A tres años de que Aristóteles Sandoval asumió la gubernatura, el estado obtiene 6.1 de 10 puntos en el Semáforo de Desarrollo Policiaco, instrumento de evaluación del desempeño de las corporaciones estatales promovido por la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera Mitre.
Lo peor es que, en la más reciente evaluación a las 32 entidades, realizada en 2015, la tercera parte de los mandos policiacos jaliscienses reprobaron los exámenes de control de confianza.
“Eso sí nos preocupa bastante y tiene que ver con el actual gobernador, quien cumple tres años en la administración y descubrimos que no ha mejorado lo suficiente”, señala Morera Mitre, tras lamentar que las autoridades estatales no acepten ser evaluadas.
Morera Mitre, odontóloga de profesión y una de las pioneras en promover las movilizaciones sociales contra la inseguridad en la Ciudad de México luego del secuestro de su esposo, Pedro Galindo, define el semáforo como un análisis a profundidad de las policías estatales, que presentó el pasado 13 de enero en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México.
Detalla que en el estudio “se toma en consideración lo que establece la Ley de Seguridad Pública en su reforma de 2009 y qué hacen los estados para cumplirla o, en su caso, el análisis de por qué no se cumple”.
La información se obtuvo a través de la Ley de Transparencia y mediante una encuesta “entre los policías para saber qué piensan sobre lo que está pasando en sus estados; se trata de un cuestionario de más de 100 preguntas, que por cierto está a disposición de cualquier interesado en causaencomun.org.mx/policía; ahí se puede ver lo que contestaron los agentes respecto a sus instituciones”.
Puntualiza: “Nuestro semáforo sólo se basa en datos duros, sustentados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ahí obtenemos información e igual de lo que están haciendo directamente de los estados”.
El 26 de enero, en entrevista telefónica, desde la Ciudad de México la activista cuestiona la falta de manuales de procedimiento en la policía jalisciense, e insiste en la poca confiabilidad de los mandos estatales y municipales:
“Lo peor es que la mayoría de ellos sigue en funciones. Ocho de los 24 mandos de la Policía Estatal no pasaron el control de confianza; es decir, 33% de los mandos en Jalisco no pasaron sus exámenes y siguen en funciones.”
Al día siguiente, el diario El Informador publicó la afirmación del gobernador de que todos los mandos que no pasaron las pruebas de control y confianza fueron cesados. Aunque no especificó cuántos eran, señaló que aún falta despedir a alrededor de 800.
El 28, el titular de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que reprobaron los exámenes de control y confianza 16 directores de corporaciones municipales propuestos al arranque de las administraciones que comenzaron en octubre de 2015.
Advirtió que si alguno de ellos se negaba a dejar el cargo, sería detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, al igual que sus respectivos presidentes municipales. El fiscal se negó a indicar los municipios afectados, sólo dijo que no era ninguno de la zona metropolitana de Guadalajara.
También informó que ya sólo quedaba un mando de la FGE que no aprobó los exámenes de control de confianza, pero omitió el nombre y cargo.
Según el Semáforo de Desarrollo Policiaco, la entidad también sale reprobada en certificación de policías, con 3.3 de 10 puntos, es decir que sólo la tercera parte de los jefes cumplen con ese apartado.
El documento, que fue entregado al Ejecutivo desde finales de la primera quincena de enero y está disponible en la página de internet (https://causaencomun.org.mx/semaforo), también indica que en el rubro del Sistema Profesional de Carrera el estado alcanza sólo un 4.
Ante estos resultados, Morera Mitre se pregunta: “26% de los mandos que trabajan en los 125 municipios de Jalisco no aprobaron (este rubro). ¿Entonces para qué sirve llevar a cabo los exámenes de confianza que exige la ley?”
En cuanto a procuración e impartición de justicia, agrega, “20% de los mandos no están aprobados. La pregunta que nos planteamos desde la sociedad civil es: ¿qué queremos, que quienes no aprueban se vayan a la calle o seguir teniendo impunidad y criminales con placa?”.
Esto, no obstante que la entidad alcanza calificaciones aceptables en profesionalización inicial (8.3) y en régimen disciplinario (8.6).
Desinterés del gobierno
Según Morera Mitre, Jalisco es uno de los estados más problemáticos del país por la presencia de la delincuencia organizada, “pero eso no significa que (los policías) no tengan que cumplir con la ley y hacer su trabajo”.
Con los resultados de la evaluación, enfatiza, “se comprueba que la normatividad no es suficiente porque, en efecto, existe una ley estatal de seguridad pública pero se carece de los reglamentos y de los manuales. Que nos expliquen las autoridades estatales cómo trabajan en materia de seguridad, sin reglamentos ni manuales para instrumentar lo que dice la ley. Otro problema es que tampoco se realizan evaluaciones de desempeño, según lo marca la ley para aprobar en carrera policial”.
Pero además, lamenta, las autoridades estatales no muestran disposición para atender las sugerencias y recomendaciones de Causa en Común, comenzando por el gobernador:
“El gobierno de Jalisco y el mandatario Aristóteles Sandoval no nos dicen nada. Ha sido muy complicado llevar a cabo las reuniones con los equipos de trabajo y con la gente de seguridad pública o con la representación de la Fiscalía General del Estado (…) Nos preguntamos si realmente les importa la ciudadanía o no.”
Relata que en junio pasado representantes de la organización civil vinieron a Jalisco e hicieron entrevistas a funcionarios de alto nivel y vinculados con la seguridad pública (como se hace en otros estados), pero “quedó pendiente una segunda visita, debido a la falta de disposición de las autoridades” para trabajar en conjunto.
Es una cerrazón notoria, dado que “a diferencia de Jalisco, ya hemos tenido respuesta del gobierno del Estado de México, de Morelos, de Oaxaca y de muchas otras entidades que han entrado en contacto con nosotros para mostrar su disposición al diálogo”, comenta la activista.
Insiste en que no puede utilizarse la presencia del crimen organizado como pretexto para no brindar seguridad pública: “Definitivamente existe un problema grave de delincuencia organizada, en el cual resalta el apoyo que brindan las fuerzas federales a Jalisco para combatirla, pero lo que sucede en el día a día de los ciudadanos me parece igual de grave”.
Añade a la lista otra deficiencia de la seguridad pública estatal: por lo menos 15% de la fuerza de élite tampoco aprobó sus exámenes de confianza.
Esto se combina peligrosamente con la ausencia del servicio profesional de carrera en la corporación del estado: “La distribución de plazas es discrecional; a quien ascienden con los mejores puestos es al amigo, al conocido, y no a quien deben de ascender por su carrera y por sus méritos. Lo peor es que se deja en funciones a quienes no deberían de ocupar cargos”.
La entrevistada admite que, si los resultados de la Policía Estatal fueron mediocres, tienen indicios de que hubo antes una situación peor. “Pero eso no significa que se pueda justificar la actual”, apunta.
En el estudio presentado se incluyen sugerencias: “Les pedimos a los gobernadores, una vez que les mandamos el estudio para que lo lean, que digan en qué se comprometen para mejorar el servicio de la Policía Estatal y que establezcan una ruta crítica para responder a los cuestionamientos”.
Este diálogo con la ciudadanía es de vital importancia, dice: “Si queremos que la gente viva mejor en términos generales se tiene que desarrollar mejor sus policías y en la entidad no deben depender exclusivamente de lo que haga el gobierno federal”.
Los estados que resultaron mejor evaluados que Jalisco en el Semáforo de Desarrollo Policiaco son: Chihuahua, Baja California, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Guanajuato, Nuevo León y Querétaro, todos ellos con calificaciones superiores a 8 en certificación, servicio profesional de carrera, profesionalización inicial y régimen disciplinario, los cuatro ejes de desarrollo que marca la ley.
En tanto, 15 entidades obtuvieron calificaciones menores a 5, entre ellas Quintana Roo, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, Morelos, Durango, Nayarit, Michoacán, Puebla y Zacatecas. Entre las peor evaluadas figuran Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala. l
