En meses recientes el diputado federal Fidel Kuri Grajales mostró cómo se maneja la política en Veracruz: en medio de la opacidad y el favoritismo recibió en comodato al equipo de los Tiburones Rojos con todo y sus activos, pero negó su responsabilidad patronal con empleados que fueron despedidos antes de que él recibiera el club, subcontrató a una empresa outsourcing –con lo que evita pagar más impuestos y prestaciones– y hasta agredió en tribunas a un exárbitro. Hoy, un juzgado le ordena responder a los trabajadores que fueron liquidados sin justificación.
Fidel Kuri Grajales –el controvertido diputado federal priista que acaba de recibir el comodato y usufructo del estadio Luis Pirata Fuente, la marca, el logotipo del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz y sus instalaciones por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa– sufrió un golpe en los tribunales.
Hace cinco años Julio César Arroyo Martínez, quien fungía como secretario técnico del equipo y supo de presuntas irregularidades en la franquicia, promovió un litigio laboral junto con 11 extrabajadores del club, que exigen una indemnización total de 15 millones de pesos por concepto de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones.
El juicio por despido injustificado fue encausado contra el Patronato del Sistema de Futbol para Veracruz, o el ente que lo sustituyó: Club Tiburones Rojos de Veracruz, por medio de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., cuyo propietario es Kuri Grajales, quien además se ostenta como dueño de esa franquicia de futbol.
El miércoles 3 la Junta Especial Número Diez (J-10) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, con sede en Boca del Río, emitió una resolución en la que declara patrón sustituto a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C. Por ende, esta promotora deberá cubrir los gastos de los laudos laborales a las partes agraviadas.
Y aunque Kuri Grajales intentó desligarse del compromiso interponiendo un recurso de revisión –a través del representante legal de dicha promotora, Rafael Rodilla Oseguera–, la J-10 declaró procedente la sustitución patronal.
La promotora se niega a cumplimentar la ejecutoria con el pretexto, según las argumentaciones que presentó ante la J-10, de que la resolución resulte materia de diversos juicios en su contra.
La J-10 también resolvió que es falso afirmar que la sustitución patronal “es ilegal, dado que el contrato de comodato y usufructo que celebró con el gobierno de Veracruz se volvió indefinido desde el momento en que no hubo rescisión de las partes, aunado a que el pasado 17 de diciembre se otorgó el citado comodato”, aprobado por el Congreso local.
Además, dicha instancia aclara que las cuestiones a las que hace referencia la promotora ya fueron estudiadas por este Juzgado de Distrito y por el Tribunal Colegiado, que conoció del recurso de revisión.
La historia
El pasado 18 de diciembre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito ordenó a la J-10 avalar la sustitución patronal favorable al exempleado (Arroyo Martínez) de los Tiburones Rojos, expediente 111/X/2011.
Antes, en octubre de 2011, el extrabajador del Veracruz obtuvo una sentencia favorable a su causa, que obliga al club a cubrirle los salarios caídos, primas vacacionales, aguinaldo e incluso reinstalarlo en su área laboral. La medida no fue cumplimentada, pues la franquicia había sido desafiliada por la Federación Mexicana de Futbol tres meses antes.
Sin embargo, en 2013, tras el cambio de la franquicia –el recién ascendido Reboceros de La Piedad suplantó a los Tiburones Rojos del Veracruz–, Arroyo Martínez reactivó la demanda contra el equipo para el que laboró durante ocho años. Para ello, en su querella recurrió a la figura de sustitución patronal.
Luego de un revés, pues la dependencia dictaminó improcedente la demanda en mayo de 2015, el agraviado promovió un juicio de amparo en junio de ese año ante el Juzgado Quinto del Poder Judicial de la Federación, con sede en Boca del Río, expediente 690/2015-III. Esta vez, el fallo resultó a favor del querellante, el 1 de septiembre de ese año.
Empero, la promotora de Kuri Grajales promovió el recurso de revisión del juicio de amparo en octubre pasado. La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito volvió a darle la razón a Julio César Arroyo el pasado 18 de diciembre.
Los magistrados María Isabel Rodríguez Gallegos, Hugo Arturo Baizábal Maldonado y Martín Jesús García Monroy resolvieron por unanimidad que la promotora de Kuri deberá cubrir el laudo laboral, tras considerar insuficientes las pruebas aportadas por los abogados del empresario originario de Orizaba, Veracruz.
Por lo tanto, los magistrados resolvieron que al emplear el mismo giro comercial, nombre del equipo, logotipo y domicilio fiscal, se le adjudica a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., la figura de patrón sustituto con las obligaciones que ello implica.
Ahora, el agraviado y su defensor se preparan ya para efectuar la diligencia de requerimiento de pago contra la citada promotora, cuyo dueño lo mismo promueve una iniciativa de paz, legalidad y no violencia en el deporte que arremete física y verbalmente contra el director del Área Técnica de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal.
Por dicha agresión, el pasado 15 de enero, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) multó al político y empresario con 2 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
El castigo, además, le impide a Kuri realizar trámites administrativos a nombre del equipo ante la Femexfut y tampoco podrá realizar actividad alguna relacionada con el balompié profesional.
La dádiva
En diciembre pasado Proceso (2041) detalló la dádiva que Duarte de Ochoa le dio al legislador mediante una “promesa” de comodato y usufructo con la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., administradora de los Tiburones Rojos.
Mediante este acuerdo, el mandatario le concede al legislador priista el usufructo y comodato totalmente gratuito de todos los bienes del equipo, nombre del club, marca comercial, logotipo y el estadio Luis Pirata Fuente, que se localiza en el municipio de Boca del Río.
Paralelamente, el mandatario veracruzano también le entregó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, en el kilómetro 6.5 de la carretera Paso de Ovejas-Veracruz.
En aquel momento la “promesa de comodato” –signada el 13 de noviembre de 2013 por Duarte y el representante legal de la promotora, Fidel Kuri Mustieles, hijo del diputado federal– aún no había sido autorizada por el Congreso local, pese a que el convenio venció a los ocho meses de la firma de las partes. A la semana siguiente de que fuera publicado el referido texto en este semanario, el Congreso veracruzano aprobó el comodato, repentinamente y por mayoría calificada.
Para justificar su voto a favor, el diputado panista Julen Rementería no disimuló su preferencia por los Tiburones Rojos: “(El club) es una marca y un emblema que abraza a todos los diputados y diputadas, a todos los ciudadanos de Veracruz, o casi a todos…
“Un servidor de ustedes va cada ocho días al estadio (sic), y la verdad de las cosas que ahí se ve a todos los ciudadanos, todos, en una causa deportiva. Es algo que realmente genera orgullo para los veracruzanos, al margen de la derrama económica que genera en toda la zona… en esta ocasión vengo precisamente a respaldarla, porque también reconozco que aquí hay que respaldarla y que no se critique ni se juzgue lo que aquí se hace.
“Me parece que éste es un convenio de ganar-ganar, porque si bien hay un beneficio, digámoslo así, para la franquicia, para el dueño o los dueños del equipo, también hay un beneficio para el estado, porque hay un inmueble ahí que, si no se ocupa para jugar futbol, pues para qué se ocuparía”, externó en medio de los aplausos de sus compañeros.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz el 24 de diciembre de 2015, no tiene caducidad, pero el comodato está condicionado a la permanencia del club en el máximo circuito del balompié nacional.
Red de irregularidades
Arroyo señaló irregularidades en el modus operandi de la promotora: “Es el caso del outsourcing Corporativo Álvarez Puga & Asociados, una firma de consultores fiscales mediante la cual Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., paga al cuerpo técnico, jugadores y empleados administrativos, teniendo a su cargo dicha cuenta pagadora con sede en Cancún, la excuñada del diputado federal Fidel Kuri, Maricarmen Mustieles, esposa de José Antonio García, vástago y homónimo de quien fuera propietario del equipo Atlante”, acusa el agraviado.
El titular de este outsourcing es Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de TV-Azteca Inés Gómez Mont. Y entre sus socios figuran los hijos de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, y en su momento el hijo de Fidel Herrera Beltrán.
“Si Fidel Kuri, siendo diputado, elude los impuestos federales, qué clase de legislador es para que ni siquiera cumpla con la ley. Además, la Federación Mexicana de Futbol prohíbe a los clubes cubrir sus obligaciones contractuales con esta clase de pagadoras; pero para Kuri esto sencillamente no sucede. Esa outsourcing se dedica a evadir impuestos, bajar recursos y moverlos al exterior, entre otra serie de irregularidades”, sostiene en entrevista.
En abril de 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un boletín de prensa en el cual refiere que en coordinación con el IMSS, con apoyo de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, ejecutó una acción de fiscalización simultánea al despacho Álvarez Puga & Asociados en siete ciudades del país.
La dependencia indicó que luego de las investigaciones realizadas, y por diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que el referido despacho, con presencia en 45 ciudades de México, realiza actividades, entre otras cosas, de asesoría a sus clientes para incurrir en conductas de evasión fiscal en los esquemas de suministro de personal (outsourcing).
La vía chiapaneca
En diciembre de 2011 la Agencia Proceso informó que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Huxtla dictó auto de formal prisión –el quinto– contra el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobierno de Chiapas argumentó que el Ministerio Público presentó todas las pruebas incriminatorias que confirmaron que quien fuera mandatario de esa entidad de 2000 a 2006 recibió pagos millonarios como parte de su función como “promotor del Corporativo Álvarez Puga & Asociados”.
“Entre los pagos comprobados que la empresa Álvarez Puga & Asociados realizó bajo la dirección de José Antonio Aguilar Bodegas, se encuentran un depósito en la cuenta de Banorte en el año 2006 por 12 millones de pesos, y en 2009 en una cuenta de Santander por ocho millones 423 mil 464 pesos, esto a través de prestanombres y que ahora se ha documentado fueron recursos cobrados por el propio Salazar Mendiguchía”, consignó el portal de este semanario.
