La adhesión de México al Acuerdo Transpacífico puso en la mira internacional las condiciones en las cuales laboran los obreros del país. Y los reclamos de los sindicatos, especialmente los estadunidenses, no se hicieron esperar. Así, Washington presionó al gobierno mexicano para que acabe con las dos mayores injusticias: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal. Tales presiones obligaron a la administración a proponerle al Congreso una nueva reforma laboral, pero abogados expertos en el tema advierten que cualquier cambio que se realice será “cosmético”, pues los vicios de fondo permanecerán.
Durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente una nueva reforma laboral, como parte de la iniciativa de justicia cotidiana, necesaria para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, firmado el jueves 4 en Nueva Zelanda) para formar la zona de libre comercio más amplia del mundo, con otras 11 naciones.
Tales gestiones del gobierno preocupan a académicos y sindicatos mexicanos y extranjeros, pues su contenido, desconocido para el público, afectará negativamente los derechos laborales.
Entre el grupo encabezado por Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia y encargado de elaborar la iniciativa de justicia cotidiana, circula un documento –copia del cual tiene Proceso– con propuestas y soluciones de justicia laboral, fechado en enero de este año.
Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista, y Graciela Bensusán, profesora-investigadora de la UAM-Xochimilco, coinciden en que la nueva reforma laboral “simula” un cambio de modelo en el sistema de justicia laboral, cuya finalidad sería garantizar la imparcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y eliminar el modelo de contratación de protección.
Estos dos puntos son medulares para el gobierno de Estados Unidos, el cual ha presionado al de México para reformar la ley laboral en ese sentido, coinciden en entrevistas con Proceso.
El apremio estadunidense tocó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Después de la presentación, el pasado 27 de enero, de un informe sobre justicia laboral cotidiana ante miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, adelantó que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Unión dos iniciativas de ley el mes siguiente –es decir, este febrero–, al inicio del periodo ordinario de sesiones.
La intención, reveló sin querer, es crear un órgano de vigilancia dentro de las JCA, para que un trabajador se pueda quejar del mal proceder de algún funcionario laboral. Sobre los contratos de protección, el funcionario les restó importancia porque, dijo, aunque existen a nivel mundial, en México “están prohibidos”.
Navarrete defendió, además, el tripartismo de las JCA –la participación de los sectores patronal, sindical y gubernamental en la conciliación y arbitraje de los juicios laborales– porque “ha demostrado una enorme eficacia en la resolución de conflictos de naturaleza laboral”.
Este modelo tripartito, apunta Alcalde Justiniani, sólo existe en México.
Durante el Segundo Congreso Mundial del Trabajo Seguridad Social y Productividad, del martes 9 al viernes 12 en Chihuahua, el diputado Ariel Juárez, secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, difundió un documento para explicar ante invitados extranjeros cómo percibió la actitud del gobierno actual respecto a las críticas a las propuestas de reforma laboral.
“Al llegar a Chihuahua he percibido algunas inquietudes del gremio de abogados laboralistas con respecto a presiones de autoridades en el ámbito penal para forzar ciertas conciliaciones. El tema es delicado y creo que es importante dar un mensaje muy claro en términos de que criminalizar la defensa laboral constituiría una violación a los derechos humanos fundamentales de los trabajadores mexicanos”, indicó.
En entrevista con Proceso, recuerda que el primer congreso de esta naturaleza se realizó en 2012, durante la última reforma laboral. Criticó que hayan pasado cuatro años para realizar el segundo.
“Es un congreso en el cual nada más está la presentación de los ponentes, sin discusión, sin debate, sin nada que pueda tomar acuerdos en la idea de revisarse qué tanto se avanzó entre un congreso y otro.”
Las propuestas
En el documento sobre propuestas de soluciones a los problemas para impartir justicia laboral, entre otros puntos destaca que se otorgarán facultades a las juntas para desechar incidentes, recursos o promociones encaminados a retrasar los procedimientos.
El documento pide limitar el tiempo máximo en los juicios orales y propone modificar la ley de amparo para replantear los requerimientos y plazos de cumplimiento de los amparos indirectos.
Los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo sólo tendrán validez “si se constata la voluntad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato y suscribir un contrato colectivo”. Además: “Prever mecanismos de consulta previa a los trabajadores en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo y en su depósito. Establecer la noción de legitimidad y representatividad en la LFT para contar con sindicatos auténticos en las empresas”.
Otro punto se refiere a cambiar el estatus de los servidores de las juntas para que sean considerados trabajadores de confianza, así como que se incluya un Fondo para la Mejora de Justicia Cotidiana Laboral Federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un órgano auditor para mejorar la administración de las juntas.
Se pide también que los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica sean resueltos por los jueces de lo laboral, y los colectivos de naturaleza económica, por un órgano tripartita; y no integrar las juntas al Poder Judicial, pero sí dotarlas de plena independencia y autonomía mediante la creación de un consejo de la judicatura laboral autónoma e independiente.
Bensusán explica que, en las pláticas para elaborar el TPP, los estadunidenses se percataron de que, más allá de la comparación de leyes laborales, el problema de México es la parcialidad de las dependencias encargadas de brindar justicia laboral. También notaron la proliferación de contratos de protección y de “sindicatos blancos”, es decir, inexistentes pero con registro ante la Dirección General de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo.
“Eso prendió los focos rojos en el sindicalismo estadunidense, el cual, gracias a sus vínculos con el gobierno demócrata, ejerció una fuerte presión sobre el gobierno de México. ¡Y México responde como siempre!: ‘Bueno, si no me queda más que hacer algunos cambios, voy a hacer alguno para dar la impresión de que todo cambia para que nada cambie’”, critica Bensusán.
En su opinión, el gobierno mexicano sólo busca cumplir con una presión internacional. Recordó que esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos plantea a México estas reformas.
“A Estados Unidos no le interesa que los juicios laborales duren menos. Esa no es su gran preocupación. Su gran preocupación es que haya un sistema de justicia parcial, que sea juez y parte”, destaca.
Otra preocupación de Washington respecto a México son los salarios: “Comparando los salarios con otros países, encontramos la explicación de por qué Estados Unidos le está exigiendo a México condiciones más equitativas en el mundo laboral y por qué los empresarios están pegando el grito en el cielo”, opina.
Esa, indica, es la razón de elaborar esta iniciativa mediante un proceso muy cerrado, “y los actores que ellos están convocando son los que tienen más interés en que nada se modifique, como el sector empresarial”, recalca.
Critica las declaraciones del pasado 19 de enero del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, quien afirmó que la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la eliminación de los contratos de protección, sería “nociva” para la estabilidad laboral en México.
Se dice atónita por el comentario de empresarios que no quieren ni un cambio que ponga en peligro el control de los trabajadores.
Alcalde Justiniani señala: “Es lamentable que una iniciativa de reforma al sistema de justicia tan importante se esté llevando a cabo en lo oscurito. Y es así porque el gobierno se resiste a tocar los temas de fondo que se requieren para cambiar el sistema de justicia en México, como lo vienen reclamando desde hace muchos años los trabajadores, la academia, los organismos internacionales, incluso una parte del sector empresarial que tiene una visión de largo plazo en las relaciones de trabajo y códigos de ética”.
Considera necesario formar jueces imparciales, porque la dependencia al Ejecutivo y al gobierno federal los convierten en la voz última respecto a un movimiento de huelga, una contratación colectiva o una organización sindical.
El tripartismo, un lastre
Para Alcalde Justiniani es importante que en la nueva reforma se refleje una propuesta que resuelva el tema de los contratos de protección y una forma de hacerlo es que los trabajadores sean consultados.
Critica que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) proponga cosas inimaginables entre los requisitos para solicitar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo o la organización de un sindicato, como pedirles a los trabajadores interesados sus identificaciones, por poner un ejemplo.
“El gobierno de México está haciendo un juego, dando la apariencia de que cambia, sin cambiar. Es una táctica muy antigua. Toda la vida lo ha hecho así ante la OIT y los organismos internacionales. Engaña, dice que está cambiando, dice que la reforma laboral de hace unos años tiene características que no tiene, quiere responder a esas presiones con un ropaje falso, cuando tiene en sus manos una oportunidad histórica”, considera.
Condena que esta propuesta de reforma, elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, excluyera el serio trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el cual había propuesto reformar las estructuras de las JCA para que el sistema de justicia laboral sea independiente.
“Seguramente puede pasar con la crisis que tenemos a nivel político. Con eso darían idea al exterior de que están cumpliendo con los compromisos. Pero claramente se ve que no quieren tocar la estructura de las juntas. Van a mantener el tripartismo como si realmente fuera una garantía de protección a los trabajadores, que para nada lo es”, abunda por su parte Bensusán.
Esta idea de independencia también está consignada en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.
“Lo bonito de México –ironiza Alcalde Justiniani–, que es gravísimo, es el tripartismo, porque no tenemos ningún tripartismo. Lo que tenemos aquí es simplemente una capacidad de las élites empresariales junto con el gobierno para definir en qué condiciones trabaja la gente en el país y punto.”
A los entrevistados les llama la atención la presencia de un representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en este equipo de 14 personas que elaborarán el proyecto de reforma laboral, pues no les queda claro cuál sería su papel y de qué servirá su opinión, si se sabe de antemano que este proyecto responderá a los intereses empresariales.
Alcalde considera un problema que en México los contratos de protección patronal abarcan 90% de la contratación y se han vuelto un escándalo mundial, “porque han secuestrado y dejado sin vida la contratación colectiva en México, pese al compromiso del gobierno de promoverla”.
La simulación
En la conferencia con los reporteros después de su encuentro en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Navarrete Prida rechazó que el gobierno haya excluido a los especialistas en temas laborales, empresarios, sindicatos democráticos y corporativos, así como a las cámaras patronales, en los debates sobre la reforma de justicia laboral. Se limitó a decir que los invitaría a unos foros para obtener propuestas.
Esos foros de discusión se realizaron entre enero y febrero de 2015 en el CIDE, a petición del Ejecutivo.
El proyecto fue financiado por el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE. Lo coordinaron Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate Laborde. Participaron alrededor de 20 investigadores.
En la síntesis y recomendaciones del informe final, el CIDE hizo 20 propuestas a fin de tener una base para la iniciativa de justicia cotidiana. En el apartado “Para los trabajadores: revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje”, planteó la desaparición de éstas porque: “Son la institución responsable de impartir la justicia laboral. (…) Una de las primeras tareas sería revisar la estructura tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes judiciales”.
El tema molestó al gobierno federal, al grado de no tomar en cuenta al CIDE para la encomienda venidera. El presidente Enrique Peña Nieto entregó la batuta de la reforma a Humberto Castillejos, exdiputado local mexiquense y coordinador de asesores de la Procuraduría General de la República cuando la encabezó Eduardo Medina Mora.
Castillejos coordinó a cuatro personas que pertenecen a la ANAD, al Instituto Mexicano de Competitividad, al Centro de Investigación para el Desarrollo y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
También a otros 10 servidores públicos de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, Hacienda y Crédito Público y Gobernación. Representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
No hubo abogados laboralistas, académicos, sindicatos independientes, democráticos ni los corporativos ni las cámaras patronales, entre otros.
El pasado 5 de diciembre, en la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, en Cancún, Peña Nieto anunció la nueva reforma laboral, incluida en la iniciativa de justicia cotidiana.
El jueves 11, la Secretaría del Trabajo difundió un boletín para informar que del lunes 15 al viernes 19 se realizará el Foro de Consulta para la Justicia Laboral Cotidiana y “harán llegar sus propuestas sobre el tema para que sean tomadas en cuenta en las mesas de conclusiones de dicho foro, así como las expuestas en la Confederación Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje”.
La discusión, aceptó la dependencia, se centrará en saber si las JCA “adoptan los criterios del pleno de la Junta Federal en materia de recuento y uso de medios electrónicos para la consulta de expedientes”.
¿Qué es el TPP?
El TPP es un convenio entre 12 naciones para liberalizar el comercio, imponiendo una serie de regulaciones encaminadas a proteger las inversiones de las grandes corporaciones.
Se redactó en Atlanta el 5 de octubre de 2015, después de cinco años de negociaciones entre los 12 países, México incluido. La finalidad es desfasar los aranceles de los productos que comercian esas naciones, con algunas excepciones.
Hasta el momento se desconoce el contenido íntegro del TPP, ya firmado por México aunque falta que lo ratifique el Senado. l
