La maquinaria del gobierno de Enrique Peña Nieto fue puesta en movimiento para que Humberto Moreira saliera de prisión en España. Las principales palancas fueron la SRE y la PGR, que trataron de obtener información sobre el proceso ante las autoridades españolas. A la irregularidad de tales diligencias se sumó el hecho de que la familia de Moreira fue tratada extraordinariamente por la embajada. Y finalmente ha causado escozor el cambio de criterio del juez al poner en libertad al acusado tras haber sido consultado por la parte oficial mexicana. Actualmente, hay un recurso que puede conducir a que Moreira vuelva a ser puesto tras las rejas.
MADRID.- La detención de Humberto Moreira, el 15 de enero en Madrid, tomó a la embajadora Roberta Lajous Vargas fuera de base. Se enteró del escándalo en México, adonde había viajado en diciembre, a pesar de que España vivía un convulso proceso político derivado de las elecciones generales celebradas ese mes, y aun cuando este país mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista, temas que demandan atención diplomática.
Algo similar les ocurrió a los funcionarios de la embajada, quienes supieron del arresto por la prensa española. Tal fue el caso de la agregada legal de la Procuraduría General de la República (PGR), Érica Cervantes; del representante del Centro de Información y Seguridad Nacional, Juan Manuel Sánchez; del representante de la Policía Federal, José Palma, y del cónsul Bernardo Córdova.
Entonces empezaron a recibir llamadas de México, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR, reclamando la falta de información oficial.
Enseguida, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha toda la maquinaria de su legación diplomática para favorecer al exgobernador de Coahuila. A la par del apoyo gubernamental, la defensa de Moreira –que encabeza el jurista español Manuel Ollé– contó con el respaldo jurídico de un amigo del acusado, Ulrich Richter.
En noviembre pasado, sólo dos meses antes del encarcelamiento, Moreira y su esposa Vanesa Guerrero habían participado en México en el festejo de 15 años de una hija de Richter. A dicha celebración se sumó el actual presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, según publicó la revista Quién.
Justificación diplomática
El pasado miércoles 24 la SRE emitió un comunicado que niega la realización de gestiones para ayudar en la liberación de Moreira.
Sostiene que se recurrió a los mecanismos de colaboración establecidos entre ambas naciones. “La actuación de la Sección Consular de la Embajada de México en España, a raíz de la detención del señor Humberto Moreira, estuvo apegada a derecho en todo momento”, apunta.
Esta postura oficial era la respuesta al reportaje publicado el lunes 22 por el diario El País (“Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”), donde el periódico documenta cómo el gobierno de Peña volcó a su embajada para auxiliar al expresidente del PRI y conseguir su liberación.
El tema provocó que, mediante un punto de acuerdo, los senadores del PAN Mariana Gómez del Campo y Luis Fernando Salazar exhortaran al presidente Peña Nieto a destituir a Roberta Lajous como embajadora, por emplear indebidamente sus funciones y utilizar de manera irregular recursos de la legación.
Una fuente diplomática conocedora del caso consultada por Proceso manifestó que el comunicado de la SRE fue una justificación, ya que tanto la embajada como la PGR “transgredieron la doctrina diplomática”, pues además de brindar la asistencia consular que por ley correspondía a Moreira, como a todo mexicano en el extranjero, hablaron con las autoridades españolas para enterarse de la suerte del influyente preso, en “una investigación decretada como secreta y en la que México no es parte ni país participante. Quiero decir que el involucramiento fue para conocer los pormenores de la acusación”, puntualiza la fuente, que pidió el anonimato.
En su comunicado, la SRE tampoco aclara por qué se destinó un vehículo oficial para transportar a Vanesa Guerrero, esposa de Moreira, y sus dos hijas. Se trata de la camioneta Viano Mercedes plateada, con placa diplomática CD42003, destinada a Érica Cervantes, quien ordenó dicha asistencia.
El vehículo oficial que transportaba a la familia del reo era conducido por el agregado adjunto de la PGR, Abraham Pérez Daza, quien posteriormente fue sancionado por la embajadora Lajous. Se le retiró su documentación diplomática, la cual le fue devuelta después para que viajara a México, a donde fue citado de urgencia para el jueves 25.
En el mismo auto fue recogido en el aeropuerto madrileño de Barajas el abogado Richter. El personal de la embajada también respaldó a la familia de Moreira para conseguir un abogado español, aseguró El País.
Este semanario publicó en enero pasado (Proceso 2047) que, sin éxito, la embajada buscó para Moreira la representación legal de Baltasar Garzón, quien desde 2012 ejerce la abogacía tras ser inhabilitado como juez de la Audiencia Nacional por 11 años, acusado de prevaricación por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión a los inculpados en una trama de corrupción política (caso Gürtel) y sus abogados.
Garzón y Moreira ya se conocían. En agosto de 2011, el aún juez participó en una reunión privada en la sede nacional del PRI, con el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Moreira, para aportar sus opiniones en materia de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado, las cuales fueron incorporadas a la plataforma política del que después sería el candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Antes de ese encuentro, la prensa mexicana difundió una fotografía en la que aparecen Humberto Moreira y su hermano Rubén, en ese momento gobernador electo de Coahuila, con Garzón. El magistrado estaba en México con el fin de participar en el foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, organizado por la Cámara de Diputados.
La familia y personal de la representación diplomática también trataron, sin conseguirlo, de atraer los servicios de Adolfo Sánchez Iliana, hijo del expresidente Adolfo Suárez.
Finalmente, la defensa recayó en el abogado Manuel Ollé, un jurista reconocido aquí por su participación en las acusaciones populares dentro de los procesos más sonados que le correspondió juzgar a Garzón, como los del dictador Augusto Pinochet y los represores de la dictadura argentina: casos Scilingo y Cavallo. Ahora coincide en la causa judicial correspondiente al priista con el juez Santiago Pedraz, dentro de las diligencias previas número 25/2014.
Ollé formó parte de la acusación popular en el juicio por el genocidio en Guatemala durante los gobiernos dictatoriales de Efraín Ríos Mont y de Óscar Humberto Mejía. Pero fue Pedraz el juez instructor de esta causa abierta en 1999 en la Audiencia Nacional por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien se querelló contra varios dirigentes de su país por genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Arely Gómez, gestiones
Antes de que la Cancillería reaccionara como se ha referido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó desde Ciudad Juárez el martes 23 que el gobierno mexicano hubiera hecho gestión alguna para la excarcelación de Moreira.
Pero ni la SRE ni Osorio Chong aclararon que los mecanismos citados por la Cancillería no incluyen la intervención directa de la PGR, lo cual fue hecho por Arely Gómez al hablar telefónicamente con la fiscal general de España, Consuelo Madrigal, para conocer los delitos atribuidos a Moreira y la postura de los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa, a cargo de las pesquisas.
El resultado de esa llamada, que tuvo lugar el 21 de enero, un día antes de que el juez Santiago Pedraz acordara la puesta en libertad de Moreira, fue que la fiscal Madrigal, según El País, “le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no se le podía dar ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”.
Una fuente de la investigación confirmó a este semanario que desde la Agregaduría Legal de la PGR también trataron de comunicarse por teléfono con los fiscales Grinda y Rosa, pero sin éxito, porque éstos no respondieron.
Cuando menos hubo tres llamadas y escritos de las autoridades mexicanas al Juzgado 1 de Instrucción de la Audiencia Nacional: el mismo 15 de enero, tras conocerse la detención de Moreira; luego del auto del juez Pedraz del día 22, cuando decretó la libertad preventiva de Moreira a condición de que entregara su pasaporte y no saliera de España, y el pasado martes 9, cuando el juzgador decretó el sobreseimiento provisional de la causa.
La embajada justifica como “normal” el envío de las notas diplomáticas al juez Pedraz pidiendo información sobre la suerte del acusado.
Entre las preguntas que formularon en ese documento oficial está cuánto tiempo puede durar el secreto de sumario; el resultado de la audiencia del 22 de enero; si fue decretado que el mexicano continuara en prisión preventiva o en libertad bajo fianza, y la duración aproximada de la fase de instrucción del caso.
El juez Pedraz dictó una providencia donde indicaba que, “de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, procédase a informar a la embajada de México en España, sección consular, sobre los extremos solicitados”.
Sin embargo, José María Irujo, autor del reportaje publicado por El País, expresó que la respuesta fue protocolaria y no se facilitaron mayores detalles de la investigación, que sigue abierta y es secreta.
En otro texto fechado el pasado viernes 5, el periodista expuso que esa nota diplomática generó “sorpresa en medios judiciales españoles”, ya que “no es habitual que ningún país se interese de manera oficial por la suerte y detalles de una persona investigada por presuntos delitos criminales y sobre la que, además, no recae ninguna petición de extradición”. Y su fuente agregaba: “En 20 años de trabajo, sólo recuerdo una petición semejante, y procedía de Rusia”.
Luego de que Moreira fue liberado, los corresponsales mexicanos confirmaron la extrañeza que generó entre fuentes de la investigación la actuación de la embajada.
La fuente diplomática citada explicó que en la nota referida no se contempla la asistencia consular, y sólo se recurre a ella como una reclamación cuando un caso se eleva a protección diplomática, lo que se daría si, al agotarse todos los recursos internos disponibles en el estado territorial, persiste una denegación de justicia, “que no es el caso”, enfatizó.
Aseguró que ese intercambio de información sería procedente en el momento en que las autoridades mexicanas y españoles estuvieran colaborando en una instrucción. Sin embargo, dijo, el caso Moreira es una causa en la que el intercambio de información se produce con el gobierno de Estados Unidos, donde han sido enjuiciados algunos de sus colaboradores en el gobierno de Coahuila, involucrados en el desvío de fondos gubernamentales para luego cometer el delito de blanqueo de capitales.
Consultado por este medio, Manuel Ollé aseveró que desde la embajada se llamó a su despacho para hacer seguimiento de la situación, pero se les remitió a la dirección de la prisión y al juzgado.
Asimismo, en una respuesta vía correo electrónico, expresó: “No consta en este despacho injerencia alguna (diplomática); ni en cuanto a lo que se refiere a la labor profesional se hubiera admitido”.
Hasta ahora Arely Gómez mantiene en su cargo a la agregada Érica Cervantes. No obstante, en la reunión de agregados legales, regionales y titulares de oficinas de enlace, celebrada en Querétaro el 28 de enero, lamentó haberse enterado de la detención de Moreira por los medios de comunicación. Cervantes se limitó a escuchar el reproche.
En su discurso en ese acto, la titular de la PGR planteó que “la comisión de delitos no conoce fronteras, por lo que, hoy más que nunca, la procuración de justicia requiere de mecanismos eficientes de coordinación y colaboración con las autoridades de otros países”, así como de implementar procedimientos de “intercambio de información ágiles” en el combate a delitos del crimen organizado, lo que no sucedió en el caso Moreira.
Pedraz, cambio de criterio
El martes 16, la Fiscalía Anticorrupción española pidió reabrir la causa contra Moreira, al recurrir la resolución dictada por el juez Santiago Pedraz el martes 9, en la que sobreseía provisionalmente su caso por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Este recurso será resuelto próximamente por la Sala Penal de la Audiencia.
Una fuente de la investigación comenta al reportero que el cambio de criterio del juez generó sorpresa en fuentes judiciales, porque durante los casi dos años de las pesquisas ha dado seguimiento a cada una de las diligencias practicadas para documentar los presuntos delitos.
Estimó que es necesario acreditar la existencia y operación real de las empresas en las que es socio Moreira: Unipolares y Espectaculares del Norte, y Negocios, Asesoría y Publicidad, desde donde le hicieron las transferencias bancarias por un monto cercano a los 200 mil euros, durante su estancia en Barcelona. Los fiscales creen que esas firmas son empresas “pantalla”.
Añadió que el juez dio por buenas las pruebas que presentó Moreira, cuando aún era indispensable confirmar, mediante una comisión rogatoria internacional a México, la existencia y operación real de dichas empresas, de las que la prensa mexicana (el periódico Reforma y Grupo Radio Fórmula) no encontró rastro físico en las direcciones acreditadas, tanto en Ramos Arizpe como en Saltillo, Coahuila. Tampoco fueron localizadas en ningún directorio especializado, y no son conocidas en el sector de la publicidad.
Aun cuando Pedraz dio por buena la documentación de la defensa porque la mayoría estaba notariada, indicó, para los investigadores ese no es un elemento firme.
Del mismo modo contradicen al juzgador, quien argumentó que la jurisdicción española no permite la investigación de delitos en otros países, en este caso México y Estados Unidos. Empero, precisó la fuente, lo que se investiga son delitos cometidos en España, por lo que el caso se podría reactivar en cualquier momento, si así lo decide la Sala Penal de la Audiencia Nacional. l
