No es la primera vez que la exfiscal colombiana Ángela Buitrago enfrenta una campaña de desprestigio. En Colombia le ocurrió hace una década, por enjuiciar a militares acusados de desapariciones forzadas. Ahora forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga el caso Ayotzinapa, y justo cuando los especialistas insisten en hablar con soldados del 27 Batallón de Infantería, ella y la exfiscal guatemalteca que procesó a Efraín Ríos Montt son acusadas de anteponer un interés ideológico sobre la justicia.
BOGOTÁ.- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa–, asegura ser víctima de una campaña de desprestigio similar a la que sufrió en Colombia cuando llevó a juicio a altos mandos del ejército.
Doctora en derecho y en sociología, maestra en ciencias criminológicas, Buitrago desconoce quién impulsa esa campaña, pero ubica como parte de ella al abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal:
“El señor Ortega es el que está liderando esta campaña, pero habría que mirar quién está detrás. Su propósito es obstaculizar la investigación y la defensa de los derechos humanos, impedir que haya un esclarecimiento del caso y favorecer la impunidad.”
Sin embargo, señala que el GIEI presentará un segundo informe sobre el caso en abril próximo, cuando concluye su encargo. Buitrago adelanta que el nuevo reporte profundizará en dos líneas de investigación que quedaron abiertas en el primer informe, difundido en septiembre pasado.
Una de ellas es lo que ocurrió con los estudiantes desaparecidos –41 en total, pues la Universidad de Innsbruck ya identificó los restos de dos: Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz–, ya que no hay certeza probatoria del lugar al que fueron conducidos ni de las personas o grupos que se hicieron cargo de ellos tras ser atacados y detenidos en Iguala.
“Queremos reconstruir qué pasó de las 11 y media de la noche del 26 de septiembre a las cinco o seis de la mañana del día 27. Estamos tratando de incidir en la investigación (de la PGR) para buscar a las personas que nos puedan dar esa información y generar respuestas”, explica la entrevistada.
La otra línea es la del “quinto autobús” que pudo detonar el alto nivel de violencia empleada por la policía de Iguala y sicarios contra los normalistas.
El quinto autobús
En el informe de septiembre pasado, el GIEI califica como “elemento de sospecha” la invisibilización del “quinto autobús” en la investigación que había realizado hasta entonces la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata del camión 3278 de la línea Estrella Roja, que los normalistas secuestraron en la terminal de Iguala aquella trágica noche de septiembre de 2014, junto con dos de la compañía Costa Line (el 2012 y el 2510). A esa central habían llegado a bordo de dos autobuses Estrellas de Oro tomados previamente.
Según los testimonios recabados por el GIEI, los normalistas salieron de la central en cinco camiones. Sólo el Estrella Roja salió por la parte de atrás y, según diversos testigos y evidencias, el chofer tomó hacia la salida a Chilpancingo, pues les pidió a los estudiantes pasar a recoger “documentos y ropa” que le entregó una mujer. Hacia las 22:30 horas la unidad fue detenida por policías cerca del Palacio de Justicia de Iguala.
A diferencia de los choferes de los otros autobuses detenidos en otros dos puntos de la ciudad por agentes municipales con una lluvia de disparos, el conductor del Estrella Roja no fue golpeado y hasta bajó a platicar con los policías. Los 14 estudiantes a bordo aprovecharon para huir hacia un cerro.
Sin embargo, el informe del GIEI señala que en las presentaciones públicas del caso Ayotzinapa que hizo en noviembre de 2014 y enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo Karam, éste sólo se refirió a cuatro autobuses en que se transportaban los normalistas cuando fueron atacados. “Lo llamativo de esta omisión es que los estudiantes lo habían declarado (el uso e itinerario del Estrella Roja) desde un inicio”, señaló el grupo de expertos.
Buitrago recuerda que en el informe de septiembre anterior pidieron a la PGR “investigar la posible obstrucción de la investigación” y el eventual uso del Estrella Roja 3278 para transportar droga a Estados Unidos, ya que el grupo delictivo involucrado opera así.
Por ello, el GIEI solicitó también a la PGR “investigar, como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, el móvil del traslado de estupefacientes”, pues “hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas”.
Buitrago señala que el informe de abril “tendrá énfasis en la hipótesis del quinto autobús y en lo que pasó con los muchachos a partir de las 11 y media de la noche”.
Añade que el GIEI también impulsa otro peritaje sobre el basurero de Cocula, pues el grupo concluyó, con base en un informe del experto en combustión José Luis Torero, que los normalistas no fueron incinerados ahí.
Para Buitrago, las conclusiones del GIEI y su insistencia en entrevistar a militares para avanzar en las investigaciones coinciden con la campaña de desprestigio, especialmente contra ella y contra la exfiscal guatemalteca Claudia Paz.
La semana anterior la CIDH expresó su “respaldo total, absoluto e incondicional” a los cinco integrantes del GIEI y a su trabajo.
José Antonio Ortega respondió en la página web del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que la CIDH es “un órgano capturado por los radicales de izquierda que lo usan para favorecer su agenda ideológica y política”. Y advirtió: “Sépanlo, no nos vamos a detener”.
Ortega era amigo del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado en la Ciudad de México el 20 de abril de 2012, y fue abogado del también general retirado Tomás Ángeles Dauahare cuando éste permaneció 11 meses detenido por presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Buitrago sostiene que la campaña contra el GIEI comenzó tras la presentación del primer informe, en septiembre pasado. El documento, de 560 páginas, refutó la investigación de la PGR y señaló la importancia de entrevistar a los militares del 27 Batallón de Iguala que habían sido testigos o tuvieron conocimiento pormenorizado del ataque a los normalistas.
La exfiscal sostiene que Ortega “trata de ejercer una defensa, no sé si de oficio o no, para que nosotros no entrevistemos a los militares”.
Un coronel de mano dura
Cuando era fiscal en Colombia, Buitrago llevó a juicio al coronel retirado colombiano Luis Alfonso Plazas Vega por las desapariciones forzadas en el operativo militar del 6 y 7 de noviembre de 1985 para retomar el Palacio de Justicia, que había sido asaltado por 35 guerrilleros del M-19.
Plazas Vega, comandante de esa acción en que murieron 98 personas, fue sentenciado en 2010 a 30 años de prisión como responsable de la desaparición del administrador de la cafetería de la sede judicial, Carlos Rodríguez, y de la guerrillera Irma Franco.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2012, pero un pedido de casación –recurso extraordinario contra una decisión judicial– fue acogido el 16 de diciembre pasado por la Corte Suprema de Justicia y Plazas Vega recobró su libertad.
Un día después, el coronel y su esposa Thania Vega, senadora del derechista partido Centro Democrático, del expresidente Uribe, viajaron a México para ofrecer una conferencia en la Universidad La Salle y dar entrevistas a varios medios ante los que presentaron a Buitrago como una “fabricante de pruebas falsas” que busca acusar de delitos a los militares mexicanos.
Plazas Vega, quien sigue bajo investigación judicial por “uso excesivo de la fuerza”, cree que en Latinoamérica se libra una confrontación entre la democracia y el comunismo y que Buitrago forma parte del bando marxista.
Pero el hecho es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la liberación del coronel nunca menciona que Buitrago haya fabricado pruebas. Lo que indica es que existen dudas sobre su contundencia. “Se ha demostrado judicial y procesalmente que todo lo que hice como fiscal era legal y que todas las evidencias eran ciertas”, enfatiza ella.
La entonces fiscal también procesó al general Jesús Armando Arias Cabrales, que cumple una condena de 35 años de prisión por desaparición forzada, así como al coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano y al mayor retirado Óscar William Vásquez, quienes el 12 de enero pasado fueron condenados a 40 años de cárcel.
Buitrago también exoneró a otros militares por insuficiencia de pruebas. Por eso está convencida de que Plazas Vega es parte de una campaña para “descalificar y obstaculizar la investigación del GIEI sobre el caso Ayotzinapa y desacreditar el informe” de septiembre pasado.
Comenta que si bien Ortega es la cara visible, “tiene que haber intereses muy fuertes detrás, porque es evidente que buscan afectar nuestra credibilidad y apartarnos del caso. Este señor ya pidió que nos expulsen de México a Claudia Paz y a mí, y hay que mirar quién está patrocinando los viajes de las personas que han llevado a México (Plazas Vega, su esposa y la exfiscal guatemalteca Gilda Aguilar) a hablar mal de nosotras”.
Ortega nunca ha ocultado su simpatía y vínculos con el expresidente Álvaro Uribe. En noviembre de 2008, cuando éste aún gobernaba Colombia, se reunió con él en el Centro Fox, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Un video de ese encuentro se puede ver en YouTube.
Uribe ha sido un decidido defensor del coronel Plazas Vega. En 2014 el exmandatario incluyó a la esposa del militar en la lista de candidatos al Senado por su partido, el Centro Democrático. Desde ese año, Thania Vega es senadora.
Buitrago considera que “cuando uno toca ciertos hilos de poder y a ciertos sectores que se sienten intocables, pues hay una reacción de toda la maquinaria”.
–¿Este es un denominador común en Colombia y en México?
–Es un denominador común. Pero en México no estoy investigando a militares. Como grupo, estamos solicitando entrevistar a militares. Lo que sí es sintomático es la reacción, que se parece a lo que decía mucho Uribe: “El que no está conmigo está contra mí”.
–¿Y por qué cree que se centraron en usted y en Claudia Paz?
–Un componente es que somos mujeres. Y otro componente muy alto es que, por la función pública que cumplimos en nuestros países (ambas como fiscales), hay personas que no nos quieren y que aprovechan para decir muchas cosas de nosotras. También esto responde a que nosotras tenemos el perfil de investigadoras de casos muy representativos (Paz llevó a juicio al exdictador militar guatemalteco Efraín Ríos Montt).
Los otros tres expertos del GIEI (el chileno Francisco Cox y el colombiano Alejandro Valencia, abogados especializados en derechos humanos, así como el español Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo) también consideran fundamental la información que recopiló el Ejército la noche en que desaparecieron los 43 normalistas en Iguala.
Testigos de excepción
De acuerdo con el primer informe del GIEI, el 27 Batallón de Infantería estuvo al tanto de todo lo que ocurrió en Iguala el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Desde que los normalistas comenzaron a “botear” en la carretera Iguala-Puente de Ixtla, a la que llegaron desde Ayotzinapa en dos camiones, hasta cuando tomaron otros tres en la central de autobuses local y policías municipales los persiguieron y atacaron.
El reporte indica que agentes de inteligencia militar presenciaron los ataques, tomaron fotografías –algunas de las cuales han entregado en un archivo de PowerPoint imposible de analizar, por su baja resolución– y reportaron los hechos a sus superiores en tiempo real.
Además establece que el 27 Batallón, bajo el mando del coronel José Rodríguez Pérez, monitoreó los acontecimientos por el sistema de comunicaciones C-4, al que están conectados las policías municipal, estatal y federal, y el Ejército. Éste, a su vez, envió diferentes reportes al jefe de la Zona Militar 35 en Chilpancingo, general Alejandro Saavedra Hernández.
Uno de esos informes, que aparece como “desclasificado”, señala que una patrulla militar encabezada por un teniente salió del cuartel del 27 Batallón a las 23:50 horas y volvió a las 3:10 de la madrugada “sin reportar ninguna novedad”. Desconcertante, por la situación excepcional que vivía Iguala.
Un funcionario de Protección Civil del estado señaló que personal militar “restringió” la información por el sistema C-4 entre las 22:11 horas y las 02:21. Ningún oficial del Ejército se ha referido a esa afirmación.
Y es que, aunque algunos militares declararon ante la PGR en julio y en septiembre pasados –cuando la investigación estaba a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, ya que en octubre anterior pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos–, sus testimonios fueron escuetos, evasivos y con mínimas contrapreguntas. Parecieron declaraciones libres más que interrogatorios.
“Nosotros no nos enteramos de esas diligencias, a pesar de que llevábamos meses solicitándolas”, dice Buitrago. Además, los funcionarios de la SEIDO “nunca les preguntaron a los militares lo que nosotros preguntaríamos”.
–¿Y qué preguntarían ustedes?
–Muchas cosas que no están en la indagación. Ellos pueden aportar muchos elementos a la investigación porque estuvieron presentes en varias escenas del crimen. Pueden dar placas de carros, decir si había civiles, quiénes eran, si los carros en los que se llevaron a los normalistas dieron vuelta a la izquierda o a la derecha. ¿Usted cree que alguna vez les han preguntado eso? Nunca. ¿Y por qué no entregan los videos y las fotos? Ahí hay mucha información.
Buitrago explica que el GIEI ha realizado entrevistas directas a decenas de policías municipales, estatales y federales, a normalistas, y a inculpados como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, pero en cambio la posición del Ejército “es que no y no y no”.
–¿Por qué cree que el general Cienfuegos es tan categórico?
–Yo no sé si lo están desinformando o quizás está malinterpretando todo esto por la campaña de desprestigio que nos han hecho. Si él supiera que nosotros sólo queremos preguntar para avanzar en la investigación, yo creo que avalaría esas entrevistas.
–Él dijo a un grupo de legisladores que el Ejército no responde ante extranjeros…
–Es que ahí está mal informado, porque no estamos investigando al Ejército. Lo que necesitamos es que los militares, como testigos excepcionales de los hechos de Iguala, nos den entrevistas para que podamos hacer una mejor investigación.
