Señor director:
Hace poco más de un año empecé a hacer trámites ante la Subprocuraduría Fiscal del Distrito Federal, a cargo del maestro Jorge Cisneros Armas, para lograr la prescripción del pago de impuestos prediales muy antiguos. (Cabe mencionar que este tipo de iniciativas son legales y están contempladas dentro de la normatividad vigente.)
De inmediato, y de acuerdo con instrucciones de la citada dependencia, cubrí 40 mil pesos, correspondientes a mis créditos fiscales más recientes, como requisito principal para que pudieran ser condonados los más antiguos.
Desafortunadamente, los contribuyentes como yo somos sometidos a largos e intrincados trámites burocráticos que nos conducen fatalmente a caer en las garras de gestores deshonestos que, coludidos con empleados de la mencionada subprocuraduría, nos ofrecen acortar tiempos y trámites a cambio de dinero.
En mi caso, fui víctima de los gestores José Gómez Pacheco y Guadalupe Oyarzabal, esta última secretaria del maestro Cisneros, a quienes entregué 14 mil pesos por concepto de honorarios (tengo recibos firmados).
Finalmente, y después de hacerme perder el tiempo y dar miles de vueltas en las oficinas de la Subprocuraduría Fiscal, dichas personas me confesaron que no iban a realizar ninguna acción orientada a la concesión de la mencionada prescripción y que le hiciera como yo quisiera.
Ya inicié una demanda penal en contra de las mencionadas personas por el delito de fraude, pero lo que yo quiero enfatizar por este medio es la urgencia de que el licenciado Alejandro Ramírez Ríos, procurador fiscal del Distrito Federal, tome cartas en el asunto para evitar que el excesivo burocratismo y el contubernio de empleados con gestores sigan fomentando conductas fraudulentas en contra de los contribuyentes.
Atentamente
Francisco Javier Puente Betanzos
