Los opositores a la Minera San Xavier en San Luis Potosí no creen en su anuncio de que comenzará a suspender su operación en Cerro de San Pedro. El tajo a cielo abierto, del que extrajo millones de onzas de oro y plata, también divide a los pobladores: unos temen que se trate sólo de un cambio en el proyecto de explotación, en tanto que otros están vendiendo propiedades a la filial de la canadiense New Gold Inc.
CERRO DE SAN PEDRO, SLP.- El tajo a cielo abierto de la Minera San Xavier, a un costado de este pueblo, es lo que queda del cerro que da nombre al municipio y que puede verse en el escudo oficial del estado, con San Luis Rey de Francia, con dos barras doradas y plateadas a cada costado, y al fondo un campo dorado y otro azul.
Dos décadas han transcurrido desde que Minera San Xavier, subsidiaria de New Gold Inc., anunció su instalación, consiguió las primeras autorizaciones por encima de un decreto de preservación de la zona y dividió a los pobladores de la cabecera sanpedrense y comunidades vecinas.
Generó además un movimiento social contra el proyecto por sus consecuencias sociales, ambientales y sobre el patrimonio histórico.
El anuncio de que la Minera San Xavier (MSX) cerrará sus operaciones en un proceso que se inicia el 1 de enero de 2016 fue recibido con desconfianza por los activistas y organizaciones ciudadanas del Frente Amplio Opositor (FAO), que lucharon contra la concesión a la empresa.
Los activistas suponen que se trata sólo de un cambio de estrategia de la minera para retomar otros proyectos de explotación en la misma zona, pues a la concesión le quedan décadas de vigencia.
Este escenario, advierten los activistas, incluye el riesgo de que la minera reactive su pretensión original de extraer el mineral de la reserva ubicada bajo el centro de Cerro de San Pedro. Así lo planteaba el proyecto inicial, que debió modificarse ante la resistencia ciudadana apoyada por algunos propietarios y ejidatarios (Proceso 1245).
“Hay muchas contradicciones en torno de este anuncio –dice el ingeniero minero Mario Martínez Ramos, originario de Cerro de San Pedro e iniciador del movimiento ciudadano–. Hay señales para creer que lo que se va es la razón social, que ya está muy quemada y está perjudicando mucho a la empresa, no nada más en imagen, sino económicamente. De unos años para acá les ha costado millonadas de dinero mantenerla operando en su ilegalidad.”
Martínez Ramos fue uno de los pobladores que asistió a la misa que ofició el padre Margarito Sánchez en el templo de San Nicolás el 10 de septiembre de 1996, al final de la cual directivos de MSX informaron a la gente del proyecto que afectaría 360 hectáreas.
Todo sonaba muy bien: reactivación de la economía local, creación de empleos… hasta que los presentes escucharon que la minera pretendía reubicar el pueblo y algunas comunidades vecinas a varios kilómetros de su lugar original. Surgieron las primeras resistencias.
MSX es una filial de New Gold que se constituyó en San Luis en marzo de 1994 a fin de obtener un total de 1.2 millones de onzas de oro y 47 millones de onzas de plata en poco más de ocho años de explotación. Lo haría mediante el tajo a cielo abierto por lixiviación a base de cianuro de sodio de toneladas de piedras: el resultado de deshacer el cerro con explosivos.
“Este es un guión de una novela sobre la nueva delincuencia industrial organizada”, les dijo el escritor Carlos Montemayor a los activistas que lo invitaron a Cerro de San Pedro a finales de septiembre de 2004 y le expusieron los pormenores del proyecto, del cual se convirtió en un férreo opositor y sobre el que escribió varios artículos en Proceso.
A principios de este año, Televisa realizó grabaciones en Cerro de San Pedro para su telenovela La imperdonable. La historia se inicia en la niñez de los protagonistas, en cuyo pueblo los habitantes padecen de pobreza y de enfermedades, incluido el envenenamiento por cianuro derivado de la actividad de una empresa minera.
La televisora utilizó una vieja escuela que el FAO tiene en comodato y alberga el Centro Cultural. Uno de los salones fue vaciado de mobiliario y pintado con parte de la escenografía sin autorización de los encargados, que al final impidieron que la televisora continuara grabando en el interior.
En los créditos de la telenovela, que terminó en octubre, Televisa agradeció al pueblo potosino y autoridades de algunas ciudades. Nunca aparece el nombre de Cerro de San Pedro.
Historia negra
El cierre de operaciones de la minera fue confirmado oficialmente a mediados de diciembre por el delegado de la Secretaría del Trabajo en San Luis, Édgar Durón Puente. Dijo a medios locales que MSX había notificado de manera formal que iniciaría el cierre en los primeros tres meses de 2016, incluyendo la liquidación de los 300 trabajadores.
En agosto, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado (Sedeco) ya había anticipado que la primera etapa del cierre correspondería al tajo a cielo abierto, donde se la operación se reduciría gradualmente.
De acuerdo con los plazos señalados por esa dependencia, la minera concluiría con la explotación de oro y plata en 2018, para continuar con las acciones de remediación en un plazo que se extendería hasta 2023.
Sin embargo, Martínez Ramos mantiene su escepticismo: “Puede ser un cambio de look, pero será la misma. Porque si ya se va, ¿por qué se han estado promoviendo diligencias judiciales a través del despacho de abogados que siempre le ha prestado servicios para reclamar propiedades en Cerro de San Pedro?”
Se refiere a la reciente publicación, en periódicos locales, de varios edictos en los que se formalizan diligencias de jurisdicción voluntaria, denominadas “información ad perpetuam”, en relación con dos propiedades en la zona urbana del municipio.
Estos edictos se publicaron a finales de noviembre con el propósito de probar que se está en posesión de estos inmuebles y que los propietarios son desconocidos o no existen constancias de propiedad en el Registro Público a favor de algún propietario, con lo que posteriormente se puede recurrir al reconocimiento en favor de quien los ocupa.
Según la descripción en esos edictos, uno de los predios urbanos colinda con terrenos municipales. “Bajo este método, MSX se apropió de decenas de predios entre 1997 y 1999”, comenta al respecto Carlos Covarrubias, otro integrante del FAO.
Entonces, la adquisición de 26 fincas y terrenos con 14 presuntos propietarios ocasionó que el presidente municipal priista, Baltazar Loredo, pidiera en noviembre de 1997 que el Congreso del estado realizara una investigación ante “demasiadas irregularidades en la venta de estos predios” durante la gestión de su antecesor, Juan Carlos Escalante.
Cuatro meses después Loredo apareció muerto. La explicación oficial de que se suicidó con un tiro en la nuca no satisfizo a sus familiares. Loredo sólo había cumplido seis meses como presidente municipal.
Francisco Romero, integrante de la organización Pro San Luis Ecológico, tampoco cree en un cierre definitivo. “Pensamos que cerrarán este proyecto parcialmente, puede ser hasta que suba el precio de los metales preciosos o hasta que logren comprar todas las fincas, porque debajo del pueblo están otras reservas. Han estado localizando a gente del pueblo y algunos les han vendido recientemente”, señala.
Por eso, dice, “vamos a pedir la remediación y que se cancele la concesión a la minera. Tenemos que hacer conciencia otra vez para exigir que a la minera se le cancele la concesión, que cumpla las condicionantes al ciento por ciento”. Y recuerda que MSX empleó diariamente el agua potable que habrían consumido 25 mil potosinos.
“Hay pérdidas irreparables. El tejido social se rompió. Hubo muchos enfrentamientos, traiciones. Muchos ya se fueron, no quieren saber nada, gente que murió, asesinatos. Y sigue habiendo un peligro de que acabe con el pueblo. Ahí se perdería todo”, advierte Romero.
Martínez Ramos opina sin reservas: “MSX operó y opera en la ilegalidad, a sangre y fuego, porque perdió permisos, arrendó los terrenos ilegalmente y pasó por encima de resoluciones de los tribunales. Al final, mantener ese estatus de ilegalidad llevó a que todo mundo sacara raja: abogados, dependencias y alcaldes acabaron encontrándole el modo”.
Admite que los costos no fueron menores para el movimiento ciudadano: “Siete u ocho presos políticos; un exiliado, muchos golpeados y amenazados de muerte. Demandas contra todos, muchos de nosotros tuvimos que ampararnos, la prensa estaba encima de nosotros en una campaña fortísima mientras hacíamos las movilizaciones, la batalla legal, los amparos, las quejas ante la Profepa y en los tribunales agrarios. En los tiempos más difíciles, la minera tenía al Ejército ahí instalado, le puso un cuartel”.
Para Martínez Ramos “no está en juego únicamente el saqueo del mineral, sino la soberanía del país. En la actualidad medio territorio nacional está concesionado a las mineras. Es el problema social, jurídico y ambiental. Si dejamos que continúen así las mineras, la mitad del país está condenada”.
Alerta que en Cerro de San Pedro, como ocurre en otras zonas mineras del país, “habrá contaminación atmosférica, de las aguas subterráneas y superficiales. Las tierras quedarán incapacitadas para cualquier actividad productiva. Lo dice textualmente el documento de Impacto Ambiental de 2011, lo reconoce la minera. No puede haber una remediación. Hay cosas que no tienen remedio”.
Precisa que actualmente los enormes depósitos de la empresa –que rebasan el panorama de los cerros y montes del poblado– concentran más de 200 millones de toneladas de desechos con sulfuros:
“¿Cómo van a remediar o a mitigar eso? Es más fácil resolver lo de los patios de oxidación donde se manejan cianuros. El cianuro de aquí a unos años se va a ir degradando poco a poco. Esos cerros de sulfuros pueden durar 500 años activos, son mucho más peligrosos porque están cargados de metales pesados, como plomo y zinc. Los vientos de aquel rumbo soplan en dirección a la capital. Estamos respirando esas partículas.”
El costo
En los años recientes, la población se ha dividido: hay quienes se arrepienten de haber respaldado a la minera y otros aceptaron los tratos que ésta les ofreció. Algunas autoridades municipales también tuvieron sus rispideces con directivos de MSX, como la alcaldesa Rosaura Loredo, madre del actual presidente municipal, Jesús Nava Loredo.
Ella ha sido alcaldesa tres veces. En la más reciente, de 2013 a 2015, municipio y empresa se enfrascaron en un pleito judicial. La alcaldesa le requirió a MSX pagos atrasados por ampliaciones del permiso de construcción y recursos para obras convenidas con el municipio, así como los informes sobre las acciones en materia ambiental. También le exigió permitir el acceso de los inspectores municipales para verificar sus condiciones de operación; reparar los daños causados en el Palacio Municipal por las detonaciones en la mina y asegurar a los trabajadores, entre otras acciones.
En un oficio fechado el 24 de diciembre de 2013 y dirigido al director general de la empresa, Armando Fausto Ortega Gómez, Loredo le exigió cubrir un pago de 3 millones 698 mil pesos por cinco ampliaciones del permiso de construcción originalmente autorizado en julio de 2000.
En este documento se revela que la superficie intervenida en construcción por la minera pasó de 824 mil 805 metros cuadrados, inicialmente establecidos en 2000, a 1 millón 968 mil 922 metros cuadrados al final de 2013. Es decir, el área se amplió a más del doble de la autorizada originalmente.
El actual alcalde, Nava Loredo, dice a Proceso que el litigio con la minera quedó finiquitado a satisfacción de ambas partes, pues aunque un tribunal determinó que los cálculos del gobierno municipal fueron erróneos y debía devolver el dinero a la empresa, “pudimos al final acordar y hasta hubo un remanente que la minera pagó al municipio para obras de infraestructura”.
La sede de la Presidencia Municipal tiene algunas grietas en los muros a consecuencia de las detonaciones hechas por la minera. Nava Loredo no habla de estos daños, pero se dice preocupado por lo que viene: los trabajos de remediación que debe desarrollar la empresa, de acuerdo con las condiciones establecidas en las autorizaciones y manifestaciones de impacto ambiental aprobadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aunque admite “no conocer del todo lo que es el tajo”, el alcalde comenta que “por versiones del INAH y la Semarnat” sabe que “está cerca del pueblo”.
–¿Qué sabe sobre la posibilidad de que la empresa tenga otros proyectos? –se le plantea.
–Oficialmente no tenemos nada. Sólo hay rumores de que en el futuro vendrán otros proyectos mineros en Cerro de San Pedro.
Nava Loredo continúa con la postura de sus antecesores y agradece los empleos generados, además de que, “con todo y sus desventajas”, la operación de MSX en Cerro de San Pedro ha favorecido el turismo.
–¿La polémica internacional causada por su instalación ha generado turismo?
–Así es. Hemos tenido en los últimos seis o siete años el aumento de los visitantes, y ojalá esto no deje de ser con la partida de la empresa. Como autoridad estamos trabajando para que Cerro de San Pedro sea declarado pueblo mágico. Esperemos que en tres meses que dejen de explotar el cerro, esto nos abra los caminos para lograr la declaración de pueblo mágico.
–¿Valió la pena el costo, desde su punto de vista?
–Sí. A lo mejor no al ciento por ciento o como a todos nos hubiera gustado. Calculamos que en el municipio se generaron alrededor de 400 empleos directos, hay muchos indirectos. Nos hubiera gustado tener más apoyos de la empresa, una empresa que se llevó una riqueza que era del municipio.
