La violenta degradación de las condiciones sociales, políticas y de seguridad de Morelos estalló el sábado 2 con el asesinato de la presidenta municipal de Temixco. Esa descomposición, señalan analistas, viene de hace mucho tiempo. La dejaron llegar y hasta la alimentaron los mandatarios estatales, desde Jorge Carrillo Olea hasta los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Pero todos los testimonios coinciden en que el actual gobernador ha sido el más omiso frente a la tragedia morelense.
CUERNAVACA, MOR.- Cuando Graco Ramírez tomó posesión del gobierno de Morelos, en 2012, afirmó que en 18 meses controlaría la situación de violencia y descomposición social que azota a la entidad desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea. Hoy, sin embargo, aquí se vive una severa crisis política, social y de seguridad que se agravó el sábado 2, cuando la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio por un comando de sicarios, apenas un día después de haber asumido el cargo.
Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Las Brisas, en Cuernavaca, Morelos se convirtió en una plaza que se disputan Los Rojos y Guerreros Unidos, grupos criminales que ahora controlan 14 de los 33 municipios de la entidad.
El gobierno de Graco Ramírez tiene la información de que el crimen organizado ha presionado a los 14 alcaldes para controlarlos. Lo que quieren, dice en entrevista el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, son tres cosas: rechazar el mando único e imponer a quien comande a las policías municipales, acaparar la obra pública y que les den 10% del presupuesto otorgado.
Los 14 municipios en estado de alerta para el gobierno morelense son los que están en el sur, colindantes con Guerrero y controlados por Los Rojos; además de la capital, Cuernavaca, y el municipio de Emiliano Zapata que dominan los Guerreros Unidos, más Temixco, donde ambos bandos se disputan el control.
“Ahí tiene al expresidente municipal de Amacuzac, Jorge Miranda, quien es primo del capo más buscado del estado, Santiago Mazari, así como al actual alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, muy cuestionado, y muchos otros. Evidentemente, cuando se vio lo de Amacuzac el gobernador emitió un decreto de mando único para no poner en riesgo la seguridad.
“Pero no contábamos con la llegada de Cuauhtémoc Blanco, que nunca fue visto en Cuernavaca, que no vive aquí y cuya presencia aquí es prácticamente inexistente”, advierte Capella, quien insiste en que detrás del futbolista está Federico Figueroa, que, dice, tiene vínculos con la delincuencia.
Sin embargo, el poeta Javier Sicilia advierte que “no se trata de un asunto de policías y ladrones; tampoco de quién se queda con el monopolio de las balas con el mando único, sino que es algo más profundo que tiene que ver con la corrupción en la estructura de gobierno, los partidos políticos y los presidentes municipales que han sido infiltrados por los criminales”.
Cabeza del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –formado en 2011 tras el asesinato en Cuernavaca de su hijo–, Sicilia sostiene que hoy Morelos vive un estado de descomposición grave, iniciado hace 20 años, cuando gobernaba Carrillo Olea y que después se profundizó con los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame.
“El problema es que no hay justicia sino la absoluta impunidad. Con Carrillo Olea se publicó que su jefe de la policía antisecuestros, Armando Martínez Salgado, era la cabeza de las bandas de secuestradores y no se hizo nada. Luego se supo que el panista Estrada Cajigal era el novio de la hija de El Azul –Juan José Esparragoza, del Cártel de Sinaloa– y la paseaba en helicóptero y tampoco se actuó en su contra.
“Con Adame empezaron la descomposición y las peleas entre los grupos y sólo reaccionó cuando El Negro Radilla mató a mi hijo. Y ahora con Graco ya se sabe qué autoridades están metidas con los criminales y nadie ha hecho justicia. Eso es lo grave”, sostiene el escritor.
Inacción por respeto
Desde un helicóptero, Capella muestra al reportero las zonas de los municipios del sur del estado donde pelean por el control Los Rojos y Guerreros Unidos. En algunas localidades se ven mansiones con alberca y caballerizas, que se destacan de entre las casas de concreto que hay a su alrededor. En otras zonas se observan movimientos sospechosos de gente que, según el jefe policiaco, quiere manejar drones al servicio de las bandas para monitorear desde el aire la escuela de policía o las cárceles.
Capella dice a Proceso que desde antes de las recientes elecciones para la renovación del Congreso y de las alcaldías ya se tenían detectados los vínculos entre candidatos y grupos criminales; no se actuó, asegura, por respeto al principio democrático de no intervenir en el desarrollo del proceso electoral.
“Cuando detectamos esa parte no pudimos intervenir porque atentamos contra un valor democrático; si no se tienen los pelos de la burra en la mano, agarrar y decirlo implicaba participar en las campañas. Eso requería un proceso quirúrgico de manejo de inteligencia con equipo muy sofisticado, con el que no contábamos. Por eso había que basarnos en el análisis de los movimientos, y no nos equivocamos: sigue siendo el sur del estado el problema”, señala.
Confirma que en Morelos hay una disputa por el territorio entre Guerreros Unidos y Los Rojos y que éstos tuvieron acercamientos con algunos candidatos en las campañas para ofrecerles recursos económicos y personal… y llegaron a ciertos acuerdos.
“Lo decimos con sustento: la mayor parte de los municipios son de la zona conurbada con el estado de Guerrero, otro del oriente y la capital, Cuernavaca. Tenemos los testimonios e informes de los actuales alcaldes. Me dijeron que les llamaron para pedirles tres cosas fundamentales: no al mando único y ellos poner al jefe de la policía; entregarle toda la obra a una empresa constructora que ellos iban a determinar, y el 10% del total del ingreso que tiene el municipio. Los alcaldes se aterraron por las cosas que han ocurrido”.
El exjefe de la policía de Tijuana y exasesor de seguridad en Ciudad Juárez sostiene que la violencia que se vive ahora en Morelos es momentánea y pasa por la transición política en las presidencias municipales, lo cual genera vulnerabilidad. Dice que eso fue lo que constató en Baja California y Chihuahua y asegura que una vez que pase esta “crisis de seguridad”, la situación se regularizará.
Capella ofrece estadísticas del gobierno estatal, basadas en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para asegurar que los delitos de alto impacto han bajado en los últimos tres años de gobierno de Ramírez hasta en 65%: en homicidio doloso, 55.4%; secuestro, 65.10%; en extorsión, 31.6%; robo a vehículo con violencia, 41.3% y sin violencia, 11.5%.
Los números oficiales, sin embargo, chocan con el registro de organizaciones sociales. Según el estudio La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014), del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Morelos ocupó el segundo lugar nacional en secuestros, sólo detrás de Tamaulipas; lo mismo que en casos de violación y robo con violencia.
En el delito de extorsión tiene el nivel más alto del país, con 19.3 por cada 100 mil habitantes; es decir, cinco veces superior a la media nacional. Y a escala municipal, Cuernavaca es la ciudad más violenta de México, seguida de Acapulco y Chilpancingo.
Sicilia también desmiente las cifras oficiales pues, asegura, en la Dirección de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos se han recibido constantes denuncias de secuestros, extorsiones y desapariciones que no fueron atendidas.
Una de ellas fue la que hizo la familia de Oliver Navarrete Hernández, quien fue sepultado –junto con otras 149 personas– en una fosa común “clandestina” por la propia Fiscalía General del Estado en Tetelcingo, municipio de Cuautla, para inhumar restos que nadie ha reclamado o reconocido.
Según Sicilia, se tiene un registro de 89 desaparecidos desde que se inició el gobierno de Graco Ramírez “que no hace ninguna investigación ni ha rendido cuentas a nadie”.
Ese es el problema, advierte el poeta: “Hay muchos sicarios por todos lados, pero el tema es quién esta coludido con ellos y no han hecho la limpia en las filas políticas y de gobierno, porque si no, cuando haya elecciones no preguntaremos por qué candidato vamos a votar sino por cuál cártel. Ahora están las consecuencias de no tocar la corrupción del Estado mismo y de los partidos”.
Cuauhtémoc y Figueroa
El miércoles 6 por la tarde comenzó a circular desde el gobierno del estado un video contenido en el celular del joven “Alexis”, quien presuntamente participó en la ejecución de la presidenta municipal de Temixco. En dicho video se mostraba con toda brutalidad el desmembramiento a machetazos de un hombre en agonía en medio de música y cervezas que tomaban los ejecutores.
Y horas después Cuauhtémoc Blanco anunció que aceptaba la entrada del mando único a Cuernavaca, luego de haberse negado a ello reiteradamente y tras un prolongado enfrentamiento verbal con el gobernador, y aceptó que un comando militar se hiciera cargo (por instrucciones presidenciales) de su seguridad de forma permanente.
A pesar de este cambio, Capella insiste en señalar que detrás de Blanco hay “algo raro, alguien que está moviendo los hilos”. Y señala al perredista Carlos de la Rosa, secretario de Seguridad para Cuernavaca y quien estaría vinculado con Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian. Según el gobernador, Federico está vinculado con la delincuencia organizada.
“Si tú le preguntas a la gente quién ha gobernado Morelos, te dirán que Federico Figueroa, ya sea por la buena o por la mala”, advierte Capella, y reitera que, detrás de Blanco, quien maneja los hilos del poder es este personaje que el jueves 7 por la noche declaró en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en calidad de “testigo”.
En 2003 Enrique Yépez Uribe, El Jarocho, expolicía y excolaborador del Cártel de Juárez, declaró que Federico y Joan Sebastian recibían en sus propiedades de Guerrero cargamentos de droga propiedad de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
En la averiguación previa PGR/UEDO/352/2002 se tienen consignadas las declaraciones de Yépez que fueron utilizadas por la Procuraduría General de la República para aprehender al coordinador general de la Policía Ministerial de Morelos, José Agustín Montiel López, y al coordinador operativo de la misma, Raúl Cortez Galindo.
Dos hijos de Joan Sebastian y sobrinos de Federico han muerto asesinados. En 2006 Trigo de Jesús Figueroa recibió un disparo en la cabeza cuando su padre acababa de presentarse en un jaripeo, en Mission, Texas. En mayo de ese año también fue asesinado un colaborador del cantante, el exalcalde de Tetipac, Guerrero, Abel Uribe Landa. El 23 de junio de 2010 Juan Sebastián Figueroa González, de 32 años, murió baleado afuera de un bar de la colonia Teopanzolco, en Cuernavaca.
En su programa de Radio Fórmula, el martes 5, Joaquín López Dóriga entrevistó a Federico Figueroa, quien negó cualquier relación con el crimen organizado y aseguró que las declaraciones en su contra del gobernador Graco Ramírez eran de venganza porque en algún momento lo llamó “cobarde” al negarse a sostener acusaciones en su contra.
Sin embargo, el jueves 7, Figueroa fue llamado a declarar ante la SEIDO en la Ciudad de México en calidad de testigo; al salir de las instalaciones de la subprocuraduría manifestó que demandará penalmente a Ramírez por sus acusaciones de que está involucrado con el crimen organizado y detrás de las decisiones de Cuauhtémoc Blanco.
La Fiscalía de Morelos citó a declarar al empresario en mayo de 2014 por las narcomantas que aparecieron en Cuernavaca, Iguala y la carretera a Acapulco, donde era señalado como líder de Guerreros Unidos, cártel que opera en Guerrero, Morelos y el Estado de México. Figueroa se dedica a organizar jaripeos, palenques y bailes. Sin embargo, Capella sostiene que ya hay muchos indicios contra ese personaje, pero que le corresponde investigarlo al gobierno federal.
Graco Ramírez también acusó a los hermanos Roberto y Julio Yáñez de tener vínculos con Guerreros Unidos y estar detrás de Blanco. El primero era secretario general del ayuntamiento y en 2013, como diputado por el Partido Social Demócrata de Morelos (PSD), pidió al gobernador pactar con el narcotráfico para apaciguar al estado. El segundo, diputado local en funciones también por el PSD, ha sido uno de los opositores al mando único. En mantas aparecidas en mayo de 2011 se les acusó de tener vínculos con Guerreros Unidos, consignó el diario Milenio.
Jefe del mando único, Capella sostiene que el problema de Morelos no son los grupos delincuenciales sino “la doble moral de muchos tomadores de decisiones, tanto institucionales como en los sectores productivos, que lo mismo trabajan dando una cara de que sus actividades son lícitas cuando en realidad sus intereses son lo contrario. Esa es una realidad”.
En su opinión, los principales problemas de Morelos son más de carácter político y mediático que delincuencial. Rechaza además que haya problemas de gobernabilidad.
El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció recientemente a Santiago Mazari, El Carrete, como quien coordina la célula de secuestros y asesinatos en Morelos. “Los habitantes de estas regiones están hartos de los asesinatos, de los secuestros y de que cada dos o tres meses estos delincuentes, liderados por Santiago Mazari, alias El Carrete, pasen a cobrar una cuota por lo que ellos llaman derecho de uso de piso”.
Sicilia sostiene que Morelos sufre una larga descomposición, negada sobre todo por el actual gobernador, quien, paradójicamente, en 2009 encabezó las marchas de protesta que llevaron a la renuncia del gobernador Carrillo Olea.
