La semana antepasada Veracruz volvió a cimbrase por el levantamiento de cinco jóvenes en Tierra Blanca y el hallazgo de dos narcofosas con 15 cuerpos. Desde entonces, según los padres de los desaparecidos, el gobernador Javier Duarte sólo da bandazos, pues ni siquiera ha definido las líneas de investigación del caso. Éste es muy similar al de noviembre de 2011, cuando fueron localizadas otras dos fosas con 28 cuerpos; información que la administración ocultó durante cuatro años.
XALAPA, VER.- Javier Duarte inicia su último año de gestión inmerso en una ola de violencia expansiva: el lunes 11, policías estatales levantaron a cinco jóvenes en Tierra Blanca y cuatro días después fueron localizadas dos fosas –una en Emiliano Zapata y otra en Maltrata– con osamentas de 15 personas.
Desde que llegó a la gubernatura, el 1 de diciembre de 2010, el gobernador priista no ha podido dar seguridad a los veracruzanos; menos aún frenar a los cárteles de la droga que se disputan el territorio desde hace años y mantienen a la población en la zozobra.
Una bitácora elaborada por el corresponsal con base en estadísticas oficiales da cuenta de 13 cementerios clandestinos localizados desde esa fecha. También registra que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 950 denuncias penales por desapariciones; la Procuraduría General de la República consideró que 155 fueron forzadas.
Tan sólo en el periodo 2012-2015, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado
Al cierre de esta edición, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) continuaban las indagatorias en torno al levantamiento de los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
La búsqueda incluye sobrevuelos de helicópteros de la SSP y de la Secretaría de Marina, así como rastreos terrestres en medio centenar de municipios de la cuenca, la región montañosa y la zona costera, en los que participan alrededor de 100 elementos de las policías Estatal y Ministerial de la FGE divididos en 11 grupos operativos.
Ante la falta de resultados, los familiares de los cinco desaparecidos, oriundos de Playa Vicente, se entrevistaron con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y le exigieron “resultados inmediatos”; también solicitaron al gobierno federal atraer el caso.
“Son jóvenes sanos”
El padre de Benítez Arroniz, Bernardo Benítez Herrera, de 54 años, se muestra consternado y asegura que su hijo no tenía malas amistades ni problemas con nadie de la comunidad.
“Mi hijo andaba todo el día conmigo. No es un vagabundo. Trabaja y está pegado a su familia. Es un muchacho trabajador y de familia, al igual que los demás jóvenes.”
Don Bernardo, tío de Benítez de la O, otro de los desaparecidos, cuenta que el joven atiende una tortillería con su familia; Orozco Sánchez tiene un taller y vende refacciones de autos; González Díaz es caporal de un rancho ganadero, y Tapia Garibo acaba de terminar la secundaria.
“Si ellos hubieran cometido algún ilícito o trajeran dinero que no era suyo, ¿por qué los policías que se los llevaron no los pusieron a disposición del Ministerio Público o tras las rejas”, expone. Don Bernardo y su esposa, Columba Arroniz, han sido amenazados por teléfono. Les dicen que dejen de buscar a su hijo Bernardo y a su sobrino José.
“No tenemos miedo”, dice la pareja, que se encuentra fuera de las instalaciones de la fiscalía estatal, donde incluso montaron un altar con veladoras, fotografías de los desaparecidos e imágenes religiosas para orar por sus familiares.
Don Bernardo dice que el fin de semana previo a su desaparición, los cinco adolescentes fueron al casino Caliente, jugaron Bingo un rato, y en la noche del sábado 9 acudieron a la discoteca La Caprichosa. Al otro día desayunaron birria y regresaron al casino. Después decidieron irse al hotel y ya no salieron el resto de la noche. El lunes 11 temprano emprendieron el regreso en un Volkswagen Jetta Blanco. Dos días después el vehículo fue localizado en la congregación de Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo.
Don Bernardo cuenta que la violencia en la entidad data de hace por lo menos 10 años y se ha extendido a decenas de municipios. En 2009, por ejemplo, secuestraron a su padre, Manuel Benítez, quien por esas fechas era alcalde de Playa Vicente. Nunca apareció, pese a que la familia pagó el rescate. Sólo fue detenido uno de sus presuntos secuestradores.
Se queja en particular de la administración de Duarte. En el caso de su hijo, su sobrino y los otros tres jóvenes, dice, los agentes de seguridad y procuración de justicia del gobernador sólo “dan bandazos”. Hasta ahora no tienen siquiera una línea específica de investigación:
“Yo sí le mandé a preguntar al fiscal (Luis Ángel Bravo): ¿Qué crimen organizado es más malo: el que nosotros le pagamos, al que le damos coches, armas e insumos de nuestros impuestos para que nos cuide o el que anda en la calle sin uniforme, delinquiendo?”, comenta.
La FGE detuvo a siete uniformados: Édgar Ramón Reyes Hermida, Otoniel Cruz Linares, Marcos Conde Hernández –delegado de la SSP en Tierra Blanca–, Luis Rey Landeche o Lendechy Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal y Édgar Omar Ruiz Tecalco.
El viernes 22, el juez primero de Primera Instancia de Cosamaloapan dictó formal prisión a los cuatro últimos y la fiscalía informó que los inculpados presuntamente “entregaron a los jóvenes a un grupo delincuencial”.
Corrupción policiaca
Diez días después de la desaparición de los cinco jóvenes el titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, ofreció una videoconferencia de prensa en la que anunció el nombramiento de Silvestre Medina como director de Asuntos Internos de la dependencia. Él fungirá como “enlace especial” para informar y apoyar a los familiares, dijo Bermúdez.
También expuso que elementos de la Fuerza Civil ya están al cargo de su “protección”. La SSP, según él, no “dudará” en ejercer todo el peso de la ley contra quienes fallen en la misión de proteger a Veracruz; habrá “cero tolerancia y mano dura” contra los malos elementos que manchan el nombre de la Policía Estatal.
El anuncio de Bermúdez llegó después de que el senador Fernando Yunes, del PAN, el líder estatal de este partido, José de Jesús Mancha, y Domingo Bahena y Carlos Fuentes, también panistas, exigieron la renuncia del titular de la SSP y que la PGR investigue el organigrama de la corporación policiaca.
En San Lázaro, la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional Rocío Nahle pidió a la Secretaría de Gobernación declarar a Veracruz en estado de emergencia para que la federación se haga cargo de la seguridad en la entidad.
La detención de Conde Hernández causó reacciones dentro de la SSP. Ello se debe a que en 2013, cuando él fue delegado en la región de Cardel, hubo más de 20 desapariciones forzadas, incluidas las del agente del Ministerio Público Pedro Huesca Barradas, adscrito al operativo Veracruz Seguro, y la del reportero Sergio Landa, de Diario Cardel.
Integrantes del Grupo Tajín –unidad de élite de la SSP– atribuyen a Conde Hernández nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyos sicarios pelean la plaza a Los Zetas en varias regiones de Veracruz.
La presunta infiltración de las corporaciones policiacas por parte de las organizaciones criminales no es nueva. La madrugada del 18 de octubre de 2014, por ejemplo, fue detenido Zito Ángel Zanatta, hermano de un diputado local priista de Puebla, fuera del bar Platinum Nigth Club, en Orizaba.
Las autoridades detuvieron a varios uniformados municipales y detectaron una red de oficiales que presuntamente hacían “entregas selectivas” de los detenidos a células de Los Zetas (AP 728/2014). En aquella ocasión Zanatta recuperó su libertad horas después. Apenas dejó la cárcel preventiva fue levantado por un comando armado. Desde entonces se desconoce su paradero.
La madrugada del 13 de agosto de 2015 fueron acribillados José Márquez Balderas, El Chichi, y Felipe Santana Hernández, El Felino, dos jefes regionales de Los Zetas. La refriega ocurrió en el bar orizabeño La Taberna y en ella murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad.
Sus colegas Enrique Rivas y Guillermo Ramos, del diario local El Buen Tono, quienes se encontraban en el bar, fueron detenidos. Una hora después sicarios de Los Zetas llegaron a las instalaciones de la corporación policiaca para exigir al turno de guardia la entrega de los comunicadores. Sin embargo, como elementos federales iban en camino, los reporteros se salvaron.
También está el caso del cantante de la Voz México –un concurso organizado por TV Azteca– Gibrán Martiz, quien, según las investigaciones ministeriales, fue levantado por siete policías municipales de Xalapa el 7 de enero de 2014. Su cadáver apareció casi dos semanas después –el día 18– en el interior de un vehículo supuestamente propiedad de los sicarios que lo ejecutaron.
El padre del cantante, Efraín Martiz, realizó sus propias investigaciones y detectó que el celular de Gibrán estuvo la mayor parte del tiempo en la academia de policía de El Lencero.
Meses después, el 10 de junio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación (la 14/2015) en la que pidió indemnizar a la familia de Martiz y recapturar a los policías involucrados, quienes por esas fechas ya habían recuperado su libertad tras un año de reclusión. Este último punto no ha sido acatado.
Minimización de la violencia
El portal de transparencia e incidencia delictiva de la SEIDO destaca que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, elementos de las fuerzas federales han detenido a 186 policías estatales y municipales de Veracruz por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
De ese total, 121 casos ocurrieron en 2103; al año siguiente sólo hubo 55 consignaciones, según una nota publicada por Melissa Díaz en Crónica de Xalapa el miércoles 13.
El día anterior, mientras las corporaciones policiacas buscaban a los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, localizaron una fosa clandestina en un barranco del municipio de Emiliano Zapata con 12 cuerpos.
La movilización de peritos forenses y policías ministeriales, así como el fuerte cerco de seguridad llevaron a la FGE a emitir un boletín en el que tuvo que informar sobre el hallazgo, aunque sólo mencionó tres cuerpos. Un día después anunció el hallazgo de otros tres. La fiscalía sólo habló de seis osamentas.
Algunos medios nacionales retomaron información de periódicos digitales veracruzanos y contabilizaron 22 cuerpos. Proceso acudió a la delegación de Gobernación en Veracruz y al Palacio de Gobierno y corroboró que fueron 15 cuerpos: 12 en una fosa localizada el Emiliano Zapata y tres en otra del municipio de Maltrata.
Este caso recuerda el de noviembre de 2011, cuando autoridades estatales y federales descubrieron dos fosas clandestinas en las comunidades de Portezuelo y Mata Loma, municipio de Manlio Fabio Altamirano, donde agentes de la PGR y agentes locales exhumaron 28 cuerpos.
Hasta hoy sólo uno de esos cuerpos ha sido identificado. La información permaneció oculta durante cuatro años, hasta que Proceso, vía Ley de Transparencia, tuvo acceso a los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015, incluidos en los expedientes de la PGR.
Durante la gestión de Duarte se han encontrado 149 cuerpos en 13 exhumaciones de cementerios clandestinos, narcorranchos y predios baldíos. Hasta el cierre de edición, poco menos de la mitad de los restos habían sido identificados. l
