Cabeza de una organización indígena del noroeste de Argentina, Milagro Sala fue encarcelada el sábado 16 por instrucciones del gobernador de Jujuy, viejo enemigo de la activista. Los delitos de los cuales la acusan no tienen sustento, según numerosas organizaciones de derechos humanos que defienden a la mujer y no dudan en señalarla como la primera presa política del flamante gobierno de Mauricio Macri, un régimen “democrático” que rápidamente adquiere semejanzas con la dictadura.
Buenos Aires.- La dirigente social Milagro Sala, diputada por el kirchnerismo al Parlamento del Mercosur (Parlasur), fue detenida el sábado 16 en la provincia de Jujuy, por una denuncia del gobernador Gerardo Morales.
Sala, quien encabeza la organización Túpac Amaru, coordina desde hace más de una década la tarea de un centenar de cooperativas de desocupados que construyen sus propias viviendas. La saliente administración kirchnerista le giraba puntualmente los subsidios estatales.
El gobernador Morales es aliado del presidente Mauricio Macri. Tras asumir su cargo, el pasado 10 de diciembre, Morales interrumpió el flujo de esos fondos, llamó a las cooperativas a negociar su continuidad “sin intermediarios” y fustigó el manejo del dinero por parte de Sala.
El 14 de diciembre la dirigente montó un multitudinario plantón de protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy. Pedía entrevistarse con Morales. Hoy está presa en la Unidad Penal de Mujeres Número 3 de la capital, San Salvador de Jujuy.
“Detrás del acampe (plantón) hay una actitud destituyente”, dijo el gobernador frente a la prensa el viernes 15. Un día después Milagro Sala fue detenida a las puertas de su domicilio de San Salvador de Jujuy. No la detuvo un juez ni un fiscal ni un oficial de justicia. El operativo estuvo encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer. ¿Los cargos?: “Instigación al delito y tumulto en concurso real”. En resumen, fue detenida por negarse a levantar el plantón de protesta, que se mantiene.
En la provincia de Jujuy, la ocupación del espacio público se considera una contravención y no un delito. En caso de que se privilegiara esta contravención por sobre el derecho a la protesta, Sala habría tenido que pagar una multa. El juez interviniente, Gabriel Mercau, otorgó la libertad a Sala el viernes 29. Dispuso, sin embargo, que la militante continúe detenida, a solicitud de la Fiscalía, debido a la “supuesta irregular administración de fondos destinados a la construcción de viviendas”.
El juez se valió, de este modo, de otra denuncia hecha por el gobernador de Jujuy cuando Milagro Sala ya estaba presa. El lunes 18 Morales acusó a la militante de cometer fraude contra la administración pública y de comandar una asociación ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de las viviendas, de la que formarían parte exfuncionarios del anterior gobierno kirchnerista.
Para garantizarse una justicia adicta, Morales impulsó la ampliación del número de jueces del Supremo Tribunal de Jujuy. También le inició proceso a un fiscal que se había negado a imputar a la dirigente.
Desde el kirchnerismo –la bancada progresista en el Parlasur– se exige la inmediata liberación de Sala. Lo mismo piden Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos.
“Milagro Sala es la primera presa política en el gobierno de Mauricio Macri”, resumió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, durante un acto público el lunes 18. Para exigir la liberación de la activista, militantes de organizaciones sociales y políticas instalaron ahí, en esa plaza, un plantón el miércoles 27.
La disputa entre el gobernador y la militante es personal, política y de larga data. Uno y otro se han denunciado varias veces frente a la justicia.
De origen humilde, Milagro Sala representa la lucha del sector social más desfavorecido del noroeste argentino. Su verticalismo, sus modos ásperos y su gigantesca obra le granjean tanto lealtad como odio. Su resentimiento a flor de labios es la contracara del racismo que aún sufren en Argentina quienes tienen rasgos indígenas.
Morales, por el contrario, es un político tradicional de una provincia de características feudales. Fue secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que tuvo un final abrupto con la crisis de diciembre de 2001. Pertenece a la Unión Cívica Radical. Llegó a la gobernación de Jujuy con la promesa de poner fin a la “corrupción kirchnerista”.
Organización
“¿Quiénes somos, compañeros?”, pregunta la mujer diminuta, desde en un escenario informal, frente a una multitud abigarrada que porta banderas blancas.
“¡Túpac Amaru!”, gritan todas las voces al unísono.
“¿Quiénes somos, compañeros?”, se repite la pregunta desde el escenario.
“¡Túpac Amaru!”, grita la multitud, en clara afirmación identitaria.
“¿Qué queremos, compañeros?”, pregunta Milagro Sala.
“Trabajo. Educación. Salud”, braman los manifestantes, para luego fundirse en saltos y un coro ritual: “¡Tú-pac! ¡Tú-pac! ¡Tú-pac!”.
La escena pertenece al documental Milagro en Jujuy (2007), del director Miguel Pereira. Ilustra la emergencia de un liderazgo como el de Milagro Sala, surgido de la lucha y la organización entre los habitantes más pobres de San Salvador de Jujuy, olvidados a su suerte por los poderes político y empresarial. El contacto visceral entre la líder y sus seguidores –insólito en la Argentina de las últimas décadas– puede provocar, de acuerdo a quien lo vea, emoción, perplejidad, preocupación, miedo.
Sala cumplirá 52 años en febrero. Fue abandonada tras su nacimiento dentro de una caja frente a un hospital. Así lo cuenta ella misma en el documental. Fue adoptada por una familia trabajadora, de seis hijos, donde nunca se le discriminó.
A los 14 años se fue de su casa. No soportó que su madre adoptiva no quisiera o no supiera decirle quién era su madre verdadera. Vivió en la calle, entre ladrones, prostitutas y vendedores de cocaína. Se dedicó a la mendicidad, la venta ambulante, el robo. A los 18 años cayó presa. “La justicia es justa con los que tienen plata y con los que no tienen, no”, dijo de su paso por la cárcel. Salió absuelta tras ocho meses.
Pero allí comenzó a aplicar un método que más tarde sería su sello. Organizó una huelga de hambre junto al resto de la presas. Exigió que las autoridades del penal les permitieran cocinarse su comida. “Me juré que el día que saliera de la cárcel iba a luchar para que no hubiera más injusticia”, ha dicho.
Sala fue bolera, vendedora de helados, empleada estatal, delegada de su sindicato. El estrepitoso derrumbe del proyecto neoliberal en Argentina la encontró entre los piquetes que por entonces organizaba el luchador social Carlos Perro Santillán. Jujuy, una de las provincias más pobres de Argentina, fue un laboratorio del ajuste. En los barrios crecían la desnutrición y la indigencia.
“A medida que íbamos a parar a la cárcel, a medida que más nos pegaban, nosotros resistíamos, como todo colla, duro, resistíamos”, cuenta Sala en el documental, refiriéndose a la etnia predominante en la región.
En 2001 la dirigente fundó la organización Túpac Amaru, que hoy cuenta con 70 mil afiliados y 4 mil 500 trabajadores activos. Convocó a jóvenes con antecedentes penales como ella misma. Organizó desayunos y meriendas para niños que ya no recibían la alimentación mínima en sus hogares. Optimizó las módicas donaciones de algunos vecinos. Su organización empezó a competir con la distribución de planes y las bolsas de comida manejados por políticos radicales (el partido del gobernador Morales).
En la actualidad Túpac Amaru organiza 600 comedores. La llegada al poder del kirchnerismo en 2003 dio impulso a su obra. Se volcó a la construcción de viviendas sociales. La organización lleva construidas 6 mil casas, 12 escuelas, 10 jardines de infantes, nueve centros de salud, 18 deportivos. Cada barrio que se inaugura tiene piscina pública. Sala recuerda que a ella no la dejaban entrar en las piscinas de Jujuy “por negra y por colla”. A esos apelativos discriminatorios la prensa ha agregado en estos años otros como “india”, “sucia” o “ultrakirchnerista”.
Sala manejó durante años un presupuesto millonario. Ha recibido diferentes denuncias por el supuesto uso discrecional de estos fondos. A los miembros de su organización se les exigiría que acudan a los actos y las marchas. El clientelismo político que se le achaca es moneda corriente en todas las provincias argentinas. Algunos exmiembros de sus cooperativas han denunciado violencia y amenazas. El gobernador Morales, al igual que los grandes medios, acusa a Túpac Amaru de usar uniforme y tener una guardia armada.
Morales responsabilizó a Sala por la violenta agresión que sufrió en octubre de 2009, durante una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, en la que se analizaba el uso de los fondos que manejaban las organizaciones sociales. Por su parte, Sala responsabilizó al entonces senador Morales por un ataque a balazos contra su persona cometido en 2013 por militantes radicales.
Morales dice que Sala ha creado en Jujuy una especie de “Estado paralelo” y que se llevaba “bolsas de dinero del banco”. Denuncia el desvío de 29 millones de pesos, destinados a la primera etapa de un programa de viviendas que supuestamente Sala habría retirado en noviembre de 2015, sin que se haya verificado la ejecución de las obras ni la rendición de cuentas.
Perspectivas
Sala es parlamentaria del órgano legislativo del Mercosur. Pero no tiene fuero. Las denuncias en su contra, posteriores a su detención, deberán ser comprobadas.
Mientras tanto, el encarcelamiento de Sala sabe a castigo ejemplar para todos los que se movilizan contra las políticas del gobierno. “Guste o no, sea justo o no lo que está pidiendo, lo que se le dice a la sociedad es que si protesta lo voy a meter preso, es un mensaje para toda la sociedad”, dijo Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según publicó el diario Clarín el pasado martes 19.
El magistrado recordó que “el derecho a la protesta, la protesta pacífica, la protesta no violenta, incluso la resistencia no violenta, es un derecho que tenemos todos”.
En sociedades de rasgos feudales, como las del noroeste argentino, el encarcelamiento de Sala también es considerado una revancha de clase y de género. Se pone fin, asimismo, a un sistema de construcción de viviendas sociales que, al disponer de sus propias fábricas de material, prescinde casi por completo de proveedores, constructores y arquitectos.
El gobierno argentino ya ha anunciado que impulsara nuevos protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad ante piquetes y protestas callejeras. Estos serán mucho más restrictivos para los manifestantes. El gobernador Morales aprobó el pago de multas de 2 mil pesos (150 dólares), a partir de enero, contra quienes bloqueen rutas.
El respeto por la institucionalidad, que supuestamente era vulnerado por el kirchnerismo, fue uno de los caballitos de batalla que llevó a Morales a la gobernación jujeña.
A pocos días de asumir, sin embargo, el mandatario hizo modificar la integración del Superior Tribunal de Justicia. En una sesión extraordinaria, de madrugada, el bloque radical avaló un decreto de ampliación de la cantidad de jueces supremos. Como el expresidente Carlos Menem (1989-1999), en su momento, Morales se aseguró una mayoría decisiva, al elevar el número de magistrados de cinco a nueve.
Los diputados radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano, que acababan de votar la ley de ampliación del número de magistrados, renunciaron a sus bancas al día siguiente, para asumir como jueces del Supremo Tribunal. El estado provincial, por su parte, denunció penalmente al fiscal Darío Osinaga, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. Osinaga se había negado a promover la detención de Sala.
“Me parece bien que los jueces se animen a defender el valor de la ley”, dijo el presidente Mauricio Macri al diario El País el 18 de enero. “Si ellos creen que se viola la ley no tiene que haber favoritismos, por más poderosos que sean los que juzgan, como el caso de Milagro Sala, que parecía que con alguien con tanto poder nadie se iba a animar”, sostuvo.
Tres días más tarde, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Macri no supo esconder el disgusto cuando se le preguntó si el encarcelamiento de una líder opositora podía dañar las inversiones extranjeras en el país. El reportero comparó además la detención de Sala con la del opositor venezolano Leopoldo López. “No me podés comparar a Leopoldo López con Milagro Sala. López no hizo nada malo para que lo compares con Milagro Sala”, dijo el presidente argentino, para en el acto levantarse y poner fin a la conferencia de prensa.
