza PAN-PRD.
Febrero resultó muy complicado para Duarte. La semana pasada incluso viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El encuentro fue privado y se dio luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2014 de Veracruz por 14 mil 47 millones 100 mil pesos.
Si a esa suma se añaden los pendientes de años anteriores, así como la simulación de reintegros, las malversaciones ascienden a 35 mil 421 millones 700 mil pesos en el periodo fiscal 2011-2014.
La malversación de recursos afecta los rubros más sensibles, como el combate a la pobreza, seguridad pública, sistemas de salud e incluso los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), realizados en noviembre de 2014, los cuales fueron calificados por Duarte como “los mejores de la historia”.
En los pliegos de observaciones de la ASF 14-A-30000-02-0699-06-00, A-30000-02-1572-06-001 y A-30000-02-1572-06-002 –consultados por el reportero–, los daños ascienden a 701 millones 590 mil pesos más los intereses hasta su reintegro en la cuenta del fondo, pues no aplicó el recurso al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
La ASF detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 215 millones 954 mil 646 pesos por “falta de transferencia de los recursos” de Prospera Programa de Inclusión Social (componente de salud).
Es decir, los funcionarios de la estatal Secretaría de Desarrollo, en contubernio con sus homólogos federales –Jorge Carvallo y Alberto Silva, quienes hoy son diputados en San Lázaro– desaparecieron casi 918 millones que debieron canalizarse al combate a la pobreza.
En el rubro de seguridad pública, la dependencia que dirige Arturo Bermúdez Zurita, el desvió detectado por la ASF fue de 98 millones, 160 mil 600 pesos del subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.
El pliego de observaciones 14-A-30000-14-0928-06-001 desglosa que la estatal Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no pagó más de 40 millones de pesos a proveedores ni supo “explicar” el destino de 57 millones de pesos. El hecho es significativo, si se considera que uno de los puntos débiles de la administración duartista es el combate a la violencia.
En el caso de los proveedores, los distribuidores de automóviles de Veracruz publicaron varios desplegados en periódicos locales en los que se quejaban porque el gobierno compró decenas de camionetas para seguridad que aún no liquida.
La ASF detectó otro manejo raro de recursos. En el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 2014, el gobierno de Duarte abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos en la cual se recibieron 29 millones 744 mil 900 pesos.
De esa cantidad la entidad transfirió 28 millones 900 mil pesos “de manera anormal” a una cuenta bancaria a nombre del gobierno del estado en dos ocasiones; el 15 de mayo y el 24 de octubre de 2014. Sin embargo, no especificó el número de esa cuenta.
La ASF expone que posteriormente, el 16 de abril de 2015, se transfirieron 7 millones 918 mil 400 pesos, de los 28 millones 900 mil pesos, a una cuenta bancaria del Poder Judicial del estado, “cuenta que sí fue específica”.
Con respecto a la auditoría de los Juegos Centroamericanos, la Cuenta Pública Superior 2014 detectó que aun cuando el gobierno de Duarte “suspendió ” las obras de modernización del World Trade Center de Boca del Río, pagó tres facturas por 20 millones de pesos –observación 14-B-30000-04-1021-08-005– correspondiente al Programa S205 Deporte.
Guerra de rumores
Desde la semana antepasada cobró fuerza el rumor de que Duarte no terminará su gestión; algunos medios mencionaron que el mandatario pediría licencia.
Miguel Ángel Yunes Linares tuiteó el martes 23: “Estoy en DF, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes, el candidato tapadera”.
A su vez, la Mesa Directiva del Senado ingresó la solicitud de juicio político contra Duarte por presunta malversación de fondos federales.
A sus 41 años, Duarte se ha convertido en uno de los mandatarios más cuestionados en la historia de Veracruz. Durante tres lustros creció a la sombra de Fidel Herrera.
Con él aprendió el manejo de los medios de comunicación, luego fue su secretario particular y operador político, secretario de Finanzas en el PRI y terminó como secretario de Finanzas y Planeación; luego Herrera lo impuso como su sucesor.
Al final, Duarte se enemistó con Herrera y con gran parte de los priistas. Hoy se encuentra prácticamente aislado y no ha sabido resolver los homicidios de 17 reporteros que ejercían en la entidad, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz; tampoco controla al crimen organizado. Para colmo, dejará una deuda pública de 49 mil millones de pesos, lo que enardece a los veracruzanos.
Ya pasaron 46 meses del asesinato de Regina y su asesinato continúa impune. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública aún no capturan a José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, uno de los presuntos implicados.
Los primeros meses de su gestión, Duarte no daba importancia a la violencia desataca por las organizaciones criminales ni a los señalamientos de corrupción de los cuerpos policiacos estatales y municipales.
El 20 de septiembre de 2011, cuando llevaba 10 meses como gobernador, un comando arrojó en la Plaza del Volador, frente a la Plaza Américas en Boca del Río, 35 cadáveres atados de pies y manos y con las cabezas envueltas en bolsas negras, la víspera de que se iniciara la reunión nacional de procuradores de justicia en ese municipio.
Dos días después aparecieron otros 14 cuerpos en el puerto de Veracruz y el municipio boqueño. La violencia escaló. Durante meses Duarte no dijo nada. Pero el 7 de julio de 2014 se sinceró ante un grupo de empresarios durante un convivio: “Me tocó gobernar en una de las situaciones más complejas y difíciles. Me ha tocado bailar con la más fea”.
Los comensales se sorprendieron. Duarte continuó: “Como dicen en mi tierra, permítanme sincerarme. No estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía, con grandes desastres naturales por huracanes, el flagelo de la inseguridad como en el resto del país, pero había trabas burocráticas que privilegiaban más la corrupción que la apertura de negocios”.
En esa misma reunión, el mandatario trató de explicar a los empresarios su política de austeridad: “Tomamos medidas impopulares, pero responsables. Yo decía que la luna de miel con un gobernante se debe de disfrutar. En mi caso me pasó lo mismo que en mi luna de miel verdadera… Me duró muy poquito”.
Los “temores”
El descrédito de Duarte y sus colaboradores estalló la mañana del 17 de abril de 2013. Ese día se exhibieron varios videos sobre los “ladrones de elecciones” y los “mapaches electorales”, entre ellos Salvador Manzur, quienes fueron denunciados por lucrar con los programas sociales. El escándalo fue mayúsculo y cobró dimensiones nacionales.
Duarte se blindó para evitar filtraciones. Un exsecretario de despacho cuenta al reportero que desde 2013 los funcionarios que acuden a los encuentros privados en Casa Veracruz deben dejar sus celulares, Ipads, cámaras, plumas, gafas y dispositivos móviles. Ahí, dice, se toman las decisiones del estado, no en el Palacio de Gobierno, donde sólo se resuelven cuestiones protocolarias.
Cuando Duarte recibe a los columnistas, dueños de medios y jefes de información de televisoras y medios impresos en su residencia, el esquema se repite. Y en los actos públicos o cuando llega al Palacio de Gobierno, el despliegue logístico es ostentoso.
Los vecinos de la calle Guillermo Prieto, a un costado de Casa Verzcruz, aseguran que la seguridad fue redoblada luego de la protesta del 10 de agosto de 2015, cuando más de mil activistas, estudiantes y reporteros veracruzanos gritaron consignas a los gobiernos de Duarte, de la Ciudad de México y el federal, por el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa y la integrante del movimiento #YoSoy132, Nadia Vera.
En la calle Guillermo Prieto la SSP decidió instalar –a mitad del sexenio– un módulo de seguridad pública, donde elementos de la corporación y un sofisticado sistema de cámaras de video vigilan la residencia del mandatario las 24 horas.
Es normal ver a policías estatales sobre las avenidas aledañas o en la parte baja del viaducto de la capital del Estado, así como motociclistas de la SSP cuando encabezan la caravana de vehículos en los que viajan Duarte y su séquito.
Cuando el gobernador entra a su casa, el primer cinturón de seguridad desciende abruptamente de las camionetas en movimiento, espejeando el entorno y con una mano en la cintura, acariciando su arma, alertas ante un eventual ataque.
Además de Duarte, solamente dos funcionarios veracruzanos: el titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, tienen ese aparatoso y caro operativo de seguridad, que incluye un convoy de efectivos de la Marina y patrullas de la Fuerza Civil.
